MARKETING

COMUNICACIÓN

INTERNET

FORMACIÓN

RRHH

PUBLISHING & EVENTS

Q-LAWYER

DIRECTORIO

Noticias de Despachos

Operaciones

Vida Colegial Comunidad Legal Sistema Judicial Internacional
Arbitraje Mediación TIC Abogados Jóvenes Entrevistas Colaboraciones/Opinión Reportajes Agenda BLOGS LP emprende

 
 
02 de FEBRERO de 2015

¿Todo ya no vale?, a propósito del auto de la AN sobre los amaños de partidos

LAWYERPRESS

Por Eva Cañizares Rivas, Abogada. Vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo y José Luis Pérez Triviño, Profesor titular de Filosofía del Derecho (UPF). Presidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte.

 

“Los amaños llevan existiendo desde siempre. El que diga lo contrario, miente”. Así lo reconoció la temporada pasada un jugador de Primera División. En similares términos, se han pronunciado altas autoridades del deporte español como la Directora General de Deportes, Ana Muñoz, quien asumía que el cáncer del amaño de partidos está más extendido de lo que quizá estamos dispuestos a aceptar. Y es que el fútbol es un deporte muy popular que otorga un estatus especial a quien invierte en él, convirtiéndolo en una celebridad, permitiéndole la compra de prestigio social y su introducción en ambientes sociales de élite, así como forjar vínculos para otros negocios legales y obtener lucrativos contratos de construcción, por ejemplo.

A pesar de todo, la nota paradójica reside en que, a pesar de la extensión de las creencias y sospechas de amaños, en España todavía no se ha condenado a nadie, más allá de que el conocido como caso Brugal mostrara un episodio de compra de partidos y de que en la actualidad el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia haya admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de la temporada 2010-11. En cualquier este es un balance ridículo sino esperpéntico respecto a la contundencia en la persecución llevada a cabo en otros países, como por ejemplo Italia donde varios equipos punteros han descendido de categoría, y varios jugadores y directivos han ingresado en prisión.

Pocos fraudes como éste concitan un acuerdo tan generalizado entre los estamentos del deporte en que se debe luchar contra él de la forma más contundente posible. Ahora bien, lo que ya no parece tan claro es que exista una voluntad real de persecución así como tampoco se sabe bien qué mecanismos jurídicos deben utilizarse en esa lucha. Respecto a este último punto, hay que señalar que se ha agravado la complejidad del delito cuando el amaño persiga adulterar y controlar las apuestas por internet, puesto que, en muchas ocasiones, organizaciones criminales sobornan a jugadores o equipos para dejarse ganar y así aprovecharse del desembolso económico de los incautos apostantes, confiados en la limpieza de la competición y del juego. Asimismo, la globalización de las comunicaciones telemáticas que permite internet hace posible que los servidores de estas casas de apuestas estén situadas a miles de kilómetros de distancia de donde tienen lugar los partidos o la inversión del aficionado. Este fenómeno dificulta la persecución de estas mafias al estar situadas muchas de ellas en países asiáticos.

En cualquier caso, en tanto que todavía no ha habido en España ningún pronunciamiento judicial en forma de sentencia sobre un eventual supuesto de amaño, está vivo el debate de cómo se encarará teóricamente la configuración jurídica de los hechos. En este sentido, el reciente Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 20 de Enero de 2015 que resuelve la querella presentada por el club de fútbol SAD Huesca por los presuntos acuerdos fraudulentos en el partido entre la SAD Racing de Santander y la SAD Hércules y otros dos encuentros, aporta algunas pistas de cómo podría abordarse tan peliaguda tarea, así como pone el dedo en la llaga de algunos problemas cuya regulación o sanción en la normativa actual es discutible.

Como es sabido, en 2010 se incorporó al Código Penal (artº 286 bis, párrafo 4) un nuevo supuesto de corrupción entre particulares, la corrupción en el deporte, con el ánimo de perseguir penalmente la lacra de los amaños. Dejando de lado las enrevesadas discusiones dogmático-penales que ha suscitado la caracterización del bien jurídico que protege tal delito, así como la propia idoneidad de su inclusión cuando el delito de estafa ya podría servir para los mismos propósitos, lo que este Auto esboza son tres escenarios distintos debido principalmente a la aparición de las apuestas deportivas  online que convierten en más complejo el fenómeno del amaño de partidos y exige distinguir varios supuestos más allá de la tradicional “compra de partidos” entre clubes.

Para este supuesto estaría pensado el mencionado precepto, en el que los agentes intervinientes solo pretenden alterar el resultado para obtener un beneficio deportivo (por ejemplo, salvarse del descenso de categoría). Y ello con independencia de que efectivamente se cause o no perjuicio con ello, ya que se trata de un delito de peligro.

Un segundo caso es aquel en el que la alteración del resultado deportivo generado a través del amaño puede afectar a las apuestas (siendo aquí el bien jurídico la libre competencia económica).

Para este supuesto, la Audiencia Nacional sugiere al legislador un agravamiento de la pena contemplada en el 286 bis 4. Y un tercer supuesto sería aquél en el que el objetivo final de los amaños es alterar el mercado de las apuestas, afectando a una pluralidad de personas (y a la libre competencia económica), siendo el propósito instrumental la predeterminación del resultado deportivo. En este caso, la propuesta de la Audiencia Nacional sería configurar los hechos aplicando un concurso de delitos entre la corrupción deportiva y la estafa.

De cualquier forma, lo que está claro es que son ya muchos los años que llevamos escuchando el “run-run” de maletines y, aunque, como ya hemos dicho, en España aún no se ha metido mano a este fraude, países de nuestro entorno sí que han sufrido vergonzantes procesos en los que se han demostrado estas prácticas corruptas, pues allí ha primado la voluntad política de atajar el problema más que las filigranas jurídicas en las que en ocasiones se enredan los dirigentes deportivos españoles.

Puede que, tal y como apunta el Auto examinado, las necesidades actuales obliguen a un marco normativo específico en materia de fraude en el deporte, y puede que, incluso, exija un modelo similar a lo dispuesto en las leyes anti dopaje, que destacan por su peculiar interpretación del principio de presunción de inocencia, un esquema disciplinario realmente estricto en el que prima la responsabilidad objetiva.

 Es decir, trasladado al fútbol en materia de amaños, si con respecto a un partido existiesen datos objetivos y fiables de que se han cometido una serie de irregularidades, ese encuentro debiera poder ser objeto de expediente y sanción. Si esto vale para el dopaje… ¿estaría justificado que también sirviese para esta otra lacra?

No obstante, sabiendo las importantes cuantías económicas que una empresa (y los clubes lo son) gana o pierde porque un balón entre en una portería, hay que ser conscientes de que va a ser muy difícil impedir que haya personas que intenten “intervenir” para que no sea sólo el azar y la habilidad los que determinen el ganador de un encuentro que puede suponer ingresar o perder muchos millones en la temporada siguiente.

Lo que está claro es que llevamos demasiados precedentes que han sido obviados, y parece que ahora tampoco se quiere profundizar mucho en ello, a pesar de las promesas del Presidente de la LFP de acabar con todo tipo de fraude en el fútbol y su máxima del “Todo YA no vale” y dada la inactividad de otros dirigentes de altos estamentos futbolísticos, en especial del perenne presidente de la RFEF y del representante del organismo estatal con capacidad de fiscalización que es el CSD.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

MARKETING

COMUNICACIÓN

INTERNET

FORMACIÓN

RRHH

PUBLISHING & EVENTS

DIRECTORIO

Nosotros  /  Nuestro Equipo  / Contacto 

copyright, 2015 - Strong Element, S.L.  -  Peña Sacra 18  -  E-28260 Galapagar - Madrid  -  Spain - 
Tel.: + 34 91 858 75 55  -  Fax: + 34 91 858 56 97
info@lawyerpress.com  -  www.lawyerpress.com - Aviso legal