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JUSTICIA

 
La reducción de aforados que planea Gallardón podría desproteger a jueces y fiscales
MADRID, 01 de SEPTIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

Tampoco convencen las medidas de regeneración democráticas que el Ministro Gallardón explica en EL País por ser consideradas insuficientes

Intenso el curso político que arranca tras el verano. En esta oportunidad las asociaciones judiciales, Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria, a través de sus portavoces nacionales, Ángel Dolado, Joaquín Bosch y Marcelino Sexmero, han opinado de las últimas declaraciones del Ministro Gallardón al diario El País, una entrevista donde se habla de regeneración democrática, lucha contra la corrupción y se señala la intención de reducir los más de 17.000  aforados a 22 si se hiciera una reforma constitucional en ese sentido. Los magistrados consultados,  Pablo Llarena, presidente de Asociación Profesional Magistratura excusó participar al estar fuera de España, muestran su escepticismo porque se esté trabajando en esa dirección de regenerar nuestra política y Estado de Derecho. Al mismo tiempo muestran su preocupación porque la reducción de aforados pueda significar la desprotección de los jueces y fiscales de nuestro país El frente asociativo, pasado el verano, mantendrá contacto con los líderes políticos de formas formaciones diferentes al PP para que conozcan de primera mano la situación de la justicia. Y desde julio han promovido un encuentro con el Ministro Gallardón, aún por determinar, al conocer que el anteproyecto de la LOPJ va a sufrir cambios importantes del documento original, lo que hará que se mantengan determinados partidos judiciales. Quieren conocer de primera mano qué hay de cierto en los cambios suscitados al documento de la propia LOPJ.

 

Angel Dolado, Juez Decano de Zaragoza y Presidente del Foro Judicial IndependienteAngel Dolado, Juez Decano de Zaragoza y Presidente del Foro Judicial Independiente, cree que Gallardón se queda corto en las medidas de regeneración democrática que expone en El País. “Es fundamental apostar por las listas abiertas en los programas electorales; la limitación de los dirigentes a dos mandatos seria otra medida o la exclusión de los políticos que ya estén imputados por corrupción”, comenta. Para este jurista las puertas giratorias “pasar de la actividad parlamentaria a la privada hay que hacerlo con cuidado. El parlamentario debería firmar un documento que le impidiera formar parte de esas empresas con las que tuvo contacto en su vida política”, aclara. En su opinión estos profesionales deberían cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social eliminando cualquier privilegio al respecto.

Sobre la reducción del aforamiento de los más de 17.000 a los 22 que cita el Ministro Gallardón, Dolado muestra su preocupación que jueces y fiscales, ahora aforados, pierdan esa condición. “Que se pueda poner en marcha una reforma constitucional para que diputados y senadores dejen de tener ese rango de aforado parece complicado viendo el poco diálogo que existe entre las fuerzas políticas. En el caso de los autonómicos habría que modificar los Estatutos de autonomía, cuestión que tampoco es sencilla”, subraya. Que queden nueve meses hasta las elecciones autonómicas y municipales deja entrever que no habrá pacto de estado entre el Gobierno y la oposición en estos temas de regeneración democrática. “Ni tan siquiera se ponen de acuerdo en suspender al político de su actividad en el momento que exista una acusación formal, no puede haber consenso mayor en otros asuntos”.

Nuestro interlocutor, al igual que otros juristas, muestra su sorpresa que aún la financiación de los partidos políticos de forma ilegal no sea un delito. El propio ministro en la citada entrevista deja entrever que en la reforma penal de otoño se espera que se introduzca ese tipo penal. “Estamos de acuerdo con Gallardón sobre este tema en que la responsabilidad penal sea de los dirigentes y no se inhabilite al propio partido político, así el juego político no se vería afectado”. Sobre el retraso en la reforma procesal penal que anuncia ya el propio Gallardón, Dolado recuerda que “si se da la instrucción al fiscal debe cambiar su estatus y ser independiente desde el punto de vista práctico, lo que haría que su Estatuto Orgánico se tuviera que modificar”, comenta. En cuanto a los indultos, el presidente del Foro Judicial Independiente denuncia que está regulado con una ley predemocrática de 1878 con lo cual hay que modificarla totalmente. “Podría eliminarse la prerrogativa real del indulto que no tiene mucho sentido en un estado de Derecho como el nuestro”. En su opinión, al igual que pasa en Francia debe hacer un catálogo de delitos que no puedan tener indulto.

 

Reducir aforamientos al máximo

Jueces para la Democracia, Joaquín BoschDesde Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, su portavoz nacional, señala la necesidad que la figura del aforado se reduzca a su mínima expresión. “Poca credibilidad tiene Gallardón con estas declaraciones repite de vez en cuando. Nunca concreta nada y son meros golpes propagandísticos o brindis al sol”, comenta. Desde su punto de vista este comentario se contradice con la realidad al aumentarse el aforamiento a miembros de la Casa Real en las últimas semanas. “Es evidente que eliminar aforamientos como los que indica el Ministro excede de sus competencias. Habría que hacer una reforma constitucional importante y Estatutos de Autonomía y ahora no hay signos que el Gobierno vaya a afrontar este tipo de reformas”, apunta. Desde su perspectiva no sería sencillo un consenso entre las fuerzas políticas para producir estos cambios. “Las declaraciones del Ministro son meras intenciones con las que pretende contentar a la sociedad muy disconforme ante el descrédito de las instituciones”, aclara.

Respecto a la afirmación del Ministro de si el Estado de Derecho está actuando correctamente en la lucha contra la corrupción “discrepamos de lo que dice el Ministro. No está habiendo una respuesta institucional adecuada al fenómeno de la corrupción. Precisamente por ello los ciudadanos perciben impunidad, por un lado y otro sentimiento de irresponsabilidad donde nadie se hace responsable de esa situación”, subraya. Para Bosch la percepción del Ministro de que las cosas van bien en nuestro país no es lo que se percibe realmente en nuestro día a dia. “Totalmente equivocado. Los juzgados no tienen medios suficientes para actuar de forma adecuada contra casos de corrupción. Faltan instrumentos adecuados para la persecución de estos delitos”. A su juicio hacen falta reformas  para prevenir, detectar y controlar los casos de corrupción. “Es necesario que el poder político aporte los medios adecuados para luchar contra la corrupción”, denuncia.

En opinión de Bosch, es evidente que la reforma penal que llega es inevitable “aunque esto no es lo más importante. Lo fundamental es desarrollar elementos institucionales para que no se pueda producir la corrupción. Y si se produce que existan los medios adecuados para que el propio corrupto pueda ser perseguido y condenado. Ahora la solución más barata y populista, pero menos efectiva. Es la reforma del Código Penal pero no la más adecuada”, señala. Sobre los indultos y su revisión Joaquín Bosch recuerda que este Gobierno ha indultado a políticos por temas de prevaricación urbanística, malversación y otros delitos vinculados a la corrupción. “

 

Discurso político electoral

Marcelino Sexmero,  portavoz nacional de la Asociación Francisco de VitoriaPor su parte, Marcelino Sexmero,  portavoz nacional de la Asociación Francisco de Vitoria, en una primera valoración de la entrevista concedida a los compañeros de El Pais, habla de un discurso político de cara a las elecciones que tendrá lugar dentro de nueve meses en municipios y autonomías.  “Nos preocupa que en el caso de los aforamientos se toque el tema de los jueces y magistrados. Creo que es el único que no debería  tocarse en nuestro país. Es evidente que a un juez no se le puede investigar y juzgar por un compañero, forma parte de nuestra tradición”, indica. Sobre la reforma constitucional para reducir aforados parlamentarios y autonómicos lo ve muy complejo “se observa que ni a corto y medio plazo está en el planteamiento político de este Gobierno”, comenta. Respecto a sus comentarios sobre el indulto “creemos que los indultos en una democracia moderna como la nuestra deberían estar perfilados de forma más precisa. Tienen que estar motivados y con el apoyo del tribunal sancionador y del propio fiscal”, recuerda.  A su juicio el indulto es necesario sobre todo en aquellos sangrantes donde “la justicia llega tarde o hay una desproporción en las penas se puede buscar un correctivo a través del citado indulto”.

Para este magistrado la actuación del Gobierno está lejos de impulsar la regeneración democrática, como apunta en la entrevista Gallardón. “No hay actuaciones concretas ni proyectos legislativos sobre este tema en marcha. Lo que sí hay es una defensa numantina de ciertas posiciones del Ejecutivo y de otros miembros de partidos políticos sin llegar a la regeneración democrática. “Y recuerda que se habla de cambios legislativos, pero que, por uno y otro motivo no acaba de plasmarse en nada en concreto. “Solo se está optando por un discurso político de defensa frente a las afirmaciones que provienen de otros sectores de la opinión pública sobre los casos de corrupción. Esto realmente sorprende sabiendo que el PP partido en el poder cuenta con mayoría absoluta”, aclara. Para Sexmero es una buena noticia que ahora parece quela financiación ilegal de los partidos políticos aparezca en nuestro Código Penal como delito “en su día se quitó y ahora llevamos  veinte años que ese delito no existe. Desde luego ayudaría a mejorar la transparencia en nuestro país”, aclara

A nadie se le escapa que escuchar o leer unas declaraciones del actual Ministro de Justicia hay que hacerlo con calma y varias veces. “Sabemos que la reforma de la LEC en el Código Procesal Penal que se ha estado trabajando no llegará a trámite parlamentario sobre todo si observamos que queda un escaso año para las próximas elecciones generales”, advierte. Que el fiscal lleve al final la instrucción del proceso penal siguiendo la tradición del derecho comparado, una práctica en muchos países de nuestro entorno “lo que si llama la atención es la renuncia del Ministro a esa reforma, por el momento; ese borrador no era más que el documento del gobierno socialista enriquecido con otros cambios y sobre todo tampoco queda claro que lo retomará en la próxima legislatura”, señala. Quizás en el trasfondo de este tema subyace lo complicado que va a ser sustituir al juez de instrucción de toda la vida por la figura de un fiscal con nuevas competencias. “A nadie se le escapa que si esto sucede habrá que hacer cambios en la figura del fiscal y en su Estatuto, ahora tienen una dependencia importante del poder político”, indica.

 

 

 

 

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