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 “El 9N
participaré
en
la
consulta
y
quiero
que
los
catalanes
puedan
participar
en
una
consulta
jurídica”
“Estoy
empeñado
en
mejorar
las
condiciones
de
vida
de
los
abogados
con
mayor
conciliación
laboral
y
familiar."
Desde el
pasado
20
de
octubre
Abel
Pié
i
Lacueva,
decano
del
Ilustre
Colegio
de
Abogados
de
Manresa,
es
el
nuevo
presidente
del
Consell
de
l’Advocacia
Catalana,
en
sustitución
de
Miquel
Samper,
para
el
que
Pié
no
tiene
más
que
palabras
de
elogio
asegurando
que
el
suyo
será
un
mandato
“continuista
porque
se
ha
hecho
un
magnífico
trabajo.
Para usted
que
ya
se
ha
reunido
con
el
ministro
de
Justicia,
¿Cuál
sería
el
punto
mínimo
de
acuerdo
sobre
las
tasas
judiciales?
Efectivamente
le
hemos
planteado
la
“solución
catalana”
al
ministro
Catalá.
Las
empresas
son
las
que
colapsan
el
sistema
judicial.
Si
la
Justicia
hubiera
hecho
sus
deberes
de
modernidad
comprobaríamos
que
financieras,
telecomunicándolas
y
aseguradoras
presentan
centenares
de
demandas
que
saturan
el
sistema.
Quizás son
ellas,
aceptando
que
exista
algún
tipo
de
tasa,
las
que
deban
soportar
el
coste
de
la
Justicia.
Evidentemente
el
ciudadano
que
recurre
a la
Justicia
cuando
acude
uno
o
dos
veces
en
su
vida
a un
juzgado
en
reclamación
de
sus
derechos
no
puede
ser
perjudicado
con
tasas.
Eso
no
justicia,
es
una
canallada.
¿Se deberían
eliminar
todas
las
tasas?
No vería mal
las
tasas
si
es
pagada
por
las
empresas
y va
destinada
al
Ministerio
de
Justicia
para
modernizar
el
sistema,
al
pago
del
turno
de
oficio,
a
informatizar
la
Justicia.
Si es así, no
vería
mal
que,
quien
más
use
la
Justicia,
ayude
a
sufragarla
¿En Cataluña
se
aplicará
correctamente
lo
recaudado
por
su
propia
Ley
de
Tasas?
Vamos a ver
como
se
aplica
y
que
parte
se
destina
a
mejorar
la
Justicia.
Lo
cierto
es
que
la
Generalitat
ha
renovado
prácticamente
todo
el
parque
de
edificios
judiciales.
Si
lo
destinan
a
mejoras
perfecto,
si
no
protestaremos.
Usted es
también
Secretario
de
la
Comisión
de
Nuevas
Tecnologías
del
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española.
¿La
modernización
tecnológica
debe
estar
a la
cabeza
de
las
reivindicaciones
de
la
abogacía?
Desde luego.
No
se
puede
entender
que
administraciones
como
la
Agencia
Tributaria
o la
Tesorería
de
la
Seguridad
Social
estén
totalmente
modernizadas
y la
Justicia
no.
Es
un
absurdo
y un
derroche
de
medios
que
acaba
crispando
y no
es
admisible
que
llegando
a la
segunda
década
del
siglo
XXI
no
haya
perspectiva
de
avances.
¿Por qué
parece
importar
tan
poco
la
Justicia
a
los
partidos
políticos?
Probablemente
les
moleste
una
Justicia
eficiente.
No
han
querido
invertir
en
ella.
Una
mejor
Justicia
hubiera
puesto
coto
a la
corrupción,
se
habría
evitado
alarma
social,
no
tendría
que
haber
tenido
que
ser
la
justicia
europea
la
que
corrigiera
la
situación
hipotecaría
y
tendríamos
un
Estado
más
social.
¿Cómo son
las
relaciones
de
la
abogacía
catalana
con
la
Generalitat?
Con todas las
consejerías
con
las
que
tratamos
la
relación
es
muy
buena.
Mantienen
el
criterio
de
que
los
profesionales
sabemos
de
lo
que
hablamos
y
que
pisamos
la
calle.
Siempre nos
escuchan
aunque,
claro,
no
siempre
nos
hacen
caso.
Pero
es
una
maravilla
poder
trabajar
en
un
entorno
de
diálogo
constante
¿Qué más
les
preocupa?
En el ámbito
institucional,
la
organización
de
la
Justicia
en
el
ámbito
territorial
nos
sigue
preocupando.
En
el
ámbito
profesional
vamos
a
trabajar
intensamente
en
la
conciliación
de
familiar
y
laboral
de
los
abogados
Lo complicado
no
debe
convertirse
en
imposible
y
estoy
empeñado
en
mejorar
la
calidad
de
vida
de
los
abogados.
Seguro
que
hay
fórmulas
aplicables.
En materia
penal
parece
que
se
sigue
manteniendo
el
criterio
de
reformar
a
golpe
de
telediario.
¿Es
así?
Si, es así.
En
España
no
somos
tan
delincuentes
pero
cada
dos
por
tres
se
hacen
reformas
y
reformas
del
sistema
penal.
No
puede
ser.
Y
volvemos
a la
modernización.
Si
tuviéramos
un
registro
correcto
de
las
faltas
el
tratamiento
de
la
reincidencia
podría
ser
adecuado,
por
ejemplo.
¿Qué
opina
de
la
propuesta
de
prisión
permanente
revisable?
Si borran el
permanente
lo
compro.
Prisión
revisable
desde
luego,
pero
a la
baja,
en
la
dirección
de
la
reinserción.
Eso
es
lo
coherente
en
una
sociedad
civilizada.
El Consell
ya
tomó
en
su
día
la
decisión
de
adherirse
al
llamado
Pacto
Nacional
por
el
Derecho
a
Decidir.
A
pocos
días
del
9 de
noviembre
¿Cómo
valora
usted
la
situación
en
este
punto?
El nueve de
noviembre
se
ha
convocado
una
consulta
política.
El
Consell
se
adhirió
a
pedir
una
consulta
jurídica
y
vamos
a
trabajar
para
que
esa
consulta
jurídica
que
pide
el
pueblo
de
Cataluña
se
celebre.
En todo caso
como
presidente
del
Consell
de
l’Advocacia
Catalana
yo
iré
a
votar
el
nueve
de
noviembre.
¿Hay una
gran
confusión
en
la
sociedad
y el
ámbito
jurídico
sobre
lo
que
pasa
en
Cataluña?
Se están haciendo
mal
las
cosas.
El
propio
Tribunal
Constitucional
dice
que
estamos
ante
una
situación
que
debe
resolverse
en
el
ámbito
político.
Se
están
utilizando
instancias
jurídicas
que
no
corresponde
y,
ambas
partes,
están
rechazando
un
diálogo
imprescindible
para
avanzar
en
la
convivencia.
¿Cómo debería
configurarse
en
España?
Yo lo que
busco
y
pretendo
es
que
los
ciudadanos
de
Cataluña
puedan
votar
y
que
las
partes
sigan
adelante.
Las
grandes
reformas
a
veces
han
surgido
de
un
hecho.
No
pasa
nada
por
hablar.
Hablemos
y
lleguemos
a
soluciones. | 
