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JUSTICIA

 

El magistrado Santiago Vidal, al borde de la suspensión cautelar por asesorar en la redacción de la Constitución catalana
MADRID, 13 de OCTUBRE de 2014 - LAWYERPRESS / Luisja Sánchez
 

El Promotor de la Acción Disciplinaria considera que esos hechos constituyen faltas muy graves al vulnerar los artículos 417.14 y 389.5 de la LOPJ. La Comisión Disciplinaria,  que se reúne este lunes, deberá decidir ahora si se sigue adelante con la sanción.

Magistrado Santiago VidalUn mes antes de la consulta soberanista en Catalunya hemos conocido la intención del Promotor de Acción Disciplinaria, organismo de nuevo cuño creado por el CGPJ de Carlos Lesmes, de proponer a la Comisión Disciplinaria de este Consejo la apertura de expediente al magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Santiago Vidal, uno de los ideólogos de la elaboración de una Constitución para una Cataluña Independiente.  A juicio de este Promotor se habrían producido  Una ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes judiciales por vulneración del deber básico de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Esta falta aparece tipificada como muy grave en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial así como  una vulneración del deber de observancia del régimen de incompatibilidades del artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 1.3 de la Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Esta falta aparece tipificada como muy grave en el artículo 417.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Las asociaciones judiciales, con las que hemos hablado, muestran su preocupación ante esta posible sanción que podría cercenar la libertad de conciencia y expresión de los jueces.

Santiago Vidal ya sabe que puede esperarle una sanción por su labor de asesoramiento del texto catalanista constitucional. El Promotor de Acción Disciplinaria en su informe acredita que el magistrado ha considerado y apoyado públicamente como legítimo el incumplimiento de las leyes y de la Constitución española. Que además ha reconocido su participación sin autorización alguna  en un grupo de trabajo de composición heterogénea e indeterminada encaminado a la elaboración de una Constitución para una Cataluña independiente. Y, por último, que ha realizado de forma reiterada declaraciones públicas en apoyo de iniciativas políticas encaminadas a obtener la independencia de Cataluña. Todo esto le haría acreedor de dos faltas graves. Sin embargo, cuando hemos hablado con las asociaciones judiciales las reacciones son diferentes

Para Jueces para la Democracia, asociación judicial en la que se encuentra inscrito el propio Vidal, los hechos son de otra forma y en un duro comunicado que recibíamos en la tarde de ayer firmado por el secretariado de la entidad se habla de defender al propio magistrado, caso que sea sancionado hasta las últimas consecuencias. Desde su punto de vista no es suficiente su participación en ese texto constitucional y en sus opiniones al derecho a decidir para infringirle esa sanción tan dura.

En la citada nota se advierte que Jueces para la Democracia no puede entrar en un tema político pero “resulta inaceptable que se pretenda castigar a un magistrado por ejercer su libertad de conciencia”, indican. Además se resalta la impecable trayectoria profesional del Juez Vidal sin tacha en la Audiencia Provincial de Barcelona: “El Promotor pretende castigar la libertad de expresión y de creación jurídica de un jurista cuando es realizada al margen de su labor jurisdiccional,” se subraya en el citado comunicado. Para esta asociación judicial no se entiende muy bien “el establecer un deber de obediencia absoluta a la Constitución vigente, a pesar de que la Carta Magna puede ser reformada y de que son legítimas las reflexiones jurídicas en torno a este debate y al modelo territorial de nuestro país.”

En opinión de esta asociación judicial hay un doble rasero y señala que hay otros magistrados que han hecho labores de asesoramiento para el Gobierno o para FAES: “Entre ellos el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el cual opina con toda libertad sobre la situación política derivada de la consulta catalana y siempre a favor del Gobierno.” Para este colectivo judicial  ningún/a juez/a debe ser castigado por expresar sus ideas. Esta actuación impulsada desde el CGPJ responde a la misma línea de otras medidas anteriores que pretenden uniformizar la judicatura y atacar la independencia judicial. A juicio de JpD “lo que está en juego es la uniformización que se pretende desde el Gobierno y el CGPJ para tener un control férreo, absoluto y monolítico sobre el conjunto de la judicatura.”

 

Evitar la publicidad de estos procesos

Antonio Piña, juez decano de Ourense y magistrado adscrito a la Asociación Profesional de la Magistratura Para Antonio Piña, juez decano de Ourense y magistrado adscrito a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que toma la palabra en esta ocasión al ser Pablo Llarena, presidente de esta entidad, superior de Vidal en la Audiencia Provincial de Barcelona. “Los jueces juramos respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico tanto en la aplicación de la ley como en el comportamiento que tenemos. Como asociación siempre hemos defendido el cumplimiento estricto de la legalidad,” apunta. Recuerda que los jueces tienen una prohibición de participar en actos de contenido político, y que es necesario contar con el permiso del  CGPJ para determinados asuntos. “No es admisible la significación política de un juez, por tanto”, aclara. Lo que sí le sorprende la gravedad de la sanción que plantea una suspensión cautelar del citado magistrado de sus funciones de juez.

Desde esta asociación se subraya que los jueces deben estar al margen de la actividad política porque en algún momento tendrán que intervenir en algún asunto donde haya intereses de ese tipo. “Las sanciones que tenemos los jueces son proporcionadas y cuando uno se mete en este tipo de actividad sabe lo que puede y no puede hacer. No se puede estar en contra de la legalidad vigente y mañana aplicarla”, resalta. Sin entrar en el fallo del Promotor defiende APM un juez independiente y técnico alejado de la política. “Creemos que este tipo de expedientes no se les debería dar la publicidad previa porque puede generar confusión y ya señalar que el propio juez ya está condenado a sufrir esa sanción.  Otra cosa sería cuando nos llegase una resolución judicial sobre el tema. Recordemos que el promotor hace una propuesta nada más”, advierte.

Marcelino Sexmero, Asociación Francisco de VitoriaDesde la Asociación Francisco de Vitoria, su portavoz Marcelino Sexmero reconoce que no sabe si Vidal ha cometido la falta que se le achaca. “Nos sorprende mucho que por redactar un texto jurídico se hable de una falta disciplinaria tan grave. Es parte del trabajo de los jueces participar en este tipo de actividades aunque es evidente que en esta ocasión al impulsar la independencia de Catalunya tiene una carga política notable”, comenta. Coincide con JpD en que este tipo de conductas sancionadoras pueden menoscabar la libertad de conciencia y expresión de los jueces. Para este experto magistrado este pronunciamiento del Promotor de Acción Disciplinaria es dar un aviso a los jueces de lo que pueden hacer “es muy posible que si no estuviera abierto el proceso independentista catalán este proceso sancionador nunca se hubiera abierto realmente”. A su juicio, la tramitación de este expediente ha tardado demasiado en relación con otros “se puede llegar a pensar que hay alguna maniobra política detrás cuando conocemos la propuesta de sanción un mes antes de la consulta soberanista. Lo que sí es cierto es que si hubiera colaborado en otro texto menos conflictivo la sanción no hubiera llegado”, aclara.

La sanción que plantea el citado Promotor, la suspensión cautelar, va más en la línea de que Vidal haya asesorado en la redacción del citado texto que en la elaboración del mismo. “Es sobre todo el contexto del hecho lo que más reprobable parece a juicio de este Promotor. Recordemos que el señor Lesmes, presidente del CGPJ, ha colaborado en la redacción de la reforma de la LOPJ. Es posible que la acción sea moralmente reprochable pero se está utilizando políticamente la misma pero que jurídicamente no entraría en el tipo sancionador”, comenta. Desde su punto de vista parece que lo que se pena es el contexto en el que se ha desarrollado esta acción. “Eramos más partidarios de la figura anterior del juez instructor que de este Promotor de Acción Disciplinaria del que seguimos teniendo sospechas de su funcionamiento”, advierte.

Angel Dolado, juez decano de Zaragoza y portavoz nacional de Foro Judicial IndependienteDesde Zaragoza, Angel Dolado, juez decano de esta ciudad y portavoz nacional de Foro Judicial Independiente, asociación que desde unos días está en redes sociales, explica que “lo más llamativo de la propuesta del Promotor de Acción Disciplinaria es la petición de suspensión cautelar del juez Santiago Vidal al inicio de la tramitación de su expediente, normalmente hay todo un desarrollo y luego se hace la propuesta”, comenta. Sobre las dos faltas graves que se le achacan prefiere no entrar al fondo del asunto por no conocerlo realmente. “De hecho hay compañeros que se les ha abierto expedientes por no hacer su trabajo y tener sentencias pendientes y no se les suspendió cautelarmente. Se les sanciona por un año lo que en alguna situación llevó a repetir diferentes juicios”, recuerda.

Dolado recuerda que el régimen de incompatibilidades de los jueces es muy estricto y pocas cosas pueden hacer fuera de su trabajo diario de dictar sentencias “la asesoría jurídica, los jueces la tenemos vedada, ese quizás sea uno de las cuestiones por las que se sanciona a Vidal; las declaraciones públicas entrarían dentro de la libertad de expresión que tenemos los jueces. La otra falta grave viene dada por el no acatamiento de las leyes y la Constitución vigente”, comenta. A su juicio nada hubiera pasado al haber dejado este expediente para después de la consulta soberanista del 9 de noviembre. “No es un asunto tan urgente que se tenga que tomar medidas ahora. En eso no se hubiera perjudicado en nada la propia imagen de la justicia realmente.” Y recuerda que este CGPJ, renovado por el ministro saliente Gallardón está bajo sospecha de politización por no haber elegido los jueces los doce vocales como se dijo en su momento que se haría.

 

 

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