La cuestión,
llamémosla
catalana,
ha
convulsionado
a la
sociedad
española
y no
sólo
a la
de
esa
comunidad,
llevada
y
traída,
zarandeada,
por
así
decir,
para
presuntas
pseudoconsultas
que,
desde
fuera,
he
contemplado
atónitamente.
Nunca
pensé
que
una
región
tan
inteligente
y
con
tan
buen
sentido
y
con
varias
universidades
públicas
y
privadas
funcionando,
pudiera
ser
llamada
a
semejantes
actuaciones,
simplemente
mediáticas.
Se ha tocado,
valga
la
expresión,
la
fibra
sentimental
de
la
ciudadanía
de
esa
región
en
la
que,
paradójicamente,
se
sigue
aplaudiendo
en
público
a un
delincuente
confeso
como
fue
su
anterior
Presidente.
Me
resulta
totalmente
inexplicable.
Y
todavía
me
falta
por
comprender
el
desvarío
que
se
va a
desencadenar,
según
parece,
dentro
de
poco.
En la Sorbona
de
París,
los
estudiantes
pedían
lo
imposible
para
no
conseguir
nada,
ni
siquiera
la
adhesión
de
los
trabajadores
franceses.
Porque,
según
creo
y
sostengo,
sin
servidumbre
de
ninguna
clase,
en
Cataluña
está
ocurriendo
algo
parecido.
Se
pide
todo
sabiendo
que
es
imposible,
y no
conseguirán
nada
más
que
incrementar
el
resentimiento
que
se
les
ha
imbuido
en
la
facciosa
enseñanza
que
han
recibido
desde
que
tienen
cinco
años
por
las
escuelas
catalanas.
Más
de
30
años
entonando
tan
mentirosa
canción,
al
final
rinde
sus
frutos
que
ahora
recoge,
impíamente,
un
señor
llamado
Más,
como
curiosamente
consejero
de
economía
del
impenitente
señor
Pujol,
quizá
próximo
a
que
él y
su
familia
terminen
siendo
declarados
delincuentes
económicos.
El descaro
con
que
nos
viene
regalando
el
citado
Más
en
sus
furibundas
intervenciones
televisivas
y en
uso
de
un
derecho
fundamental
a la
libertad
de
expresión
y
opinión
que
le
concede
la
tan
denostada
por
él
Constitución
de
1978,
que
fue
votada
por
los
ciudadanos
catalanes
y
confeccionada,
en
cierta
medida,
también,
por
el
ahora
letrado
señor
Miguel
Roca
y
por
su
paisano
el
profesor
Solé
Tura,
hoy
ya
retirado
de
la
docencia
universitaria
y de
cualquier
actividad
política,
es
realmente
molesto
y
absolutamente
sesgado,
por
no
decir
absolutamente
mentiroso.
No
obstante,
no
debiera
olvidarse
que
no
en
los
años
mil
setecientos,
sino
en
los
mil
trescientos,
el
Reino
de
Aragón
conquistó
a
Cataluña,
dejando
subsistente
el
Condado
de
Barcelona.
De
manera
que,
en
1492,
cuando
se
produce
la
génesis
de
España,
con
la
conquista
más
o
menos
trapacera
del
reino
nazarita
de
Granada,
por
el
matrimonio
de
Isabel
y
Fernando,
naturalmente
este
último
no
olvidó
reincorporar
en
su
aportación
aragonesa
la
antigua
Tarraconense
de
los
romanos,
conquistada
por
su
padre
y
por
su
abuelo
en
los
campos
de
batalla
que
sucesivamente
perdieron
los
habitantes
de
la
entonces
comunidad
autónoma
de
Cataluña.
La falta de
memoria
histórica
de
la
que
hacen
gala
tan
osados
orapes
en
sus
intervenciones
televisivas,
no
cabe
duda
que
no
debiera
quedar
sin
respuesta
legal
por
parte
del
Estado,
máxime
cuando,
por
dos
veces,
el
Tribunal
Constitucional
ha
declarado
que
es
ilegal
cualquier
consulta
con
finalidad
secesionista
o
separatista.
Las
opiniones
están
divididas,
no
precisamente
en
la
valoración
jurídica
de
la
actuación
de
la
cúpula
de
la
Generalidad,
sino
en
la
oportunidad
política
de
que
la
Fiscalía
proceda
judicialmente,
manejando
la
hipótesis
delictiva
de
la
desobediencia
grave,
de
la
malversación
de
caudales,
de
la
usurpación
de
funciones
y,
por
último,
de
la
prevaricación
dolosa
continuada.
Desde
luego,
el
tipo
delictivo
que
me
parece
más
cómodo
de
sostener
en
el
combate
procesal
que
se
avecina,
no
me
cabe
la
menor
duda
que
es
la
prevaricación.
Que
el
señor
Más
y
sus
satélites
saben
que
lo
que
están
haciendo
es
ilegal
ha
sido
expresado
por
el
Consejo
de
Estado
y,
más
importante
aun,
por
el
Tribunal
Constitucional,
custodio
y
máximo
intérprete
de
la
Constitución,
un
tanto
declamatoriamente,
como
dice
su
Ley
Orgánica.
Realmente, a
nadie,
pero
a
nadie,
con
un
mínimo
de
formación
universitaria,
se
le
debería
ocurrir
que
lo
firme
fallado
y
declarado
sin
ulteriores
recursos
pueda
ser
a
continuación
contradicho
y
gastarse
los
dineros
públicos
en
llevar
esa
terquedad
hasta
sus
últimas
consecuencias.
Quizá
conviene
recordar,
siquiera
sea
muy
someramente,
las
características
del
delito
de
prevaricación
dolosa
y
continuada
que,
salvo
mejor
opinión
de
la
Fiscalía
del
TSJ
de
Cataluña,
ha
tenido
que
imponerle
la
Junta
de
Fiscales
del
TS y
el
Fiscal
General
del
Estado
a la
cabeza.
He advertido,
quizás,
una
confusión
soberana.
Los
fiscales
no
están
para
defender
el
Estado,
no
son
los
abogados
del
Estado;
son
los
representantes
de
la
Ley
frente,
incluso,
contra
el
Estado
si
fuese
menester,
como
ya
expuse
hace
más
de
30
años
al
explicar
el
principio
de
legalidad
taxativa
que
debe
regir
un
Derecho
penal
democrático
y
avanzado,
como
siempre
he
pretendido
para
mi
país,
esto
es,
el
español.
Como
tales
representantes
de
la
Ley,
se
advierte
cómo
fácilmente
puede
hacerse.
Que
se
hayan
cometido
infracciones
penales
está
en
el
deber
jurídico
de
actuar
mediante
el
ejercicio
de
las
actuaciones
jurisdiccionales
pertinentes,
querella
o
denuncia.
De
lo
contrario,
los
propios
fiscales
incurrirían
en
un
delito
de
prevaricación
omisiva,
como
es
la
no
persecución
del
delito
y de
los
delincuentes.
Por
eso
me
parece
más
inexplicable
todavía
la
actitud
de
los
fiscales
del
TSJ
de
Cataluña,
mostrando
su
renuencia
a
formalizar
las
denuncias
y
querellas
a
que
hay
lugar,
sobre
todo
por
el
delito
de
prevaricación
dolosa
continuada
de
autoridad
o
funcionario
público.
Doblegado por
la
aplicación
del
Estatuto
del
Ministerio
fiscal,
no
han
tenido
más
remedio
que
presentar
una
querella
confeccionada
en
la
Fiscalía
General
del
estado
contra
el
señor
Más
y
alguno
de
sus
congéneres
que,
en
manifiesto
fraude
de
Ley,
han
hecho
caso
omiso
a
las
resoluciones
del
Tribunal
Constitucional;
esto
es,
una
burla,
cuando
no
una
mofa
al
Estado
democrático
y de
Derecho,
en
virtud
del
cual
el
señor
Más
está
cobrando
un
buen
sueldo
al
frente
de
la
Generalidad
que
seguro
que
no
ha
utilizado
en
financiar
las
cajas
de
cartón,
la
imprenta
y
los
cientos
de
miles
de
euros
que
costó
el
simulacro.
Unos políticos
medianamente
serios
no
pueden
estar
de
continuo
recurriendo
al
fraude
de
Ley
ni a
las
pendejadas,
que
dijeran
mis
colegas
mexicanos,
sino
que
deben
respetar,
sobre
todo,
la
Ley
y la
Constitución.
Y si
su
ilegalidad
es
consciente,
como
es
el
caso,
se
nos
aparece
con
inusitado
vigor
el
delito
de
prevaricación.
El
Tribunal
Supremo,
a
través
de
su
Sala
de
lo
Penal,
ha
tenido
varias
resoluciones
un
tanto
erráticas
sobre
dicho
delito,
especialmente
en
el
caso
de
la
prevaricación
judicial,
que
también
la
hay.
Manuel
Cobo
del
Rosal,
Catedrático
de
Derecho
Penal
y
Abogado.
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