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05 de MARZO de 2015

José Manuel Serrano, presidente del despacho José Manuel Serrano, Alberca & Conde:
“La Administración no cumple las sentencias firmes que condenan al Estado al pago de los justiprecios de las expropiaciones”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Treinta años lleva funcionando José Manuel Serrano, Alberca & Conde como despacho especializado en derecho administrativo, urbanismo y expropiaciones, tres especialidades que les ha creado un nombre y prestigio en los últimos años aunque también trabajan otras disciplinas del derecho a nivel fiscal o mercantil. Su socio director, que da nombre al despacho, el propio José Manuel Serrano, fue  letrado de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en las Cortes Generales y es Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, un profundo conocedor de cómo litigar con la Administración y saber batallar las expropiaciones que han surgido en los últimos años , como consecuencia de la ejecución de obras públicas: aeropuertos, radiales y otras dotaciones. “En diversos foros he denunciado la inseguridad jurídica en la que vivimos. Porque la Administración no cumple las sentencias firmes que condenan al Estado al pago de los justiprecios de las expropiaciones. El Ministerio de Fomento ha dado instrucciones a los Abogados del Estado para que se opongan a todo y lo recurran todo, con el fin de no pagar,” comenta a este periodista.  Su bufete asesora ANDEX a nivel legal, asociación creada para defender los derechos de los ciudadanos expropiados por unas u otras circunstancias. Desde su punto de vista es la expropiación urgente donde la Administración no cumple ni paga lo que debiera a los expropiados: “Todos los males del impago de las expropiaciones provienen, en nuestro país de que la llamada “expropiación urgente”. Se trata de una expropiación que es excepcional, de acuerdo con lo que dice la ley, pero se ha utilizado como procedimiento natural y normal, con lo cual, una vez que la Administración ocupa el suelo, el pago le preocupa poco y lo alarga lo más posible”, subraya.

 

Sr. Serrano, ¿cuál es la clave para que una reclamación ante la administración tenga éxito?

Como todo en la vida, lo primero, es tener conocimiento de lo que se pide y, segundo, saber cuáles son los procedimientos para solicitarlo. Los cauces de las reclamaciones ante la Administración por los particulares son muy variados y se debe estudiar a fondo cómo conviene plantear la reclamación, ante quién y por qué procedimiento.

Es sabido que la Administración tarda mucho en contestar a las reclamaciones, y que el silencio administrativo ha pasado a convertirse, en muchos casos, en un sistema de contestación. Por esta razón, también conviene instar a la Administración a que respondan en sentido positivo o negativo y no perder de vista la reclamación efectuada.

Nuestro despacho es una boutique jurídica que se ocupa de asuntos relacionados con las expropiaciones, porque ha habido recientemente unos años en los que la Administración ha llevado a cabo una actividad expropiatoria importante, como consecuencia de la ejecución de obras públicas: aeropuertos, radiales y otras dotaciones.

No obstante, el despacho posee una vocación mucho más amplia, y se ha dedicado siempre a temas urbanísticos, aunque no es el único campo que manejamos. Todo el planeamiento urbanístico de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Algete, fue gestionado y desarrollado de una manera eficaz y con gran éxito para todas las Administraciones Públicas y los propietarios de los terrenos. Hoy se puede observar que Alcobendas y San Sebastián de los Reyes son dos pueblos modélicos, desde el punto de vista urbanístico.

Litigar con la administración, no es fácil ni barato. ¿Han notado ustedes la disminución de asuntos por las tasas judiciales?

No hay duda de que las tasas judiciales, que ahora desaparecen en parte, producen un impacto en la reclamación, tanto desde el punto de vista civil, como en las reclamaciones contra la Administración. En realidad, el mayor efecto que se ha producido en la disminución de asuntos ha sido debido, más que a las tasas judiciales, a la crisis económica, puesto que la Administración ha paralizado en gran medida su actuación y, en consecuencia, hay menos asuntos contra los que se puede reclamar.

¿Por qué genera  tanta polémica el asunto de las expropiaciones de autopistas?

El tema de las expropiaciones de autopistas ha sido un desastre de principio a fin. En un primer momento, la Administración que actuaba en el año 2001, se puso de acuerdo con las constructoras que necesitaban obras para la realización de una serie de autopistas innecesarias. Cometieron varios errores, en primer lugar, el de la valoración del suelo a un precio ínfimo y, en segundo lugar, el del coste de las autopistas sin calcular el tráfico que iban a soportar, aparte de ser construidas en paralelo con carreteras nacionales que no tenían peaje y que, por tanto, hacían la competencia a las autopistas.

Una vez planteado el problema, resultó primero que las expropiaciones se incrementaron en su valor de una manera razonable por los Tribunales de Justicia, incluso por el Tribunal Supremo, y en segundo, porque los costes de construcción fueron elevadísimos y hubo que solicitar créditos a los Bancos para poder llevarlos a cabo. Estos dos errores de base son los que producen, más que polémica, un coste de gestión. La Administración Pública se niega a pagar las sentencias firmes del suelo expropiado y no hay manera de exigir su cobro, pues aquí, existe un grave defecto de nuestra legislación a favor de la Administración.

Por otra parte, la Administración quiere la rebaja de los costes, cosa que los Bancos no permiten porque son condiciones pactadas en su momento.

 

¿Qué papel juega ANDEX, asociación de la que su bufete es asesor legal?

La Asociación ANDEX es un instrumento creado por el despacho para la defensa del expropiado porque, como venimos diciendo, la Administración utiliza de manera regular la expropiación urgente, con lo que el propietario se encuentra con que la Administración le puede despojar de su terreno sin pagarle. Para lo cual, el despacho sigue puntualmente todas las actuaciones necesarias para la defensa de los derechos de los expropiados, hasta conseguir el cobro de la cantidad debida. Ésta es la razón fundamental de esta Asociación de Defensa del Expropiado.

Usted denunció recientemente la inseguridad jurídica que se crea  en relación con el incumplimiento de las Sentencias firmes que condenan al Estado al pago de los justiprecios de las expropiaciones de las autopistas en quiebra…

Efectivamente, he denunciado recientemente la inseguridad jurídica en la que vivimos. Porque la Administración no cumple las sentencias firmes que condenan al Estado al pago de los justiprecios de las expropiaciones. El Ministerio de Fomento ha dado instrucciones a los Abogados del Estado para que se opongan a todo y lo recurran todo, con el fin de no pagar. Se recurren sentencias sin cuantía, se recurren los autos, en fin, se trata de alargar el proceso de pago hasta el infinito porque, como es sabido, a la Administración no se la puede embargar o se podrían embargar algunos bienes de difícil localización. La Administración no cumple la ley, no paga, no prepara el pago con los créditos correspondientes y “da largas” con absurdas declaraciones, pues no tienen intención alguna de hacer efectivo el pago.

No son las concesionarias las que tienen que pagar cuando están en quiebra o suspensión de pagos, es el Estado, que es el propietario del bien expropiado, el que tiene que pagar a los expropiados, pero la Administración se ha buscado una serie de subterfugios para no pagar.

¿Hay algún país de nuestro entorno que haga correctamente las llamadas expropiaciones de las que estamos hablando?

Todos los males del impago de las expropiaciones provienen, en nuestro país de que la llamada “expropiación urgente”. Se trata de una expropiación que es excepcional, de acuerdo con lo que dice la ley, pero se ha utilizado como procedimiento natural y normal, con lo cual, una vez que la Administración ocupa el suelo, el pago le preocupa poco y lo alarga lo más posible.

Este sistema de expropiación urgente, no sucede de una manera tan manifiestamente arbitraria como en España, en otros países de Europa. En España la Administración piensa que el suelo a expropiar es un bien público, por el que se debe pagar lo menos posible y, si puede no pagar, mejor. Este criterio es malsano e irreal, porque si se emplearan, como en otros sistemas jurídicos de nuestro entorno, criterios más razonables, tanto para la valoración como para el pago, se evitaría mucho papeleo y se daría una solución más justa a la cuestión expropiatoria.

Se ha hablado mucho de la corrupción y de estar ligada al ámbito del urbanismo y municipal. ¿Su receta para combatir esta lacra?

El problema del urbanismo en España ha sido que, hasta hace relativamente poco tiempo, no se aplicaban en realidad las leyes del suelo.

En los años del boom inmobiliario, los Ayuntamientos e incluso las Comunidades Autónomas, calificaron innecesariamente mucho suelo, que más tarde se ha comprobado que era excesivo e innecesario, y de ahí han provenido, en muchas ocasiones, actuaciones corruptas. En el momento actual, la fuerza de los hechos hace desaparecer la relación entre calificación y corrupción.

¿Qué valor añadido aporta a sus clientes una firma de sus características?  ¿Es necesario inculcar al cliente el concepto de abogacía preventiva?

Nuestro despacho está especializado en muchos asuntos, como  el Derecho Urbanístico, el desarrollo del planeamiento y, junto a ello, todos los sistemas de actuación utilizados por la Administración, entre los cuales se encuentra la expropiación. Por otra parte, llevamos también asuntos de tipo fiscal, defendemos a nuestros clientes de los ataques y “avaricia” de la Administración Tributaria, procurando, además, dar una información fiel a los clientes de lo que tienen que pagar a Hacienda evitando subterfugios que puedan ser, a la larga, más perjudiciales que beneficiosos. Somos también abogados de temas mercantiles, societarios, civiles, penales, mercantiles, etc.

Además, todas las reclamaciones de nuestros clientes se estudian de manera detenida por cada uno de los abogados del despacho, que están muy especializados y formados también en los principios básicos del Derecho.

Es un despacho a la medida de los asuntos que lleva y su relación con el cliente hace que éste sepa, de principio a fin, cómo va su asunto. Sí es recomendable que el cliente esté preparado para el futuro. Por ello, entiendo que la abogacía preventiva es un instrumento útil para que el cliente conozca en estas situaciones cambiantes, cuáles son sus problemas.

Sin embargo, debe de tratarse con esmero el planteamiento que se ofrece de problemas jurídicos y judiciales al cliente, hasta que no llegue realmente el momento oportuno, pues pasarse de prevención, crea una sensación de inseguridad cuando no se materializa el problema que se trata.

Ustedes han logrado la certificación internacional UNE-EN ISO 9001  ¿ qué ha supuesto para la firma esta distinción?

Para nosotros es muy importante esta distinción de la UNE-EN ISO 9001, porque significa que ofrecemos una manera de actuar permanente y exitosa reconocida por esta Organización Internacional.

Su despacho es uno de los patronos de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que tuvo su acto inaugural el 10 de marzo de 2014. ¿Qué le reporta esta labor de patrocinio?

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación es una institución básica para el Derecho en España. Por esta razón, el despacho ha considerado oportuno participar en su Fundación. Nos reporta actuaciones jurídicas que vamos a desarrollar en la Academia, como un diccionario jurídico y otras muchas, y el estar en contacto con el Derecho vivo que los grandes juristas, que pertenecen a esta Real Academia, siempre proporcionan.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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