Se prevé que
hoy
Rajoy
anuncie
un
paquete
de
medidas
sobre
este
tema.
Prestigiosos
juristas
abordan
esta
cuestión,
quizás
con
el
desempleo
una
de
las
preocupaciones
más
importante
en
estos
momentos
de
nuestra
sociedad
Tarjetas
opacas
en
Bankia,
la
familia
Pujol
y
sus
finanzas
investigadas
por
la
Audiencia
Nacional,
el
caso
de
los
ERES
en
Andalucía
y
ahora
la
Operación
Púnica,
una
trama
importante
sobre
las
comisiones
ofrecidas
a
determinados
políticos
a
cambio
de
diferentes
adjudicaciones,
la
cara
de
la
corrupción
en
España
lejos
de
disminuir,
crece
y
parece
no
tener
límites.
Por
si
esto
fuera
poco
nuestros
dos
partidos
políticos
mayoritarios
PP y
PSOE
prefieren
lanzarse
acusaciones
cruzadas
sobre
quién
es
más
corrupto
que
abordar
la
cuestión.
Nuestra
publicación
ha
preguntado
a
prestigiosos
juristas
como
Carlos
Carnicer,
presidente
del
CGAE;
Sonia
Gumpert,
decana
del
Colegio
de
Abogados
de
Madrid,
Joaquín
Garcia-Romanillos,
abogado
y
presidente
de
Fundación
Fernando
Pombo;
Antonio
Viejo
y
Pedro
Viguer,
jueces
decanos
de
Madrid
y
Valencia
y
Salvador
Viada,
Fiscal
del
Supremo
qué
soluciones
ven
a
este
problema
que
parece
endémico.
La
corrupción
institucional,
en
un
país
que
lucha
por
salir
de
la
crisis
puede
ser
su
tumba,
sin
lugar
a
duda.
Lo
peor
de
esta
situación
es
que
aún
no
sabemos
si
hemos
tocado
techo.
Dotar
a la
justicia
de
medios
y
leyes
adecuadas
para
que
los
jueces
hagan
su
trabajo
en
condiciones
son
algunas
de
las
coincidencias
en
estas
opiniones.
Hoy
se
espera
que
el
Presidente
Rajoy
presente
un
paquete
de
medidas
contra
la
corrupción.
Aquí
ofrecemos
las
ideas
de
los
juristas.
Las
palabras
de
Carlos
Lesmes,
presidente
del
CGPJ
y
del
Supremo
hace
algunos
días,
revelaban
un
gesto
de
impotencia
ante
una
situación
cada
vez
más
insostenible.
Que
afirmarse
que
nuestras
leyes
están
más
para
perseguir
a
robagallinas
que
a
delincuentes
organizados
ya
vislumbraba
una
via
importante
de
agua
en
nuestro
sistema
democrático:
las
leyes
que
tenemos
reflejan
carencias
importantes
para
perseguir
al
crimen
organizado
y a
la
corrupción.
Hace
tan
solo
algunos
días,
Carlos
Carnicer,
presidente
del
CGAE,
en
la
presentación
de
la
obra
Memoria
de
la
Abogacía
Madrileña
en
el
ICAM,
reclamaba
a
nuestros
políticos
más
gestos
de
honradez
al
recordar
a
Joaquín
Gil,
a
quien
“el
Colegio
de
Abogados
de
Zaragoza
le
regaló
una
escribanía
de
plata
cuando
fue
nombrado
ministro
de
Justicia
y al
dejar
el
Ministerio
la
devolvió”.
Para
Carnicer,
este
hecho
debería
tener
los
personajes
públicos
de
nuestro
tiempo”.
A su
juicio,
estamos
muy
lejos
de
la
regeneración
democrática
que
nuestros
políticos
intentan
impulsar.
Desde
su
punto
de
vista
ha
llegado
el
momento
ya
de
tomar
cartas
en
el
asunto,
sobre
todo
ante
la
sensación
del
ciudadano
que
todo
vale
y
que
muchos
de
nuestros
políticos
corruptos
actúan
con
impunidad.
“Es
fundamental
en
este
sentido
dotar
a la
justicia
de
los
medios
adecuados,
tanto
a
nivel
técnico,
como
desde
el
punto
de
vista
de
órganos
judiciales.
Nadie
pone
en
duda
que
la
reforma
del
proceso
penal
es
necesaria.
Los
procesos
penales
son
largos
y
complejos
en
su
instrucción
y el
juez
de
instrucción
se
ve
en
muchas
ocasiones
perdido
ante
tanto
trámite”.
En
su
opinión
darle
una
vuelta
al
modelo
penal
y
que
el
fiscal
tomara
la
instrucción
ayudaría
mucho
a la
agilización
de
bastantes
asuntos.
De
hecho
en
la
gran
parte
de
los
países
europeos
el
fiscal
o
fiscales
instruyen
y es
el
juez
quien
se
encarga
de
garantizar
el
proceso
a
los
imputados.
Desde
el
Colegio
de
Abogados
de
Madrid,
Sonia
Gumpert
señala
que
las
instituciones
deben
ayudar
a la
regeneración
de
la
vida
pública.
“Desde
esta
institución
con
más
de
400
años
de
historia,
la
abogacía
madrileña
hace
un
llamamiento
a la
clase
política,
que
enturbia
la
debida
transparencia
de
las
instituciones
públicas,
reclamando
una
regeneración
total
donde
la
corrupción
debe
tener
tolerancia
cero”,
comenta.
A su
juicio,
la
estructura
del
Estado
es
tan
ingente
que
se
ha
perdido
el
control
que
hay
que
someter
a
procedimientos
de
supervisión
ya
que
la
política
ha
invadido
todas
las
facetas
de
nuestro
modelo
social
y de
convivencia.
Por
eso,
es
tan
importante
salvaguardar
el
mantenimiento
de
la
división
de
poderes.
Y
recalca
que
“Los
instrumentos
del
Derecho
se
deben
aplicar
a
todos
por
igual
porque
todos,
sin
excepción,
estamos
sometidos
al
ordenamiento
jurídico.”
Para
Gumpert
Es
necesaria
la
recuperación
de
la
ética
en
el
ejercicio
de
la
política
para
alcanzar
un
pacto
de
Estado
para
la
consecución
de
una
profunda
reforma
estructural
entre
todas
las
fuerzas
del
arco
parlamentario,
en
la
sede
de
la
soberanía
nacional
que,
por
tanto,
represente
al
conjunto
de
la
sociedad.”
La
situación
actual,
que
esconde
una
verdadera
crisis
de
valores,
requiere
actuaciones
de
intervención
profunda
e
inmediata
que
eviten
el
colapso
del
sistema”,
advierte.
Desde
la
responsabilidad
institucional
que
nos
acompaña,
tenemos
nuestro
granito
de
arena
que
aportar.
Y
señala
a su
vez
que
“El
Colegio
de
Abogados
de
Madrid
se
ofrece
a
colaborar
para
superar
la
delicada
y
trascendente
situación
que
estamos
viviendo,
porque
entendemos
que
es
necesaria
la
participación
de
las
instituciones
en
una
regeneración
de
la
vida
pública
y
del
sistema
democrático
conquistado
con
tanto
sacrificio”.
Joaquín
García-Romanillos,
abogado,
presidente
de
la
Fundación
Fernando
Pombo
con
el
que
charlábamos
sobre
la
corrupción
hace
unos
meses,
no
en
vano
este
tema
ha
sido
fruto
de
análisis
profundo
en
alguno
de
los
seminarios
que
organiza
esta
institución,
http://goo.gl/OQeRTN,
señala
que
en
nuestro
país
se
está
generando
un
cambio
de
valores
en
los
últimos
años.
“Hasta
hace
poco
el
respeto
a la
verdad
no
era
de
los
más
valorados;
sin
embargo
el
auge
de
la
corrupción
ha
hecho
que
el
reproche
social
sea
elevado
sobre
este
tipo
de
cuestiones,
ahora
sean
todos
reprobables”,
comenta.
Para este
jurista
la
situación
que
hay
en
nuestro
país
es
muy
similar
a la
de
países
de
Latinoamérica,
donde
las
mordidas
o
compensaciones
en
dinero
negro
están
a la
orden
del
dia
para
muchos
de
nuestros
políticos.
“Este
es
un
problema
cultural
que
hay
que
abordar.
No
creo
que
haya
más
corrupción
que
antes.
Lo
que
sucede
es
que
ahora
se
investiga
mejor,
hay
más
medios
y
aflora
más
también
por
el
papel
de
los
medios
informativos”.
En
su
opinión
hay
que
hacer
mucha
pedagogía
en
la
sociedad
para
romper
con
esta
tendencia
del
todo
vale.
“Al
mismo
tiempo
es
fundamental
que
los
partidos
políticos
se
conciencien
de
que
deben
colaborar
con
la
justicia
y
que
la
corrupción
no
es
moneda
de
cambio”.
Un
tema
que
le
preocupa
a
este
profesional
son
los
juicios
mediáticos,
juicios
paralelos
frente
al
proceso
judicial
ordinario
“el
tratamiento
de
algunas
informaciones
puede
en
algunos
momentos
vulnerar
la
presunción
de
inocencia
de
los
imputados”;
comenta.
Preocupación
máxima
en
el
poder
judicial
La
espiral
de
corrupción
institucional
de
estas
últimas
fechas
ha
puesto
en
el
disparadero
a
nuestros
jueces.
No
han
faltado
voces
que
han
cuestionado
el
trabajo
de
estos
profesionales
pese
a la
falta
de
medios
de
nuestros
juzgados
y la
carencia
de
una
ley
procesal
penal
adecuada
que
ayudara
a
agilizar
estos
procesos.
De
hecho
la
última
cumbre
de
presidentes
de
TSJ,
Tribunales
Superiores
de
Justicia,
celebrada
en A
Coruña,
se
insistió
en
reivindicar
la
Justicia
como
“factor
clave
para
la
regeneración
de
la
democracia
y
del
sistema
de
convivencia,
afectado
por
el
desaliento
cívico
y la
desconfianza
hacia
las
instituciones,
derivada
de
la
existencia
de
graves
casos
de
corrupción”.
Apuestan
por
una
reforma
íntegra
de
nuestra
Administración
de
Justicia
donde
se
dé
prioridad
a
nueva
planta
y
demarcación
judicial
“más
racional
y
eficiente”
y en
otro
modelo
procesal
penal,
“que
dé
respuesta
satisfactoria
a
las
nuevas
formas
de
delincuencia
que
están
socavando
las
instituciones
democráticas
y la
confianza
ciudadana
en
ellas”.
Un nuevo Pacto
de
Estado
por
la
Justicia
es
otro
de
los
elementos
que
muchos
de
nuestros
entrevistados
pretenden
actualizar,
tras
aquel
que
se
hizo
en
2002-4.
La
propia
Asociación
de
Jueces
Francisco
de
Vitoria
se
muestra
también
partidaria
del
mismo
en
un
duro
comunicado
que
recibimos,
al
igual
que
los
presidentes
de
los
TSJ
o
magistrados
como
Antonio
Viejo,
juez
decano
de
Madrid.
Desde
esta
asociación
judicial
se
pide
que
se
tipifique
en
el
Código
Penal
la
financiación
ilegal
de
los
partidos
políticos,
amén
de
reformas
en
la
ley
del
suelo,
contratación
pública
o
gastos
electorales
que
mejore
su
control
y un
reforzamiento
de
los
medios
del
Tribunal
de
Cuentas
para
que
pueda
realmente
hacer
su
labor
de
fiscalización
encomendada.
Respecto a
las
soluciones
al
problema
de
la
corrupción,
Viejo
habla
de
varios
niveles.
A
nivel
preventivo
considera
que
están
fallando
los
controles
y es
necesario
recuperar
la
figura
del
interventor,
como
figura
independiente
y
con
poder,
en
la
gran
parte
de
los
municipios
de
nuestro
país.
“Es
fundamental
que
alguien
audite
los
gastos
de
nuestras
corporaciones
municipales
y
que
gracias
a
ese
trabajo
se
sepa
con
total
transparencia
cómo
están
las
entidades
públicas.”.
Al
mismo
tiempo
reclama
una
mayor
colaboración
de
los
propios
partidos
políticos
con
la
justicia
porque
aunque
tienen
obligación
de
hacerlo
en
muchas
situaciones
esa
colaboración
no
es
toda
la
que
debiera.
A nivel jurídico,
para
el
juez
decano
de
Madrid
es
clave
hacer
cambios
penales
en
el
orden
procesal
que
agilicen
los
procesos
y
potencien
las
investigaciones
de
los
casos
más
complejos
“Es
fundamental
que
se
creen
medidas
de
refuerzo
en
determinados
procesos
cuando
se
vea
que
la
causa
es
compleja
per
se.
Esta
labor
tiene
que
venir
de
la
coordinación
entre
el
CGPJ,
Ministerio
de
Justicia
y
las
CCAA
con
competencias
transferidas.”
Desde
su
punto
de
vista
la
nueva
Lecrim
debería
ayudar
a
mejorar
la
investigación
de
los
casos
más
complicados
y
establecer
las
medidas
de
apoyo,
a la
vez
que
en
su
momento
lograr
que
esas
personas
ya
juzgadas
acaben
en
la
cárcel
rompiendo
la
impunidad
que
parece
existe
ahora
a
determinados
niveles.
Jueces
Decano
denuncian
situación
Desde Valencia,
Pedro
Viguer,
Juez
Decano
de
esta
capital
y
portavoz
de
los
Jueces
Decanos
españoles
nos
comenta
que
del
1 al
3 de
diciembre
tendrá
lugar
la
jornada
anual
de
estos
profesionales
donde
la
corrupción
será
uno
de
los
temas
a
analizar
a
fondo.
En
una
entrevista
reciente
hablaba
del
problema
de
fondo.
La
justicia
no
es
importante
para
nuestros
gobernantes.
La
falta
de
medios
materiales
y de
jueces,
tras
la
supresión
de
los
jueces
sustitutos
en
diciembre
del
2012
es
flagrante,
http://goo.gl/w8OkW6.
De
hecho
parte
de
las
medidas
para
combatir
la
lacra
de
la
corrupción
que
pasa
por
mejorar
nuestra
justicia
ya
fueron
comentadas
en
la
reunión
de
Sevilla
de
estos
profesionales.
Ahora
el
sistema
gestionado
por
Ministerio
de
Justicia,
CGPJ
y
CCAA
es
un
poco
caótico
para
estos
juristas.
En su opinión
también
haría
falta
el
reforzamiento
de
juzgados
que
conozcan
asuntos
complejos
desde
el
inicio,
creación
de
un
cuerpo
de
peritos
contables,
equipos
de
policía
judicial
dependientes
de
los
jueces
y
fiscales,
cuyos
agentes
sean
inamovibles
(no
se
ha
cumplido
hasta
hoy
el
art.
126
CE);
la
limitación
de
aforamientos
e
indultos,
crear
un
equipo
de
jueces
que
trabajen
de
forma
conjunta
con
una
dirección
única;
mejorar
la
investigación
mediante
el
cruzado
de
información
de
las
bases
de
datos
AET;
Banco
de
España
índices
notarios
y
registradores
y la
reforma
de
la
Lecrim,
necesaria
para
agilizar
los
procesos.
“
Además
regula
muy
deficientemente
determinadas
diligencias
esenciales
para
investigar
este
tipo
de
delitos,
como
las
intervenciones
telefónicas,
lo
que
provoca
confusión,
recursos
y
nulidades,
y
desconoce
otras
diligencias,
que
ni
siquiera
regula,
como
las
“escuchas
ambientales”
que
el
TC
ha
declarado
carente
de
cobertura
legal
(STC
145/2014”,
comenta
Para Salvador
Viada,
Fiscal
del
Tribunal
Supremo,
http://goo.gl/5JHVHDD
que
el
Presidente
del
Gobierno
se
haya
dirigido
a
los
ciudadanos
para
pedir
perdón
por
haber
situado
en
puestos
de
los
que
no
eran
dignos
a
quienes
en
apariencia
han
abusado
de
ello
es
un
dato
a
reflexionar
del
que
se
hace
algunas
preguntas:
“¿Y
por
qué
hemos
de
asumir
nosotros,
los
ciudadanos,
las
consecuencias
económicas
de
ese
robo?
¿Por
qué
no
deben
quienes
colocan
a
personas
indignas
en
puestos
de
poder
desde
los
que
nos
roban,
asumir
ellos
las
consecuencias
económicas
de
esos
delitos?
¿No
se
han
equivocado
nombrándolos?
¿No
se
han
equivocado
por
no
vigilar
su
actuación?
¿No
nos
piden
incluso
perdón?
Pues
que
paguen
en
el
caso
de
que
se
hayan
equivocado,
de
que
no
hayan
hecho
todo
lo
posible
por
evitar
el
daño
o
colaborado
con
la
Justicia,”
comenta.
Para este
jurista
la
responsabilidad
civil
de
quienes
eligen
con
error
a
personas
que
nos
roban
debe
establecerse
por
la
ley
de
la
misma
manera
que
en
su
día
se
acabó
con
la
kale
borroka
atribuyendo
la
responsabilidad
civil
a
los
padres
de
los
jóvenes
delincuentes.
La
consecuencia
de
ello
será
que
quienes
"sitúan
a
personas
en
puestos
para
los
que
no
son
dignos",
tengan
que
tomar
precauciones
para
evitar
tener
que
pagar
por
los
desfalcos
o
colaborar
con
la
Justicia
para
el
esclarecimiento
de
responsabilidades.
Viada
recuerda
que
hay
que
restituir
el
poder
de
los
interventores
dotarles
de
real
independencia
en
la
Administración
local,
que
establezcan
controles
en
la
contratación
y el
gasto;
que
despoliticen
la
Justicia;
que
elijan
mejor
a
quienes
nombran,
y
que
les
vigilen.
“Y
si
no
lo
hacen
así,
que
paguen
los
partidos
políticos
responsables
económicamente
por
ello;
que
paguen
la
deuda
tributaria
generada;
que
restituyan
los
caudales
públicos
defraudados;
que
satisfagan
a
las
víctimas”,
comenta.
|