Jueces para
la
Democracia
reclama
consenso
político
para
abordar
la
modernización
de
la
justicia
y
desarrollar
la
inexistente
prevención
de
riesgos
laborales
en
la
carrera
judicial
La situación
de
los
juzgados
españoles
tras
la
marcha
del
Ministro
Gallardón
es
aún
peor
que
hace
tres
años
cuando
asumió
la
cartera
de
Justicia.
Jueces
para
la
Democracia
ha
tenido
acceso
al
informe
de
la
Inspección
del
CGPJ
sobre
órganos
judiciales
que
sobrepasan
el
150%
del
módulo
de
carga
de
trabajo
(parte
media
de
la
horquilla
del
módulo
aprobado
por
el
propio
CGPJ
el
24/01/13).
En
opinión
de
Carlos
Preciado,
magistrado
y
miembro
del
Secretariado
de
esta
asociación
judicial,
“la
crisis
ha
sido
una
prueba
de
fuego
para
los
juzgados,
muchos
de
ellos
colapsados
pero
la
gestión
del
Ministro
ha
sido
nefasta, ha
congelado
las
plazas
de
oposición
y
acceso
por
cuarto
turno,
cubriendo
sólo
las
vacantes
que
se
producen
(muertes,
jubilaciones,
etc.),
sin
incrementar
nada
la
dotación
de
personal,
mientras
los
asuntos
ingresados
no
han
parado
de
crecer,
entre
otras
consecuencias,
por
la
crisis
económica,”
comenta.
Y es
que
los
últimos
cinco
años
de
nuestra
planta
judicial
han
sido
un
calvario.
“Demasiados
asuntos
que
redundan
en
la
calidad
del
servicio
que
se
presta
al
ciudadano;
muchas
esperas
y
sentencias
que
no
siempre
responden
a lo
que
uno
quiere”,
comenta.
El informe de
la
inspección
del
CGPJ
revela
que
el
43,53
% de
los
órganos
judiciales
superan
el
indicador
del
150%
de
carga
de
trabajo,
estando
particularmente
afectados
los
siguientes
tipos
de
órganos,
que
superan
dicho
indicador
en
un
porcentaje
sobre
el
total
de
Juzgados
de
lo
social
sin
ejecuciones:
97,83
%;
con
ejecuciones
(62,37%)
Juzgados
de
primera
instancia:
96,95%
Juzgados
de
lo
mercantil:
93,75
%
Juzgados
de
familia:
53,40%
Audiencias
Provinciales
Penales:
52,22%
Juzgados
Primera
instancia
e
Instrucción:
45,03
%.
La justicia
de
proximidad
está
colapsada,
comenta
Preciado.
“La
planta
judicial
está
congelada
y
los
asuntos
ingresados
se
han
incrementado
de
forma
progresiva,
especialmente
en
jurisdicción
civil,
social
y
penal.
Esto
hace
que
los
principales
perjudicados
sean
ciudadanos
y
trabajadores
que
tienen
temas
pendientes
con
Justicia”,
aclara.
En
este
escenario,
el
propio
ciudadano,
observa
como
la
justicia
no
le
responde
en
un
tiempo
razonable.
Para este
magistrado
es
una
paradoja
que
el
Gobierno
hable
de
emprender
una
regeneración
democrática
y
lucha
contra
la
corrupción:
“No
entendemos
cómo
se
va a
hacer
frente
a la
lacra
de
la
corrupción
si
no
hay
los
medios
básicos;
juzgados,
jueces,
fiscales
y
personal
adecuado
para
hacer
frente
a
esa
lacra”,
comenta.
El
problema
atañe
tanto
a
los
territorios
estatales
como
a
las
propias
CCAA
con
competencias
en
Justicia
que
tampoco
han
hecho
lo
suficiente
para
mitigar
este
problema.
“También
se
observa
el
problema
en
Cataluña
o
Andalucía
donde
la
situación
también
es
delicada”,
apunta.
Estas conclusiones
vienen
avaladas
por
informes
ajenos
al
CGPJ;
como
el
recientemente
elaborado
por
Jueces
para
la
Democracia,
que
muestra
que
la
situación
de
riesgos
psico-sociales
en
el
seno
de
la
carrera
judicial
es
alarmante
debido,
en
su
mayor
parte,
al
incremento
del
estrés
derivado
del
exceso
de
trabajo:
así
el
riesgo
derivado
del
volumen
de
trabajo
en
relación
con
el
tiempo
disponible
es
el
riesgo
psico-social
más
elevado
y lo
sufren
un
92,66
% de
los
encuestados.
Desde esta
asociación
judicial
se
pide
se
pongan
en
marcha
diferentes
medidas
con
carácter
de
urgencia:
Creación
de
815
plazas
en
un
horizonte
temporal
de 5
años,
es
decir
165
plazas
nuevas
por
año.
“Entendemos
que
tal
es
el
número
razonable
pues
si
1695
órganos
judiciales
están
trabajando
por
encima
del
150%,
cuanto
menos
habrá
que
crear
una
plaza
por
cada
tres
órganos,
supliendo
la
tercera
mediante
mecanismos
de
refuerzo
o
provisión
interna.”
Ello
comporta
un
total
de
565
plazas,
a
las
que
habría
que
añadir
250
plazas,
contando
50
por
año
para
cubrir
las
vacantes
que
de
media
se
producen
en
la
carrera
judicial
anualmente.
En estos momentos
el
ratio
de
jueces
por
habitante
en
nuestro
país
es
de
los
más
bajos
de
Europa,
10
magistrados
por
cada
cien
mil
habitantes.
Frente
a
ello
la
tasa
de
litigiosidad
es
del
doble.
En
este
escenario,
en
diciembre
del
2012,
el
Ministro
Gallardón
decidió
suprimir
a
los
1.200
jueces
sustitutos.
“Esta
ha
sido
otra
decisión
equivocada.
No
se
han
buscado
recambios
y
los
juzgados
están
colapsados
totalmente.
Datos
de
estadística
de
accidentes
de
trabajo
o
saber
a
qué
riesgos
está
sometido
el
juez
son
elementos
que
debería
tener
el
CGPJ
pero
que
hasta
la
fecha
poco
interés
ha
mostrado”;
comenta
Preciado.
Sobre el futuro
de
estos
profesionales,
injustamente
tratados
por
el
Ministerio
de
Justicia,
nuestro
entrevistado
señala
“que
el
acceso
a la
carrera
judicial
siempre
es
por
los
medios
establecidos
legalmente,
oposición
o
concurso
y no
se
puede
privilegiar
a
nadie
de
otra
forma
.
Ahora
desperdiciar
un
capital
humano
con
20
años
de
experiencia
no
nos
lo
podemos
permitir.
Como
se
ha
hecho
en
otros
ámbitos
de
la
administración
pública,
no
sería
descabellado
que
a
estas
personas
se
les
puntuara
por
la
experiencia
que
tienen
a la
hora
que
pudieran
acceder
a la
carrera
judicial
por
la
vía
de
concurso
o
cuarto
turno,
valorándose
esa
experiencia
acreditada”,
subraya
Racionalizar
el
trabajo
En este contexto
parecer
ambicioso
poder
limitar
el
ratio
de
asuntos
por
juez
mensual,
cuando
ahora
la
mayor
parte
de
nuestros
5000
jueces
están
sobresaturados
de
trabajo:
“Esta
es
una
medida
que
ya
está
funcionando
en
las
Salas.
Creemos
que
con
el
impulso
de
las
oficinas
judiciales
y
los
Tribunales
de
Instancia
se
podría
racionalizar
mejor
la
justicia.
La
propuesta
de
Gallardón
la
conocemos
todos,
era
muy
criticable
porque
aprovechaba
la
figura
de
estos
tribunales
para
colocar
a
determinadas
personas
de
confianza
política
al
frente
de
los
órganos
judiciales”,
comenta.
Pese a ello
Jueces
para
la
Democracia
ve
en
los
Tribunales
de
Instancia
la
manera
de
racionalizar
mejor
la
carga
de
trabajo
de
los
jueces,
si
se
evita
este
trasfondo
político
del
que
hemos
hablado
antes.
“Es
un
sistema
flexible
que
podría
adaptarse
a la
entrada
de
asuntos.
Lo
que
necesitaríamos
sería
un
compromiso
serio
de
las
CCAA
y
del
Ministerio
de
Justicia
por
abordar
este
tema.
Los
intentos
de
implantar
la
Oficina
Judicial
desde
el
2003
han
fracasado
por
no
desarrollar
en
primer
lugar
el
expediente
electrónico”,
comenta
Preciado.
A
juicio
de
este
magistrado
la
falta
de
voluntad
política
de
nuestros
dirigentes
hace
que
este
proyecto
no
haya
cuajado,
“por
desgracia
la
justicia
no
vende
votos”,
afirma.
Desde Jueces
para
la
Democracia
se
ve
con
preocupación
el
estrés
en
la
carrera
judicial.
Cerca
del
90
por
ciento
de
los
magistrados
españoles
lo
sufren.
Eso
ha
hecho
que
la
propia
asociación
haya
pedido
al
CGPJ
diferentes
medidas
a
tomar:
En primer
lugar
Evaluación
de
riesgos
psicosociales
“Es
fundamental
desarrollar
como
se
merece
la
prevención
de
riesgos
laborales.
Nuestros
juzgados
no
tienen
medios
para
afrontar
cualquier
accidente
laboral”,
comenta
Carlos
Preciado.
“Probablemente
los
jueces
y
magistrados
seamos
la
mayor
empresa
de
España
sin
ninguna
evaluación
de
riesgos
laborales
y un
plan
de
prevención.
Si
eso
lo
hiciera
la
empresa
privada
tendría
una
sanción
grave
que
cumplir
en
el
orden
social
y si
se
pusiera
en
peligro
la
salud
de
los
mismos
podría
ser
incluso
del
orden
penal
esa
sanción”,
añade.
Otra de las
reivindicaciones
es
la
fijación
de
una
carga
máxima
a
efectos
de
salud
laboral:
“Hasta
el
momento
Ministerio
de
Justicia
y
CGPJ
se
han
negado
a
ello
pese
a
que
se
lo
venimos
pidiendo
de
forma
frecuente.la
justicia
no
puede
seguir
funcionando
a
costa
de
la
salud
de
los
que
la
sirven.
Ello
redunda
en
detrimento
del
servicio
y es
impropio
de
una
democracia
avanzada,”
apunta
nuestro
interlocutor.
Las consecuencias
de
esta
falta
de
regulación
es
que
los
ciudadanos
no
son
atendidos
como
se
merecen
“la
calidad
de
las
resoluciones
bajan
porque
se
dedica
menos
tiempo
a
cada
caso.
Esto
también
puede
incentivar
el
aumento
del
error
en
determinados
asuntos.
Nuestros
Gobiernos
poco
han
hecho
en
estos
temas.
Solo
han
buscado
cabezas
de
turco
en
esos
errores
judiciales
sin
diseñar
políticas
de
fondo
que
los
evitase”,
comenta.
Prevención
en
salud
laboral
En este sentido
desde
esta
asociación
judicial
también
se
pide
que
se
trabaje
desde
la
prevención
para
evitar
estos
males:
prohibición
de
superar
cargas
máximas
de
trabajo
a
efectos
de
salud,
compensaciones
por
exceso
de
jornada,
convocatoria
de
vacantes
hasta
doblar
el
número
de
efectivos;
evaluación
de
personas
especialmente
sensibles
a
riesgos
psicosociales;
realización
de
un
mapa
de
juzgados
que
por
su
carga
de
trabajo
y
condiciones
evidencien
un
alto
nivel
de
riesgo
psicosocial
para
quienes
los
sirvan,
protocolos
para
que
las
Salas
de
Gobierno
adopten
medidas
de
prevención
urgentes
ante
los
casos
de
sobrecarga
de
trabajo
detectados.
“Es el momento
de
afrontar
esta
problemática.
Conocemos
casos
de
jueces
que
a
los
35
años
se
han
tenido
que
jubilar
por
problemas
de
salud
que
ha
generado
una
incapacidad
derivada
del
exceso
de
trabajo.
Sería
bueno
en
el
momento
que
entra
una
persona
en
la
judicatura
que
se
hiciera
una
evaluación
inicial
de
los
riesgos
psicosociales
que
pueda
sufrir
ese
juez
en
el
inicio
de
su
carrera
profesional.
Es
el
único
cuerpo
donde
no
se
hacen
estas
pruebas.”
Y es
que
una
persona
sometida
a
presión
durante
algún
tiempo
en
su
puesto
de
trabajo
puede
estallar
y
tener
problemas
graves
de
salud.
Preciado nos
habla
que
la
judicatura
realiza,
como
señala
la
ley,
reconocimientos
médicos
anuales
a
una
mutua
contratada
por
el
CGPJ.
“Por
desgracia
esos
reconocimientos
hoy
mismo
no
tienen
ninguna
utilidad.
Si
antes
no
se
han
examinado
y
evaluado
unos
riesgos
laborales,
al
final
no
valen
para
nada.
En
el
caso
de
los
jueces,
uno
de
los
riesgos
más
elevados
es
el
de
carga
mental,
sin
embargo
no
está
evaluado
como
tal.
Las
revisiones
médicas
no
valen
para
nada”,
comenta
el
portavoz
de
Jueces
para
la
Democracia.
Nuestra publicación
se
hace
eco
del
protocolo
antiacoso
que
el C
GPJ
ha
puesto
en
marcha
para
detectar
conductas
fuera
de
lo
normal,
sin
embargo,
parece
curioso
que
esté
en
marcha
esta
iniciativa
y no
haya
nada
sobre
la
salud
laboral
de
los
jueces:
“El
plan
antiacoso
y el
plan
igualdad
está
implantado
en
todas
las
empresas
menos
en
la
judicatura.
Es
obligatorio
para
empresas
por
encima
de
250
según
la
LO
del
2007.
Eso
es
importante
y es
un
buen
paso.
Creemos
que
deben
incluirse
los
miembros
del
CGPJ
e
inspección
porque
nadie
duda
que
cuanto
más
poder
tienes,
más
puedes
presionar
a tu
subordinado”,
afirma.
Otro elemento
que
se
reclama
al
CGPJ
es
Información
a
los
posibles
afectados
de
los
trámites
para
que
la
contingencia
de
su
patología
sea
declarada
profesional
y no
derivada
de
enfermedad
común.
Se
trataría
de
conectar
las
actuales
evaluaciones
médicas
con
los
datos
de
juzgados
que
se
hallen
en
el
mapa
de
riesgos
e
información
a
los
afectados
de
tal
situación,
adoptando
las
medidas
preventivas
pertinentes.
Sobre el nuevo
ministro,
Rafael
Catalá
y el
año
que
queda
antes
de
finalizar
la
legislatura,
marcado
por
la
declaración
soberanista
de
Catalunya
en
noviembre
y
las
elecciones
municipales
y
autonómicas
de
mayo
del
2013,
Carlos
Preciado
vislumbra
un
panorama
poco
halagüeño.
“Es
fundamental
que
reconsidere
en
180
grados
el
rumbo
de
su
predecesor
que
logró
de
forma
inaudita
poner
de
acuerdo
a
todos
colectivos
de
la
justicia”,
aclara.
Además
cree
que
es
fundamental
que
escuche
a
los
colectivos
del
sector
y
que
vea
cuáles
son
los
problemas
reales
de
la
justicia.
A
partir
de
ahí
se
trataría
de
diseñar
una
política
razonable
de
creación
de
plazas
judiciales,
dotación
de
medios
y
racionalización
de
medios
informáticos
a
fin
de
mejorar
la
satisfacción
el
ciudadano
sobre
la
justicia”;
apunta.
Sobre
las
reformas,
esperan
que
ninguna
salga
“en
todos
nuestros
informes
hemos
denunciado
que
no
están
bien
pensadas
y
consensuadas”,
finaliza. |