El fútbol español amaneció esta semana abochornado después del
cruce de iniciativas entre
los Presidentes de la Federación Española y la Liga, volviéndose a faltar al
respeto en público, mostrando diferencias irreconciliables
que desvelan la ruptura de lazos entre las partes, salpicando, de paso,
la gestión del CSD y su presidente, Miguel Cardenal, al denunciar Villar ante la
FIFA y la UEFA el "desmesurado intervencionismo" de dicho organismo
público.
El vergonzoso espectáculo al que – última y tristemente – nos tienen
acostumbrados los dos máximos dirigentes, Tebas y Villar, esta semana ha
rebosado de rencor y animadversión, permitiéndose incluso Villar el lujo de
lanzar un órdago al amenazar con paralizar el fútbol si no se pliegan a sus
exigencias, avalado por la Junta Directiva de la RFEF, y amparándose en su cargo
de vicepresidente de UEFA y FIFA.
Estos episodios sirven para mostrar dos graves problemas del deporte
español.
El primero afecta a cómo algunos de estos dirigentes desempeñan sus tareas y
cometidos. El segundo tiene que ver con el diseño estructural de algunas
instituciones que componen aquél, en especial las Federaciones (en este caso, la
Federación Española de Fútbol) y la Liga de Fútbol Profesional.
Empecemos por el primer problema. Los acontecimientos de estos últimos días ha
permitido observar a los principales mandatarios de dichos organismos más
empeñados en proteger y mantener su propia parcela de poder que en trabajar por
mejorar la situación del fútbol en sus diversas manifestaciones.
Aunque el enfrentamiento entre CSD y RFEF parece radicar en el reproche de la
primera a que la segunda no justifica las subvenciones e impide auditar las
cuentas, lo cierto es que el enfrentamiento entre estos dos organismos ha
aumentado en paralelo al acercamiento entre el CSD y la LFP, dada la manifiesta
enemistad Villar-Tebas desde que éste denunciara a aquél por los presuntos
delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental en
la RFEF.
Villar hace y deshace a su antojo,
menosprecia a los medios de comunicación y desoye a los más altos representantes
deportivos, conocedor de su enorme poder, que proviene directamente de los
representantes de todos los estamentos del fútbol español.
Solo así se comprende la sensación de intocable con la que
actúa y esa posición de total impunidad a la hora de incumplir sentencias
(recordemos el caso de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas), cargar al presupuesto
de la Federación facturas de supuestos gastos de viaje por todo el mundo de sus
dirigentes y familiares, o negarse a recibir subvenciones y a cobrar el
porcentaje de la recaudación de las quinielas que anualmente le corresponde a
la federación que preside, que no puede más que traducirse en un intento de
eludir que a ésta – y a él como máximo responsable de la misma – se le aplique
la Ley de Transparencia, creada en 2013 para luchar contra la corrupción, ya
que, en el caso de que percibiese alguna ayuda pública por importe superior a
100.000€, estaría obligada a rendir cuentas y a publicar en la página web de la
RFEF toda la información económica de la misma, desde el sueldo del Presidente y
el de sus directivos hasta el último dato de los contratos que suscriba dicha
Federación.
Y es que, según informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, la RFEF ha
cometido graves irregularidades en la justificación dada al destino de
subvenciones oficiales recibidas durante varios años que, así como coincide que
son los de mayor gloria económica de la Federación, también están salpicados de
investigaciones e imputaciones por la presumible falta de ética de su
Presidente.
Según dicho Tribunal, la documentación presentada para justificar los gastos
relativos a subvenciones a clubes consistiría únicamente en la remisión de
talones bancarios a las federaciones territoriales, lo cual no acreditaría ni la
entrega de la subvención efectiva ni la correcta aplicación de los fondos al no
constar ni el correspondiente recibí de los clubes, ni en las Actas de las
Asambleas de esos años se hace referencia a subvención alguna.
Estas son las consecuencias de la falta de
transparencia de las cuentas de los clubes y es que, a la hora de solicitar
datos a organismos deportivos y clubes de fútbol la Administración se encuentra
con esa falta de transparencia en las cuentas y muy poca disponibilidad de
aquéllos para facilitar dicha información económica y publicar sus números, así
como aclarar la deuda pública que mantienen con la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social y las subvenciones o contratos que firman con la
Administración.
No obstante, el problema se agrava cuando, por parte de la
Administración, también se contribuye a esa falta de transparencia al publicar
la deuda del fútbol, pues el Consejo Superior de Deportes solo aporta la
cantidad total de deuda pública, sin desglosar la deuda de cada equipo, y tanto
la Agencia Tributaria como la Tesorería General de la Seguridad Social ofrecen
siempre también una respuesta negativa amparándose en que dichos datos no son de
acceso público debido a leyes de protección de datos.
En pocas palabras, las cuentas de la deuda y del dinero
público del fútbol siguen sin estar claras por la falta de transparencia tanto
por parte de los clubes como de la propia Administración.
El segundo de los problemas a los que aludíamos al principio radica en la
estructura híbrida de algunos organismos que componen el deporte español. Y ello
en el sentido de que: 1) Por un lado, tanto RFEF como LFP son asociaciones de
carácter privado, persiguen intereses privados por más que su objeto no sea de
carácter mercantil, sino deportivo.
Pero, aunque son entidades sin ánimo de lucro, de facto actúan con una
amplia vocación mercantil, de forma que obtienen ingentes recursos económicos de
la venta de derechos de imagen, de televisión, de publicidad, etc. Es decir,
además de estar subvencionados con dinero público, reciben ingresos adicionales
de su gestión marcadamente privada, ingresos cuyos beneficios no pueden
repartirse como dividendos entre los asociados sino que deben destinarse siempre
a satisfacer intereses de la propia federación.
Por esta razón, no es de extrañar que sus dirigentes quieran mantener a toda
costa la cuota de poder (social, político, pero también económico) que otorga
presidir tales instituciones. Y 2) Por otro lado, aunque son entes privados,
también realizan funciones públicas por delegación de la Administración, hecho
éste que, unido a las subvenciones que perciben del Estado, conlleva a que tanto
su gestión de intereses públicos como sus presupuestos y estructuras orgánicas y
funcionales sean fiscalizados por el CSD como máximo ente competente en materia
de deporte.
Y éste es el intervencionismo del que se queja Villar. Sin embargo,
estas funciones del CSD en absoluto parecen cuestionables dado que, como hemos
dicho, las federaciones se nutren de aportaciones de dinero de todos. Es más,
nos podríamos preguntar si el grado de intervencionismo no debería ser incluso
mayor dado el nivel de poder cuasi omnímodo que han adquirido algunos de esos
dirigentes, como el presidente de la RFEF, que recordemos lleva más de 25 años
en el cargo.
En definitiva, todo ello evidencia que la de esta semana no es más
que otra batalla de la guerra abierta entre estos ultras de guante blanco en una
muestra de vanidad por ver quién acapara mayor cuota de poder. Lo triste es que
toda esta reprochable dialéctica entre ambos dirigentes no parece perseguir la
mejora de la competición, sino imponer cada uno su propia ley, la ley de sus
respectivos cortijos. |