DENAE
celebró
el
pasado
día
16
de
febrero
un
Foro,
en
la
sede
del
CGAE,
con
objeto
de
debatir
el
contenido
del
Proyecto
de
Real
Decreto
propuesto
por
el
Gobierno
para
la
regulación
de
la
financiación
anticipada
de
obras
europeas.
Esta
es
la
norma
que
desarrollará
la
obligación
de
inversión
del
5%
de
los
ingresos
por
los
operadores
de
comunicación
audiovisual
en
obras
audiovisuales
europeas.
Esta
norma
regulará
la
obligación
que
tienen
los
prestadores
de
servicios
de
comunicación
audiovisual
de
contribuir
anualmente
a la
financiación
anticipada
de
la
producción
europea
de
películas
y
series
de
televisión.
El
interesante
debate
que
se
suscitó
fue
moderado
por
Andy
Ramos,
abogado
de
Bardají
&
Honrado
y
miembro
de
la
Junta
de
DENAE
-
contó
con
los
siguientes
ponentes:
José
María
Méndez,
socio
de
Baker
&
McKenzie;
Paula
Eliz,
abogada
de
Telefónica;
y
Mabel
Klimt,
vice-secretaria
general
de
FAPAE
Paula
Eliz,
desde
la
perspectiva
del
sujeto
obligado
a
invertir,
criticó
la
falta
de
definición
de
algunos
aspectos
del
Real
Decreto
y la
falta
de
cumplimiento
de
uno
de
los
propósitos
de
esta
norma
que
es
otorgar
seguridad
jurídica
en
el
cumplimiento
de
esta
obligación
de
inversión.
Por
su
parte,
José
María
Méndez
y
Mabel
Klimt
coincidieron
en
que
esta
norma
no
ha
ayudado
especialmente
a
proteger
la
diversidad
cultural
y
lingüística,
que
es
su
propósito,
sino
a la
producción
de
grandes
películas
al
abrigo
de
las
filiales
productoras
de
las
grandes
cadenas
de
televisión.
Mabel
Klimt
añadió
que,
en
cualquier
caso,
el
Real
Decreto
da
un
gran
paso
en
cuanto
al
acceso
a la
documentación
e
información
del
cumplimiento
de
la
obligación.
José
María
Mendez
apuntó,
por
su
parte,
la
difícil
situación
de
cumplimiento
por
parte
de
los
canales
temáticos,
que
encuentran
poco
hueco
para
recuperar
su
inversión
ya
que
cuando
invierten
lo
habitual
es
que
las
ventanas
de
televisión
de
pago
y en
abierto
ya
estén
adjudicadas.
Finalmente,
Paula
Eliz
señaló
que
las
adquisiciones
de
participaciones
en
AIEs
deberían
computar
como
aportación
financiera
a la
producción,
supuesto
que
no
contempla
expresamente
el
proyecto
de
Real
Decreto.
Todos
los
ponentes
manifestaron
sus
deseos
de
que
la
aprobación
de
este
Real
Decreto
traiga
consigo
seguridad
jurídica,
transparencia
y un
organismo
regulador
pegado
a la
industria.
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