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La diputada
del
Grupo
Socialista
y
portavoz
de
la
Comisión
para
las
Políticas
Integrales
de
la
Discapacidad,
Laura
Seara,
señaló
que
la
ley
de
inserción
laboral
de
personas
con
discapacidad
es
una
medida
“imprescindible
 El
Comité
Español
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
(CERMI)
ha
plateado
al
ministerio
de
Economía
y
Competitividad
una
serie
de
propuestas
en
relación
con
el
anteproyecto
de
ley
de
servicios
y
colegios
profesionales,
en
fase
de
elaboración
en
estos
momentos,
con
objeto
de
que
la
futura
norma
legal
garantice
la
igualdad
de
trato
y de
oportunidades
de
las
personas
con
discapacidad
en
el
ejercicio
profesional.
Por
su
parte
la
diputada
del
Grupo
Socialista
y
portavoz
de
la
Comisión
para
las
Políticas
Integrales
de
la
Discapacidad,
Laura
Seara,
señaló
que
la
ley
de
inserción
laboral
de
personas
con
discapacidad
es
una
medida
“imprescindible.
Seara
destaca
que
las
cifras
de
empleo
en
el
ámbito
de
la
discapacidad
son
“absolutamente
intolerables”
y
lamenta
que
el
Gobierno
“habló
de
una
serie
de
medidas
que
han
quedado
en
nada”,
como
la
contratación
socialmente
responsable,
o el
refuerzo,
seguimiento
y
control
de
la
reserva
del
2%
de
puestos
de
trabajo
en
empresas
con
más
de
50
trabajadores
En el
primer
bloque
de
propuestas,
relativo
a la
igualdad
de
trato
en
el
acceso,
permanencia
y
progresión
de
las
profesiones,
el
CERMI
propone
al
ministerio
que
dirige
Luis
de
Guindos
que
se
desarrolle
con
más
detalle
el
principio
de
igualad
de
trato
en
el
empleo
y la
ocupación,
derivado
de
la
aplicación
de
la
Directiva
78/2000
de
la
Unión
Europea
sobre
esta
materia,
a la
que
en
el
anteproyecto
solo
se
menciona
de
pasada,
ya
que
con
la
actual
redacción
no
se
protege
adecuadamente
contra
la
discriminación
en
el
ejercicio
profesional
de
las
personas
con
discapacidad.
Además
de
las
cuestiones
sobre
empleo
y
ocupación,
en
un
segundo
bloque,
el
CERMI
plantea
que
la
nueva
Ley
regule
las
condiciones
de
accesibilidad
universal
y no
discriminación
a
las
que
los
colegios
y
corporaciones
profesionales
han
de
ajustar
su
actuación,
en
la
línea
requerida
por
la
Ley
51/2003,
en
lo
relativo
al
acceso
a
bienes
y
servicios
a
disposición
del
público.
De igual
modo,
el
CERMI
pide
al
ministerio
que
incluya
en
el
proyecto
de
ley
un
precepto
que
obligue
a
los
colegios
profesionales
a
incorporar
en
sus
estatutos
o
reglamentos
de
funcionamiento
una
serie
de
medidas
de
acción
positiva
en
favor
de
las
personas
con
discapacidad,
tanto
profesionales
del
colegio
como
ciudadanos
que
pueden
requerir
servicios
del
mismo.
De
este
modo,
los
colegios
y
corporaciones
profesionales,
por
mandato
de
la
ley,
se
verían
obligados
a
contar
con
una
política
corporativa
de
inclusión
de
la
discapacidad.
Inclusión
laboral
necesaria
Por su
parte
la
diputada
del
Grupo
Socialista
y
portavoz
de
la
Comisión
para
las
Políticas
Integrales
de
la
Discapacidad,
Laura
Seara,
señaló
que
la
ley
de
inserción
laboral
de
personas
con
discapacidad
es
una
medida
“imprescindible”.
Así lo
comenta
en
una
entrevista
publicada
en
el
número
134
del
periódico
‘cermi.es
semanal’,
órgano
de
expresión
del
Comité
Español
de
Entidades
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
(CERMI).
Seara
destaca
que
las
cifras
de
empleo
en
el
ámbito
de
la
discapacidad
son
“absolutamente
intolerables”
y
lamenta
que
el
Gobierno
“habló
de
una
serie
de
medidas
que
han
quedado
en
nada”,
como
la
contratación
socialmente
responsable,
o el
refuerzo,
seguimiento
y
control
de
la
reserva
del
2%
de
puestos
de
trabajo
en
empresas
con
más
de
50
trabajadores.
Así,
recuerda
que
en
España
hay
más
de
3.800.000
personas
con
discapacidad,
de
las
que
más
de
2.
300.000
están
en
edad
laboral.
“Hay
más
de
600.000
personas
con
discapacidad
en
edad
laboral
que
están
inactivas
y
son
personas
perfectamente
preparadas,
dispuestas
y
con
talento
para
trabajar”,
asegura.
Aunque
“el
escenario
es
duro”,
Seara
considera
que
el
Gobierno
“debería
haber
intensificado
los
esfuerzos
para
avanzar
en
la
protección
de
los
derechos
de
las
personas
con
discapacidad
y
“ha
hecho
todo
lo
contrario,
apostando
por
los
recortes
presupuestarios
y
poniendo
en
peligro
el
modelo
de
inserción
laboral
de
las
personas
en
riesgo
de
exclusión,
pero
especialmente
el
de
las
personas
con
discapacidad
y de
las
personas
con
discapacidad
intelectual”.
En su
opinión,
“estamos
pasando
por
una
de
las
etapas
más
duras,
que
afecta
al
paro,
de
manera
particular
a
las
personas
con
discapacidad;
afecta
a
las
familias;
a la
situación
de
pobreza
severa;
a la
cronicidad
de
la
pobreza;
y a
las
peticiones
de
ayuda
a
los
servicios
sociales,
que
han
aumentado
más
de
un
70%”.
“Hay
cada
día
menos
beneficiarios
en
el
sistema
de
dependencia,
cada
10
minutos
se
deja
de
atender
a
una
persona
que
tenía
derecho
a
beneficiarse
de
esta
ley”,
afirma.
“Se
está
incrementando
la
desigualdad
en
España,
con
la
cifra
más
elevada
de
toda
Europa.
Este
insoportable
aumento
del
riesgo
de
pobreza
y
exclusión
está
afectando
con
especial
virulencia
a
las
personas
con
discapacidad”,
asevera. | 
