CCOO
ha
anunciado
en
rueda
de
prensa
que
desde
el
pasado
19
de
marzo
de
marzo
inicia
la
recogida
de
firmas
de
la
Iniciativa
Legislativa
Popular
(ILP)
que
presentó
el
pasado
16
de
diciembre
contra
la
privatización
del
Registro
Civil
y la
entrega
de
su
gestión
a
los
registradores
mercantiles.
Una
vez
superadas
las
dificultades
administrativas
en
el
Congreso
de
los
Diputados,
en
el
Senado
y en
la
Junta
Electoral
Central,
el
sindicato
se
propone
alcanzar
lo
antes
posible
las
500.000
firmas
necesarias
para
que
la
proposición
de
ley
de
la
ILP
llegue
al
debate
en
el
Congreso
con
el
fin
de
paralizar
la
privatización
de
este
servicio
público,
universal
y
gratuito.
El
Sector
de
la
Administración
de
Justicia
de
FSC-CCOO
lleva
meses
denunciado
la
privatización
de
este
servicio
y
seguirá
reforzando
esta
campaña
que
incluye
principalmente
la
recogida
de
firmas
de
la
Iniciativa
Legislativa
Popular,
la
celebración
de
una
manifestación
en
Madrid
el
11
de
abril
por
el
personal
funcionario
destinado
en
el
Registro
Civil
con
el
apoyo
expreso
de
CCOO,
movilizaciones,
la
interposición
de
recursos
contencioso-administrativos
contra
la
privatización
o la
petición
al
Parlamento
Europeo
para
que
se
dirija
al
Gobierno
español
reclamándole
que
no
puede
privatizar
el
Registro
Civil,
pues
en
la
mayoría
de
los
países
de
la
Unión
Europea
se
mantiene
en
el
ámbito
público,
y
porque
esa
decisión
es
contraria
a la
norma
europea.
La
ILP
que
elabora
e
impulsa
CCOO,
nace
con
el
objeto
de:
-
Detener
la
asignación
del
Registro
Civil
a
los
registradores
mercantiles
impuesta
por
el
Gobierno,
porque
cuenta
con
la
oposición
de
la
ciudadanía,
de
las
organizaciones
sociales,
de
las
organizaciones
sindicales,
de
los
partidos
políticos
excepto
el
PP,
de
decenas
de
ayuntamientos
y
comunidades
autónomas
(muchos
gobernados
por
el
PP),
de
la
Plataforma
Justicia
para
Todos,
de
colectivos
jurídicos,
de
asociaciones
profesionales
de
jueces
y
secretarios
judiciales,
entre
otros.
-
Detener
esta
decisión
porque
supone
la
privatización
de
un
servicio
que
es
público
desde
1871
y
pone
en
riesgo
más
de
5.100
empleos
de
la
Administración
de
Justicia
para
favorecer
a
los
registradores,
que
no
son
funcionarios
públicos,
tal
y
como
establece
la
Unión
Europea
mediante
sentencia.
-
Detener
esta
privatización
porque
supone
una
pérdida
de
más
de
8.000
oficinas
de
Registro
Civil.
Se
pasaría
de
más
de
8.120
oficinas
que
hay
en
la
actualidad
en
España,
a
tan
solo
poco
más
de
100.
Los
ciudadanos
y
ciudadanas
dejarán
de
poder
acudir
a un
Registro
Civil
en
el
municipio
en
el
que
viven.
-
Detener
este
ataque
del
Gobierno
a
los
servicios
públicos
porque
el
Registro
Civil
es
uno
de
los
mejor
valorados
en
su
conjunto.
Solo
hay
quejas
de
menos
del
9 %
de
los
registros
civiles,
la
mayoría
situados
en
comunidades
autónomas
gobernadas
por
el
PP,
que,
hipócritamente,
utiliza
este
dato
parcial
y
sin
asumir
ninguna
de
sus
responsabilidades
por
la
falta
de
medios
en
que
mantiene
a
esos
registros
civiles.
-
Detener
este
ataque
a
los
derechos
de
la
ciudadanía
pues
en
la
privatización
del
Registro
Civil
se
"regalan"
a
los
registradores
130
millones
de
euros
de
nuestros
impuestos,
cifra
que
costó
la
digitalización
de
123.000
tomos
o 80
millones
de
páginas
de
los
432
registros
civiles.
-
Detener
esta
privatización
porque
el
Registro
Civil
es
un
servicio
público
que
afecta
a
más
de
un
millón
de
personas
anualmente,
solo
en
trámites
obligatorios
como
nacimientos,
defunciones
y
matrimonios.
Si
se
privatiza,
habrá
que
pagar
por
muchos
trámites
hoy
gratuitos
y
serán
obligatorios
y de
pago
otros
que
hasta
el
momento
no
lo
son.
-
Detener
el
intento
del
Gobierno
de
que
nuestros
datos
sean
manejados
por
personal
privado,
con
la
pérdida
de
la
garantía
de
confidencialidad
de
los
datos
a la
que
están
obligados
por
ley
las
funcionarias
y
funcionarios
públicos.
-
Detener
este
ataque
a
los
derechos
de
la
ciudadanía
porque
el
Gobierno
pretende
que
ésta
asuma
el
coste
del
enriquecimiento
de
un
colectivo
minoritario
y
privilegiado
como
son
los
registradores,
que,
solo
por
los
150.000
expedientes
de
nacionalidad
y
105.000
de
matrimonio
anuales,
y
con
un
arancel
de
100
euros,
se
embolsarían
25
millones
de
euros
al
año. |