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20 de ABRIL de 2015

¿No tenemos claros los remedios contra la corrupción?

LAWYERPRESS

Por Julio Tejedor. Profesor Titular  Derecho Administrativo. Facultad Derecho Zaragoza

 

Julio Tejedor. Profesor Titular  Derecho Administrativo. Facultad Derecho ZaragozaLa crisis representativa que vive España se debe en parte, sólo en parte, a los constantes casos de corrupción con los que nos vemos obligados a convivir en los últimos años. Sin embargo, la corrupción no es un fenómeno reciente ni exclusivo de nuestro país. Ni siquiera en nuestro entorno inmediato, la Unión Europea, la percepción de corrupción es radicalmente diferente a la de nuestro país. Obviamente, no pretendo en absoluto restar un ápice gravedad a lo que está ocurriendo, todo lo contrario. Pero sí creo, lecciones de la ciencia, que para afrontar y analizar adecuadamente cualquier cosa hay que conocerla bien, despojarla de lo accesorio y centrarse en lo fundamental.

En España la corrupción no está tan generalizada como habitualmente se dice. Lo que sí está es institucionalizada, imbricada en la sociedad, la administración, la economía y las estructuras de poder como un tumor extraordinariamente difícil de tratar. Y parasita cuanto alcanza. Tenemos un sistema de partidos con innegables déficits democráticos, que podría sanearse fácilmente recurriendo a las garantías usuales en la normativa electoral que tan bien conocen. Esto sume en la más absoluta opacidad la elección de los elegibles y ha contribuido de forma decisiva a romper la cadena de transmisión representativa que los partidos debieran ser. De ahí surgió el doloroso grito de “no nos representan”, el discurso de “la casta”. La dureza de la crisis provocó el doloroso despertar del país del Dorado del ladrillo.

Ese sistema político, heredero de los consensos de la transición entre las élites de la dictadura caída y los emergentes líderes democráticos, consensos avalados en su momento por la sociedad española (algo que algunos no debieran olvidar), actúa para preservarse a sí mismo, para mantener su statu quo. Y lo hace al coste que sea. Y, para ello, penetra por todas las estructuras del Estado, legislativas, ejecutivas, judiciales y sociales, normalizando prácticas que algunos llaman corrupción de baja intensidad y que son, simplemente, corrupción institucionalizada, normalizada. Por eso en España ya no hay simplemente jueces, magistrados y fiscales, sino jueces, magistrados y fiscales conservadores o progresistas. Por eso los medios de comunicación, aunque esto es algo común a otros países, frecuentemente no informan sino deforman atendiendo al ideario o argumentario del afín o, simplemente, del gobierno de turno.

Pero hay remedios. Y conocemos esos remedios. El problema radica en lograr que se apliquen a los problemas. Con ocasión de una jornada celebrada en la Facultad de Derecho de Zaragoza el pasado 16 de abril, con presencia del Juez Decano de Zaragoza Angel Dolado y del miembro de la Cámara de Cuentas de Aragón Alfonso Peña, invitados por el área de Derecho administrativo y acompañados por mi compañero José María Gimeno, esta ha sido la conclusión más esperanzadora, se sabe como se puede y se puede afrontar la corrupción. Lo que no se sabe es cómo lograr que se implanten las medidas precisas para ello porque el parásito impide cualquier reacción efectiva que pueda dañarle.

Es necesario profundizar en los instrumentos de control, especialmente previos, pero también posteriores. Estos controles, además, deben desprenderse de lo accesorio, del análisis de lo puramente formal y centrarse en aspectos materiales, sustantivos, que son los que realmente proporcionan el caldo de cultivo de la corrupción. No nos centremos en el bastanteo del poder, evaluemos si el precio era el adecuado, si los materiales los correctos o, simplemente, cómo se redactaron los pliegos sujetos a licitación. Es indispensable, para ello, profundizar en la implantación efectiva del Gobierno Abierto, de una transparencia real, en el ámbito público y privado.

No se acabará la corrupción, como apuntó Ángel Dolado, si no se logra un poder judicial plenamente independiente, gobernado por jueces elegidos por los jueces entre jueces; si no se dota de medios a la administración de justicia, con expertos de apoyo o con mecanismos que rompan la barrera de los órdenes jurisdiccionales y normalicen la colaboración entre jueces y magistrados especialistas sobre un mismo asunto; si no modifican o suprimen institutos como el indulto, acotando los delitos sobre los que puede aplicarse y exigiendo motivación siempre que se aplique; si no se implantan las nuevas tecnologías al servicio de la limpieza de la vida pública y privada; si no mejora la regulación para hacerla accesible, simple y clara. La peor corrupción es la que cumple, formalmente, las leyes.

Necesitamos nuevos consensos, imperiosamente, de forma urgente. Porque hay que expulsar al parásito antes de que por la sociedad española vuelvan a circular los nutrientes que, en forma de generación de riqueza, le dan vida. Después será tarde.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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