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 “Los
españoles
tenemos
un
grado
de
confianza
menor
sobre
la
justicia
en
veinte
puntos
que
en
otros
países
europeos.
En
países
como
los
escandinavos,
Noruega,
Suecia
o
Finlandia
esa
confianza
supone
el
70
por
cien
de
los
casos
juzgados.
Hay
que
recuperar
esa
confianza.
Nuestra
justicia
es
lenta;
en
los
casos
mediáticos,
laxa
y a
veces
injusta”
comenta
Miquel
Samper,
presidente
del
CICAC,
Consell
de
l’Advocacia
Catalana,
y
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Terrasa
en
vísperas
de
la
entregaa
de
los
premios Valors,
galardón
que
se
otorga
por
vez
primera
para
conmemorar
el
Día
de
la
Abogacía
Catalana
y la
apuesta
por
la
justicia
y
los
derechos
humanos.
A
lo
largo
de
esta
entrevista
analizamos
la
situación
de
las
reformas
impulsadas
por
el
Ministro
Gallardón
y ,
como
muchas
de
ellas,
en
vísperas
de
los
comicios
electorales
de
mayo,
están
condenadas
al
ostracismo,
léase LOPJ,
Ley
de
Planta
y
Demarcación
y
posiblemente
proyecto
de
ley
de
Servicios
y
Colegios
Profesionales
y la
futura
reforma
del
aborto,
situación
ésta
que
parece
haber
generado
un
enfrentamiento
importante
entre
el
propio
Ministro
y el
Ejecutivo,
ahora
partidario
de
congelar
este
cambio
normativo.
“Estoy
convencido
que
sería
una
buena
noticia
su
dimisión.
Igual
que
le
he
comentado
la
falta
de
empatía
del
Gobierno
de
Mariano
Rajoy
con
Catalunya,
es
evidente
la
falta
de
empatía
del
propio
Gallardón
con
los
operadores
jurídicos
y
los
justiciables”,
comenta.
Samper
también
aborda
con
claridad
el
asunto
de
la
consulta
soberanista
del
próximo
9N
en
Catalunya
para
el
que
el
CICAC
se
ha
posicionado
a
favor:
“el
pueblo
catalán
tiene
el
derecho
democrático
a
decidir.”
En
primera
persona
“En
los
últimos
cinco
plenos
del
CICAC
nos
dimos
cuenta
que
teníamos
que
organizar
algún
evento
que
sirviera
para
celebrar
los
treinta
años
de
esta
institución.
Siempre
hemos
estado
muy
vinculados
con
la
defensa
de
los
derechos
humanos
en
Catalunya.
Se
trataba
de
dar
un
paso
más,
sin
dejar
de
trabajar
en
ellos,
de
premiar
los
valores
que
ahora
faltan
en
nuestra
sociedad.
Los
premios
Valors
que
se
entregan
mañana
pretenden
destacar
a
diferentes
ciudadanos
por
este
motivo.
La
idea
final
es
ver
si
la
sociedad
recupera
esos
valores,
antes
eje
en
nuestras
vidas.
Valores
como
la
sinceridad,
lealtad;
la
amistad
o la
solidaridad
se
están
perdiendo
de
forma
irremediable
en
nuestra
sociedad.
Es
el
momento
de
ponerlas
en
valor
y
que
se
vuelvan
a
valorar.
En
el
acto
de
mañana,
al
que
acudirán
destacadas
personalidades
jurídicas
queremos
que
se
recuerde
como
el
Día
de
la
Abogacía
Catalana.
Se
entregarán
los
premios
Valores
a
personas
que
por
su
trayectoria
humana
y
profesional
lo
merecen,
al
defender
los
derechos
humanos
y la
justicia
Entregamos
así,
El
Premio
'Valor'
a la
Abogacía
Comprometida,
que
recibirá
el
abogado
francés
Robert
Badinter,
principal
impulsor
de
la
abolición
de
la
pena
de
muerte
en
Francia.
Por
su
parte,
el
Premio
'Valor'
a la
Abogacía
Solidaria,
que
se
otorgará
al
abogado
barcelonés
Eduard
Sagarra
i
Trias,
presidente
de
la
Asociación
de
las
Naciones
Unidas
en
España,
por
promover
la
tolerancia
y la
solidaridad
entre
las
personas.
Por
último,
'Valor'
al
Periodismo
de
Investigación,
concedido
al
equipo
de
'El
Periódico'
formado
por
los
periodistas
Antonio
Baquero,
Michele
Catanzaro
y
Angela
Biesot,
que
destaparon
el
caso
"Oscar
Sánchez",
por
su
trabajo
de
investigación,
la
búsqueda
de
la
verdad
y,
en
definitiva,
de
la
justicia.”
 Sr.
Samper,
En
un
momento
como
el
que
vivimos,
de
crisis
profunda
económica,
¿están
en
peligro
los
derechos
humanos
en
nuestra
sociedad?
Lo
cierto
es
que
no
pasan
por
su
mejor
momento.
Lo
vemos
todos
los
días
con
las
entradas
de
inmigrantes
a
nuestro
país
y el
trato
que
reciben.
En
un
mundo
como
el
que
vivimos
los
derechos
humanos
tienen
que
acabar
siendo
globales.
No
podemos
consentir
que
se
pisoteen,
en
ningún
sentido.
Cuando
me
pregunta
usted
por
los
derechos
humanos
me
viene
a la
cabeza
el
drama
humano
de
cada
desahucio.
Y
cómo
el
derecho
a la
vivienda
muchas
personas
lo
pierden
de
forma
irremediable.
Siempre
he
pensado
que
un
partido
conservador,
como
el
que
gobierna
en
España
es
menos
sensible
a
las
necesidades
de
la
sociedad.
Y
así
ha
pasado
en
otros
países.
No
es
el
mejor
momento
para
los
derechos
de
las
personas.
Da
la
sensación
que
cuando
un
partido
en
el
poder
tiene
mayoría
acaba
cayendo
en
el
vicio
de
no
contar
con
nadie
y
evitar
el
consenso
político.
Ese
es
otro
gran
problema.
En
nuestro
caso
si
el
PP
gobernase
en
España
con
otro
partido,
a
través
de
acuerdos
parciales
o
una
coalición,
esa
rigidez
de
la
que
hablamos
no
existiría.
Ahí
tiene
la
propia
iniciativa
legislativa
popular
de
la
dación
en
pago,
lo
que
costó
lograrla
en
ese
momento.
También
recuerdo
los
contactos
que
hicimos
con
el
Ministerio
de
Economía,
Carlos
Carnicer,
presidente
del
CGAE
y un
servidor
para
que
apoyasen
nuestro
proyecto
de
Oficinas
de
Intermediación
Hipotecaria.
Las
cuatro
reuniones
que
hemos
tenido
no
han
servido
para
nada.
Sin
embargo,
pese
a
ello,
la
iniciativa
ya
es
una
realidad
y
existen
cuarenta
y un
oficinas
que
dependen
de
los
Colegios
de
Abogados
en
toda
España.
En
Catalunya
haremos
un
esfuerzo
importante
gracias
a
contar
con
la
colaboración
con
la
Consellería
de
Justicia
y la
de
Territorio
y
Sostenibilidad
para
impulsar
más
oficinas
en
toda
la
comunidad
autónoma.
Si
logramos
desarrollar
esta
iniciativa,
vamos
a
exportar
el
modelo
a
toda
España
porque
creemos
que
es
un
proyecto
del
que
se
pueden
beneficiar
cualquier
familia
con
problemas
económicos.
Produce
sonrojo
que
un
Gobierno
que
protege
a
sus
ciudadanos
incluya
de
tapadillo
en
una
reforma
concursal
una
Disposición
Transitoria
donde
señala
el
plazo
de
oponerse
a
las
ejecuciones
hipotecarias,
tal
y
como
señala
el
TJUE.
Lo
que
leímos
hace
dos
sábados
en
el
BOE
es
una
repetición
de
lo
que
hizo
este
Gobierno
cuando
se
dio
trámite
a la
Sentencia
de
Luxemburgo,
ya
conocida
como
caso
Aziz.
En
ambos
casos
utilizaron
el
mismo
medio
del
Real
Decreto
aprobado
en
Consejo
de
Ministros
para
emplazar
a
las
partes
a
través
del
BOE.
Si
las
personas
afectadas
no
son
capaces
de
leer
publicación
y
los
que
tienen
capacidad
para
hacerlo
prefieren
la
prensa
deportiva,
¿Cómo
se
van
a
enterar
los
afectados
que
ese
plazo
está
pasando?
Esta
medida,
que
ya
se
hizo
en
dos
ocasiones,
demuestra
la
falta
atroz
de
sensibilidad
de
este
Gobierno
con
la
sociedad.
Parece
como
si
no
les
importase
nada
de
lo
que
tienen
a su
alrededor
y se
centrasen
únicamente
en
lo
que
les
llega
de
frente.
La
abogacía,
por
lo
menos,
ha
sido
rápida
y el
ICAB
ha
puesto
en
marcha
un
turno
de
oficio
hipotecario,
medida
que
se
va a
extender
a
otros
colegios.
Esta
medida
ya
se
estaba
debatiendo
hace
años
en
Catalunya.
Barcelona
desde
el
ICAB
ha
dado
el
primer
paso.
No
obstante
el
turno
de
oficio
hipotecario
no
es
que
sea
una
solución
global
pero
sí
una
ayuda
a
las
personas
afectadas.
El
turno
hipotecario
no
va a
pedir
una
preparación
aparte
porque
en
toda
España
ya
hay
muchos
abogados
bien
preparados.
La
iniciativa
si
es
importante,
demuestra
sensibilidad
y
espero
que
todos
los
Colegios
de
Abogados
se
adhieran
a la
misma.
Hablar
de
derechos
humanos,
Sr.
Samper,
es
hacerlo
del
cambio
de
paradigma
de
nuestro
Gobierno
sobre
justicia
universal
que
no
gusta
a
nadie.
Hemos
perdido
un
síntoma
distintivo
de
nuestra
justicia.
Nos
hacía
diferentes
y
mejores.
Lo
que
más
me
molesta
es
que
se
haya
tomado
esa
decisión
por
intereses
diplomáticos
que
ha
dejado
en
la
calle
a
auténticos
criminales,
muchos
a
punto
de
ser
vulnerados.
Otra
violación
de
estos
derechos
humanos
es
la
espiral
en
la
que
nos
hallamos
inmersos
de
la
violencia
de
género.
Da
la
sensación
que
no
se
da
con
la
tecla
para
frenar
esta
sangría
de
muertes
de
mujeres
inocentes.
Conozco
el
tema
de
cerca,
ahora
estoy
llevando
un
asunto
de
un
asesinato
de
una
mujer
en
el
que
soy
la
acusación
particular.
Creo
que
la
legislación
actual
que
tenemos
ha
demostrado
que
no
es
lo
ideal
para
reducir
este
problema
en
nuestro
país.
Hay
que
ir a
la
educación.
Insistir
mucho
desde
parvulario
y
primaria
en
una
educación
para
la
igualdad.
Es
fundamental
que
entiendan
que
todos
somos
iguales
y
que
debemos
relacionarnos
con
respeto.
Lo
que
son
menosprecios,
hoy;
dentro
de
dos
años
se
pueden
convertir
en
acciones
de
violencia
de
género.
Sobre
los
menores,
todavía
está
abierto
el
debate
de
saber
si
hay
que
reformar
su
legislación
penal
y
juzgarlos
con
los
adultos
o
necesitan
de
una
legislación
específica.
Lo
más
adecuado
es
que
tengan
una
legislación
propia
a
nivel
penal.
Es
lo
más
lógico
para
lograr
su
reinserción
y no
perderlos
como
personas.
El
reproche
penal
debe
ser
diferente
y
ahí
es
clave
el
papel
de
los
fiscales,
ahora
también
especializados,
algunos
de
ellos
en
menores
En
Catalunya
el
turno
de
oficio
de
menores
exige
al
abogado
una
preparación
extra
que
se
consigue
realizando
un
curso
de
capacitación.
Es
fundamental
que
el
menor
tenga
esa
legislación
específica.
 En
el
último
Consejo
de
Ministros,
el
Gobierno
aprueba
la
Estrategia
para
las
Personas
con
Discapacidad
y
crea
responsables
de
área
en
el
Ministerio
y da
la
opción
a
que
municipios
tengan
concejales
de
accesibilidad.
Es
una
buena
noticia
la
que
me
da
usted.
La
verdad
es
que
los
derechos
de
estas
personas
con
discapacidad
no
están
bien
defendidos.
Por
ese
motivo
cualquier
iniciativa
que
se
tome
para
ayudarles
me
parece
positiva.
Lástima
que
no
se
hayan
tomado
hace
dos
años
y no
ahora,
cerca
de
las
elecciones
autonómicas
y
municipales
de
nuestro
país.
Hablando
de
las
próximas
elecciones,
da
la
sensación
por
lo
que
se
filtra
en
el
ambiente
que
muchas
reformas
impulsadas
por
el
Ministro
Gallardón
no
van
a
seguir
adelante.
Esa
es
la
sensación
que
hay.
Veremos
realmente
que
pasa
al
final.
Sí
trasciende
que
la
nueva
reforma
de
la
ley
del
aborto
no
va a
seguir
adelante.
Ya
fue
muy
polémica
dentro
incluso
del
propio
PP
su
aceptación
total.
Ahora
parece
que
se
toma
la
decisión
de
su
paralización
en
función
de
las
encuestas
electorales
que
se
manejan.
En
mi
opinión
esa
reforma
era
un
retroceso
social
evidente
para
los
derechos
de
las
mujeres.
También
sabemos
que
la
LOPJ
y su
Ley
de
Demarcación
y
Planta
se
están
ralentizando
su
aprobación,
al
igual
que
el
proyecto
de
ley
sobre
Servicios
y
Colegios
Profesionales
cuyo
futuro
parece
estar
dentro
de
un
cajón
y no
aprobarse.
El
tiempo
nos
dirá
cual
es
el
futuro
de
estas
normas,
todas
contestadas
por
diferentes
motivos
desde
la
abogacía,
sobre
todo
por
vulnerar
la
tutela
judicial
efectiva.
A
nadie
se
le
escapa
que
si
esas
normas
son
aprobadas,
en
un
cambio
de
Gobierno
más
progresista
serían
suprimidas
de
un
plumazo.
Si
abandonas
el
concepto
de
proximidad
se
elimina
el
propio
concepto
de
tutela
judicial
efectiva.
Pese
a lo
que
comenta,
a
nadie
se
le
escapa
que
las
reformas
procesales
son
necesarias
para
que
nuestros
procedimientos
sean
más
ágiles.
Lograr
que
la
justicia
sea
más
rápida
es
fundamental.
El
ciudadano
así
lo
demanda.
Todos
recordamos
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil
del
2000
que
fue
un
gran
paso
frente
a su
antecesora
que
tenía
un
siglo
de
vida.
Así
surge
el
proceso
oral,
más
rápido
y
dinámico
que
el
tradicional
escrito.
En
esta
coyuntura
hay
que
mejorar
el
propio
proceso
para
que
los
juicios
civiles
no
duren
un
año.
Igual
pasa
con
los
procesos
penales
que
son
interminables;
su
recurso
de
apelación
dos
o
tres
años
así
como
su
casación
entre
siete
y
ocho
años.
Me
acuerdo
de
un
caso
en
el
que
fui
una
de
las
partes;
el
recurso
de
casación
entro
en
1992
y
tuvimos
la
sentencia
del
Supremo
diez
años
después.
En
la
misma
el
propio
Supremo
decía
dar
la
razón
a
una
de
las
partes
en
el
momento
de
la
entrada
del
recurso,
también
comentaba
el
cambio
de
criterio.
Al
final
por
la
dilación
en
el
proceso
pierdes
el
pleito.
Los
abogados
han
sido
muy
críticos
con
la
reforma
de
la
Justicia
Gratuita
que
plantea
el
Ministro
Gallardón
¿Cómo
está
este
asunto
en
estos
momentos?
Como
bien
sabe
muchos
Colegios
de
Abogados
siguen
manifestándose
sobre
esa
reforma
injusta.
Al
mismo
tiempo
estoy
informado
que
ha
habido
un
acercamiento
del
Ministerio
de
Justicia
al
CGAE
para
retomar
el
diálogo
y
ver
si
las
líneas
rojas
que
señalaba
el
presidente
Carnicer
pueden
ser
asumibles
desde
el
propio
Ministerio.
Creo
que
es
la
primera
vez
que
desde
que
soy
decano
de
Terrasa
se
produce
un
acercamiento
de
este
tipo.
Veremos
a
ver
en
qué
acaba
todo
esto.
Cuestiones
como
la
territorialidad
es
evidente
que
no
podamos
transigir
en
la
reforma
de
la
Justicia
Gratuita.
Al
mismo
tiempo
se
espera
una
decisión
del
Tribunal
Constitucional
sobre
la
vigente
Ley
de
Tasas
¿Deberían
priorizar
este
tema
respecto
de
otros
que
tienen
sobre
su
mesa?
Nos
gustaría
que
cuestiones
como
las
tasas,
que
tocan
directamente
derechos
fundamentales
y de
las
personas
fueran
tan
rápidas
como
otras
sentencias
recientes
del
propio
Constitucional
y
que
tienen
alcance
político.
Me
refiero
a
aquellas
relacionadas
con
la
consulta
soberana
de
Catalunya.
El
Tribunal
Constitucional
deja
mucho
que
desear.
Está
totalmente
politizado
como
se
comprueba
por
su
designación
de
magistrados,
todos
ellos
por
los
partidos
mayoritarios.
Creo
que
es
una
de
las
entidades
jurídicas
que
más
le
urge
reformarse,
ahora
que
se
habla
de
regeneración
democrática.
Nos
preocupa
que
pese
al
esfuerzo
de
la
abogacía,
judicatura
y
fiscalía
el
expediente
de
las
tasas
judiciales
que
está
evitando
que
muchos
ciudadanos
accedan
a la
justicia,
no
se
mueva
y no
tengamos
fallo
del
Tribunal
Constitucional.
¿Cómo
se
ve
desde
el
CICAC
el
pulso
entre
el
Gobierno
y la
Generalitat
con
la
consulta
soberanista
del
9N
de
por
medio?
El
CICAC
se
mostró
a
favor
y se
hizo
una
adhesión
de
forma
explícita
al
Pacto
Nacional
del
Derecho
a
Decidir,
entidad
que
agrupa
a
medio
centenar
de
asociaciones
que
apoyan
esta
consulta.
Nosotros
entendimos
que
con
independencia
de
lo
que
cada
uno
quiera
votar,
el
derecho
a
decidir
como
derecho
democrático
no
podía
ser
negado
a un
pueblo
como
el
catalán
que
se
ha
manifestado
tres
años
seguidos
de
una
forma
clara
sobre
la
misma.
Ya
el
siguiente
paso
es
que
cada
uno
haga
lo
que
en
conciencia
crea
que
tenga
que
hacer
en
esta
situación.
Lo
único
que
hemos
hecho
es
apoyar
el
derecho
democrático
a
decidir.
¿Es
posible
que
al
Presidente
Rajoy
le
haya
faltado
cierta
mano
izquierda
para
saber
gestionar
las
relaciones
con
la
Generalitat
en
este
asunto?
Estoy
totalmente
convencido
que
si
el
Gobierno
español
hubiera
tenido
más
mano
izquierda,
el
conflicto
sobre
la
consulta
soberanista
no
se
hubiera
encrespado
de
la
manera
que
se
ha
hecho.
El
carácter
catalán,
es,
por
definición,
pactista
y
negociador.
Si
el
señor
Rajoy
no
hubiera
perdido
su
tiempo
en
recoger
cuatro
millones
de
firmas
en
contra
del
Estatuto,
un
Estatuto
muy
similar
al
andaluz,
no
recurrido,
hoy
en
día
no
habría
este
problema.
Desde
ese
momento
y
con
otras
acciones
se
ha
incrementado
el
afán
independentista
en
Catalunya.
Así
el
Ministro
Wert
de
Educación
pretendió
suprimir
con
la
LOMCE
la
enseñanza
en
catalán
o
los
comentarios
con
menosprecio
del
Ministro
de
Hacienda
Montoro
de
las
balanzas
fiscales
generaron
que
el
movimiento
independentista
se
haga
más
fuerte.
El
movimiento
independentista
en
Catalunya
no
lo
dirige
el
presidente
Mas
de
la
Generalitat.
Lo
dirige
la
gente
de
la
calle.
Hay
muchas
reuniones
improvisadas
que
se
hacen
en
cualquier
barrio
catalán
sobre
este
tema.
El
tema
se
ha
instalado
de
abajo
hacia
arriba,
no a
la
inversa.
Todo
eso
lo
ha
generado
el
PP
con
su
actitud.
Por
lo
menos
el
PSOE
habla
con
más
respeto
e
invitan
al
diálogo.
Cada
día
que
pasa
el
movimiento
independentista
en
Cataluña
es
más
fuerte.
Volviendo
otra
vez
al
mundo
jurídico.
¿Cómo
impactaría
en
nuestra
justicia
la
salida
del
Gobierno
del
Ministro
Gallardón
como
se
rumorea
en
estos
días?
Estoy
convencido
que
sería
una
buena
noticia
su
dimisión.
Igual
que
le
he
comentado
la
falta
de
empatía
del
Gobierno
de
Mariano
Rajoy
con
Catalunya,
es
evidente
la
falta
de
empatía
del
propio
Gallardón
con
los
operadores
jurídicos
y
los
justiciables.
Haría
bien
en
marcharse
y
estoy
seguro
que
cualquiera
que
venga
lo
hará
mejor. | 
