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Política y aplicación del Derecho Penal (I)

MADRID, 03 de DICIEMBRE de 2014
 

La cuestión, llamémosla catalana, ha convulsionado a la sociedad española y no sólo a la de esa comunidad, llevada y traída, zarandeada, por así decir, para presuntas pseudoconsultas que, desde fuera, he contemplado atónitamente. Nunca pensé que una región tan inteligente y con tan buen sentido y con varias universidades públicas y privadas funcionando, pudiera ser llamada a semejantes actuaciones, simplemente mediáticas.

Se ha tocado, valga la expresión, la fibra sentimental de la ciudadanía de esa región en la que, paradójicamente, se sigue aplaudiendo en público a un delincuente confeso como fue su anterior Presidente. Me resulta totalmente inexplicable. Y todavía me falta por comprender el desvarío que se va a desencadenar, según parece, dentro de poco.

En la Sorbona de París, los estudiantes pedían lo imposible para no conseguir nada, ni siquiera la adhesión de los trabajadores franceses. Porque, según creo y sostengo, sin servidumbre de ninguna clase, en Cataluña está ocurriendo algo parecido. Se pide todo sabiendo que es imposible, y no conseguirán nada más que incrementar el resentimiento que se les ha imbuido en la facciosa enseñanza que han recibido desde que tienen cinco años por las escuelas catalanas. Más de 30 años entonando tan mentirosa canción, al final rinde sus frutos que ahora recoge, impíamente, un señor llamado Más, como curiosamente consejero de economía del impenitente señor Pujol, quizá próximo a que él y su familia terminen siendo declarados delincuentes económicos.

El descaro con que nos viene regalando el citado Más en sus furibundas intervenciones televisivas y en uso de un derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión que le concede la tan denostada por él Constitución de 1978, que fue votada por los ciudadanos catalanes y confeccionada, en cierta medida, también, por el ahora letrado señor Miguel Roca y por su paisano el profesor Solé Tura, hoy ya retirado de la docencia universitaria y de cualquier actividad política, es realmente molesto y absolutamente sesgado, por no decir absolutamente mentiroso. No obstante, no debiera olvidarse que no en los años mil setecientos, sino en los mil trescientos, el Reino de Aragón conquistó a Cataluña, dejando subsistente el Condado de Barcelona. De manera que, en 1492, cuando se produce la génesis de España, con la conquista más o menos trapacera del reino nazarita de Granada, por el matrimonio de Isabel y Fernando, naturalmente este último no olvidó reincorporar en su aportación aragonesa la antigua Tarraconense de los romanos, conquistada por su padre y por su abuelo en los campos de batalla que sucesivamente perdieron los habitantes de la entonces comunidad autónoma de Cataluña.

La falta de memoria histórica de la que hacen gala tan osados orapes en sus intervenciones televisivas, no cabe duda que no debiera quedar sin respuesta legal por parte del Estado, máxime cuando, por dos veces, el Tribunal Constitucional ha declarado que es ilegal cualquier consulta con finalidad secesionista o separatista. Las opiniones están divididas, no precisamente en la valoración jurídica de la actuación de la cúpula de la Generalidad, sino en la oportunidad política de que la Fiscalía proceda judicialmente, manejando la hipótesis delictiva de la desobediencia grave, de la malversación de caudales, de la usurpación de funciones y, por último, de la prevaricación dolosa continuada. Desde luego, el tipo delictivo que me parece más cómodo de sostener en el combate procesal que se avecina, no me cabe la menor duda que es la prevaricación. Que el señor Más y sus satélites saben que lo que están haciendo es ilegal ha sido expresado por el Consejo de Estado y, más importante aun, por el Tribunal Constitucional, custodio y máximo intérprete de la Constitución, un tanto declamatoriamente, como dice su Ley Orgánica.

Realmente, a nadie, pero a nadie, con un mínimo de formación universitaria, se le debería ocurrir que lo firme fallado y declarado sin ulteriores recursos pueda ser a continuación contradicho y gastarse los dineros públicos en llevar esa terquedad hasta sus últimas consecuencias. Quizá conviene recordar, siquiera sea muy someramente, las características del delito de prevaricación dolosa y continuada que, salvo mejor opinión de la Fiscalía del TSJ de Cataluña, ha tenido que imponerle la Junta de Fiscales del TS y el Fiscal General del Estado a la cabeza.

He advertido, quizás, una confusión soberana. Los fiscales no están para defender el Estado, no son los abogados del Estado; son los representantes de la Ley frente, incluso, contra el Estado si fuese menester, como ya expuse hace más de 30 años al explicar el principio de legalidad taxativa que debe regir un Derecho penal democrático y avanzado, como siempre he pretendido para mi país, esto es, el español. Como tales representantes de la Ley, se advierte cómo fácilmente puede hacerse. Que se hayan cometido infracciones penales está en el deber jurídico de actuar mediante el ejercicio de las actuaciones jurisdiccionales pertinentes, querella o denuncia. De lo contrario, los propios fiscales incurrirían en un delito de prevaricación omisiva, como es la no persecución del delito y de los delincuentes. Por eso me parece más inexplicable todavía la actitud de los fiscales del TSJ de Cataluña, mostrando su renuencia a formalizar las denuncias y querellas a que hay lugar, sobre todo por el delito de prevaricación dolosa continuada de autoridad o funcionario público.

Doblegado por la aplicación del Estatuto del Ministerio fiscal, no han tenido más remedio que presentar una querella confeccionada en la Fiscalía General del estado contra el señor Más y alguno de sus congéneres que, en manifiesto fraude de Ley, han hecho caso omiso a las resoluciones del Tribunal Constitucional; esto es, una burla, cuando no una mofa al Estado democrático y de Derecho, en virtud del cual el señor Más está cobrando un buen sueldo al frente de la Generalidad que seguro que no ha utilizado en financiar las cajas de cartón, la imprenta y los cientos de miles de euros que costó el simulacro.

Unos políticos medianamente serios no pueden estar de continuo recurriendo al fraude de Ley ni a las pendejadas, que dijeran mis colegas mexicanos, sino que deben respetar, sobre todo, la Ley y la Constitución. Y si su ilegalidad es consciente, como es el caso, se nos aparece con inusitado vigor el delito de prevaricación. El Tribunal Supremo, a través de su Sala de lo Penal, ha tenido varias resoluciones un tanto erráticas sobre dicho delito, especialmente en el caso de la prevaricación judicial, que también la hay.

Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 

 

 
 
 
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