Tampoco
convencen
las
medidas
de
regeneración
democráticas
que
el
Ministro
Gallardón
explica
en
EL
País
por
ser
consideradas
insuficientes
Intenso
el
curso
político
que
arranca
tras
el
verano.
En
esta
oportunidad
las
asociaciones
judiciales,
Foro
Judicial
Independiente,
Jueces
para
la
Democracia
y
Francisco
de
Vitoria,
a
través
de
sus
portavoces
nacionales,
Ángel
Dolado,
Joaquín
Bosch
y
Marcelino
Sexmero,
han
opinado
de
las
últimas
declaraciones
del
Ministro
Gallardón
al
diario
El
País,
una
entrevista
donde
se
habla
de
regeneración
democrática,
lucha
contra
la
corrupción
y se
señala
la
intención
de
reducir
los
más
de
17.000
aforados
a 22
si
se
hiciera
una
reforma
constitucional
en
ese
sentido.
Los
magistrados
consultados,
Pablo
Llarena,
presidente
de
Asociación
Profesional
Magistratura
excusó
participar
al
estar
fuera
de
España,
muestran
su
escepticismo
porque
se
esté
trabajando
en
esa
dirección
de
regenerar
nuestra
política
y
Estado
de
Derecho.
Al
mismo
tiempo
muestran
su
preocupación
porque
la
reducción
de
aforados
pueda
significar
la
desprotección
de
los
jueces
y
fiscales
de
nuestro
país
El
frente
asociativo,
pasado
el
verano,
mantendrá
contacto
con
los
líderes
políticos
de
formas
formaciones
diferentes
al
PP
para
que
conozcan
de
primera
mano
la
situación
de
la
justicia.
Y
desde
julio
han
promovido
un
encuentro
con
el
Ministro
Gallardón,
aún
por
determinar,
al
conocer
que
el
anteproyecto
de
la
LOPJ
va a
sufrir
cambios
importantes
del
documento
original,
lo
que
hará
que
se
mantengan
determinados
partidos
judiciales.
Quieren
conocer
de
primera
mano
qué
hay
de
cierto
en
los
cambios
suscitados
al
documento
de
la
propia
LOPJ.
Angel
Dolado,
Juez
Decano
de
Zaragoza
y
Presidente
del
Foro
Judicial
Independiente,
cree
que
Gallardón
se
queda
corto
en
las
medidas
de
regeneración
democrática
que
expone
en
El
País.
“Es
fundamental
apostar
por
las
listas
abiertas
en
los
programas
electorales;
la
limitación
de
los
dirigentes
a
dos
mandatos
seria
otra
medida
o la
exclusión
de
los
políticos
que
ya
estén
imputados
por
corrupción”,
comenta.
Para
este
jurista
las
puertas
giratorias
“pasar
de
la
actividad
parlamentaria
a la
privada
hay
que
hacerlo
con
cuidado.
El
parlamentario
debería
firmar
un
documento
que
le
impidiera
formar
parte
de
esas
empresas
con
las
que
tuvo
contacto
en
su
vida
política”,
aclara.
En
su
opinión
estos
profesionales
deberían
cotizar
en
el
Régimen
General
de
la
Seguridad
Social
eliminando
cualquier
privilegio
al
respecto.
Sobre
la
reducción
del
aforamiento
de
los
más
de
17.000
a
los
22
que
cita
el
Ministro
Gallardón,
Dolado
muestra
su
preocupación
que
jueces
y
fiscales,
ahora
aforados,
pierdan
esa
condición.
“Que
se
pueda
poner
en
marcha
una
reforma
constitucional
para
que
diputados
y
senadores
dejen
de
tener
ese
rango
de
aforado
parece
complicado
viendo
el
poco
diálogo
que
existe
entre
las
fuerzas
políticas.
En
el
caso
de
los
autonómicos
habría
que
modificar
los
Estatutos
de
autonomía,
cuestión
que
tampoco
es
sencilla”,
subraya.
Que
queden
nueve
meses
hasta
las
elecciones
autonómicas
y
municipales
deja
entrever
que
no
habrá
pacto
de
estado
entre
el
Gobierno
y la
oposición
en
estos
temas
de
regeneración
democrática.
“Ni
tan
siquiera
se
ponen
de
acuerdo
en
suspender
al
político
de
su
actividad
en
el
momento
que
exista
una
acusación
formal,
no
puede
haber
consenso
mayor
en
otros
asuntos”.
Nuestro
interlocutor,
al
igual
que
otros
juristas,
muestra
su
sorpresa
que
aún
la
financiación
de
los
partidos
políticos
de
forma
ilegal
no
sea
un
delito.
El
propio
ministro
en
la
citada
entrevista
deja
entrever
que
en
la
reforma
penal
de
otoño
se
espera
que
se
introduzca
ese
tipo
penal.
“Estamos
de
acuerdo
con
Gallardón
sobre
este
tema
en
que
la
responsabilidad
penal
sea
de
los
dirigentes
y no
se
inhabilite
al
propio
partido
político,
así
el
juego
político
no
se
vería
afectado”.
Sobre
el
retraso
en
la
reforma
procesal
penal
que
anuncia
ya
el
propio
Gallardón,
Dolado
recuerda
que
“si
se
da
la
instrucción
al
fiscal
debe
cambiar
su
estatus
y
ser
independiente
desde
el
punto
de
vista
práctico,
lo
que
haría
que
su
Estatuto
Orgánico
se
tuviera
que
modificar”,
comenta.
En
cuanto
a
los
indultos,
el
presidente
del
Foro
Judicial
Independiente
denuncia
que
está
regulado
con
una
ley
predemocrática
de
1878
con
lo
cual
hay
que
modificarla
totalmente.
“Podría
eliminarse
la
prerrogativa
real
del
indulto
que
no
tiene
mucho
sentido
en
un
estado
de
Derecho
como
el
nuestro”.
En
su
opinión,
al
igual
que
pasa
en
Francia
debe
hacer
un
catálogo
de
delitos
que
no
puedan
tener
indulto.
Reducir
aforamientos
al
máximo
Desde
Jueces
para
la
Democracia,
Joaquín
Bosch,
su
portavoz
nacional,
señala
la
necesidad
que
la
figura
del
aforado
se
reduzca
a su
mínima
expresión.
“Poca
credibilidad
tiene
Gallardón
con
estas
declaraciones
repite
de
vez
en
cuando.
Nunca
concreta
nada
y
son
meros
golpes
propagandísticos
o
brindis
al
sol”,
comenta.
Desde
su
punto
de
vista
este
comentario
se
contradice
con
la
realidad
al
aumentarse
el
aforamiento
a
miembros
de
la
Casa
Real
en
las
últimas
semanas.
“Es
evidente
que
eliminar
aforamientos
como
los
que
indica
el
Ministro
excede
de
sus
competencias.
Habría
que
hacer
una
reforma
constitucional
importante
y
Estatutos
de
Autonomía
y
ahora
no
hay
signos
que
el
Gobierno
vaya
a
afrontar
este
tipo
de
reformas”,
apunta.
Desde
su
perspectiva
no
sería
sencillo
un
consenso
entre
las
fuerzas
políticas
para
producir
estos
cambios.
“Las
declaraciones
del
Ministro
son
meras
intenciones
con
las
que
pretende
contentar
a la
sociedad
muy
disconforme
ante
el
descrédito
de
las
instituciones”,
aclara.
Respecto
a la
afirmación
del
Ministro
de
si
el
Estado
de
Derecho
está
actuando
correctamente
en
la
lucha
contra
la
corrupción
“discrepamos
de
lo
que
dice
el
Ministro.
No
está
habiendo
una
respuesta
institucional
adecuada
al
fenómeno
de
la
corrupción.
Precisamente
por
ello
los
ciudadanos
perciben
impunidad,
por
un
lado
y
otro
sentimiento
de
irresponsabilidad
donde
nadie
se
hace
responsable
de
esa
situación”,
subraya.
Para
Bosch
la
percepción
del
Ministro
de
que
las
cosas
van
bien
en
nuestro
país
no
es
lo
que
se
percibe
realmente
en
nuestro
día
a
dia.
“Totalmente
equivocado.
Los
juzgados
no
tienen
medios
suficientes
para
actuar
de
forma
adecuada
contra
casos
de
corrupción.
Faltan
instrumentos
adecuados
para
la
persecución
de
estos
delitos”.
A su
juicio
hacen
falta
reformas
para
prevenir,
detectar
y
controlar
los
casos
de
corrupción.
“Es
necesario
que
el
poder
político
aporte
los
medios
adecuados
para
luchar
contra
la
corrupción”,
denuncia.
En opinión
de
Bosch,
es
evidente
que
la
reforma
penal
que
llega
es
inevitable
“aunque
esto
no
es
lo
más
importante.
Lo
fundamental
es
desarrollar
elementos
institucionales
para
que
no
se
pueda
producir
la
corrupción.
Y si
se
produce
que
existan
los
medios
adecuados
para
que
el
propio
corrupto
pueda
ser
perseguido
y
condenado.
Ahora
la
solución
más
barata
y
populista,
pero
menos
efectiva.
Es
la
reforma
del
Código
Penal
pero
no
la
más
adecuada”,
señala.
Sobre
los
indultos
y su
revisión
Joaquín
Bosch
recuerda
que
este
Gobierno
ha
indultado
a
políticos
por
temas
de
prevaricación
urbanística,
malversación
y
otros
delitos
vinculados
a la
corrupción.
“
Discurso
político
electoral
Por su
parte,
Marcelino
Sexmero,
portavoz
nacional
de
la
Asociación
Francisco
de
Vitoria,
en
una
primera
valoración
de
la
entrevista
concedida
a
los
compañeros
de
El
Pais,
habla
de
un
discurso
político
de
cara
a
las
elecciones
que
tendrá
lugar
dentro
de
nueve
meses
en
municipios
y
autonomías.
“Nos
preocupa
que
en
el
caso
de
los
aforamientos
se
toque
el
tema
de
los
jueces
y
magistrados.
Creo
que
es
el
único
que
no
debería
tocarse
en
nuestro
país.
Es
evidente
que
a un
juez
no
se
le
puede
investigar
y
juzgar
por
un
compañero,
forma
parte
de
nuestra
tradición”,
indica.
Sobre
la
reforma
constitucional
para
reducir
aforados
parlamentarios
y
autonómicos
lo
ve
muy
complejo
“se
observa
que
ni a
corto
y
medio
plazo
está
en
el
planteamiento
político
de
este
Gobierno”,
comenta.
Respecto
a
sus
comentarios
sobre
el
indulto
“creemos
que
los
indultos
en
una
democracia
moderna
como
la
nuestra
deberían
estar
perfilados
de
forma
más
precisa.
Tienen
que
estar
motivados
y
con
el
apoyo
del
tribunal
sancionador
y
del
propio
fiscal”,
recuerda.
A su
juicio
el
indulto
es
necesario
sobre
todo
en
aquellos
sangrantes
donde
“la
justicia
llega
tarde
o
hay
una
desproporción
en
las
penas
se
puede
buscar
un
correctivo
a
través
del
citado
indulto”.
Para
este
magistrado
la
actuación
del
Gobierno
está
lejos
de
impulsar
la
regeneración
democrática,
como
apunta
en
la
entrevista
Gallardón.
“No
hay
actuaciones
concretas
ni
proyectos
legislativos
sobre
este
tema
en
marcha.
Lo
que
sí
hay
es
una
defensa
numantina
de
ciertas
posiciones
del
Ejecutivo
y de
otros
miembros
de
partidos
políticos
sin
llegar
a la
regeneración
democrática.
“Y
recuerda
que
se
habla
de
cambios
legislativos,
pero
que,
por
uno
y
otro
motivo
no
acaba
de
plasmarse
en
nada
en
concreto.
“Solo
se
está
optando
por
un
discurso
político
de
defensa
frente
a
las
afirmaciones
que
provienen
de
otros
sectores
de
la
opinión
pública
sobre
los
casos
de
corrupción.
Esto
realmente
sorprende
sabiendo
que
el
PP
partido
en
el
poder
cuenta
con
mayoría
absoluta”,
aclara.
Para
Sexmero
es
una
buena
noticia
que
ahora
parece
quela
financiación
ilegal
de
los
partidos
políticos
aparezca
en
nuestro
Código
Penal
como
delito
“en
su
día
se
quitó
y
ahora
llevamos
veinte
años
que
ese
delito
no
existe.
Desde
luego
ayudaría
a
mejorar
la
transparencia
en
nuestro
país”,
aclara
A nadie
se
le
escapa
que
escuchar
o
leer
unas
declaraciones
del
actual
Ministro
de
Justicia
hay
que
hacerlo
con
calma
y
varias
veces.
“Sabemos
que
la
reforma
de
la
LEC
en
el
Código
Procesal
Penal
que
se
ha
estado
trabajando
no
llegará
a
trámite
parlamentario
sobre
todo
si
observamos
que
queda
un
escaso
año
para
las
próximas
elecciones
generales”,
advierte.
Que
el
fiscal
lleve
al
final
la
instrucción
del
proceso
penal
siguiendo
la
tradición
del
derecho
comparado,
una
práctica
en
muchos
países
de
nuestro
entorno
“lo
que
si
llama
la
atención
es
la
renuncia
del
Ministro
a
esa
reforma,
por
el
momento;
ese
borrador
no
era
más
que
el
documento
del
gobierno
socialista
enriquecido
con
otros
cambios
y
sobre
todo
tampoco
queda
claro
que
lo
retomará
en
la
próxima
legislatura”,
señala.
Quizás
en
el
trasfondo
de
este
tema
subyace
lo
complicado
que
va a
ser
sustituir
al
juez
de
instrucción
de
toda
la
vida
por
la
figura
de
un
fiscal
con
nuevas
competencias.
“A
nadie
se
le
escapa
que
si
esto
sucede
habrá
que
hacer
cambios
en
la
figura
del
fiscal
y en
su
Estatuto,
ahora
tienen
una
dependencia
importante
del
poder
político”,
indica. |