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Participa
en
un
encuentro
con
otros
expertos
en
la
UIMP
de
Santander
sobre
derechos
de
Consumo
donde
destaca
la
fuerte
protección
de
los
derechos
del
consumidor
en
nuestro
país
 En
un
encuentro
que
tiene
lugar
en
Santander,
organizado
por
la
UIMP
y
que
bajo
el
título
genérico
“
Problemas
actuales
del
Derecho
de
Consumo”
congrega
a
expertos
como
Alfonso
Muñoz
Magistrado-Juez
del
Juzgado
de
lo
Mercantil
nº 1
de
Oviedo;
Francisco
Javier
Orduña
Moreno
Magistrado
del
Tribunal
Supremo.
Catedrático
de
Derecho
Civil
de
la
Universidad
de
Valencia;
Christine
Riefa
Catedrática
de
Derecho
Privado
de
la
Brunel
University
de
Londres
(UK).
Consultora
de
la
Unión
Europea,
entre
otros
ponentes
fue
Agustin
Azparren,
ex
vocal
del
CGPJ
y
magistrado
en
excedencia,
ahora
Socio
Director
del
Departamento
de
Derecho
de
Consumo
y
del
Departamento
de
Calidad
Jurídica
de
Martínez-Echevarría
Pérez
&
Ferrero
Abogados,
quien
abordó
la
protección
del
consumidor
desde
la
vertiente
de
los
productos
financieros
de
riesgos
“Ha
mejorado
bastante
la
protección
de
los
derechos
de
los
consumidores
y en
este
tipo
de
asuntos
frente
a la
vía
judicial
un
sistema
con
una
mediación
previa
unido
a un
arbitraje
posterior,
caso
que
la
primera
no
funcionara,
ayudaría
a
resolver
de
forma
más
rápida
ciertos
asuntos”,
subraya.
Desde
su
punto
de
vista
los
españoles
hemos
tenido
siempre
los
derechos
protegidos
pero
siempre
ha
habido
dificultad
para
ejercitarlos
y
escasa
tradición
a la
hora
de
reclamar.
“ Es
evidente
que
ahora
pequeñas
reclamaciones
de
cantidad
en
asuntos
de
telefonía
no
compensan
si
tienes
que
interponer
demanda
y
pagar
tasas”
explica
a
este
periodista.
Y es
que
desde
su
punto
de
vista
en
nuestro
país
se
protesta
mucho
pero
luego
el
porcentaje
de
reclamaciones
no
es
muy
elevado.
En su
intervención,
ya
explicó
a
los
asistentes
que
en
la
actualidad
el
90%
de
las
demandas
por
productos
financieros
complejos
como
las
swaps
o
las
preferentes
son
estimadas
por
los
tribunales,
frente
a
una
media
del
75%
en
los
demás
tipos
de
demandas.
“Pasada
la
criba
que
hizo
KPMG
en
la
primera
instancia,
creo
que
se
admitieron
prácticamente
un
porcentaje
elevado
de
este
tipo
de
demandas”.
Desde
su
punto
de
vista
quien
haya
podido
lograr
a
través
del
arbitraje
la
solución
a
este
conflicto
habrá
logrado
una
solución
más
rápida
y
sin
coste
frente
a la
via
ordinaria,
más
lenta
y
compleja.
Azparren,
uno
de
los
impulsores
de
GEMME
España,
asociación
de
magistrados
que
impulsan
la
mediación
en
nuestro
país,
se
confiesa
también
mediador
bancario,
una
solución
más
sencilla
para
solventar
este
tipo
de
problemas.
“La
mediación
es
más
rápido
que
el
arbitraje
y
tiene
un
coste
económico
más
razonable
para
el
perjudicado.
Además
es
el
único
sistema
que
da
satisfacción
a
las
dos
partes
del
asunto”,
aclara.
Desde
su
punto
de
vista
hay
un
gran
futuro
para
la
mediación
bancaria
y
habrá
que
explorar
esa
línea
para
la
resolución
de
conflictos
de
estas
características
en
el
futuro.
Para
nuestro
interlocutor,
con
los
cambios
efectuados
en
la
legislación
y
los
controles
establecidos
por
Banco
de
España
y
CNMV
no
es
posible
que
pueda
volver
a
surgir
un
caso
similar
en
la
actualidad
a
las
preferentes
“ Es
muy
difícil
que
vuelva
a
surgir
algo
parecido.
Hablamos
de
unos
años
concretos
entre
el
2005
y
2009.
A
raíz
de
la
detección
de
esos
problemas,
algunos
de
ellos
convertidos
en
querellas
criminales,
se
ha
ido
modificando
la
normativa
europea
y la
española.
Además
antes
el
cliente
tenía
una
confianza
absoluta
en
su
director
de
sucursal
bancaria,
cuestión
que
ahora
ha
desaparecido
y
hay
más
cautela
en
la
contratación
de
esos
productos”,
indica.
Es evidente
que
el
panorama
ha
cambiado
notablemente.
Ahora
existe
una
mayor
obligación
por
parte
de
los
bancos
es
"informar
exhaustivamente
de
todo"
y
que
cuando
esto
falla
se
anula
el
acuerdo:
"Todo
lo
que
se
discute
normalmente
en
los
tribunales
es
si
hay
información
suficiente
o
cuál
es
el
perfil
del
cliente,
para
saber
si
los
contratos
están
en
un
lenguaje
adecuado
y
comprensible",
subrayo.
Y
puso
el
ejemplo
de
las
cláusulas
suelo,
consideradas
como
abusivas
por
el
TJUE
y
que
ahora
en
las
propias
notarias
se
informa
al
interesado
de
su
alcance.
Ha
sido
precisamente
la
publicidad
de
estos
casos
lo
que
ha
generado
un
mayor
conocimiento
de
la
problemática
y la
posterior
reacción
de
la
Administración
con
controles
más
férreos.
Pese
a
ello
recordó
que
al
"ciudadano
le
cuesta
mucho
presentar
una
denuncia
contra
un
banco",
y
que,
por
este
motivo,
es
realmente
difícil
calcular
el
número
exacto
de
afectados
en
este
asunto.
Azparren
indicó
que
"el
juez
no
tiene
más
remedio
que
actuar
en
protección
del
consumidor,
porque
así
se
lo
piden
la
Constitución
y
las
leyes
europeas".
El
magistrado
en
excedencia,
quien
participó
en
la
segunda
jornada
del
encuentro
"Problemas
actuales
del
Derecho
del
Consumo"
organizado
por
la
UIMP
con
el
patrocinio
del
Gobierno
de
Cantabria,
señaló
que
"el
banco
y el
cliente
están
en
una
posición
diferente",
y
que,
"al
tratarse
de
contratos
de
adhesión,
no
hay
posibilidad
de
negociar".
Como
una
posible
alternativa
a
los
tribunales,
Azparren
"un
sistema
combinado
de
arbitraje
con
mediación
previa"
que
permita
descargar
de
trabajo
a
los
jueces.
En
opinión
del
exvocal
del
órgano
de
gobierno
de
los
jueces,
"puede
ser
una
solución
más
satisfactoria
para
cualquier
cliente
bancario
porque
se
resuelve
en
menos
tiempo,
con
menor
coste
económico
y es
un
ahorro
en
salud".
Además,
ha
añadido
que
"de
cara
a
las
entidades
bancarias
supone
una
mejora
de
imagen".
Nuestro
entrevistado
subrayó
que
con
el
asunto
de
las
cláusulas
suelo
hay
muchos
juzgados
colapsados;
se
están
tardando
hasta
dos
años
en
primera
instancia
y
otros
dos
en
apelación
si
se
recurre.
Bajo su
punto
de
vista
son
las
entidades
financieras,
ahora
que
ya
parece
que
tienen
mejor
salud
financiera,
las
tendrían
que
dar
ese
paso
y
ofrecer
ese
servicio
de
mediación
“ Se
trataría
de
resolver
esos
asuntos
pendientes,
incluso
en
los
que
están
en
el
juzgado,
a
través
de
la
mediación
.Con
la
mediación
mejoraría
la
reputación
de
los
propios
bancos
y
ayudaría
en
algunos
casos
a
fidelizar
a
sus
clientes”,
comenta.
En
muchos
casos
bastaría
con
que
los
propios
bancos
se
adhirieran
a
los
sistemas
arbitrales
de
consumo,
otra
alternativa
para
que
el
litigio
no
sea
largo
y
caro,
para
que
los
propios
clientes
lo
aceptasen
luego.
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