Nuestra Constitución, tan injustamente denostada en estos momentos de crisis social, política y económica, estableció un modelo colegiado de órgano de gobierno de los jueces, de carácter mixto al determinar que de los 20 vocales, ocho fueran juristas de prestigio y doce entre jueces y magistrados.
Se trataba de conjugar la experiencia y los intereses de la carrera judicial con la visión que de la administración de justicia se tuviera desde otros ámbitos del derecho. Este modelo fue regulado por la L.O.P.J de 1985 y perfilado por el Tribunal Constitucional, que señaló respecto de los 12 jueces y magistrados que deberían ser elegidos por las Cortes Generales respetando las distintas sensibilidades de la carrera judicial.
Nuestros representantes parlamentarios y sus respectivos partidos políticos nunca respetaron aquella sentencia del Tribunal Constitucional y acabaron imponiendo un Consejo politizado vinculado a la representatividad parlamentaria de cada momento, y tras la reforma de 2013 que modifica la forma de elección de los vocales de aquel órgano, el carácter colegiado que el constituyente señaló ha quedado cercenado y sustituido por una institución presidencialista auxiliada por una Comisión Permanente de 5 vocales elegidos bajo la influencia de un Presidente cuyo nombre fue pactado por los hasta ahora dos grandes partidos políticos.
AJFV señaló hace un año, cuando fue elegido el actual CGPJ, los peligros que este sistema generaba y denunció el carácter presidencialista y el riesgo de ejercicio autoritario que entrañaba el modelo.
Un año después las denuncias se han hecho realidad y se ha podido constatar como el Presidente D. Carlos Lesmes, usando y abusando de las nuevas funciones del cargo creado a su imagen por el exministro de Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón , ejerce como un “dux” feudal auxiliado por su propia corte medieval con desprecio absoluto a la carrera judicial cuya independencia debe defender, ignorando en muchas ocasiones la opinión de los 15 vocales que no pertenecen a la Comisión Permanente, y sustituyendo el criterio colegiado del CGPJ por el propio ,interesado y sectario del Sr Presidente.
Sorprende que tras un año, el Consejo siga funcionado sin un Reglamento de Organización que se acomode a la nueva situación lo que está produciendo un ejercicio arbitrario de las funciones del Presidente y de la Comisión Permanente, hasta el punto de estar comprometida la necesaria renovación de la última y que las funciones de los vocales no liberados hayan quedado sin contenido.
A consecuencia de esa arbitrariedad se han tomado decisiones incomprensibles por la Comisión Permanente como el reciente “macroconcurso” de jueces y magistrados, en el que respecto de algunas de las plazas al ejercerse cierta discrecionalidad, la competencia era del Pleno. No se ha ocultado que tras esta decisión se buscaba sustituir a algún juez en la instrucción de alguna causa penal de notable trascendencia.
Arbitraria fue la decisión , también de la Comisión Permanente e inspirada por el Presidente , de no renovar el Seguro Colectivo de Responsabilidad Civil de la carrera judicial , ignorando la petición de 5 vocales para que fuera discutida en el Pleno y bajo argumentos manifiestamente falsos, discriminando así a los jueces frente a otros colectivos funcionariales que tiene un seguro similar.
No menos sorprendente es la total ausencia de diálogo de este Consejo, y sobre todo de su Presidente con las Asociaciones Judiciales, constitucional y legalmente representativas de la carrera judicial, en consonancia sin duda con ese carácter feudal y antidemocrático que rige la forma de actuar del Órgano de Gobierno y del Sr Lesmes , impidiendo que fluya la necesaria información hacia los jueces y magistrados, síntoma de la particular transparencia predicada por el Presidente al inicio de su mandato, constatándose un año después que dicha información también es cercenada a los quince vocales que no pertenecen a la Comisión Permanente.
Tampoco preocupa a este Consejo la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los jueces, cuya medición a dejado en manos del Ministerio de Justicia lo que no redundará en una mayor independencia del Poder Judicial. Nada se puede esperar en este sentido de quien como el actual Presidente del Consejo, ante los ataques recibidos por determinados jueces por su actuación en determinadas causas no sale en su defensa y amparo, incluso aunque lo solicite la mayoría de la Sala II del Tribunal Supremo, olvidándose de manera interesada de una de sus principales funciones, la defensa de la independencia judicial, única razón de ser constitucional de la existencia del Consejo.
No ha existido Consejo General en la historia de este órgano constitucional que tras un año desde su elección haya sido tan criticado y sobre todo haya mostrado tanta ineficacia.
Para el nuevo año que empieza el CGPJ tiene abierto varios frentes pendientes: la definitiva implantación de un sistema que defina los riesgos laborales en el ejercicio de la función judicial, mayor transparencia en los nombramientos de los cargos judiciales y del propio Consejo que alejen la sospecha del amiguismo como mérito en la elección , una actitud y compromiso más definido que exija del Gobierno de la Nación un incremento de la planta judicial así como reformas orgánicas que garanticen la independencia de los jueces y magistrados y reformas legales que agilicen los procedimientos judiciales, y por último dar una adecuada solución a la situación de las últimas promociones de jueces que se encuentran en expectativa de destino ejerciendo labores de mera sustitución y que atenta contra la dignidad de una función constitucional tan importante como la de Juez y cuya precariedad y provisionalidad es inaguantable en un estado de derecho.
Esperamos del CGPJ la implicación y liderazgo además de la transparencia y dialogo con las Asociaciones de Jueces que al inicio de su mandato hace un año manifestó públicamente , que reclame las inversiones que la justicia necesita , que requiera al Gobierno y al principal partido de la oposición un verdadero pacto por la
justicia con un plan de inversiones a cinco años, más allá de coyunturales reformas y con los recursos económicos adecuados a las necesidades.
Y por supuesto, como ya hemos repetido en numerosas ocasiones, que se elabore con el máximo consenso posible el modulo de dedicación o carga de trabajo del juez sobre la base, no de medias ponderadas y ecuaciones ininteligibles, sino del mínimo exigible que garantice no solo la conciliación de la vida familiar del juez sino lo que es más importante el ejercicio real y efectivo de la jurisdicción con unos mínimos de calidad y celeridad adecuados a la alta función que desempeñan los jueces y magistrados como integrantes del Poder Judicial, así como adecuar las necesidades de la Planta Judicial ,partiendo de la premisa que cualquier modernización tecnológica e informática que se afronte como aquellas necesarias reformas procesales ,si no se acompaña de una adecuada medición de la carga de trabajo del juez no logrará reducir el tiempo de respuesta a niveles aceptables...
Nada esperamos ya de este Consejo pero lo peor de todo es que quedan cuatro años más.