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El
Pleno
del
Congreso
de
los
Diputados
dio
luz
verde
este
jueves
de
forma
definitiva
la
reforma
del
Código
Penal
con
el
único
apoyo
expreso
del
PP y
la
oposición
de
todos
los
demás
grupos
parlamentarios,
que
lo
consideran
regresivo
por
el
aumento
"generalizado"
de
las
penas
y la
introducción
de
la
prisión
permanente
revisable,
que
consideran
en
la
práctica
la
reinstauración
de
la
cadena
perpetua.
El
ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
que
tuvo
oportunidad
reunirse
en
un
momento
de
descanso
con
colectivos
de
afectados
por
esta
reforma,
señaló
que
con
este
cambio
normativo
hay
"un
mejor
instrumento"
para
defender
los
derechos
y
las
libertades
de
los
ciudadanos,
ya
que
el
Código
Penal
se
adecua
a
las
nuevas
formas
delictivas
para
proteger
mejor
a
quienes
más
lo
necesitan.
Es,
por
tanto,
un
"buen
día
para
nuestro
Estado
de
Derecho
y
nuestra
democracia".
Frente
a
este
comentario,
la
oposición
en
pleno
señaló
la
regresión
de
la
reforma
hacia
tiempos
pasados.
Debate
intenso
en
la
Cámara
Baja
donde
Gobierno
y
Oposición
dejaron
claro
cuáles
son
sus
posiciones
en
materia
penal.
Dos
puntos
de
vista
tan
diferentes
como
el
dia
y la
noche.
Frente
al
discurso
triunfalista
de
Catalá,
diputados
como
Rosa
Aguilar
del
PSOE
denunciaba
que
con
la
reforma
"la
derecha
ha
enterrado
el
Código
Penal
de
la
democracia"
aprobado
en
1995,
que
contó
con
amplio
consenso
dentro
y
fuera
del
Parlamento
y
que
no
solo
acabó
con
la
legislación
penal
del
franquismo,
sino
que
introdujo
criterios
y
parámetros
modernos
sobre
la
función
de
la
pena.
Para
la
portavoz
de
justicia
socialista
en
el
Congreso,
esta
ley,
aseguró,
no
solo
no
ha
sido
consensuada
sino
que
cuenta
con
una
mayoritaria
y
pública
oposición
política,
social
y
jurídica,
pero
los
dirigentes
del
PP
"no
escuchan,
no
oyen,
solo
imponen",
lo
cual
es
ya
una
"seña
de
identidad"
del
Gobierno.
Montserrat
Surroca,
en
nombre
de
CiU,
confirmó
también
el
voto
en
contra
de
su
grupo
porque
"no
compartimos
los
principios
en
los
que
se
sustenta"
y el
trámite
en
el
Senado
solo
ha
reafirmado
el
planteamiento
inicial
en
el
sentido
de
que
la
reforma
es
una
"clara
involución"
de
la
legislación
penal,
que
no
se
corresponde
con
una
sociedad
moderna.
Entra
en
contradicción
con
la
Constitución,
aseguró,
ya
que
la
prisión
permanente
revisable
se
convierte
en
cadena
perpetua
al
no
señalar
límite
máximo
ni
plazos
para
la
revisión.
En
nombre
del
Grupo
de
IU,
ICV-EUiA,
Cha:
La
Izquierda
Plural,
Gaspar
Llamazares
denunció
el
"retroceso
sin
precedentes"
en
la
democracia
con
el
"trípode
autoritario"
que
forman
esta
reforma,
la
ley
antiterrorista
y la
de
Seguridad
Ciudadana,
a la
que
se
refirió
como
"ley
mordaza".
Desde
UPyD"
,
Carlos
Martínez
Gorriarán
subrayó
también
que
su
grupo
"sigue
sin
poder
apoyar"
la
reforma
porque
pese
a
los
"pequeños
retoques"
del
Senado
se
mantienen
los
problemas
de
fondo
y es
una
ley
"caótica,
técnicamente
mala",
que
genera
una
situación
"imposible"
para
jueces,
fiscales,
abogados
y
demás
profesionales,
y
que
deja
a
los
ciudadanos
"más
resprotegidos
que
antes".
Por
el
PNV,
Emilio
Olabarria
anunció
su
voto
en
contra
de
todas
las
enmiendas
del
Senado
por
la
"excentricidad
y la
extravagancia"
del
trámite
y
del
contenido.
Sugirió
incluso
que
podría
ser
objeto
de
un
recurso
al
Tribunal
Constitucional
solo
por
"perversión
del
procedimiento".
Denunció
además
la
"brutal
expansión
y
endurecimiento"
del
sistema
de
penas.
Dentro
del
Grupo
Mixto,
Joan
Tardà,
de
ERC,
cargó
contra
el
"populismo
punitivo"
del
PP y
el
"retroceso"
en
derechos
y
libertades
hasta
poner
"en
jaque"
algunos
fundamentales.
Lamentó
la
oportunidad
perdida
para
despenalizar,
por
ejemplo,
las
injurias
a la
Corona,
el
derecho
a
una
muerte
digna
y
sin
dolor
o
castigar
la
muerte
de
animales
en
espectáculos
públicos,
en
una
reforma
"autoritaria,
clasista
y
tramposa"
que
forma
parte
del
"tridente"
con
el
que
el
Gobierno
pretende
"acogotar
todavía
más
a
los
ciudadanos
y
debilitar
el
Estado
social
y de
Derecho".
Onintza
Enbeita,
de
Amaiur,
recordó
que
la
calidad
democrática
se
mide
entre
otras
cosas
por
el
contenido
de
su
legislación
penal,
y el
Estado
español
"ha
dilapidado
su
escasa
calidad
democrática"
con
las
sucesivas
reformas
de
esta
ley.
También
Olaia
Fernández
Davila,
del
BNG,
acusó
al
Gobierno
de
hacer
"oídos
sordos"
a
las
críticas
desde
todos
los
ámbitos
y de
pretender
impartir
justicia
desde
el
"populismo".
Catalá
con
afectados
de
la
reforma
penal
Antes
del
debate,
el
ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
mantuvo
un
encuentro
en
el
Congreso
de
los
Diputados
con
diferentes
colectivos
afectados
por
la
reforma
del
Código
Penal
a
los
que
les
ha
explicó
los
cambios
introducidos
en
la
nueva
norma
que
finalmente
fue
aprobada
A la
reunión
con
el
ministro
asistieron
familiares
de
víctimas,
Antonio
del
Castillo
(padre
de
Marta
del
Castillo),
Mª
del
Mar
Bermúdez
(madre
de
Sandra
Palo)
y
Juan
José
Cortés
(padre
de
Mari
Luz
Cortés);
la
presidenta
de
la
Fundación
de
Víctimas
del
Terrorismo,
María
del
Mar
Blanco;
el
presidente
de
la
Asociación
de
Cuerpos
y
Fuerzas
de
Seguridad
del
Estado
víctimas
del
Terrorismo,
Francisco
Zaragoza
Lluch;
el
presidente
de
la
Federación
de
Asociaciones
Autonómicas
de
Víctimas
del
Terrorismo,
Joaquín
Vidal;
el
vicepresidente
de
la
Asociación
de
Ayuda
a
las
Víctimas
del
11M,
Eloy
Morán
de
la
Fuente
También
formaron
parte
de
esta
reunión
de
trabajo
el
presidente
del
Comité
Español
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
(CERMI),
Luis
Cayo;
el
director
general
de
la
Asociación
Española
de
Codificación
Comercial
(AECOC),
José
María
Bonmatí,
el
director
general
de
la
Asociación
Española
de
Distribuidores
de
Autoservicios
y
Supermercados
(ASEDAS),
Ignacio
García-Magarzo;
el
presidente
de
la
Coalición
de
Creadores
e
Industrias
de
Contenidos,
Antonio
Guisasola;
la
Directora
General
de
Apoyo
a
Victimas
del
Terrorismo,
Sonia
Ramos
y la
delegada
del
Gobierno
para
la
Violencia
de
Género,
Blanca
Hernández
Oliver.
Ante
todos
ellos
Rafael
Catalá
defendió
la
prisión
permanente
revisable
cuyo
objetivo,
ha
insistido,
es
que
la
salida
de
la
cárcel
se
produzca
cuando
esté
garantizada
la
reinserción
del
preso
en
la
sociedad.
El
titular
de
Justicia
ha
destacado
también
la
consideración
especial
de
las
personas
con
discapacidad
como
posibles
víctimas
de
hechos
delictivos
y la
revisión
que
hace
la
nueva
norma
de
los
delitos
contra
la
propiedad
intelectual,
para
los
que
se
elevan
las
penas
tanto
de
prisión
como
económicas.
Asimismo
se
ha
referido
al
agravamiento
de
las
penas
para
hurtos
habituales
que
pueden
llegar
a
los
cinco
años
de
cárcel
si
se
emplea
la
fuerza.
Los
representantes
de
los
distintos
colectivos
han
expresado
al
ministro
Catalá
su
satisfacción
por
el
sentido
de
la
reforma
acometida
en
el
Código
Penal
y
han
vuelto
a
trasmitirle
sus
consideraciones
sobre
las
novedades
que
se
incluyen
en
el
texto
que
hoy
será
aprobado
definitivamente
en
el
Congreso
de
los
Diputados. |
