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JUSTICIA

 
La corrupción asola a nuestro país. ¿Cómo enfrentarse a ella?
MADRID, 31 de OCTUBRE de 2014 - LAWYERPRESS/ @LuisjaSanchez
 

Se prevé que hoy Rajoy anuncie un paquete de medidas sobre este tema. Prestigiosos juristas abordan esta cuestión, quizás con el desempleo una de las preocupaciones más importante en estos momentos de nuestra sociedad

Tarjetas opacas en Bankia, la familia Pujol y sus finanzas investigadas por la Audiencia Nacional, el caso de los ERES en Andalucía y ahora la Operación Púnica, una trama importante sobre las comisiones ofrecidas a determinados políticos a cambio de diferentes adjudicaciones, la cara de la corrupción en España lejos de disminuir, crece y parece no tener límites. Por si esto fuera poco nuestros dos partidos políticos mayoritarios PP y PSOE prefieren lanzarse acusaciones cruzadas sobre quién es más corrupto que abordar la cuestión. Nuestra publicación ha preguntado a prestigiosos juristas como Carlos Carnicer, presidente del CGAE;  Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid, Joaquín Garcia-Romanillos, abogado y presidente de Fundación Fernando Pombo; Antonio Viejo y Pedro Viguer, jueces decanos de Madrid y Valencia y Salvador Viada, Fiscal del Supremo qué soluciones ven a este problema que parece endémico. La corrupción institucional, en un país que lucha por salir de la crisis puede ser su tumba, sin lugar a duda. Lo peor de esta situación es que aún no sabemos si hemos tocado techo. Dotar a la justicia de medios y leyes adecuadas para que los jueces hagan su trabajo en condiciones son algunas de las coincidencias en estas opiniones.  Hoy se espera que el Presidente Rajoy presente un paquete de medidas contra la corrupción. Aquí ofrecemos las ideas de los juristas.

Las palabras de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Supremo hace algunos días, revelaban un gesto de impotencia ante una situación cada vez más insostenible. Que afirmarse que nuestras leyes están más para perseguir a robagallinas que a delincuentes organizados ya vislumbraba una via importante de agua en nuestro sistema democrático: las leyes que tenemos reflejan carencias importantes para perseguir al crimen organizado y a la corrupción. Hace tan solo algunos días, Carlos Carnicer, presidente del CGAE, en la presentación de la obra Memoria de la Abogacía Madrileña en el ICAM, reclamaba a nuestros políticos más gestos de honradez al recordar a Joaquín Gil, a quien “el Colegio de Abogados de Zaragoza le regaló una escribanía de plata cuando fue nombrado ministro de Justicia y al dejar el Ministerio la devolvió”. Para Carnicer, este hecho debería  tener los personajes públicos de nuestro tiempo”. 

A su juicio, estamos muy lejos de la regeneración democrática que nuestros políticos intentan impulsar. Desde su punto de vista ha llegado el momento ya de tomar cartas en el asunto, sobre todo ante la sensación del ciudadano que todo vale y que muchos de nuestros políticos corruptos actúan con impunidad. “Es fundamental en este sentido dotar a la justicia de los medios adecuados, tanto a nivel técnico, como desde el punto de vista de órganos judiciales. Nadie pone en duda que la reforma del proceso penal es necesaria. Los procesos penales son largos y complejos en su instrucción y el juez de instrucción se ve en muchas ocasiones perdido ante tanto trámite”. En su opinión darle una vuelta al modelo penal y que el fiscal tomara la instrucción ayudaría mucho a la agilización de bastantes asuntos. De hecho en la gran parte de los países europeos el fiscal o fiscales instruyen y es el juez quien se encarga de garantizar el proceso a los imputados.

 Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de MadridDesde el Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert señala que las instituciones deben ayudar a la regeneración de la vida pública. “Desde esta institución con más de 400 años de historia, la abogacía madrileña hace un llamamiento a la clase política, que enturbia la debida transparencia de las instituciones públicas, reclamando una regeneración total donde la corrupción debe tener tolerancia cero”, comenta.  A su juicio,  la estructura del Estado es tan ingente que se ha perdido el control que hay que someter a procedimientos de supervisión ya que la política ha invadido todas las facetas de nuestro modelo social y de convivencia. Por eso, es tan importante salvaguardar el mantenimiento de la división de poderes. Y recalca que “Los instrumentos del Derecho se deben aplicar a todos por igual porque todos, sin excepción, estamos sometidos al ordenamiento jurídico.”

Para Gumpert Es necesaria la recuperación de la ética en el ejercicio de la política para alcanzar un pacto de Estado para la consecución de una profunda reforma estructural entre todas las fuerzas del arco parlamentario, en la sede de la soberanía nacional que, por tanto, represente al conjunto de la sociedad.” La situación actual, que esconde una verdadera crisis de valores, requiere actuaciones de intervención profunda e inmediata que eviten el colapso del sistema”, advierte. Desde la responsabilidad institucional que nos acompaña, tenemos nuestro granito de arena que aportar. Y señala a su vez que “El Colegio de Abogados de Madrid se ofrece a colaborar para superar la delicada y trascendente situación que estamos viviendo, porque entendemos que es necesaria la participación de las instituciones en una regeneración de la vida pública y del sistema democrático conquistado con tanto sacrificio”.

Joaquín García-Romanillos, abogado, presidente de la Fundación Fernando PomboJoaquín García-Romanillos, abogado, presidente de la Fundación Fernando Pombo con el que charlábamos sobre la corrupción hace unos meses, no en vano este tema ha sido fruto de análisis profundo en alguno de los seminarios que organiza esta institución, http://goo.gl/OQeRTN, señala que en nuestro país se está generando un cambio de valores en los últimos años. “Hasta hace poco el respeto a la verdad no era de los más valorados; sin embargo el auge de la corrupción ha hecho que el reproche social sea elevado sobre este tipo de cuestiones, ahora sean todos reprobables”, comenta.

Para este jurista la situación que hay en nuestro país es muy similar a la de países de Latinoamérica, donde las mordidas o compensaciones en dinero negro están a la orden del dia para muchos de nuestros políticos. “Este es un problema cultural que hay que abordar. No creo que haya más corrupción que antes. Lo que sucede es que ahora se investiga mejor, hay más medios y aflora más también por el papel de los medios informativos”. En su opinión hay que hacer mucha pedagogía en la sociedad para romper con esta tendencia del todo vale. “Al mismo tiempo es fundamental que los partidos políticos se conciencien de que deben colaborar con la justicia y que la corrupción no es moneda de cambio”. Un tema que le preocupa a este profesional son los juicios mediáticos, juicios paralelos frente al proceso judicial ordinario “el tratamiento de algunas informaciones puede en algunos momentos vulnerar la presunción de inocencia de los imputados”; comenta.

 

Preocupación máxima en el poder judicial

La espiral de corrupción institucional de estas últimas fechas ha puesto en el disparadero a nuestros jueces. No han faltado voces que han cuestionado el trabajo de estos profesionales pese a la falta de medios de nuestros juzgados y la carencia de una ley procesal penal adecuada que ayudara a agilizar estos procesos. De hecho la última cumbre de presidentes de TSJ, Tribunales Superiores de Justicia, celebrada en A Coruña, se insistió en reivindicar la Justicia como “factor clave para la regeneración de la democracia y del sistema de convivencia, afectado por el desaliento cívico y la desconfianza hacia las instituciones, derivada de la existencia de graves casos de corrupción”. Apuestan por una reforma íntegra de nuestra Administración de Justicia donde se dé prioridad a nueva planta y demarcación judicial “más racional y eficiente” y en otro modelo procesal penal, “que dé respuesta satisfactoria a las nuevas formas de delincuencia que están socavando las instituciones democráticas y la confianza ciudadana en ellas”.

Antonio Viejo, juez decano de MadridUn nuevo Pacto de Estado por la Justicia es otro de los elementos que muchos de nuestros entrevistados pretenden actualizar, tras aquel que se hizo en 2002-4. La propia Asociación de Jueces Francisco de Vitoria se muestra también partidaria del mismo en un duro comunicado que recibimos, al igual que los presidentes de los TSJ o magistrados como Antonio Viejo, juez decano de Madrid. Desde esta asociación judicial se pide que se tipifique en el Código Penal la financiación ilegal de los partidos políticos, amén de reformas en la ley del suelo, contratación pública o gastos electorales que mejore su control y un reforzamiento de los medios del Tribunal de Cuentas para que pueda realmente hacer su labor de fiscalización encomendada.

Respecto a las soluciones al problema de la corrupción, Viejo habla de varios niveles. A nivel preventivo considera que están fallando los controles y es necesario recuperar la figura del interventor,  como figura independiente y con poder, en la gran parte de los municipios de nuestro país. “Es fundamental que alguien audite los gastos de nuestras corporaciones municipales y que gracias a ese trabajo se sepa con total transparencia cómo están las entidades públicas.”. Al mismo tiempo reclama una mayor colaboración de los propios partidos políticos con la justicia porque aunque tienen obligación de hacerlo en muchas situaciones esa colaboración no es toda la que debiera.

A nivel jurídico, para el juez decano de Madrid es clave hacer cambios penales en el orden procesal que agilicen los procesos y potencien las investigaciones de los casos más complejos  “Es fundamental que se creen medidas de refuerzo en determinados procesos cuando se vea que la causa es compleja per se. Esta labor tiene que venir de la coordinación entre el CGPJ, Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias transferidas.” Desde su punto de vista la nueva Lecrim debería ayudar a mejorar la investigación de los casos más complicados y establecer las medidas de apoyo, a la vez que en su momento lograr que esas personas ya juzgadas acaben en la cárcel rompiendo la impunidad que parece existe ahora a determinados niveles.

 

Jueces Decano denuncian situación

Pedro Viguer, Juez Decano de ValenciaDesde Valencia, Pedro Viguer, Juez Decano de esta capital y portavoz de los Jueces Decanos españoles nos comenta que del 1 al 3 de diciembre tendrá lugar la jornada anual de estos profesionales donde la corrupción será uno de los temas a analizar a fondo. En una entrevista reciente hablaba del problema de fondo. La justicia no es importante para nuestros gobernantes. La falta de medios materiales y de jueces, tras la supresión de los jueces sustitutos en diciembre del 2012 es flagrante, http://goo.gl/w8OkW6. De hecho parte de las medidas para combatir la lacra de la corrupción que pasa por mejorar nuestra justicia ya fueron comentadas en la reunión de Sevilla de estos profesionales. Ahora el sistema gestionado por Ministerio de Justicia, CGPJ y CCAA es un poco caótico para estos juristas.

En su opinión también haría falta el reforzamiento de juzgados que conozcan asuntos complejos desde el inicio, creación de un cuerpo de peritos contables, equipos de policía judicial dependientes de los jueces y fiscales, cuyos agentes sean inamovibles (no se ha cumplido hasta hoy el art. 126 CE);  la limitación de aforamientos e indultos, crear un equipo de jueces que trabajen de forma conjunta con una dirección única; mejorar la investigación mediante el cruzado de información de las bases de datos AET; Banco de España índices notarios y registradores y la reforma de la Lecrim, necesaria para agilizar los procesos. “ Además regula muy deficientemente determinadas diligencias esenciales para investigar este tipo de delitos, como las intervenciones telefónicas, lo que provoca confusión, recursos y nulidades, y desconoce otras diligencias, que ni siquiera regula, como las “escuchas ambientales” que el TC ha declarado carente de cobertura legal (STC 145/2014”, comenta

Salvador Viada, Fiscal del Tribunal SupremoPara Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo,   http://goo.gl/5JHVHDD que el Presidente del Gobierno se haya dirigido a los ciudadanos para pedir perdón  por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ello es un dato a reflexionar del que se hace algunas preguntas: “¿Y por qué hemos de asumir nosotros, los ciudadanos, las consecuencias económicas de ese robo? ¿Por qué no deben quienes colocan a personas indignas en puestos de poder desde los que nos roban, asumir ellos las consecuencias económicas de esos delitos? ¿No se han equivocado nombrándolos?  ¿No se han equivocado por no vigilar su actuación? ¿No nos piden incluso perdón? Pues que paguen en el caso de que se hayan equivocado, de que no hayan hecho todo lo posible por evitar el daño o colaborado con la Justicia,” comenta.

Para este jurista la responsabilidad civil de quienes eligen con error a personas que nos roban debe establecerse por la ley de la misma manera que en su día se acabó con la kale borroka atribuyendo la responsabilidad civil a los padres de los jóvenes delincuentes. La consecuencia de ello será que quienes "sitúan a personas en puestos para los que no son dignos", tengan que tomar precauciones para evitar tener que pagar por los desfalcos o colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de responsabilidades. Viada recuerda que hay que restituir el poder de los interventores dotarles de real independencia en la Administración local, que establezcan controles en la contratación y el gasto; que despoliticen la Justicia; que elijan  mejor a quienes nombran, y que les vigilen. “Y si no lo hacen así, que paguen los partidos políticos responsables económicamente por ello; que paguen la deuda tributaria generada; que restituyan los caudales públicos defraudados; que satisfagan a las víctimas”, comenta.

 

 

 

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