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Sorprendente cambio de criterio en las sentencias del TSJ  de Madrid
MADRID, 03 de NOVIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS

Por María Jesús Serrano, Abogada. José Manuel Serrano Alberca & Conde Abogados

María Jesús SerranoPartamos de los hechos. El Tribunal Superior de Justicia en Madrid viene valorando desde hace ya mucho tiempo las expropiaciones que se han producido en la M-50 y en las radiales de Madrid como suelo urbanizable programado porque la M-50 fue calificada por el propio Ministerio de Fomento como autopista urbana.

Esta vía de comunicación fue expropiada en el año 2001 y valorada por el Tribunal Superior de Justicia y por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa como sistema general, por aplicación de la doctrina ya consagrada por  el propio Tribunal Supremo, según la cual esta autopista creaba ciudad. Es decir, valía para que pudieran construirse en terrenos contiguos a la misma. De acuerdo con esta doctrina, el propio Tribunal Supremo en la Sentencia de 17 de noviembre de 2008 estableció un criterio, según el cual dividía las autopistas de peaje y la M-50 en dos sectores diferenciados. Establecía con claridad que algunas radiales, Eje Norte-Sur y la propia M-50, debían de ser calificadas como infraestructuras urbanas y, por tanto, ser valoradas con la naturaleza de sistema general, que crea ciudad, y, en consecuencia, por un valor de suelo urbanizable programado.

De acuerdo con este criterio del Tribunal Supremo, perfectamente explicado en la sentencia a que aludimos, la expropiación de la M-50 y otras radiales que estaban dentro de su ámbito fueron valoradas por el Tribunal Superior de Justicia y por el propio Tribunal Supremo cuando fueron recurridas al Alto Tribunal, como sistema general que creaba ciudad, de conformidad con el principio de equidistribución de beneficios y cargas del planeamiento. De esta forma, este Alto Tribunal ha considerado injusto que los propietarios de los terrenos que prestan servicios a otros terrenos urbanos no sean compensados en la expropiación de las vías de comunicación, que afectan y benefician a todo el ámbito urbano donde se encuentran.

Muchas sentencias del Tribunal Superior de Justicia, entre las cuales podemos citar las de 29 de octubre y 7 de mayo de 2010 (RCA’s 2.788/04 y 2551/04, respectivamente), 23 de septiembre y 12 de junio de 2009 (RCA’s 2.488/04 y 2.368/04, respectivamente), entre otras muchas, establecieron el criterio de la valoración de este suelo de la   M-50 como suelo urbanizable programado que afectaba, entre otros municipios, a Paracuellos del Jarama.

Posteriormente y como quiera que la Administración no había pagado, se iniciaron expedientes de retasación de estas mismas fincas, que ya habían sido calificadas como suelo urbanizable programado en el expediente inicial y cuya clasificación no había variado en absoluto.

Ateniéndose a este criterio razonable, muchas sentencias del Tribunal Superior de Justicia referentes a Paracuellos del Jarama y a otros pueblos limítrofes, consideraron que se debía retasar este suelo en una cantidad algo superior, puesto que la Administración no había pagado su precio en tiempo y forma.

Las sentencias a las que nos referimos en sentido favorable a la retasación, decían -con mucha razón- que en este caso se trataba solo de su retasación por el cambio del precio de las VPO y, por supuesto, mantenían que el suelo expropiado, la M-50, debía de valorarse como suelo urbanizable, puesto que, como ya hemos dicho, esta circunvalación M-50 está prevista en la Orden Ministerial de Fomento de 26 de mayo de 1997 como autopista urbana y que, en cualquier caso, no quedaba afectada esta expropiación por la nueva Ley del Suelo, porque así también lo establecía la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2012.

En este sentido se han pronunciado cientos de sentencias, retasando el suelo de la M-50 de los pueblos afectados, entre ellos las de Paracuellos del Jarama (Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 y 13 de febrero de 2014 [RCA’s 1.415/09 y 1.720/09, respectivamente]; 10 de abril y 20 de junio de 2014 [RCA’s 1.734/09 y 511/10, respectivamente]; la de 21 de marzo de 2013 (RCA 370/09), 14 de marzo de 2013 (RCA 215/09, 28 de febrero de 2013 (RCA 361/09), 20 de febrero de 2012 (RCA 375/09), entre otras muchas.

Pues bien, sin explicación alguna como ahora veremos, el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid en recursos de retasación en el propio pueblo de Paracuellos del Jarama y en idénticas circunstancias a las de las sentencias en las que ha dictado una resolución favorable a la retasación acordada por el Jurado, cambia el criterio en la Sentencia de 2 de octubre de 2014.

Justifica su cambio de criterio en la DT 3ª de la Ley del Suelo 8/2007, y en ella pretende fundamentar la discrepancia y la no vulneración del principio de igualdad. Para ello viene a decir, que, de acuerdo con la Ley del Suelo 8/2007, el suelo expropiado es un suelo rústico, ha desvinculando clasificación de valoración, cuando este dudoso criterio de la ley no se ha aplicado en ninguna sentencia hasta ahora, en casos idénticos, por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia.

Debemos decir que es insólito tal cambio de criterio. Resulta insólito, porque el Tribunal no puede dar una clasificación diferente a un mismo suelo, si esta clasificación ya ha sido establecida por el Tribunal Supremo. Podrá hacer este Tribunal todas las interpretaciones que quiera en relación con otros terrenos, pero no en relación con éstos. La propia DT 3ª de la Ley de 2007 que citan, mantiene esa clasificación del suelo como urbanizable cuando ya lo sea a la entrada en vigor de la ley, como ha expuesto el propio Tribunal Superior de Justicia en muchas sentencias a partir del año 2010. No es tampoco de recibo, el criterio de que la retasación es sustituida por los intereses de demora, pues ello supone claramente una violación del art. 58 LEF. El suelo que ahora se valora por esa sentencia (ultima de Paracuellos) era suelo urbanizable, tanto de acuerdo con la Ley de 2007 como con la Ley de 1968, que es realmente la ley aplicable, puesto que el Tribunal Supremo también ha establecido que la legislación aplicada a la retasación era la que estaba vigente en la iniciación del procedimiento expropiatorio, es decir, la Ley de 1998, ya que la expropiación comienza en el año 2001, cuando todavía no estaba en vigor la Ley del 2007.

En segundo lugar, argumenta que no procede la retasación porque el justiprecio establecido es un mínimo y que por tanto ahora no se puede cambiar, aunque sí lo hace cambiando los criterios ya establecidos en otras sentencias. Según el Tribunal, se equiparan retasación e intereses, cuando obviamente son dos garantías diferentes.

En resumen, la sentencia viene a decir que cambia la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque éste venia reconociendo aprovechamientos urbanísticos ficticios a los sistemas generales. Y vuelve a fundamentar la cuestión en la nueva Ley del Suelo de 2007, sin que los argumentos que se expresen tengan fundamento legal.

Resulta sorprendente la falta de seguridad jurídica que dan los tribunales con estos cambios de criterio. Y no solo afecta a la seguridad, que ya es grave, sino a la igualdad ya que la nueva interpretación supone reconocer un fraude de ley y no se justifica en ningún caso con los débiles argumentos de la sentencia, que de ahora en adelante pretende cambiar el criterio de la valoración, no se sabe en beneficio de quién.

 

 

 

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