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28 de ENERO de 2015

La privacidad y la ciberseguridad: un matrimonio estable

LAWYERPRESS

Por Francisco Pérez Bes, Secretario General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE)

 

Francisco Pérez Bes, Secretario General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE)No cabe duda de que la generalización del uso de las TIC ha traído consigo una profunda transformación del mundo que conocíamos, que ha supuesto una auténtica revolución para la economía pero, muy especialmente, para las relaciones sociales.

Este nuevo escenario ha sido acertadamente definido por el Plan de Confianza en el Ámbito Digital 2013-2015, como “un ecosistema hiperconectado, centrado en la movilidad y en la utilización de todo tipo de dispositivos, disfrutando de la comunicación instantánea, geolocalizada y basada en un intercambio intensivo de información personal”.

Ahora bien, los hechos han demostrado que este nuevo mundo también trae consigo graves riesgos y amenazas, que cuando se trata de tecnologías de la comunicación afectan de manera destacable a la seguridad y privacidad de las personas, y, en particular, a su información personal.

Figuras tales como –entre otros- el Cloud Computing, las Smart Cities, los wearables, el behavioural profiling o el BigData, son tecnologías e industrias que aprovechan este ecosistema digital y que, de una manera u otra, dependen del uso y explotación de información relativa a las personas físicas: sus nombres, sus preferencias, sus gustos, sus costumbres, su localización física, sus interactuaciones con otras personas, etc.

Ahora bien, no es menos cierto que el crecimiento de estas nuevas tecnologías ha venido acompañado de un creciente desarrollo de la industria de la ciberseguridad, que se ha demostrado esencial para la protección de los derechos fundamentales de las personas (especialmente en lo relativo a su privacidad), sin los cuales, los actuales estados de derecho no pueden desarrollarse plenamente.

Es decir, el desarrollo sostenible de este nuevo paradigma jurídico y económico requiere el establecimiento de un clima de confianza que –con el compromiso de la ciudadanía, del sector público y, especialmente, el privado- permita realizar una gestión adecuada de los riesgos que comprometen a esta nueva sociedad, proporcionando la seguridad y la protección que la ciudadanía y las empresas necesitan.

Lograr un clima de confianza suficiente para permitir el necesario desarrollo social y económico requiere actuar sobre diferentes ámbitos, entre los que podemos destacar, a los efectos que ahora nos ocupan, la ciberseguridad, el respeto y la protección de la privacidad, el uso responsable y seguro de servicios y contenidos, la protección de los colectivos especialmente vulnerables, la resistencia y fortaleza de las infraestructuras tecnológicas de las que somos especialmente dependientes, la seguridad jurídica de las relaciones personales y económicas en dicho entorno, así como la protección del consumidor en Internet.

En lo que se refiere a la privacidad, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que la preocupación de los ciudadanos (y muy particularmente, de los internautas) y de las empresas, está en constante aumento desde hace ya varios años.

Así, ya el informe realizado en octubre de 2012 por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (antiguo INTECO, hoy Instituto Nacional de Ciberseguridad de España – INCIBE) sobre la “Protección de datos en las empresas españolas”, puso de manifiesto que el nivel de cumplimiento de las pequeñas y medianas empresas españolas de las obligaciones recogidas en la normativa de protección de datos escasamente superaba el 50%.

Este escenario, evidentemente, deberá volverse a analizar tras la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que introduce novedades importantes en esta materia, y que sin duda tendrán un importante impacto en lo concerniente al tratamiento de datos que afectan a ciudadanos y empresas.

Dicho esto, desde el año 2013 se ha experimentado un intenso impulso al desarrollo de la ciberseguridad en todos sus ámbitos, lo que ha provocado el nacimiento de una auténtica política (internacional, comunitaria y nacional) sobre esta materia. Así, figuras como la Agenda Digital Europea o las estrategias europeas de ciberseguridad han dado lugar a una Agenda Digital propia para España (ADpE), un Plan de Confianza Digital (PCD) o una Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ECS), gracias a las cuales España dispone de unas líneas de actuación claras a la hora de proceder en este ámbito.

La combinación de los planes de actuación recogidos en los documentos citados, junto con el escenario normativo actualmente en desarrollo, tratan de dotar a empresas y ciudadanos de mejores y más seguras herramientas de protección de la privacidad. Para lograr este objetivo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), a través de su Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), ha venido desarrollando una serie de herramientas y contenidos, cuyo uso se antoja fundamental a la hora de mejorar la privacidad en todos sus aspectos.

Entre los más recientes destacan la aplicación Conan Mobile, el plug-in para la lucha contra las redes de botnets, el evento anual Cybercamp o el kit de concienciación para empresas. Respecto a este último, sectores tan relevantes como el de la abogacía ha mostrado su compromiso con la privacidad, y difunde entre sus miembros, a través de su asociación ENATIC, el citado kit de concienciación adaptado a despachos de abogados y colegios profesionales, lo que esperamos sirva de ejemplo para que otros colectivos también lleven a cabo similares iniciativas de concienciación.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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