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Cambiar
los
criterios
de
selección
para
los
puestos
claves
de
la
administración
de
justicia.
Esa
es
una
idea
que
Rafael
Catalá
tiene
en
la
cabeza
y
que
por
el
escaso
periodo
de
tiempo
que
queda
en
nuestra
legislatura,
le
será
complicado
poner
en
marcha.
A
pregunta
de
un
compañero
en
el
encuentro
organizado
entre
ACIJUR
y
Thomson
Reuters
-Aranzadi,
el
titular
de
Justicia
dejó
claro
que
no
deben
ser
criterios
de
antigüedad
los
que
sitúen
a
los
juristas
en
los
mejores
puestos,
sino
su
experiencia
y
cualificación.
“Los
mejores
deberían
acaparar
los
puestos
más
cualificados”,
comento
a un
nutrido
grupo
de
periodistas
ante
el
cambio
en
el
juzgado
de
instrucción
número
cinco
del
magistrado
Pablo
Ruz
por
José
de
la
Mata.
También
aprovechó
para
explicar
los
cambios
de
sus
principales
reformas
a
nivel
de
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil,
LOPJ
y
LECrim
que
dentro
de
ocho
días
volverá
al
Consejo
de
Ministros.
Catalá,
un
hombre
tranquilo
que
no
pretende
nunca
abrir
un
telediario
con
sus
declaraciones,
respondió
una
a
una
las
cuestiones
que
les
fuimos
formulando
los
informadores.
La
permuta
de
José
de
la
Mata
por
el
magistrado
Ruz
en
el
juzgado
de
instrucción
número
cinco
de
la
Audiencia
Nacional
está
a
punto
de
realizarse.
Un
cambio
que
ha
generado
polémica
y
que
muchos
indican
que
podría
retrasar
algunos
de
los
asuntos
que
lleva
este
magistrado,
entre
ellos
el
caso
Gurtel.
En
esta
ocasión,
como
en
otros
cambios
ha
primado
el
criterio
de
antigüedad
del
magistrado
por
encima
de
su
cualificación
profesional.
“ El
cambio
de
la
LOPJ
va
en
ese
sentido,
tener
mejores
profesionales,
más
preparados
y
que
sea
en
base
a su
experiencia
el
criterio
de
promoción”,
apuntó.
Catalá,
en
su
primer
contacto
directo
con
los
periodistas
de
ACIJUR,
explico
las
reformas
que
pondrá
en
marcha
tanto
a
nivel
de
LEcrim,
LOPJ
y
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil.
Nuestros
lectores
ya
conocen
esos
cambios
de
los
que
les
hemos
venido
informando
en
los
últimos
días.
http://goo.gl/iyoHoR
. Si
apuntar
que
estas
modificaciones
obedecen
a la
concepción
que
tiene
el
Ministro
de
la
justicia
como
un
servicio
público,
a la
vez
de
un
elemento
competitivo
para
nuestra
economía
y
como
un
pilar
del
Estado
de
Derecho.
Y es
que
para
el
actual
titular
de
Justicia
las
reformas
que
emprende
tienen
el
mismo
talante
que
la
actuación
del
Gobierno
en
otras
esferas
de
nuestra
sociedad.
Desde
su
punto
de
vista
la
mera
imputación
por
un
delito
no
debe
ser
elemento
que
obliga
a un
político
a
dejar
su
cargo.
A
este
respecto
recordó
que
"La
mera
imputación
no
debería
significar
la
exclusión
de
responsabilidades
públicas,
porque
hay
imputaciones
que
se
archivan
y,
por
tanto,
deberíamos
hacer
una
reflexión
sobre
las
consecuencias
profesionales
y
personales
que
llevan
consigo",
ha
precisado.
Catalá
ha
recordado
que
su
ministerio
promoverá
una
modificación
del
uso
del
término,
que
pasaría
a
definirse
como
"investigado
El
titular
de
Justicia
quiso
resaltar
la
importancia
de
introducir
mecanismos
que
dinamicen
los
juzgados
y
tribunales,
hasta
el
punto
de
acercar
la
Administración
de
Justicia
a
mayores
niveles
de
calidad,
con
el
ánimo
de
reforzar
el
proceso
de
revitalización
económica
que
“la
agenda
de
reformas
estructurales
del
Gobierno
está
promoviendo”.
En
ese
sentido
pese
al
escepticismo
generado
por
su
anuncio
el
pasado
viernes
de
un
cambio
en
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil
que
permitirá
que
los
actos
de
comunicación
entre
profesionales
y
órganos
judiciales
sean
online,
recordó
su
viabilidad
dejando
claro
que
en
la
próxima
Conferencia
Sectorial
del
Ministerio
con
las
CCAA
se
abordaría
este
tema
para
establecer
un
calendario
de
hitos
asumibles.
Respecto
al
Registro
Civil
indicó
que
los
plazos
se
estaban
cumpliendo
y
que
esperaba
que
el
próximo
15
de
julio
estuviera
ya
operativo
a
nivel
online.
Más
problemas
va a
generar
el
Código
Mercantil
del
que
no
se
conoce
cuál
será
su
futuro
real
en
este
final
de
legislatura.
Cuando
le
preguntaron
por
la
Justicia
Gratuita
recordó
que
los
baremos
del
Ministerio
son
más
bajos
que
los
otros
de
otras
CCAA.
“Hablar
de
Justicia
Gratuita
es
hacerlo
de
una
competencia
que
está
transferida
a
las
autonomías
por
lo
que
son
ellas
las
que
tienen
que
resolver
el
problema.
Una
cuestión
que
preocupa
en
Madrid,
Andalucía
y
Levante
por
falta
de
pago
especialmente
a
los
abogados
del
turno
de
oficio,
apuntó
Lecrim,
en
ocho
días
al
Consejo
de
Ministros
En
cuanto
a la
reforma
de
la
actual
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal,
que
el
titular
de
Justicia
espera
llevar
próximamente
al
Consejo
de
Ministros,
Catalá
recordó
que
se
busca
el
equilibrio
entre
la
eficacia
de
la
investigación
y
las
garantías
constitucionales
de
los
ciudadanos.
Para
ello,
ha
recordado,
será
necesaria
autorización
judicial
para
poder
registrar
o
intervenir
las
comunicaciones
de
cualquier
clase.
La
norma,
según
indicó
el
ministro,
promoverá
una
agilización
muy
importante
de
la
justicia
penal
de
manera
que
se
modifican
las
reglas
de
conexidad
para
evitar
el
automatismo
que
se
produce
actualmente
con
la
acumulación
de
causas
en
lo
que
se
conoce
como
macroprocesos.
La
regla
será
que
cada
delito
dará
lugar
a la
formación
de
una
única
causa.
Rafael
Catalá
subrayó
que
la
nueva
ley
apostará
por
plazos
realistas
para
la
instrucción
de
los
procedimientos,
de
manera
que
los
asuntos
sencillos
tendrán
un
plazo
de
seis
meses,
mientras
que
la
instrucción
de
los
complejos
será
de
18
meses
prorrogables
hasta
otro
plazo
máximo
similar,
pese
a
que
muchas
juristas
ven
inviable
estas
modificaciones.
Además,
el
ministro
indicó
que
los
atestados
policiales
sin
autor
conocido
no
supondrán
la
apertura
de
diligencias
en
los
Juzgados,
sino
que,
para
garantizar
un
adecuado
control
judicial,
serán
conservados
por
la
Policía
Judicial
a
disposición
de
jueces
y
fiscales. |
