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ENTREVISTAS

 
Joan Carles Ollé, Decano Colegio Notarial de Catalunya:
“Aún podemos arreglarlo. Es un error unificar el registro civil con el registro mercantil y de la propiedad”
MADRID, 10 de SEPTIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

Joan Carles Ollé, Decano Colegio Notarial de CatalunyaA nadie se le escapa que en este nuevo curso jurídico el papel del notario en alguna de las reformas previstas por el Ministro Gallardón va a ser clave. Proyectos de ley como el de Jurisdicción Voluntaria o la mayos presencia del notario con carácter preventivo en la legislación hipotecaria puede ser clave para que esta legislación se adecue al estándar europeo y limitar las cláusulas abusivas. Hemos hablado con Joan Carles Ollé, vicepresidente del Consejo General del Notariado hasta el pasado mes de junio, mes en el que dimitió por discrepancias en la gestión con el propio presidente de esta institución y actual decano del Colegio de Notarial de Catalunya. Su amplio conocimiento de la justicia y sus reformas nos ayuda a descifrar estos cambios normativos que llegan a nuestra legislación de forma progresiva. Sobre la polémica del Registro Civil señala que “es un error unificar ambos registros, esta medida supondrá un claro retroceso para el sistema jurídico español, ya que la agilidad que exige el tráfico mercantil e inmobiliario es incompatible con la consulta obligada y la calificación constante de la información del registro civil. Lo peor es que va a perjudicar a los ciudadanos, ya que se ralentizarán los procesos y se incrementarán los costes, suponiendo un lastre para el desarrollo y la recuperación económica”, aclara

En primera persona

“El notario aporta desde siempre confianza y seguridad a las relaciones jurídicas, algo que es clave para el desarrollo económico y hasta para el mismo funcionamiento democrático de la sociedad. Ejercemos una función pública y prestamos un servicio público que facilitan el libre ejercicio de los derechos de las personas. La función notarial es cada vez más una función social. El ciudadano debe percibir que somos funcionarios del Estado que les asesoramos e informamos, que les protegemos evitando engaños y estafas, y que les garantizamos que los actos y negocios jurídicos que celebra son válidos y no podrán ser anulados. 

La importante apuesta tecnológica del Notariado, en la que ocupamos un lugar de vanguardia, nos permite hacer una importantísima labor de colaboración con autoridades y tribunales en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Sumada a la internacionalización de las relaciones jurídicas, el avance del proyecto de la Unión Europea, y la creación progresiva de un espacio único de seguridad, justicia y libertad, están contribuyendo a situar al notario en una nueva centralidad de las relaciones jurídicas.

Hoy más que nunca es necesario que un funcionario público cualificado del país donde se celebra el negocio jurídico ejerza un control de legalidad preventivo que solo es posible en el momento en que se perfecciona el negocio jurídico, que es ante el notario. Si a ello añadimos la importante contribución que podemos hacer en el ámbito de la resolución alternativa de conflictos y en la jurisdicción voluntaria, tendremos una idea de la evolución de la función notarial en los últimos años.“

 

Sr. Ollé, ¿Qué importancia tiene para los notarios el nuevo curso jurídico que ahora se inicia?

En los últimos tiempos, desde el Ministerio de Justicia se están impulsando una serie de reformas para modernizar y agilizar la Justicia que compartimos con carácter general, puesto que este es un objetivo común a todos los profesionales jurídicos. Pero hay diversos aspectos de las normas aprobadas y en curso que juzgamos negativamente.

 En el último año se han aprobado diversos preceptos que debilitan la escritura pública, como los recogidos en la Ley de Emprendedores, la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios o la Ley de Navegación Marítima. Y vemos cómo una y otra vez se toman decisiones que claramente favorecen a la corporación registral, como la atribución del Registro Civil, cuestión que nos preocupa puesto que no es positiva ni para nuestro sistema jurídico ni para la sociedad española.

 Se están produciendo graves desequilibrios en este sentido y es necesario que el Ministerio consensue las medidas con los distintos profesionales jurídicos directamente implicados en estas reformas, ya que solo así se conseguirá realmente el objetivo de contar con una Justicia moderna adaptada a las necesidades de los ciudadanos que, en definitiva, es lo que todos queremos.

 

En este contexto se espera mucho del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. ¿Cuál debe ser el papel del notario en este escenario?

El notario es clave para agilizar y modernizar la Justicia, de modo que es lógico que el Proyecto prevea la atribución de nuevas funciones al Notariado, entre ellas algunas de fuerte impacto social.

 En su doble condición de profesional del Derecho y funcionario público, y por su preparación técnica, independencia e imparcialidad, estamos en una posición idónea para hacer una aportación muy significativa en este campo, junto con otros colectivos, como los secretarios judiciales o los registradores.

Además, se trata de aportaciones que vienen respaldadas mayoritariamente por la sociedad española, y que estoy seguro de que desempeñaremos con todo rigor y estaremos a la altura de la confianza depositada.

De hecho, el fenómeno de la desjudicialización y la apuesta por la solución alternativa de conflictos  - con la reforma de la Ley de Arbitraje en 2011 o la Ley de Mediación en asuntos privados y familiares de 2012, en las que el notario ya está presente - son vectores sobre los que se asienta el proceso de modernización de la Justicia en España en estas primeras décadas del S XXI.

 

También el notario está teniendo un peso específico en el impulso de la mediación  ¿Está contento del funcionamiento de la Fundación Signum, entidad notarial?

Como comentaba, la solución alternativa de conflictos es uno de los ejes fundamentales para contar con una Justicia ágil y moderna, y es evidente que la Ley de Mediación Civil y Mercantil de 2012, que introdujo la figura del notario como mediador, ha potenciado y abierto un nuevo campo de acción en el que nuestra profesión cobra protagonismo.

Diversos Colegios Notariales  han creado ya Centros de Mediación que, poco a poco, están contribuyendo a consolidar esta institución en España, muy asentada ya en otros países europeos.

 

Nuestro país reforma ahora de nuevo la legislación hipotecaria al hilo del fallo de julio de 2014 del TJUE. ¿Le gusta cómo ha quedado este fallo? ¿Va a tener más competencias la figura del notario en este asunto?

La normativa hipotecaria española ha sido útil durante décadas, pero la aguda crisis económica actual ha puesto de relieve las graves carencias de esa regulación, que provocaba y provoca situaciones injustas y de desprotección para el deudor, de las que el Notariado ya hace tiempo advierte y reclama la necesidad de corregir.

 En este sentido, y tras la sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 que puso al descubierto las carencias de nuestro procedimiento de ejecución, la Ley 1/2013 indudablemente corrigió y mejoró parcialmente nuestro sistema pero es evidente que el legislador se quedó corto.

Es lamentable que ahora el TJUE, en la sentencia de 17 de julio de 2014, nos vuelva a llamar la atención, especialmente por no permitir recurrir al deudor si se se desestima su oposición a la ejecución por la alegación de la existencia de la cláusulas abusivas, mientras que sí se permite recurrir al acreedor en caso contrario.

 El reciente RDL 11/2014, de 5 de septiembre, suple esta concreta carencia, pero es  preciso abordar de una vez una reforma global de esta normativa, adoptando las más modernas soluciones del derecho europeo, corrigiendo tales disfunciones y yendo hacia un modelo más justo y garantista de los derechos del deudor.

 

No obstante seguimos teniendo más de 180 desahucios diarios. ¿Hay alguna forma de frenar esta sangría?

La normativa aprobada en este último año en nuestro país ha mejorado la situación, pero es preciso seguir avanzando hacia una solución global y más definitiva.

Por nuestra parte, ejerciendo nuestra función de protección a la parte más débil, el deudor, siempre que hemos tenido oportunidad hemos interpretado la norma en su beneficio. En todo caso es evidente que la mejor solución del problema de las claúslas abusivas es, como casi siempre en derecho, la opción preventiva, que sigue estando mal resuelta en nuestro ordenamiento.

El actual sistema ha sido una fracaso, pues para que el notario pueda rechazar una cláusula abusiva se requiere de que previamente haya sido declarada como tal por sentencia firme y esté inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación – lo que  no sucede casi nunca - . Por ello, reclamamos un control de legalidad efectivo sobre las claúsulas abusivas, un pleno control ex ante, que es lo que en definitiva espera la sociedad del notario y la verdadera solución a este problema.

 

Otro asunto que el Ministro Gallardón pondrá en marcha en unos meses es la futura Ley del Registro Civil donde asumirán los registradores mercantiles las competencias. ¿Cómo valora cómo ha quedado esta regulación?

De entrada, la atribución a los registradores mercantiles de la llevanza del registro civil, junto con otros registros, como el de últimas voluntades, seguros y fundaciones, introduce nuevamente la polémica reforma integral de los registros, que tuvo que aparcarse en 2013.

Es evidente que supondrá un claro retroceso para el sistema jurídico español, ya que la agilidad que exige el tráfico mercantil e inmobiliario es incompatible con la consulta obligada y la calificación constante de la información del registro civil. Lo peor es que va a perjudicar a los ciudadanos, ya que se ralentizarán los procesos y se incrementarán los costes, suponiendo un lastre para el desarrollo y la recuperación económica.

Por ello, es un error unificar el registro civil con el registro mercantil y de la propiedad. Las formaciones políticas, los jueces, los secretarios judiciales, los empleados y sindicatos, el Colegio Nacional de Registradores, y la gran mayoría de los notarios se oponen a ello.

De modo que no se entiende la insistencia en tomar una decisión que es tan discutida y controvertida. Teniendo en cuenta que aún debe pronunciarse el Senado y no será efectiva hasta dentro de un año, debería repensarse. Todavía estamos a tiempo de corregir un grave error, que acarreará muchos problemas, y de hallar una solución que goce de mayor consenso social.

 

Respecto a la corrupción que existe en nuestro país ¿Dónde ve la clave para frenarla? ¿Le gustan las medidas que quiere impulsar el Gobierno de regeneración democrática?

Valoramos positivamente cualquier medida que suponga un refuerzo al sistema democrático, lamentablemente necesitado hoy día de revulsivos e incluso de gestos y de actitudes que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema.

 La democracia no es ajena a la crisis global en la que vivimos inmersos, por lo que una legislación más rigurosa y un refuerzo de los mecanismos de control, que gocen del necesario consenso político y social, contribuirán, sin duda, a evitar que se reproduzcan situaciones que por desgracia se han producido en el pasado.

En concreto, en estos momentos está en tramitación en las Cortes el proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, que regula la necesidad de documento público para los supuestos más cualificados de aportaciones a las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos. Pensamos que es un avance significativo y que es la línea a seguir.

 En este sentido, creo que en un momento precisamente en que uno de los principales problemas de la sociedad es la corrupción, el notario sigue siendo alguien en quien los ciudadanos pueden confiar y se mantiene intacta la confianza en el control de legalidad, la independencia y la imparcialidad del notario.

 

Tenemos una justicia lenta y poco ágil ¿Qué soluciones vislumbra para     que fuera más rápida y útil al ciudadano?

De hecho, este es el gran reto de la Justicia: ser moderna, ágil y cercana a los ciudadanos. La línea estratégica de acción está muy claramente definida y centrada en la desjudicialización, además de en el avance en la solución alternativa de conflictos. Así, la Ley de Jurisdicción Voluntaria será un gran paso adelante, al que precedieron la nueva Ley de Arbitraje y la de Mediación, que sin duda abrirán nuevas opciones a los ciudadanos y permitirán descongestionar muchos procesos y dotarlos de una mayor agilidad.

Lo cierto es que en todas aquellas materias que no sean estrictamente contenciosas, sobretodo en el ámbito familiar, sucesorio, contractual y mercantil, el Notariado puede hacer una importante aportación a la sociedad y a un coste muy razonable.

 

Por último, usted dimitió el pasado mes de junio como vicepresidente del Consejo General del Notariado. Con la distancia que da el tiempo ¿cómo valora esta decisión? ¿Volverá a algún puesto directivo dentro del Consejo?

He cumplido una etapa de tres años en la Vicepresidencia del Consejo General del Notariado, de 2011 a 2014. Hay que situar mi renuncia dentro de una cierta normalidad en el funcionamiento de las instituciones.

Había unas crecientes discrepancias con la gestión de la Presidencia, y lo mejor y más democrático era recuperar la plena libertad para defender en el seno del propio Consejo mi convicción en la conveniencia de otra política corporativa para el notariado.

La disconformidad, compartida con otros Decanos, deriva fundamentalmente de la forma personalista de dirigir internamente la corporación, alejada del diálogo y el consenso necesarios. Lo más grave es que ello se ha traducido en una falta de respuesta y de firmeza del Consejo, y en concreto de la Presidencia, ante determinadas decisiones del Ministerio que debilitan la función notarial y desequilibran el sistema de seguridad jurídica preventiva.

Esta actitud es el motivo principal de mi renuncia. Comparto plenamente el desencanto que viven la gran mayoría de notarios ante esta situación y entiendo que ante decisiones que claramente favorecen a la corporación registral, como la atribución del registro civil, debería haber una mayor firmeza y determinación por parte de la dirección notarial, lo que es perfectamente compatible con el diálogo y la colaboración. Hace falta otra política corporativa, más firme, hábil y eficaz, y desde mi responsabilidad, sea la que sea, trabajaré siempre con firmeza en la defensa de la profesión y, en consecuencia, de ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos.

 

 

 

 

 

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