A
nadie
se
le
escapa
que
en
este
nuevo
curso
jurídico
el
papel
del
notario
en
alguna
de
las
reformas
previstas
por
el
Ministro
Gallardón
va a
ser
clave.
Proyectos
de
ley
como
el
de
Jurisdicción
Voluntaria
o la
mayos
presencia
del
notario
con
carácter
preventivo
en
la
legislación
hipotecaria
puede
ser
clave
para
que
esta
legislación
se
adecue
al
estándar
europeo
y
limitar
las
cláusulas
abusivas.
Hemos
hablado
con
Joan
Carles
Ollé,
vicepresidente
del
Consejo
General
del
Notariado
hasta
el
pasado
mes
de
junio,
mes
en
el
que
dimitió
por
discrepancias
en
la
gestión
con
el
propio
presidente
de
esta
institución
y
actual
decano
del
Colegio
de
Notarial
de
Catalunya.
Su
amplio
conocimiento
de
la
justicia
y
sus
reformas
nos
ayuda
a
descifrar
estos
cambios
normativos
que
llegan
a
nuestra
legislación
de
forma
progresiva.
Sobre
la
polémica
del
Registro
Civil
señala
que
“es
un
error
unificar
ambos
registros,
esta
medida
supondrá
un
claro
retroceso
para
el
sistema
jurídico
español,
ya
que
la
agilidad
que
exige
el
tráfico
mercantil
e
inmobiliario
es
incompatible
con
la
consulta
obligada
y la
calificación
constante
de
la
información
del
registro
civil.
Lo
peor
es
que
va a
perjudicar
a
los
ciudadanos,
ya
que
se
ralentizarán
los
procesos
y se
incrementarán
los
costes,
suponiendo
un
lastre
para
el
desarrollo
y la
recuperación
económica”,
aclara
En primera persona
“El
notario
aporta
desde
siempre
confianza
y
seguridad
a
las
relaciones
jurídicas,
algo
que
es
clave
para
el
desarrollo
económico
y
hasta
para
el
mismo
funcionamiento
democrático
de
la
sociedad.
Ejercemos
una
función
pública
y
prestamos
un
servicio
público
que
facilitan
el
libre
ejercicio
de
los
derechos
de
las
personas.
La
función
notarial
es
cada
vez
más
una
función
social.
El
ciudadano
debe
percibir
que
somos
funcionarios
del
Estado
que
les
asesoramos
e
informamos,
que
les
protegemos
evitando
engaños
y
estafas,
y
que
les
garantizamos
que
los
actos
y
negocios
jurídicos
que
celebra
son
válidos
y no
podrán
ser
anulados.
La
importante
apuesta
tecnológica
del
Notariado,
en
la
que
ocupamos
un
lugar
de
vanguardia,
nos
permite
hacer
una
importantísima
labor
de
colaboración
con
autoridades
y
tribunales
en
la
lucha
contra
el
fraude
fiscal
y el
blanqueo
de
capitales.
Sumada
a la
internacionalización
de
las
relaciones
jurídicas,
el
avance
del
proyecto
de
la
Unión
Europea,
y la
creación
progresiva
de
un
espacio
único
de
seguridad,
justicia
y
libertad,
están
contribuyendo
a
situar
al
notario
en
una
nueva
centralidad
de
las
relaciones
jurídicas.
Hoy
más
que
nunca
es
necesario
que
un
funcionario
público
cualificado
del
país
donde
se
celebra
el
negocio
jurídico
ejerza
un
control
de
legalidad
preventivo
que
solo
es
posible
en
el
momento
en
que
se
perfecciona
el
negocio
jurídico,
que
es
ante
el
notario.
Si a
ello
añadimos
la
importante
contribución
que
podemos
hacer
en
el
ámbito
de
la
resolución
alternativa
de
conflictos
y en
la
jurisdicción
voluntaria,
tendremos
una
idea
de
la
evolución
de
la
función
notarial
en
los
últimos
años.“
Sr.
Ollé,
¿Qué
importancia
tiene
para
los
notarios
el
nuevo
curso
jurídico
que
ahora
se
inicia?
En los
últimos
tiempos,
desde
el
Ministerio
de
Justicia
se
están
impulsando
una
serie
de
reformas
para
modernizar
y
agilizar
la
Justicia
que
compartimos
con
carácter
general,
puesto
que
este
es
un
objetivo
común
a
todos
los
profesionales
jurídicos.
Pero
hay
diversos
aspectos
de
las
normas
aprobadas
y en
curso
que
juzgamos
negativamente.
En el
último
año
se
han
aprobado
diversos
preceptos
que
debilitan
la
escritura
pública,
como
los
recogidos
en
la
Ley
de
Emprendedores,
la
Ley
de
Protección
de
los
Deudores
Hipotecarios
o la
Ley
de
Navegación
Marítima.
Y
vemos
cómo
una
y
otra
vez
se
toman
decisiones
que
claramente
favorecen
a la
corporación
registral,
como
la
atribución
del
Registro
Civil,
cuestión
que
nos
preocupa
puesto
que
no
es
positiva
ni
para
nuestro
sistema
jurídico
ni
para
la
sociedad
española.
Se
están
produciendo
graves
desequilibrios
en
este
sentido
y es
necesario
que
el
Ministerio
consensue
las
medidas
con
los
distintos
profesionales
jurídicos
directamente
implicados
en
estas
reformas,
ya
que
solo
así
se
conseguirá
realmente
el
objetivo
de
contar
con
una
Justicia
moderna
adaptada
a
las
necesidades
de
los
ciudadanos
que,
en
definitiva,
es
lo
que
todos
queremos.
En
este
contexto
se
espera
mucho
del
Proyecto
de
Ley
de
Jurisdicción
Voluntaria.
¿Cuál
debe
ser
el
papel
del
notario
en
este
escenario?
El
notario
es
clave
para
agilizar
y
modernizar
la
Justicia,
de
modo
que
es
lógico
que
el
Proyecto
prevea
la
atribución
de
nuevas
funciones
al
Notariado,
entre
ellas
algunas
de
fuerte
impacto
social.
En su
doble
condición
de
profesional
del
Derecho
y
funcionario
público,
y
por
su
preparación
técnica,
independencia
e
imparcialidad,
estamos
en
una
posición
idónea
para
hacer
una
aportación
muy
significativa
en
este
campo,
junto
con
otros
colectivos,
como
los
secretarios
judiciales
o
los
registradores.
Además,
se
trata
de
aportaciones
que
vienen
respaldadas
mayoritariamente
por
la
sociedad
española,
y
que
estoy
seguro
de
que
desempeñaremos
con
todo
rigor
y
estaremos
a la
altura
de
la
confianza
depositada.
De
hecho,
el
fenómeno
de
la
desjudicialización
y la
apuesta
por
la
solución
alternativa
de
conflictos
-
con
la
reforma
de
la
Ley
de
Arbitraje
en
2011
o la
Ley
de
Mediación
en
asuntos
privados
y
familiares
de
2012,
en
las
que
el
notario
ya
está
presente
-
son
vectores
sobre
los
que
se
asienta
el
proceso
de
modernización
de
la
Justicia
en
España
en
estas
primeras
décadas
del
S
XXI.
También
el
notario
está
teniendo
un
peso
específico
en
el
impulso
de
la
mediación
¿Está
contento
del
funcionamiento
de
la
Fundación
Signum,
entidad
notarial?
Como
comentaba,
la
solución
alternativa
de
conflictos
es
uno
de
los
ejes
fundamentales
para
contar
con
una
Justicia
ágil
y
moderna,
y es
evidente
que
la
Ley
de
Mediación
Civil
y
Mercantil
de
2012,
que
introdujo
la
figura
del
notario
como
mediador,
ha
potenciado
y
abierto
un
nuevo
campo
de
acción
en
el
que
nuestra
profesión
cobra
protagonismo.
Diversos
Colegios
Notariales
han
creado
ya
Centros
de
Mediación
que,
poco
a
poco,
están
contribuyendo
a
consolidar
esta
institución
en
España,
muy
asentada
ya
en
otros
países
europeos.
Nuestro
país
reforma
ahora
de
nuevo
la
legislación
hipotecaria
al
hilo
del
fallo
de
julio
de
2014
del
TJUE.
¿Le
gusta
cómo
ha
quedado
este
fallo?
¿Va
a
tener
más
competencias
la
figura
del
notario
en
este
asunto?
La
normativa
hipotecaria
española
ha
sido
útil
durante
décadas,
pero
la
aguda
crisis
económica
actual
ha
puesto
de
relieve
las
graves
carencias
de
esa
regulación,
que
provocaba
y
provoca
situaciones
injustas
y de
desprotección
para
el
deudor,
de
las
que
el
Notariado
ya
hace
tiempo
advierte
y
reclama
la
necesidad
de
corregir.
En
este
sentido,
y
tras
la
sentencia
del
TJUE
de
14
de
marzo
de
2013
que
puso
al
descubierto
las
carencias
de
nuestro
procedimiento
de
ejecución,
la
Ley
1/2013
indudablemente
corrigió
y
mejoró
parcialmente
nuestro
sistema
pero
es
evidente
que
el
legislador
se
quedó
corto.
Es
lamentable
que
ahora
el
TJUE,
en
la
sentencia
de
17
de
julio
de
2014,
nos
vuelva
a
llamar
la
atención,
especialmente
por
no
permitir
recurrir
al
deudor
si
se
se
desestima
su
oposición
a la
ejecución
por
la
alegación
de
la
existencia
de
la
cláusulas
abusivas,
mientras
que
sí
se
permite
recurrir
al
acreedor
en
caso
contrario.
El
reciente
RDL
11/2014,
de 5
de
septiembre,
suple
esta
concreta
carencia,
pero
es
preciso
abordar
de
una
vez
una
reforma
global
de
esta
normativa,
adoptando
las
más
modernas
soluciones
del
derecho
europeo,
corrigiendo
tales
disfunciones
y
yendo
hacia
un
modelo
más
justo
y
garantista
de
los
derechos
del
deudor.
No
obstante
seguimos
teniendo
más
de
180
desahucios
diarios.
¿Hay
alguna
forma
de
frenar
esta
sangría?
La
normativa
aprobada
en
este
último
año
en
nuestro
país
ha
mejorado
la
situación,
pero
es
preciso
seguir
avanzando
hacia
una
solución
global
y
más
definitiva.
Por
nuestra
parte,
ejerciendo
nuestra
función
de
protección
a la
parte
más
débil,
el
deudor,
siempre
que
hemos
tenido
oportunidad
hemos
interpretado
la
norma
en
su
beneficio.
En
todo
caso
es
evidente
que
la
mejor
solución
del
problema
de
las
claúslas
abusivas
es,
como
casi
siempre
en
derecho,
la
opción
preventiva,
que
sigue
estando
mal
resuelta
en
nuestro
ordenamiento.
El
actual
sistema
ha
sido
una
fracaso,
pues
para
que
el
notario
pueda
rechazar
una
cláusula
abusiva
se
requiere
de
que
previamente
haya
sido
declarada
como
tal
por
sentencia
firme
y
esté
inscrita
en
el
Registro
de
Condiciones
Generales
de
la
Contratación
– lo
que
no
sucede
casi
nunca
- .
Por
ello,
reclamamos
un
control
de
legalidad
efectivo
sobre
las
claúsulas
abusivas,
un
pleno
control
ex
ante,
que
es
lo
que
en
definitiva
espera
la
sociedad
del
notario
y la
verdadera
solución
a
este
problema.
Otro
asunto
que
el
Ministro
Gallardón
pondrá
en
marcha
en
unos
meses
es
la
futura
Ley
del
Registro
Civil
donde
asumirán
los
registradores
mercantiles
las
competencias.
¿Cómo
valora
cómo
ha
quedado
esta
regulación?
De
entrada,
la
atribución
a
los
registradores
mercantiles
de
la
llevanza
del
registro
civil,
junto
con
otros
registros,
como
el
de
últimas
voluntades,
seguros
y
fundaciones,
introduce
nuevamente
la
polémica
reforma
integral
de
los
registros,
que
tuvo
que
aparcarse
en
2013.
Es
evidente
que
supondrá
un
claro
retroceso
para
el
sistema
jurídico
español,
ya
que
la
agilidad
que
exige
el
tráfico
mercantil
e
inmobiliario
es
incompatible
con
la
consulta
obligada
y la
calificación
constante
de
la
información
del
registro
civil.
Lo
peor
es
que
va a
perjudicar
a
los
ciudadanos,
ya
que
se
ralentizarán
los
procesos
y se
incrementarán
los
costes,
suponiendo
un
lastre
para
el
desarrollo
y la
recuperación
económica.
Por
ello,
es
un
error
unificar
el
registro
civil
con
el
registro
mercantil
y de
la
propiedad.
Las
formaciones
políticas,
los
jueces,
los
secretarios
judiciales,
los
empleados
y
sindicatos,
el
Colegio
Nacional
de
Registradores,
y la
gran
mayoría
de
los
notarios
se
oponen
a
ello.
De
modo
que
no
se
entiende
la
insistencia
en
tomar
una
decisión
que
es
tan
discutida
y
controvertida.
Teniendo
en
cuenta
que
aún
debe
pronunciarse
el
Senado
y no
será
efectiva
hasta
dentro
de
un
año,
debería
repensarse.
Todavía
estamos
a
tiempo
de
corregir
un
grave
error,
que
acarreará
muchos
problemas,
y de
hallar
una
solución
que
goce
de
mayor
consenso
social.
Respecto
a la
corrupción
que
existe
en
nuestro
país
¿Dónde
ve
la
clave
para
frenarla?
¿Le
gustan
las
medidas
que
quiere
impulsar
el
Gobierno
de
regeneración
democrática?
Valoramos
positivamente
cualquier
medida
que
suponga
un
refuerzo
al
sistema
democrático,
lamentablemente
necesitado
hoy
día
de
revulsivos
e
incluso
de
gestos
y de
actitudes
que
permitan
recuperar
la
confianza
de
los
ciudadanos
en
el
sistema.
La
democracia
no
es
ajena
a la
crisis
global
en
la
que
vivimos
inmersos,
por
lo
que
una
legislación
más
rigurosa
y un
refuerzo
de
los
mecanismos
de
control,
que
gocen
del
necesario
consenso
político
y
social,
contribuirán,
sin
duda,
a
evitar
que
se
reproduzcan
situaciones
que
por
desgracia
se
han
producido
en
el
pasado.
En concreto,
en
estos
momentos
está
en
tramitación
en
las
Cortes
el
proyecto
de
Ley
Orgánica
de
control
de
la
actividad
económico-financiera
de
los
partidos
políticos,
que
regula
la
necesidad
de
documento
público
para
los
supuestos
más
cualificados
de
aportaciones
a
las
fundaciones
y
entidades
vinculadas
a
partidos
políticos.
Pensamos
que
es
un
avance
significativo
y
que
es
la
línea
a
seguir.
En
este
sentido,
creo
que
en
un
momento
precisamente
en
que
uno
de
los
principales
problemas
de
la
sociedad
es
la
corrupción,
el
notario
sigue
siendo
alguien
en
quien
los
ciudadanos
pueden
confiar
y se
mantiene
intacta
la
confianza
en
el
control
de
legalidad,
la
independencia
y la
imparcialidad
del
notario.
Tenemos
una
justicia
lenta
y
poco
ágil
¿Qué
soluciones
vislumbra
para
que
fuera
más
rápida
y
útil
al
ciudadano?
De hecho,
este
es
el
gran
reto
de
la
Justicia:
ser
moderna,
ágil
y
cercana
a
los
ciudadanos.
La
línea
estratégica
de
acción
está
muy
claramente
definida
y
centrada
en
la
desjudicialización,
además
de
en
el
avance
en
la
solución
alternativa
de
conflictos.
Así,
la
Ley
de
Jurisdicción
Voluntaria
será
un
gran
paso
adelante,
al
que
precedieron
la
nueva
Ley
de
Arbitraje
y la
de
Mediación,
que
sin
duda
abrirán
nuevas
opciones
a
los
ciudadanos
y
permitirán
descongestionar
muchos
procesos
y
dotarlos
de
una
mayor
agilidad.
Lo cierto
es
que
en
todas
aquellas
materias
que
no
sean
estrictamente
contenciosas,
sobretodo
en
el
ámbito
familiar,
sucesorio,
contractual
y
mercantil,
el
Notariado
puede
hacer
una
importante
aportación
a la
sociedad
y a
un
coste
muy
razonable.
Por
último,
usted
dimitió
el
pasado
mes
de
junio
como
vicepresidente
del
Consejo
General
del
Notariado.
Con
la
distancia
que
da
el
tiempo
¿cómo
valora
esta
decisión?
¿Volverá
a
algún
puesto
directivo
dentro
del
Consejo?
He
cumplido
una
etapa
de
tres
años
en
la
Vicepresidencia
del
Consejo
General
del
Notariado,
de
2011
a
2014.
Hay
que
situar
mi
renuncia
dentro
de
una
cierta
normalidad
en
el
funcionamiento
de
las
instituciones.
Había
unas
crecientes
discrepancias
con
la
gestión
de
la
Presidencia,
y lo
mejor
y
más
democrático
era
recuperar
la
plena
libertad
para
defender
en
el
seno
del
propio
Consejo
mi
convicción
en
la
conveniencia
de
otra
política
corporativa
para
el
notariado.
La
disconformidad,
compartida
con
otros
Decanos,
deriva
fundamentalmente
de
la
forma
personalista
de
dirigir
internamente
la
corporación,
alejada
del
diálogo
y el
consenso
necesarios.
Lo
más
grave
es
que
ello
se
ha
traducido
en
una
falta
de
respuesta
y de
firmeza
del
Consejo,
y en
concreto
de
la
Presidencia,
ante
determinadas
decisiones
del
Ministerio
que
debilitan
la
función
notarial
y
desequilibran
el
sistema
de
seguridad
jurídica
preventiva.
Esta
actitud
es
el
motivo
principal
de
mi
renuncia.
Comparto
plenamente
el
desencanto
que
viven
la
gran
mayoría
de
notarios
ante
esta
situación
y
entiendo
que
ante
decisiones
que
claramente
favorecen
a la
corporación
registral,
como
la
atribución
del
registro
civil,
debería
haber
una
mayor
firmeza
y
determinación
por
parte
de
la
dirección
notarial,
lo
que
es
perfectamente
compatible
con
el
diálogo
y la
colaboración.
Hace
falta
otra
política
corporativa,
más
firme,
hábil
y
eficaz,
y
desde
mi
responsabilidad,
sea
la
que
sea,
trabajaré
siempre
con
firmeza
en
la
defensa
de
la
profesión
y,
en
consecuencia,
de
ofrecer
el
mejor
servicio
a
los
ciudadanos.
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