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La corrupción política ante la justicia española

MADRID, 10 de MARZO de 2015
 

 

En los medios de comunicación he visto que un fragmento de la llamada operación Gürtel, se ha movido procesalmente. El juzgado de instrucción ha dado traslado a las defensas para que lleven a cabo su escrito de “defensa”, de acuerdo con las normas que regulan, en nuestro país, el denominado procedimiento abreviado, y esto ultimo, como es sabido, no deja de ser mas que un perverso eufemismo. Después de casi 10 años en que judicialmente se inició la investigación procesal, me parece de un cinismo inaudito, continuar hablando de procedimiento abreviado. Y ya nos avisan los medios de comunicación que, con toda seguridad, el juicio oral no será para el 2015, en todo caso seria para el 2016. Mientras tanto todos los imputados, o si se quiere, acusados, disfrutando en libertad del dinero que, en propio beneficio, parece ser cobraron o desviaron para sus bolsillos. Me parece absolutamente impresentable el espectáculo que está dando nuestra administración de justicia, que no puede ser, en modo alguno, ignorado, ni menos, silenciado.

Continuamos, pues, utilizando una supina hipocresía, cuando se afirma, a bombo y platillo, que en España hay corrupción pero funcionan las instituciones encargadas de su represión.

No es verdad. En España hay corrupción, y mucha, y en muchos niveles y áreas del sector publico, y no funcionan las instituciones encargadas de su persecución y castigo. No. Porque si funcionaran bastantes casos pendientes de resolución estarían ya completamente resueltos y archivados, en toda sus instancias, incluida la constitucional y en su caso hasta la europea. Pero aquí no funcionan. No caben excusas de ninguna clase, y menos la que ya es tópico como es la de la “sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales”. Una justicia tardía no es justicia es un burdo expediente para enmascarar y hacer olvidar los hechos penales investigados.

Necesariamente debemos pensar ya que si el poder judicial se muestra bastante ineficaz desde el planteamiento de su invariable morosidad, pues la solución debe intentarse desde un profundo cambio legislativo. En suma, hay que reflexionar seriamente en una reforma y muy a fondo de las leyes procesales con la mentalidad de acelerar, sin menoscabo de las garantías, la tramitación de los procedimientos sobre todo penales con un contenido jurídico penal basado fundamentalmente en la corrupción política que ahora, parece ser, nos asalta por doquier.

El Congreso de los diputados debiera activar la creación consensuada de una Comisión con esa sola finalidad, y ya es bastante. Relativa, de forma exclusiva, a la morosidad en la administración de justicia y que se plantee los puntos relevantes para que se acelere la praxis forense en materia de corrupción política. No se me ocurre otra cosa, mas que la creación de un procedimiento especial que, honestamente, sea el cauce para la aplicación del Derecho penal sustantivo, pues este ultimo poco puede hacer si, con posterioridad, no se le imprime la celeridad exigible en la persecución de los hechos imputados. Los políticos deben plantearse tan trascendental cuestión y no deben olvidar que la corrupción tan generalizada como se encuentra en España no es mas que el preludio de una hecatombe que puede terminar hasta con el mismo sistema político imperante, en resumen, con la propia democracia y luego vendrán, con toda razón, los lamentos. Pero, entonces ya será tarde, y ahora estamos al borde del precipicio.

Manuel Cobo del Rosal

Abogado y Catedrático de Derecho Penal. 


 

 

 
 
 
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