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JUSTICIA

 

Legado del Ministro Gallardón: Juzgados colapsados y jueces estresados por sobrecarga de trabajo
MADRID, 29 de SEPTIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

Jueces para la Democracia reclama consenso político para abordar la modernización de la justicia y desarrollar la inexistente prevención de riesgos laborales en la carrera judicial

La situación de los juzgados españoles tras la marcha del Ministro Gallardón es aún peor que hace tres años cuando asumió la cartera de Justicia.  Jueces para la Democracia ha tenido acceso al informe de la Inspección del CGPJ sobre órganos judiciales que sobrepasan el 150% del módulo de carga de trabajo (parte media de la horquilla del módulo aprobado por el propio CGPJ el 24/01/13). En opinión de Carlos Preciado, magistrado y miembro del Secretariado de esta asociación judicial, “la crisis ha sido una prueba de fuego para los juzgados, muchos de ellos colapsados pero la gestión del Ministro ha sido nefasta, ha congelado las plazas de oposición y acceso por cuarto turno, cubriendo sólo las vacantes que se producen (muertes, jubilaciones, etc.), sin incrementar nada la dotación de personal, mientras los asuntos ingresados no han parado de crecer, entre otras consecuencias, por la crisis económica,” comenta. Y es que los últimos cinco años de nuestra planta judicial han sido un calvario. “Demasiados asuntos que redundan en la calidad del servicio que se presta al ciudadano; muchas esperas y sentencias que no siempre responden a lo que uno quiere”, comenta.

El informe de la inspección del CGPJ  revela que el 43,53 % de los órganos judiciales superan el indicador del 150% de carga de trabajo, estando particularmente afectados los siguientes tipos de órganos, que superan dicho indicador en un porcentaje sobre el total de Juzgados de lo social sin ejecuciones: 97,83 %; con ejecuciones (62,37%) Juzgados de primera instancia: 96,95% Juzgados de lo mercantil: 93,75 % Juzgados de familia: 53,40% Audiencias Provinciales Penales: 52,22% Juzgados Primera instancia e Instrucción: 45,03 %.

La justicia de proximidad está colapsada, comenta Preciado. “La planta judicial está congelada y los asuntos ingresados se han incrementado de forma progresiva, especialmente en jurisdicción civil, social y penal. Esto hace que los principales perjudicados sean ciudadanos y trabajadores que tienen temas pendientes con Justicia”, aclara. En este escenario, el propio ciudadano, observa como la justicia no le responde en un tiempo razonable.

Para este magistrado es una paradoja que el Gobierno hable de emprender una regeneración democrática y lucha contra la corrupción: “No entendemos cómo se va a hacer frente a la lacra de la corrupción si no hay los medios básicos; juzgados, jueces, fiscales y personal adecuado para hacer frente a esa lacra”, comenta. El problema atañe tanto a los territorios estatales como a las propias CCAA con competencias en Justicia que tampoco han hecho lo suficiente para mitigar este problema. “También se observa el problema en Cataluña o Andalucía donde la situación también es delicada”, apunta.

Estas conclusiones vienen avaladas por informes ajenos al CGPJ; como el recientemente elaborado por Jueces para la Democracia, que muestra que la situación de riesgos psico-sociales en el seno de la carrera judicial es alarmante debido, en su mayor parte, al incremento del estrés derivado del exceso de trabajo: así  el riesgo derivado del volumen de trabajo en relación con el tiempo disponible es el riesgo psico-social más elevado y lo sufren un 92,66 % de los encuestados.

Desde esta asociación judicial se pide se pongan en marcha diferentes medidas con carácter de urgencia: Creación de 815 plazas en un horizonte temporal de 5 años, es decir 165 plazas nuevas por año. “Entendemos que tal es el número razonable pues si 1695 órganos judiciales están trabajando por encima del 150%, cuanto menos habrá que crear una plaza por cada tres órganos, supliendo la tercera mediante mecanismos de refuerzo o provisión interna.” Ello comporta un total de 565 plazas, a las que habría que añadir 250 plazas, contando 50 por año para cubrir las vacantes que de media se producen en la carrera judicial anualmente.

En estos momentos el ratio de jueces por habitante en nuestro país es de los más bajos de Europa, 10 magistrados por cada cien mil habitantes. Frente a ello la tasa de litigiosidad es del doble. En este escenario, en diciembre del 2012, el Ministro Gallardón decidió suprimir a los 1.200 jueces sustitutos. “Esta ha sido otra decisión equivocada. No se han buscado recambios y los juzgados están colapsados totalmente. Datos de estadística de accidentes de trabajo o saber a qué riesgos está sometido el juez son elementos que debería tener el CGPJ pero que hasta la fecha poco interés ha mostrado”; comenta Preciado.

Sobre el futuro de estos profesionales, injustamente tratados por el Ministerio de Justicia, nuestro entrevistado señala “que el acceso a la carrera judicial siempre es por los medios  establecidos legalmente, oposición o concurso y no se puede privilegiar a nadie de otra forma . Ahora desperdiciar un capital humano con 20 años de experiencia no nos lo podemos permitir. Como se ha hecho en otros ámbitos de la administración pública, no sería descabellado que a estas personas se les puntuara por la experiencia que tienen a la hora que pudieran acceder a la carrera judicial por la vía de concurso o cuarto turno, valorándose esa experiencia acreditada”, subraya

 

Racionalizar el trabajo

En este contexto parecer ambicioso poder limitar el ratio de asuntos por juez mensual, cuando ahora la mayor parte de nuestros 5000 jueces están sobresaturados de trabajo: “Esta es una medida que ya está funcionando en las Salas. Creemos que con el impulso de las oficinas judiciales y los Tribunales de Instancia  se podría racionalizar mejor la justicia. La propuesta de Gallardón la conocemos todos, era muy criticable porque aprovechaba la figura de estos tribunales para colocar a determinadas personas de confianza política al frente de los órganos judiciales”, comenta.

Pese a ello Jueces para la Democracia ve en los Tribunales de Instancia la manera de racionalizar mejor la carga de trabajo de los jueces, si se evita este trasfondo político del que hemos hablado antes. “Es un sistema flexible que podría adaptarse a la entrada de asuntos. Lo que necesitaríamos sería un compromiso serio de las CCAA y del Ministerio de Justicia por abordar este tema. Los intentos de implantar la Oficina Judicial desde el 2003 han fracasado por no desarrollar en primer lugar el expediente electrónico”, comenta Preciado. A juicio de este magistrado la falta de voluntad política de nuestros dirigentes hace que este proyecto no haya cuajado, “por desgracia la justicia no vende votos”, afirma.

Desde Jueces para la Democracia se ve con preocupación el estrés en la carrera judicial. Cerca del 90 por ciento de los magistrados españoles lo sufren. Eso ha hecho que la propia asociación haya pedido al CGPJ diferentes medidas a tomar:

En primer lugar Evaluación de riesgos psicosociales  “Es fundamental desarrollar como se merece la prevención de riesgos laborales. Nuestros juzgados no tienen medios para afrontar cualquier accidente laboral”, comenta Carlos Preciado. “Probablemente los jueces y magistrados seamos la mayor empresa de España sin ninguna evaluación de riesgos laborales y un plan de prevención. Si eso lo hiciera la empresa privada tendría una sanción grave que cumplir en el orden social y si se pusiera en peligro la salud de los mismos podría ser incluso del orden penal esa sanción”, añade.

Otra de las reivindicaciones es la fijación de una carga máxima a efectos de salud laboral: “Hasta el momento Ministerio de Justicia y CGPJ se han negado a ello pese a que se lo venimos pidiendo de forma frecuente.la justicia no puede seguir funcionando a costa de la salud de los que la sirven. Ello redunda en detrimento del servicio y es impropio de una democracia avanzada,” apunta nuestro interlocutor.

Las consecuencias de esta falta de regulación es que los ciudadanos no son atendidos como se merecen “la calidad de las resoluciones bajan porque se dedica menos tiempo a cada caso. Esto también puede incentivar el aumento del error en determinados asuntos. Nuestros Gobiernos poco han hecho en estos temas. Solo han buscado cabezas de turco en esos errores judiciales sin diseñar políticas de fondo que los evitase”, comenta.

 

Prevención en salud laboral

En este sentido desde esta asociación judicial también se pide que se trabaje desde la prevención para evitar estos males: prohibición de superar cargas máximas de trabajo a efectos de salud, compensaciones por exceso de jornada, convocatoria de vacantes hasta doblar el número de efectivos; evaluación de personas especialmente sensibles a riesgos psicosociales; realización de un mapa de juzgados que por su carga de trabajo y condiciones evidencien un alto nivel de riesgo psicosocial para quienes los sirvan, protocolos para que las Salas de Gobierno adopten medidas de prevención urgentes ante los casos de sobrecarga  de trabajo detectados.

“Es el momento de afrontar esta problemática. Conocemos casos de jueces que a los 35 años se han tenido que jubilar por problemas de salud que ha generado una incapacidad derivada del exceso de trabajo. Sería bueno en el momento que entra una persona en la judicatura que se hiciera una evaluación inicial de los riesgos psicosociales que pueda sufrir ese juez en el inicio de su carrera profesional. Es el único cuerpo donde no se hacen estas pruebas.” Y es que una persona sometida a presión durante algún tiempo en su puesto de trabajo puede estallar y tener problemas graves de salud.

Preciado nos habla que la judicatura realiza, como señala la ley, reconocimientos médicos anuales a una mutua contratada por el CGPJ. “Por desgracia esos reconocimientos hoy mismo no tienen ninguna utilidad. Si antes no se han examinado y evaluado unos riesgos laborales, al final no valen para nada. En el caso de los jueces, uno de los riesgos más elevados es el  de carga mental, sin embargo no está evaluado como tal. Las revisiones médicas no valen para nada”, comenta el portavoz de Jueces para la Democracia.

Nuestra publicación se hace eco del protocolo antiacoso que el C GPJ ha puesto en marcha para detectar conductas fuera de lo normal, sin embargo, parece curioso que esté en marcha esta iniciativa y no haya nada sobre la salud laboral de los jueces: “El plan antiacoso y el plan igualdad está implantado en todas las empresas menos en la judicatura. Es obligatorio para empresas por encima de 250 según la LO del 2007. Eso es importante y es un buen paso. Creemos que deben incluirse los miembros del CGPJ e inspección porque nadie duda que cuanto más poder tienes, más puedes presionar a tu subordinado”, afirma.

Otro elemento que se reclama al CGPJ es Información a los posibles afectados de los trámites para que la contingencia de su patología sea declarada profesional y no derivada de enfermedad común. Se trataría de conectar  las actuales evaluaciones médicas con los datos de juzgados que se hallen en el mapa de riesgos e información a los afectados de tal situación, adoptando las medidas preventivas pertinentes.

Sobre el nuevo ministro, Rafael Catalá y el año que queda antes de finalizar la legislatura, marcado por la declaración soberanista de Catalunya en noviembre y las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2013, Carlos Preciado vislumbra un panorama poco halagüeño. “Es fundamental que reconsidere en 180 grados el rumbo de su predecesor que logró de forma inaudita poner de acuerdo a todos colectivos de la justicia”, aclara. Además cree que es fundamental que escuche a los colectivos del sector y que vea cuáles son los problemas reales de la justicia. A partir de ahí se trataría de diseñar una política razonable de creación de plazas judiciales, dotación de medios y racionalización de medios informáticos a fin de mejorar la satisfacción el ciudadano sobre la justicia”; apunta. Sobre las reformas, esperan que ninguna salga “en todos nuestros informes hemos denunciado que no están bien pensadas y consensuadas”, finaliza.

 

 

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