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Ofelia Tejerina, abogada, doctora en Derecho Constitucional:
“Somos ciudadanos de cristal, los Gobiernos saben todo de nosotros”
MADRID, 01 de SEPTIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

Ofelia Tejerina, abogada, doctora en Derecho Constitucional“Es fundamental que exista responsabilidad clara para ese funcionario que use esa información para otros fines. Si eso no se logra, todo lo que hablemos de privacidad, es papel mojado”. Asi se expresa la abogada y doctora en Derecho Constitucional Ofelia Tejerina, http://tejerina.es/,  autora de un trabajo de investigación luego convertido en libro “Seguridad del Estado y Privacidad” editado por Reus que demuestra como colisiona el poder del Estado que recaba información de los ciudadanos a través de tecnología muy potente donde no siempre se respeta la privacidad de los individuos. Este trabajo de investigación que fue presentado el pasado mes de mayo en el CGAE con la presencia de ilustres expertos en privacidad, http://goo.gl/XoB76Q, deja claro que este conflicto seguridad versus privacidad no está aún resuelto. Para esta jurista, la amenaza terrorista es una especie de carta blanca que utilizan muchos países para el tratamiento de datos personales privados, “lo que no queda claro es si nos ofrecen seguridad de cómo será utilizada esa información y quién va a acceder con posterioridad”, comenta. A su juicio los atentados del 11S, que ahora cumplen diez años, así como los acaecidos en Londres y Madrid han cambiado el sentido del concepto de privacidad.”

 

En primera persona

“Siempre quise hacer la tesis doctoral en algún tema que fuera poco común. Así realizó un master en Derecho Informático en la Universidad Complutense en el año 2000. En el transcurso del mismo descubro como IBM contribuyó al holocausto nazi para a través de tarjetas perforadas censar a toda la población judía.

En esas tarjetas quedaban claras las características de cada ciudadano; cada uno de ellas llevaba unos datos. Era algo así como una computadora seleccionadora. Ese fue quizás mi primer contacto con el mundo de la privacidad.

Investigar sobre privacidad te llega a conclusiones del poder que puede tener el Estado que protege tus derechos y es garante de la seguridad de los individuos.  El siguiente libro que cae en mis manos es Gran Hermano de Orwell y ahí surge la inquietud de si los Estados es necesario que conozcan tanta información de nosotros.

También consulto la obra del criptógrafo estadounidense Bruce Schneier que habla de la teoría del teatro de la seguridad. El habla que los Gobiernos nos crea un atrezzo o un escenario en el que nos demanda toda la información sobre nosotros para protegernos. 

Este libro, primero tesis doctoral y luego publicación, “Seguridad del Estado y Privacidad” pretende abordar si todas esas medidas y tecnología que emplean los Estados son necesarias para proteger nuestra privacidad. De hecho hay información convertida en códigos por las compañías aéreas de sus pasajeros que luego entregan a los Estados.

Reconozco que la investigación ha sido larga y compleja. Incluso el aliciente que no hubiera nada escrito sobre el tema al final también era un inconveniente que fui superando de forma progresiva. Es información que se actualizaba de forma casi inmediata donde se mezclaban muchos conceptos con la tecnología como un elemento clave.

Al final observas como la tecnología puede apropiarse de nuestra privacidad y luego los Estados utilizarlo o malutilizarlo a continuación. Con esta investigación  hemos analizado la tecnología que existe al servicio del Estado para poder controlar a sus ciudadanos y qué tipo de informaciones se recaban con esta tecnología”

 

Sra. Tejerina, tras esta inmersión en el mundo de la privacidad con esta publicación, ¿es posible compaginar la seguridad del Estado con la privacidad de los individuos?

Hay que tender al equilibrio entre ambos elementos sabiendo que los derechos fundamentales no son absolutos y también tienen un límite.  Es evidente que los Estados deben manejar cierta información fiscal, económica y de otro tipo de manera razonable.

Pero esta coyuntura no implica que tengamos que cederlo todo. Un body scanner en un aeropuerto no es estrictamente necesario. Hay métodos mucho menos invasivos y más eficaces para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

De hecho hay muchas tecnologías de este tipo, mas perjudiciales para el propio ciudadano porque recaban tanta información. En el momento que no tengan las medidas de seguridad para su gestión el riesgo será para esos ciudadanos que han dado esa información.

 

De todas las tecnologías que recoge en este libro, ¿cuáles son las más perjudiciales desde este punto de vista de la invasión de la privacidad?

Hemos hablado de los body scanner que son un ejemplo peligroso. También hay que destacar todas aquellas que ayudan a interceptar las comunicaciones. Sobre este asunto hay un capítulo importante en el propio libro.

Al final hay que darse cuenta que es un arma de doble filo, así se demuestra  el espionaje americano con las revelaciones del ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden asi lo demuestra.

Este tipo de prácticas pueden incluso a llegar  a desproteger a un Estado completo; a su Gobierno o estructura política. Y es que el uso no es tanto destruir y perseguir al terrorismo sino que hay fines políticos importantes.

 

En este caso es evidente que son necesarias garantías constitucionales que protejan al ciudadano de esa invasión del Estado..

Son necesarias, desde luego, para el buen uso de la información y para que no se distraiga hacia cualquier interés político o económico que pueden subyacer como antes comentaba

 

¿Hay alguna forma de limitar el poder del Estado desde esta perspectiva?

La única manera de delimitar ese poder es legalmente. En la práctica, con el uso de la tecnología todo se puede hacer. El problema está en que harán con esa información que están recabando del uso tecnológico.

Y ahí es donde hay que delimitar ese poder a los Gobiernos. No deberían poder utilizarla si no la han conseguido con una serie de garantías y solamente para el uso por el que fue reclamada.

 Al mismo tiempo es fundamental fijar una responsabilidad a los Gobiernos por el uso de la información. Sería necesaria una ley donde se reflejase una posible sanción y no fuera papel mojado como la ley de financiación de partidos políticos.

En la práctica, muchas veces compensa recabar esa información por encima de la responsabilidad que se nos va a exigir.  Los Gobiernos y políticos lo saben. Ese es el verdadero problema cuando te compensa hacer las cosas mal.  El caso de Garzón, apartado de la judicatura  por la intervención de las comunicaciones entre abogado y cliente, es un ejemplo de ello.

 

Hablar entonces del derecho a la protección de datos hay que tomarlo como una realidad práctica y visible…

Estamos hablando de algo absolutamente real. De hecho su reflejo en la Constitución data de 1978, momento en el que no existía Internet como lo conocemos hoy y ya ponía el foco sobre un problema concreto: la informática puede perjudicar notablemente a los derechos humanos.

Y esto es lo que pretende delimitar tanto nuestra Constitución como otras europeas en el mismo sentido. Creo que a nivel de privacidad se ha conseguido mucho en los últimos años gracias al papel de las Agencias de Protección de datos que se dedican a trabajar.

Lo fundamental es darse cuenta que no pueden utilizar nuestros datos personales para cualquier fin alejado del que se utilizó para conseguir la misma información

 

Quizás la investigación del terrorismo siga siendo una buena excusa para bucear en nuestra privacidad.

Es posible que así fuera antes. Ahora se están poniendo límites de tal forma que esa información que se recaba se use para ese fin en concreto sin que haya cualquier tipo de desviación hacia otros propósitos.

Es fundamental que exista responsabilidad clara para ese funcionario que use esa información para otros fines. Si eso no se logra, todo lo que hablemos de privacidad, es papel mojado.

 

¿Cuál es la utilidad de las normativas internacionales en este contexto?

Estamos hablando de normativas que suscriben los Estados y es una forma de saber como en Europa se deben hacer las cosas. Es posible que estos documentos no sean muy claros para los ciudadanos pero es un punto de partida a tener en cuenta.

El respeto mutuo entre los Estados radica en que todos tienen la obligación moral de cumplir este tipo de normativa que en muchos casos reflejan una voluntad común de respetar a los ciudadanos.

En este sentido son muy valiosas las aportaciones del Grupo de Trabajo del Articulo 29 o el Defensor de los derechos de los ciudadanos en materia de protección de datos.  Tenga que en cuenta que hablamos de información que pasa sin problemas de frontera a frontera y hay por ello que respetar esos límites.

 

¿Puede el próximo Reglamento Europeo de Protección de Datos ayudar al equilibro entre privacidad y seguridad del Estado?

Confío que el trabajo que se está realizando ofrezca unas pautas más claras que las que ya existen. Que se busquen unos límites que ayuden a mejorar la exposición del ciudadano cuando ofrece sus datos personales a los Estados y terceros.   Esperemos que su trabajo sea algo práctico y realizable y no una mera declaración de principios teóricos.

 

En “Seguridad del Estado y Privacidad” acuña el término de ciudadano de cristal que refleja la exposición que tenemos a perder nuestra privacidad.

Somos de cristal porque se ve todo sobre nosotros.  Este concepto señala nuestra fragilidad porque todo se conoce sobre nosotros y cualquier nos puede dar un martillazo, hablando metafóricamente.

Desde esta perspectiva es obligado pedir al Estado que derive responsabilidades del mal uso de esos datos que no son suyos y que han sido logrados por un fin concreto.  A nadie se le escapa que este tipo de elementos es la base de cualquier estado democrático.

 

Colegas suyos reclaman una Ley Orgánica que ayude a gestionar el tratamiento de las comunicaciones electrónicas para evitar casos como el de SITEL, herramienta que ha utilizado el gobierno español.

Es cierto habría que ir por ese camino. Ahora hemos creado una norma lo suficientemente vaga que sirve para investigar donde queramos sin que haya un juez que nos lo impida.

 Con la Ley Orgánica quedaría más claro como se va a restringir el derecho a la intimidad y a la protección de datos así lo dice además nuestra Constitución y así lo ha interpretado el propio Tribunal Constitucional.

Si algún Gobierno no quiere regular la protección de las comunicaciones es evidente que es por un interés político y económico, lejano a la protección de los derechos de los ciudadanos.

 

¿Encontrar ese equilibrio entre seguridad pública y privacidad, es entonces posible?

Se trata de tender a ello y que en un estado de paz se pueda trabajar desde el punto de vista legal y buscar un consenso.  Para ello las reglas de juego tienen que cambiar de cara a dar más peso a la seguridad del Estado.

Así viene fijado por la Constitución y por la vigente normativa que regula el secreto de las comunicaciones si hay algo excepcional que surja.

 

¿De no haber pasado los terribles atentados de las Torres Gemelas del 11S, que ahora cumplen diez años, estaríamos hablando de este debate?

Es evidente que estaríamos abordando estos temas de otra forma.  El concepto de privacidad ha cambiado de forma radical a raíz de estos atentados y los que sufrieron las ciudades de Londres y Madrid. De hecho los ciudadanos somos conscientes de ese cambio.

Pero lo que ha pasado es que hemos ido de un extremo a otro.  EEUU tiene un concepto de privacidad diferente al europeo.

Prefieren la seguridad nacional a los riesgos que conlleva manejar tanta información privada de terceros. Lo que no tienen claro es quién gestiona la información y qué garantías hay del buen uso de la misma.

 

Y dentro de diez años, ¿con qué escenario vamos a encontrarnos realmente?

Es difícil hacer una predicción, tampoco sabemos lo que nos encontraremos mañana. Todo esto evoluciona muy rápidamente. Lo que está claro que los avances de la tecnología son cada vez más grandes y si no se pone coto a ello nuestra exposición será cada vez más notable a la pérdida de la privacidad.

No se debe dar carta blanca a los Gobiernos para que con la excusa de preservar la seguridad del país invadan nuestra privacidad.  Al final es como crear otro Gran Hermano.

Esperemos que el esfuerzo que se hace desde Europa para evitar esta situación tenga su fruto y que sigamos siendo los ciudadanos celosos de nuestra privacidad.

 

 

 

 

 

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