La
eurodiputada
alemana
del
partido
Pirata,
Julia
Reda,
ha
expuesto en
el
marco
de
un
coloquio
celebrado
en
el
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
(ICAB),
los
aspectos
principales
del
Informe
que
ha
elaborado
para
la
Unión
Europea
en
relación
a la
Propiedad
intelectual.
El
acto
ha
sido
presidido
por
el
diputado
de
la
Junta
de
Gobierno
responsable
del
Departamento
de
Internacional
Jani
Trias
y
del
abogado
experto
en
propiedad
intelectual
Josep
Jover.
Reda
afirmaba
ser
partidaria
de
la
modificación
del
concepto
de
copyright
y
los
derechos
de
autor
tal
como
se
entienden
actualmente
ya
que
en
una
sociedad
globalizada
es
necesario
compartir
la
información
y el
conocimiento.
Así
por
ejemplo
ha
apostado
para
que
en
el
ámbito
de
la
enseñanza
desaparezcan
los
derechos
de
autor
tal
como
los
entendemos
actualmente
para
evitar
que
el
"pago
por
uso
de
copia"
sea
un
freno
en
el
aprendizaje
y en
el
acceso
a
diferentes
materiales
didácticos.
La
eurodiputada
del
partido
Pirata
también
alertaba
sobre
los
peligros
que
puede
entrañar
para
los
consumidores,
para
los
profesionales,
para
los
jóvenes
que
acceden
al
mercado
laboral
y
para
los
inversores
la
aprobación
de
los
tratados
internacionales
TTIP
(que
pretende
regular
los
bienes
y
productos
) y
TISA
(que
pretende
regular
los
servicios).
Reda
subrayó
que
el
primer
problema
relativo
a
estos
tratados
es
la
forma
en
que
se
están
elaborando,
ya
que
ambos
tratados
están
negociando
"en
secreto
y a
escondidas
de
la
Organización
Mundial
del
Comercio
(OMC)
y de
cualquier
otro
mecanismo
de
transparencia”.
En
este
sentido
ha
denunciado
que
la
"UE
está
tramitando
con
algunos
países
como
Estados
Unidos,
Australia,
Japón,
Australia,
México,
Canadá,
entre
otros
estos
acuerdos
para
poner
las
bases
de
un
nuevo
marco
que
permita
la
liberalización
y
deslocalización
de
los
servicios
en
el
futuro”.
La
eurodiputada
argumentaba
que
a
raíz
de
estos
tratados
(TTIP
y
TISA)
"muchos
de
los
servicios
básicos
de
una
sociedad
del
bienestar
como
la
salud,
la
seguridad
o la
justicia
se
podrían
privatizar
y
también
que
se
establecerán
más
penalizaciones
importantes
para
los
estados,
como
las
recogidas
en
las
cláusulas
del
caso
'Castor'
que
han
conllevado
al
Estado,
y
por
extensión
a la
ciudadanía,
tener
que
asumir
indemnizaciones
muy
elevadas
en
favor
de
empresas
privadas”.
Reda
ha
dado
a
conocer
que
el
grupo
de
presión
que
hay
detrás
de
estos
dos
tratados
internacionales
es
un
lobby
de
los
servicios
financieros
de
los
Estados
Unidos
llamado
US
Coalition
of
Service
Industries.
Mejorar
protección
consumidor
La
eurodiputada
declaraba
que
estos
tratados
supondrán
para
el
consumidor
el
fin
de
la
protección
como
la
entendemos
actualmente:
"Estos
acuerdos
pueden
conllevar
la
desaparición
de
la
administración
local
y
autonómica,
que
quedará
subrogada
en
los
acuerdos
establecidos
y
ratificados
por
los
Estados.
Se
pondrá
en
peligro
la
protección
jurídica
estatal,
de
manera
que
las
inversiones
se
realizarán
en
el
país
que
el
prestador
de
servicios
decida.
En
el
ámbito
profesional,
también
se
dará
total
libertad
a
las
empresas,
por
lo
que
en
un
país
podrían
ejercer
profesionales
de
otro
país
sin
tener
en
cuenta
la
normativa
y
las
garantías
de
calidad
que
se
exigen
para
este
ejercicio.
Hecho
que
pondría
en
peligro
a
muchos
profesionales
liberales
como
abogados,
médicos,
arquitectos,
ingenieros,
etc.”
Otro
ejemplo
de
los
efectos
sobre
los
consumidores
es
que
las
demandas
por
un
servicio
prestado
de
forma
incorrecta
podrían
tenerse
que
presentar
de
forma
obligatoria
en
la
dirección
donde
esté
ubicado
el
prestador
de
servicios
e
incluso
que
se
deban
someter
a
las
leyes
de
este
país.
En
el
caso
de
una
contratación
a un
joven
podría
darse
el
caso
de
tener
que
trabajar
en
un
país
con
la
legislación
laboral
de
otro
Estado.
Reda
también
denunciaba
que
ambos
tratados
también
atentan
contra
los
actuales
mecanismos
de
control
de
los
datos
personales
y de
privacidad,
que
quedarían
sujetos
a la
jurisdicción
y
criterio
de
la
empresa
y no
del
usuario,
como
ocurre
actualmente.
Por
ello,
Reda
instó
a
las
instituciones
y a
partidos
políticos
a
trabajar
de
forma
conjunta
para
evitar
que
los
grupos
de
presión
consigan
que
los
Estados
cambien
la
legislación
de
acuerdo
con
los
intereses
de
las
empresas
privadas
y
del
libre
mercado
en
detrimento
de
las
personas. |