Reunión
de
la
ministra
Ana
Mato
con
la
presidenta
del
Observatorio
de
Violencia
Doméstica
y de
Género
del
CGPJ,
Angeles
Carmona
para
abordar
este
asunto
La
ministra
de
Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad,
Ana
Mato,
mantuvieron
ayer
una
reunión
con
la
presidenta
del
Observatorio
de
Violencia
Doméstica
y de
Género
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
Ángeles
Carmona,
con
el
fin
de
estrechar
la
coordinación
y
mejorar
los
dispositivos
y
recursos
de
la
lucha
contra
una
lacra
que
este
año
ha
causado,
por
el
momento,
el
asesinato
de
40
mujeres.
Durante
el
encuentro,
el
segundo
que
ambas
celebran
desde
que
Ángeles
Carmona
asumió
la
Presidencia
del
Observatorio
del
CGPJ
en
marzo
del
presente
año, la
ministra
ha
trasladado
su
voluntad
de
conseguir
la
colaboración
de
toda
la
sociedad
para
erradicar
la
violencia
de
género.
Por
tal
razón,
Mato
ha
organizado
una
agenda
de
trabajo
encaminada
a la
consecución
de
un
Gran
Acuerdo
Social
contra
este
problema
que
involucre
a
grupos
políticos
y a
agentes
sociales.
Se
trata
de
un
“objetivo
primordial”
de
la
ministra,
tal
y
como
ha
destacado.
Así,
tras
la
reunión
de
ayer
con
el
CGPJ,
Mato
se
reunirá
con
los
grupos
parlamentarios
la
semana
próxima,
y
más
adelante
con
organizaciones
empresariales,
sindicatos
y
grupos
de
comunicación.
Al
mismo
tiempo,
ha
convocado
un
pleno
extraordinario
del
Observatorio
Estatal
de
Violencia
sobre
la
mujer
que
integran
las
organizaciones
de
mujeres,
comunidades
autónomas,
agentes
sociales
y
ministerios
implicados
en
la
erradicación
de
la
violencia
de
género.
En
esta
reunión,
en
la
que
también
estuvieron
la
secretaria
de
Estado
de
Servicios
Sociales
e
Igualdad,
Susana
Camarero,
y la
delegada
del
Gobierno
para
la
Violencia
de
Género,
Blanca
Hernández, la
ministra
y la
presidenta
del
Observatorio
del
CGPJ
han
estudiado
los
recientes
casos
de
víctimas
mortales
con
el
fin
de
analizar
las
medidas
legislativas
y
organizativas
que
se
encuentran
en
marcha
y
estudiar
la
adopción
de
nuevas
iniciativas.
Entre
las
propuestas
que
se
debatieron,
figuran
las
orientadas
a
facilitar
y
promover
las
denuncias
contra
los
malos
tratos.
Además
de
reforzar
todos
los
canales
de
sensibilización
orientados
a
tal
fin, el
Ministerio
y el
órgano
de
gobierno
de
los
jueces
impulsarán
mecanismos
de
coordinación
para
que
las
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
del
Estado
dispongan
de
aquellas
denuncias
y
partes
de
lesiones
que
no
hayan
sido
presentadas
en
dependencias
policiales
con
el
objetivo
de
conocer
en
el
momento
de
la
valoración
policial
de
riesgo
todos
los
hechos
o
circunstancias
que
puedan
influir
en
su
apreciación,
garantizando
además
la
existencia
de
valoración
en
todos
los
casos.
Asimismo,
el
Ministerio
de
Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad
y el
Observatorio
han
acordado acelerar
los
trabajos
que
en
el
seno
del
grupo
creado
para
la
mejora
del
cuestionario
de
valoración
policial
del
riesgo
se
vienen
celebrando
desde
el
pasado
mes
de
julio.
Entre
los
criterios
manejados
para
dicha
mejora,
se
encuentran
la
inclusión
de
variables
relacionadas
con
la
vulnerabilidad
de
las
víctimas,
presencia
de
hijos
o
hijas,
situación
laboral
y
discapacidad,
y
siempre
con
el
fin
de
precisar
el
nivel
de
riesgo
del
modo
más
certero.
La
ministra
Ana
Mato
y
Ángeles
Carmona,
en
su
análisis
de
los
recientes
casos
de
víctimas
mortales,
coincidieron
en
la necesidad
de
continuar
con
el
seguimiento
de
las
víctimas
por
parte
de
las
administraciones
implicadas
en
su
atención
integral
más
allá
de
la
vigencia
de
las
órdenes
de
protección.
Por
otro
lado,
ambas
han
destacado
la importancia
de
que
la
mujer
cuente
con
asesoramiento
jurídico
gratuito
antes
de
la
presentación
de
la
denuncia.
De
este
modo,
el
proyecto
de
Ley
de
asistencia
jurídica
gratuita
recoge
la
reforma
de
la
Ley
Integral
1/2004
para
garantizar
que
este
derecho
se
haga
efectivo
en
el
momento
inmediatamente
anterior
a la
interposición
de
dicha
denuncia. Es
éste
un
aspecto
fundamental
por
cuanto
ayudará
a la
mujer
a
que
su
denuncia
se
realice
en
los
términos
que
faciliten
la
viabilidad
del
procedimiento
judicial
y
cuente
con
todos
los
elementos
relevantes
para
la
mejor
protección
de
la
víctima
y la
adecuada
sanción
al
agresor.
Otro
de
los
puntos
esenciales
que
abordaron
la
ministra
y la
presidenta
del
Observatorio
consiste
en buscar
todas
las
vías
de
sensibilización
y
concienciación
necesarias
para
potenciar
la
formación
de
jueces
y
demás
personal
al
servicio
de
la
administración
de
justicia,
por
lo
que
se
propondrá
el
impulso
de
campañas
de
información
y de
cauces
de
investigación
con
el
fin
de
fortalecer
los
soportes
de
ayuda
a
las
víctimas
de
la
violencia
de
género.
Coordinación
e
integración
de
información
La
coordinación
e
integración
de
la
información,
como
ya
ha
ocurrido
en
Castilla
y
León
al
interconectar
sus
bases
de
datos
con
el
sistema
VIOGEN,
se
seguirá
promoviendo
en
otras
comunidades
autónomas.
La
cooperación
y
compromiso
del
Gobierno
ha
propiciado
ya
avances
importantes
en
lo
que
va
de
Legislatura,
como
el acceso
a la
asistencia
jurídica
gratuita
de
las
víctimas
de
violencia
de
género
y de
trata,
cuestión
sobre
la
que
las
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
del
Estado
informan
puntualmente.
O la
inclusión
de
los
menores
como
víctimas
en
la
propia
Ley,
un
compromiso
recogido
en
la
reforma
de
la
legislación
de
protección
a la
infancia,
que
está
tramitando
el
Gobierno.
En
el
caso
de
los
menores,
el
Proyecto
de
Ley
de
Estatuto
de
la
Víctima
del
Delito incluye
un
apartado
que
establece
que
los
órganos
judiciales,
cuando
resulte
necesario
al
fin
de
proteger
a la
víctima
menor
de
edad,
adopten
motivadamente
medidas
como
suspender
la
patria
potestad
o
establecer
un
régimen
de
supervisión
del
ejercicio
de
la
patria
potestad
o
tutela.
Además,
podrán
suspender
o
modificar
el
régimen
de
visitas
o
comunicación,
cuando
resulte
necesario
para
garantizar
la
protección
del
menor.
Dentro
de
la
reforma
del
Código
Penal,
en
tramitación
parlamentaria,
figuran nuevos
delitos
relativos
al
matrimonio
forzado,
al
acoso
u
hostigamiento
a la
mujer;
o al
acecho,
muy
relacionado
con
el
mal
uso
de
las
nuevas
tecnologías.
La
manipulación
de
los
brazaletes
electrónicos
que
permiten
el
control
del
tiempo
de
cumplimiento
de
la
pena
por
el
agresor,
así
como
la
supervisión
de
la
aplicación
de
medidas
de
seguridad
o
cautelares,
se
ha
tipificado
también
como
delito. |