La Defensora
del
Pueblo
presenta
en
el
Congreso
un
balance
de
los
seis
primeros
meses
de
gestión
en
2014
La
Defensora
del
Pueblo,
Soledad
Becerril
compareció
este
martes
ante
la
Comisión
Mixta
de
Relaciones
con
el
Defensor
del
Pueblo
en
el
Congreso
de
los
Diputados.
Ha
presentado
los
principales
datos
sobre
las
quejas
gestionadas
por
la
Institución
en
los
primeros
seis
meses
del
año.
También
avanzó
las
primeras
conclusiones
de
la
actualización
del
estudio
“Viviendas
protegidas
vacías”
(2013);
ha
presentado
el
estudio
“Telecomunicaciones
demandas
y
necesidades
de
los
ciudadanos”
(2014),
y ha
realizado
un
seguimiento
de
las
recomendaciones
formuladas
en
el
informe
“La
realidad
catastral
en
España”
(2012).
Hasta
el
30
de
junio
de
2014
se
contabilizaron
12.255
expedientes
de
queja.
La
actividad
económica
y
los
tributos,
el
urbanismo
y
las
barreras
arquitectónicas
y
la
política
social
generaron
el
mayor
número
de
quejas.
La Institución
también
ha
dirigido
a
las
administraciones
más
recomendaciones,
sugerencias
y
recordatorios
de
deberes
legales
que
el
año
anterior.
En
total,
691
resoluciones.
Hasta
el
15
de
septiembre
de
2014
ya
han
sido
aceptadas
el
70,79%
de
las
recomendaciones
contestadas
y el
64,93%
de
las
sugerencias
contestadas.
La Defensora
ha
destacado
la
buena
acogida
de
las
recomendaciones
contenidas
en
el
estudio
“Viviendas
protegidas
vacías”
que
calcula
que
en
2013
existían
más
de
10.000
viviendas
públicas
desocupadas
y
disponibles
para
ser
habitadas.
Según
explicó,
las
propuestas
realizadas
por
la
Institución
están
sirviendo
a
las
administraciones
de
punto
de
referencia
para
revisar
la
manera
de
gestionar
las
viviendas
protegidas.
El Ministerio
de
Fomento
incluyó
recomendaciones
en
el
Plan
Estatal
sobre
Vivienda
y
Rehabilitación
2013-2016,
aprobado
en
julio
de
2014,
como
el
apoyo
a
la
vivienda
en
alquiler
y la
posibilidad
de
recalificar
viviendas
protegidas
en
venta
para
su
puesta
en
alquiler.
El estudio
se
realizó
con
información
solicitada
a
todas
las
CCAA,
a
Ceuta
y a
Melilla
y a
diez
ayuntamientos
de
capitales
con
población
superior
a
350.000
habitantes.
La
Defensora
ha
avanzado
las
principales
conclusiones
de
la
actualización
de
este
estudio
en
que
trabaja
la
Institución.
Todas
las
CCAA
han
adoptado
medidas
para
aumentar
la
eficacia
de
su
gestión,
muchas
cuentan
con
un
plan
de
inspección
y
con
un
Registro
de
Viviendas,
de
acuerdo
con
lo
recomendado.
Estudio
“Telecomunicaciones:
demandas
y
necesidades
de
los
ciudadanos”
Además
presentó
el
estudio
“Telecomunicaciones:
demandas
y
necesidades
de
los
ciudadanos”,
publicado
en
julio
de
2014.
El
informe
tiene
por
objeto
mejorar
la
vigilancia
de
la
Administración
sobre
el
comportamiento
y la
transparencia
de
las
compañías
en
la
prestación
del
servicio,
los
precios,
el
servicio
de
atención
al
cliente,
la
publicidad
y la
contratación.
La
Defensora
ha
insistido
en
la
necesidad
de
que
los
poderes
públicos
y
el
legislador
sean
ágiles
y
activos
en
sus
actuaciones.
Asimismo
ha
reclamado
rapidez
a
la
hora
de
tramitar
las
sanciones
para
evitar
que
se
perpetúen
conductas
inapropiadas.
Por
otro
lado,
Soledad
Becerril
también
ha
realizado
un
seguimiento
de
las
recomendaciones
formuladas
en
el
estudio
“La
realidad
catastral
en
España”
(2012).
Muchas
de
ellas
han
sido
aceptadas.
Se
ha
modificado
la
ficha
catastral
para
dotarla
de
mayor
seguridad
jurídica,
se
ha
mejorado
la
inspección
de
las
fincas
sin
titular
y se
ha
aceptado
la
recomendación
de
digitalizar
los
archivos.
Además,
la
Defensora
del
Pueblo
ha
pedido
a
Hacienda
que
adapte
el
IBI
de
terrenos
sin
urbanizar
al
contenido
de
la
sentencia
del
Tribunal
Supremo
de
30
de
mayo
de
2014.
La
sentencia
señala
que
si
un
suelo
se
ha
calificado
como
urbanizado
pero
no
tiene
las
características
de
solar
urbano
(acceso
a
agua,
luz,
aceras...)
deberá
tributar
como
suelo
rústico.
Consulta
de
la
queja
online
En
esta
comparecencia
la
propia
Becerril
ha
presentado
un
nuevo
servicio
que
permite
a
los
ciudadanos
consultar
el
estado
de
sus
quejas
a
través
de
la
web
de
la
Institución,
www.defensordelpueblo.es
.
Este
servicio,
disponible
desde
hoy
para
todos
los
expedientes
iniciados
desde
el
1 de
enero,
permite
seguir
los
pasos
y
fechas
de
las
actuaciones
del
Defensor,
conocer
la
administración
o el
organismo
del
que
se
espera
respuesta,
y el
sentido
de
la
misma.
Las
comunicaciones
entre
el
Defensor
y
los
organismos
públicos
no
están
accesibles
ya
que
están
sometidas
al
deber
de
reserva
que
establece
la
Ley
Orgánica
que
regula
el
funcionamiento
de
la
Institución
((art.
22.2
LO
3/1981,
de 6
de
abril)
La información
transmitida
de
esta
manera
requerirá
un
esfuerzo
de
todas
las
administraciones
y
organismos,
incluido
el
Defensor
del
Pueblo,
para
informar
de
forma
clara
y en
tiempo
razonable
de
aquello
por
lo
que
una
persona
se
haya
interesado.
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