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 En 1871 se implantó en España el Registro Civil, atribuyéndose su llevanza a la
Administración de Justicia, cuyo
personal funcionario ha desempeñado sus cometidos con profesionalidad,
objetividad, sigilo e imparcialidad ante los numerosos cambios de regímenes
políticos y cambios de partidos en el Gobierno.
Desde el año 1986 todas las actuaciones del Registro Civil son gratuitas,
garantizándose, con los impuestos que pagamos toda la ciudadanía, el
funcionamiento normal de este servicio público.
En los últimos años, el Ministerio de Justicia se ha gastado 129 millones de
euros en la informatización y digitalización de los Registros Civiles,
logrando con ello agilizar la expedición de certificaciones imprescindibles para
el ciudadano/a.
La mayoría absoluta del Partido Popular ha aprobado, sin consenso con ningún
partido de la oposición, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que atribuye la
gestión de los Registros Civiles a los Registradores a partir de julio de 2015, lo
que supone la privatización de un servicio público que, hasta ese momento, era
gratuito y cercano al ciudadano.
Los Juzgados y Agrupaciones de Paz y los Juzgados de los partidos judiciales con
funciones de registro civil, dejarán de tener competencia para la inscripción de
los nacimientos, matrimonios, defunciones y para la expedición de las
certificaciones, fes de vida, etc.
Los
Registros Civiles Únicos y el Registro Civil Central desaparecerán pasando a ser
gestionados por los Registradores Mercantiles, en las capitales de provincia
La atribución de los Registros Civiles a los Registradores supone que:
·
El
Registro Civil dejará de ser un servicio público y gratuito, pasando a ser
un negocio privado en manos de los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles, que según Sentencias del Tribunal Europeo no son funcionarios
públicos.
·
Los
datos privados de millones de ciudadanos/as pasarán a manos de personas que no
son funcionarios públicos, ni sujetos a sus deberes y obligaciones.
·
Aun
cuando la Ley 18/2014 afirme que todo seguirá siendo gratuito, es seguro que
habrá que pagar por realizar cualquier trámite y así, se pretende aumentar los
hechos inscribibles y se está negociando un aumento de los aranceles de
los registradores.
·
Los
expedientes de Registro Civil (matrimonio civil, nacionalidad, etc.) pasarán
a ser competencia de los Notarios, que cobrarán por dichos trámites.
·
Sólo
habrá oficinas de Registro Civil en las capitales de provincia donde exista
un Registro Mercantil.
Por todos estos motivos, el Sector de Justicia de CCOO ha iniciado una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
Una ILP es
la manera que tenemos la ciudadanía de presentar a las Cortes Generales
propuestas de Leyes. Para ello, hace falta presentar un texto de la Ley que se
pretende aprobar, y que esté avalado por, al menos, 500,000 firmas válidas.
Pueden firmar la ILP aquellos ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad española,
mayores de edad y que estén inscritos en el censo electoral.
Todo ello viene regulado en la Ley
Orgánica 3/1984,
en desarrollo del artículo
87.3 de la Constitución Española.
La Ley exige la existencia de una Comisión Promotora de la iniciativa, que en
este caso ha sido el Sector de Justicia de CCOO.
El texto
de la ILP que
queremos presentar a las Cortes se puede ver en este
enlace.
CCOO solicitamos la firma de la ciudadanía para que el Registro
Civil siga siendo un servicio público y gratuito.
El próximo 11 de abril se va a celebrar una manifestación en Madrid, cuyo
recorrido irá desde la Plaza de Cibeles hasta el Ministerio de Justicia en la
calle San Bernardo.
Esta manifestación ha sido convocada por un grupo de funcionarios/as de los
Registros Civiles de varios puntos de España, y apoyada por numerosas
organizaciones, entre ellas CCOO, que ha puesto todos sus medios para que ésta
tenga la mayor repercusión y alcance posibles.
Con esta manifestación pretendemos que el Ministro de Justicia y el presidente
del Gobierno recapaciten y den marcha atrás con esta privatización que tanto va
a perjudicar a toda la ciudadanía si se lleva a cabo.
Desde CCOO llevamos luchando contra la privatización del Registro Civil desde
2011 habiéndose realizado numerosas movilizaciones en toda España,
movilizaciones a las que cada día hay más colectivos que se están uniendo a la
par que se va conociendo la sinrazón de esta privatización, que no olvidemos va
a beneficiar enormemente a unos pocos (los registradores) en perjuicio de toda
la ciudadanía, que tendrá que pagar por lo que hasta ahora era gratuito, dado
que se financia a través de los impuestos de todos. |
