El Promotor de la Acción Disciplinaria
considera
que
esos
hechos
constituyen
faltas
muy
graves
al
vulnerar
los
artículos
417.14
y
389.5
de
la
LOPJ.
La
Comisión
Disciplinaria,
que se reúne este lunes,
deberá
decidir ahora
si
se
sigue
adelante
con
la
sanción.
Un mes antes de la consulta
soberanista
en
Catalunya
hemos
conocido
la
intención
del
Promotor
de
Acción
Disciplinaria,
organismo
de
nuevo
cuño
creado
por
el
CGPJ
de
Carlos
Lesmes,
de
proponer
a la
Comisión
Disciplinaria
de
este
Consejo
la
apertura
de
expediente
al
magistrado
de
la
Audiencia
Provincial
de
Barcelona,
Santiago
Vidal,
uno
de
los
ideólogos
de
la
elaboración
de
una
Constitución
para
una
Cataluña
Independiente.
A
juicio
de
este
Promotor
se
habrían
producido
Una
ignorancia
inexcusable
en
el
cumplimiento
de
deberes
judiciales
por
vulneración
del
deber
básico
de
fidelidad
a la
Constitución
y al
ordenamiento
jurídico.
Esta
falta
aparece
tipificada
como
muy
grave
en
el
artículo
417.14
de
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
así
como
una
vulneración
del
deber
de
observancia
del
régimen
de
incompatibilidades
del
artículo
389.5
de
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
en
relación
con
el
artículo
1.3
de
la
Ley
53/84
de
Incompatibilidades
del
Personal
al
servicio
de
las
Administraciones
Públicas.
Esta
falta
aparece
tipificada
como
muy
grave
en
el
artículo
417.6
de
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial.
Las
asociaciones
judiciales,
con
las
que
hemos
hablado,
muestran
su
preocupación
ante
esta
posible
sanción
que
podría
cercenar
la
libertad
de
conciencia
y
expresión
de
los
jueces.
Santiago Vidal ya sabe que puede
esperarle
una
sanción
por
su
labor
de
asesoramiento
del
texto
catalanista
constitucional.
El
Promotor
de
Acción
Disciplinaria
en
su
informe
acredita
que
el
magistrado
ha
considerado
y
apoyado
públicamente
como
legítimo
el
incumplimiento
de
las
leyes
y de
la
Constitución
española.
Que
además
ha
reconocido
su
participación
sin
autorización
alguna
en
un
grupo
de
trabajo
de
composición
heterogénea
e
indeterminada
encaminado
a la
elaboración
de
una
Constitución
para
una
Cataluña
independiente.
Y,
por
último,
que
ha
realizado
de
forma
reiterada
declaraciones
públicas
en
apoyo
de
iniciativas
políticas
encaminadas
a
obtener
la
independencia
de
Cataluña.
Todo
esto
le
haría
acreedor
de
dos
faltas
graves.
Sin
embargo,
cuando
hemos
hablado
con
las
asociaciones
judiciales
las
reacciones
son
diferentes
Para Jueces para la Democracia,
asociación
judicial
en
la
que
se
encuentra
inscrito
el
propio
Vidal,
los
hechos
son
de
otra
forma
y en
un
duro
comunicado
que
recibíamos
en
la
tarde
de
ayer
firmado
por
el
secretariado
de
la
entidad
se
habla
de
defender
al
propio
magistrado,
caso
que
sea
sancionado
hasta
las
últimas
consecuencias.
Desde
su
punto
de
vista
no
es
suficiente
su
participación
en
ese
texto
constitucional
y en
sus
opiniones
al
derecho
a
decidir
para
infringirle
esa
sanción
tan
dura.
En la citada nota se advierte
que
Jueces
para
la
Democracia
no
puede
entrar
en
un
tema
político
pero
“resulta
inaceptable
que
se
pretenda
castigar
a un
magistrado
por
ejercer
su
libertad
de
conciencia”,
indican.
Además
se
resalta
la
impecable
trayectoria
profesional
del
Juez
Vidal
sin
tacha
en
la
Audiencia
Provincial
de
Barcelona:
“El
Promotor
pretende
castigar
la
libertad
de
expresión
y de
creación
jurídica
de
un
jurista
cuando
es
realizada
al
margen
de
su
labor
jurisdiccional,”
se
subraya
en
el
citado
comunicado.
Para
esta
asociación
judicial
no
se
entiende
muy
bien
“el
establecer
un
deber
de
obediencia
absoluta
a la
Constitución
vigente,
a
pesar
de
que
la
Carta
Magna
puede
ser
reformada
y de
que
son
legítimas
las
reflexiones
jurídicas
en
torno
a
este
debate
y al
modelo
territorial
de
nuestro
país.”
En opinión de esta asociación
judicial
hay
un
doble
rasero
y
señala
que
hay
otros
magistrados
que
han
hecho
labores
de
asesoramiento
para
el
Gobierno
o
para
FAES:
“Entre
ellos
el
propio
presidente
del
CGPJ,
Carlos
Lesmes,
el
cual
opina
con
toda
libertad
sobre
la
situación
política
derivada
de
la
consulta
catalana
y
siempre
a
favor
del
Gobierno.”
Para
este
colectivo
judicial
ningún/a
juez/a
debe
ser
castigado
por
expresar
sus
ideas.
Esta
actuación
impulsada
desde
el
CGPJ
responde
a la
misma
línea
de
otras
medidas
anteriores
que
pretenden
uniformizar
la
judicatura
y
atacar
la
independencia
judicial.
A
juicio
de
JpD
“lo
que
está
en
juego
es
la
uniformización
que
se
pretende
desde
el
Gobierno
y el
CGPJ
para
tener
un
control
férreo,
absoluto
y
monolítico
sobre
el
conjunto
de
la
judicatura.”
Evitar la publicidad de estos
procesos
Para Antonio Piña, juez decano
de
Ourense
y
magistrado
adscrito
a la
Asociación
Profesional
de
la
Magistratura
(APM)
que
toma
la
palabra
en
esta
ocasión
al
ser
Pablo
Llarena,
presidente
de
esta
entidad,
superior
de
Vidal
en
la
Audiencia
Provincial
de
Barcelona.
“Los
jueces
juramos
respetar
la
Constitución
y el
ordenamiento
jurídico
tanto
en
la
aplicación
de
la
ley
como
en
el
comportamiento
que
tenemos.
Como
asociación
siempre
hemos
defendido
el
cumplimiento
estricto
de
la
legalidad,”
apunta.
Recuerda
que
los
jueces
tienen
una
prohibición
de
participar
en
actos
de
contenido
político,
y
que
es
necesario
contar
con
el
permiso
del
CGPJ
para
determinados
asuntos.
“No
es
admisible
la
significación
política
de
un
juez,
por
tanto”,
aclara.
Lo
que
sí
le
sorprende
la
gravedad
de
la
sanción
que
plantea
una
suspensión
cautelar
del
citado
magistrado
de
sus
funciones
de
juez.
Desde esta asociación se subraya
que
los
jueces
deben
estar
al
margen
de
la
actividad
política
porque
en
algún
momento
tendrán
que
intervenir
en
algún
asunto
donde
haya
intereses
de
ese
tipo.
“Las
sanciones
que
tenemos
los
jueces
son
proporcionadas
y
cuando
uno
se
mete
en
este
tipo
de
actividad
sabe
lo
que
puede
y no
puede
hacer.
No
se
puede
estar
en
contra
de
la
legalidad
vigente
y
mañana
aplicarla”,
resalta.
Sin
entrar
en
el
fallo
del
Promotor
defiende
APM
un
juez
independiente
y
técnico
alejado
de
la
política.
“Creemos
que
este
tipo
de
expedientes
no
se
les
debería
dar
la
publicidad
previa
porque
puede
generar
confusión
y ya
señalar
que
el
propio
juez
ya
está
condenado
a
sufrir
esa
sanción.
Otra
cosa
sería
cuando
nos
llegase
una
resolución
judicial
sobre
el
tema.
Recordemos
que
el
promotor
hace
una
propuesta
nada
más”,
advierte.
Desde la Asociación Francisco
de
Vitoria,
su
portavoz
Marcelino
Sexmero
reconoce
que
no
sabe
si
Vidal
ha
cometido
la
falta
que
se
le
achaca.
“Nos
sorprende
mucho
que
por
redactar
un
texto
jurídico
se
hable
de
una
falta
disciplinaria
tan
grave.
Es
parte
del
trabajo
de
los
jueces
participar
en
este
tipo
de
actividades
aunque
es
evidente
que
en
esta
ocasión
al
impulsar
la
independencia
de
Catalunya
tiene
una
carga
política
notable”,
comenta.
Coincide
con
JpD
en
que
este
tipo
de
conductas
sancionadoras
pueden
menoscabar
la
libertad
de
conciencia
y
expresión
de
los
jueces.
Para
este
experto
magistrado
este
pronunciamiento
del
Promotor
de
Acción
Disciplinaria
es
dar
un
aviso
a
los
jueces
de
lo
que
pueden
hacer
“es
muy
posible
que
si
no
estuviera
abierto
el
proceso
independentista
catalán
este
proceso
sancionador
nunca
se
hubiera
abierto
realmente”.
A su
juicio,
la
tramitación
de
este
expediente
ha
tardado
demasiado
en
relación
con
otros
“se
puede
llegar
a
pensar
que
hay
alguna
maniobra
política
detrás
cuando
conocemos
la
propuesta
de
sanción
un
mes
antes
de
la
consulta
soberanista.
Lo
que
sí
es
cierto
es
que
si
hubiera
colaborado
en
otro
texto
menos
conflictivo
la
sanción
no
hubiera
llegado”,
aclara.
La sanción que plantea el citado
Promotor,
la
suspensión
cautelar,
va
más
en
la
línea
de
que
Vidal
haya
asesorado
en
la
redacción
del
citado
texto
que
en
la
elaboración
del
mismo.
“Es
sobre
todo
el
contexto
del
hecho
lo
que
más
reprobable
parece
a
juicio
de
este
Promotor.
Recordemos
que
el
señor
Lesmes,
presidente
del
CGPJ,
ha
colaborado
en
la
redacción
de
la
reforma
de
la
LOPJ.
Es
posible
que
la
acción
sea
moralmente
reprochable
pero
se
está
utilizando
políticamente
la
misma
pero
que
jurídicamente
no
entraría
en
el
tipo
sancionador”,
comenta.
Desde
su
punto
de
vista
parece
que
lo
que
se
pena
es
el
contexto
en
el
que
se
ha
desarrollado
esta
acción.
“Eramos
más
partidarios
de
la
figura
anterior
del
juez
instructor
que
de
este
Promotor
de
Acción
Disciplinaria
del
que
seguimos
teniendo
sospechas
de
su
funcionamiento”,
advierte.
Desde Zaragoza, Angel Dolado,
juez
decano
de
esta
ciudad
y
portavoz
nacional
de
Foro
Judicial
Independiente,
asociación
que
desde
unos
días
está
en
redes
sociales,
explica
que
“lo
más
llamativo
de
la
propuesta
del
Promotor
de
Acción
Disciplinaria
es
la
petición
de
suspensión
cautelar
del
juez
Santiago
Vidal
al
inicio
de
la
tramitación
de
su
expediente,
normalmente
hay
todo
un
desarrollo
y
luego
se
hace
la
propuesta”,
comenta.
Sobre
las
dos
faltas
graves
que
se
le
achacan
prefiere
no
entrar
al
fondo
del
asunto
por
no
conocerlo
realmente.
“De
hecho
hay
compañeros
que
se
les
ha
abierto
expedientes
por
no
hacer
su
trabajo
y
tener
sentencias
pendientes
y no
se
les
suspendió
cautelarmente.
Se
les
sanciona
por
un
año
lo
que
en
alguna
situación
llevó
a
repetir
diferentes
juicios”,
recuerda.
Dolado recuerda que el régimen
de
incompatibilidades
de
los
jueces
es
muy
estricto
y
pocas
cosas
pueden
hacer
fuera
de
su
trabajo
diario
de
dictar
sentencias
“la
asesoría
jurídica,
los
jueces
la
tenemos
vedada,
ese
quizás
sea
uno
de
las
cuestiones
por
las
que
se
sanciona
a
Vidal;
las
declaraciones
públicas
entrarían
dentro
de
la
libertad
de
expresión
que
tenemos
los
jueces.
La
otra
falta
grave
viene
dada
por
el
no
acatamiento
de
las
leyes
y la
Constitución
vigente”,
comenta.
A su
juicio
nada
hubiera
pasado
al
haber
dejado
este
expediente
para
después
de
la
consulta
soberanista
del
9 de
noviembre.
“No
es
un
asunto
tan
urgente
que
se
tenga
que
tomar
medidas
ahora.
En
eso
no
se
hubiera
perjudicado
en
nada
la
propia
imagen
de
la
justicia
realmente.”
Y
recuerda
que
este
CGPJ,
renovado
por
el
ministro
saliente
Gallardón
está
bajo
sospecha
de
politización
por
no
haber
elegido
los
jueces
los
doce
vocales
como
se
dijo
en
su
momento
que
se
haría. |