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Ambos ponentes
animaron
a
los
ciudadanos
a
denunciar
más,
porque
sin
denuncias
no
se
puede
perseguir
el
delito
 La conciencia
de
seguridad
en
España
es
muy
baja
y
los
ciudadanos
deben
darse
cuenta
de
que
los ciberdelitos
son
reales.
Ese
fue
uno
de
los
avisos
que
representantes
de
la
Policía
Nacional
y
Guardia
Civil
dieron
durante
el
seminario
“Capacidades
nacionales
contra
la
ciberdelincuencia”,
organizado
por
la
Oficina
de
Antiguos
Alumnos
de
Comillas
con
el
patrocinio
de
Deloitte
dentro
del
ciclo
de
conferencias
Aula
Abierta
para
la
Sociedad
de
la
Información.
“Son
delitos
reales,
no
solo
es
cosa
de
películas”,
aseveró
Javier
Jarauta,
profesor
del
ICAI
y
moderador
de
la
charla,
mientras
mostraba
un
mapamundi
en
el
que
se
podían
contemplar
ciberataques
en
tiempo
real,
y en
el
que
España
estaba
en
cuarta
posición
del
ranking
de
países
más
atacados.
Una de las
mayores
dificultades
para
perseguir
estos
delitos
se
encuentra
en
la
propia
ordenación
jurídica.
“La
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal
en
España
es
de
1882,
es
la
legislación
de
los
dinosaurios”,
bromeó
Ramón
González,
Capitán
del
Grupo
de
Delitos
Telemáticos
de
la
Unidad
Central
Operativa
de
la
Guardia
Civil.
Esto
provoca
que
muchos
ciberdelitos
no
puedan
ser
admitidos
a
trámite
al
no
estar
tipificados
como
delito.
Por
eso,
“uno
de
los
trabajos
policiales
es
buscar
razonamientos
jurídicos
para
que
el
juez
abra
diligencias,
es
decir,
traducimos
los
delitos
cibernéticos
para
poder
trasladarlos
al
ámbito
jurídico,
porque
no
es
fácil
determinar
si
un
ciberdelito
lo
es o
no”,
explicó
Silvia
Barrera,
Inspectora
Jefe
del
Grupo
Operativo
de
las
Fuentes
Abiertas,
perteneciente
a la
Brigada
Central
de
Investigación
Tecnológica
de
la
Policía
Nacional.
En este sentido,
González
criticó
a
los
jueces
por
no
tener,
al
menos,
conocimientos
básicos
de
informática
(“sólo
me
he
encontrado
a
dos
jueces
que
supieran
realmente”),
e
instó
al
poder
legislativo
a
“modificar
muchas
figuras
legales”
y a
que
la
ley
permita
determinadas
acciones
policiales
que
ya
son
aceptadas
en
otros
muchos
países
para
luchar
contra
esta
amenaza.
“En España
los
jueces
no
pueden
autorizar
la
entrada
remota
a
ordenadores
para
investigar
ni
se
pueden
hacer
pasar
por
otro
para
hablar
con
los
delincuentes”,
puso
como
ejemplo
González,
quien
se
mostró
alarmado
porque
la
suplantación
de
identidad,
reventar
contraseñas
WiFi
o
navegar
gratis
en
redes
ajenas,
no
están
tipificadas
como
delito.
Además,
“si
los
datos
que
obtengo
durante
la
investigación
no
se
han
adquirido
de
manera
legal
no
tienen
validez
jurídica;
por
eso
hay
que
utilizar
técnicas
lícitas
para
engañar
al
cibercriminal”,
admitió
Barrera.
Pero
de
momento,
según
admitieron
los
ponentes,
se
utilizan
métodos
arcaicos
basados
en
protocolos
TCP-IP,
direcciones
IP,
DNS,
cookies
o
archivos
históricos.
Otro problema,
además
de
que
muchos
de
los
servidores
que
se
utilizan
no
están
en
España,
lo
que
impide
en
muchas
ocasiones
el
rastreo,
es
la
falta
de
personal
para
perseguir
estos
delitos.
“En
España
tenemos
unas
60
personas,
cuando
en
países
europeos
como
Holanda
o
Alemania
tienen
más
de
400
para
luchar
contra
los
mismos
delitos”,
dijo
Barrera.
A
eso
se
une
el
hecho
de
que
“los
malos”,
como
definió
González
a
los
ciberdelincuentes,
van
más
avanzados
que
“los
buenos”.
“Avanzan
tanto
que
se
les
pierde
el
hilo”,
admitió
mientras
ponía
ejemplos
sobre
cómo
se
puede
llegar
a
controlar
una
webcam
remotamente
o
qué
programas
se
utilizan
para
encriptar
y
borrar
cualquier
rastro
de
navegación.
González
admitió
que
ahora
se
encuentran
con
un
nuevo
problema
llamado
Tor,
una
red
paralela
a
Internet
“donde
se
navega
de
forma
anónima,
de
manera
limpia,
sin
almacenar
cookies,
sin
dejar
rastro”. |
