Un
estudio
realizado
por
la
Cátedra
Observatorio
Social
y
Económico
de
la
Justicia,
impulsada
por
el
Consell
de
l’Advocacia
Catalana
(CICAC)
y la
Universidad
Autónoma
de
Barcelona
(UAB),
pone
de
relieve
que
la
media
de
plazas
de
jueces
y
magistrados
en
Catalunya
se
encuentra
sensiblemente
por
debajo
de
la
media
estatal.
Con
una
ratio
de
10,2
plazas
por
cada
100.000
habitantes,
frente
la
media
estatal
de
11,1,
Catalunya
es
una
de
las
Comunidades
Autónomas
con
un
menor
número
de
plazas
de
jueces
y
magistrados,
sólo
por
delante
de
Castilla
– La
Mancha
(8,8),
Navarra
y
Extremadura
(10,1)
Se
puede
consultar
este
estudio
en
este
enlace
habilitado
Podéis
consultar
aquí
http://www.cicac.cat/?p=6056
El
Observatorio
Social
y
Económico
de
la
Justicia
realizará
informes
anuales
para
proporcionar
más
datos
sobre
aspectos
de
la
Administración
de
Justicia
que
afectan
a
los
ciudadanos,
analizará
las
repercusiones
económicas
y
sociales
de
las
reformas
legislativas,
y
llevará
a
cabo
más
estudios
monográficos
sobre
cuestiones
de
especial
relevancia
para
la
prestación
eficaz
del
servicio
público
de
la
Justicia.
La
Cátedra
cuenta
con
el
patrocinio
de
la
Obra
Social
La
Caixa
y
con
la
colaboración
de
la
compañía
Alter
Mutua
de
los
abogados.
El
estudio
traza
una
radiografía
del
estado
actual
de
la
organización
judicial
en
Catalunya
y
aporta
datos
significativos
referentes
a
los
órganos
judiciales,
al
personal,
al
volumen
de
asuntos,
los
medios
materiales
y la
calidad
de
la
Justicia.
Los
datos
constatan
que
Girona
y
Lleida,
por
ejemplo,
se
encuentran
infradotadas
en
cuanto
a
personal
de
la
Administración
de
justicia
y
que
existe
una
clara
tendencia
al
mayor
peso
de
las
capitales
con
respecto
al
resto
decada
provincia.
También
se
detecta
que,
en
la
jurisdicción
civil,
los
juzgados
de
fuera
de
la
capital
de
provincia
se
encuentran
más
congestionados,
menos
atendidos
por
jueces
titulares
y
sus
resoluciones
tienen
una
tasa
de
revocación
más
alta
que
los
juzgados
de
las
capitales.
Pero,
en
cambio,
no
ocurre
lo
mismo
en
las
jurisdicciones
penal
y
social
de
los
juzgados
comarcales..
En
cuanto
al
volumen
de
asuntos,
los
Tribunales
de
la
provincia
de
Barcelona
son
los
que
más
volumen
de
asuntos
tienen,
con
diferencia,
en
el
territorio
de
Catalunya
y en
todos
los
órdenes
jurisdiccionales.
Representan
el
63%
de
todos
los
asuntos
pendientes
a
finales
de
año,
seguidos
de
los
Tribunales
de
Girona
(20%),
Tarragona
(12%)
y
Lleida
(5%).
Por
jurisdicciones,
la
civil
y
penal
son
las
que
más
volumen
de
asuntos
representan
en
todo
el
territorio
catalán.
La
jurisdicción
civil
representa
el
39%
del
volumen
de
asuntos
pendientes
a
final
de
año,
seguida
de
la
penal
con
un
35%
de
los
asuntos,
la
laboral
(22%)
y la
contencioso
administrativa
(4%).
Si
nos
fijamos
en
los
medios
materiales,
resulta
que
la
provincia
de
Barcelona
dispone
de
una
media
de
2,52
inmuebles
por
cada
partido
judicial,
mientras
que
Tarragona
cuenta
con
una
media
de
2,12,
Lleida
con
1,71
y
Girona
es
la
que
presenta
una
media
más
baja
de
La
LOPJ,
una
reforma
peligrosa
El
estudio
también
alerta
de
las
consecuencias
del
proyecto
de
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
(LOPJ)
que
tramita
actualmente
el
Gobierno
estatal,
que
prevé
el
traslado
de
algunos
asuntos
a
juzgados
de
partidos
judiciales
diferentes
a
los
que
correspondería
por
competencia
territorial,
en
función
de
la
carga
de
trabajo.
La
medida
no
afectará
a
los
asuntos
del
ámbito
civil,
que
seguirán
siendo
resueltos
los
Juzgados
de
Primera
Instancia
e
Instrucción
más
cercanos,
pero
sí a
los
ámbitos
penal
y
social.l.
Y es
que
el
informe
analiza
de
forma
monográfica
las
repercusiones,
a
nivel
económico
y
social,
que
pueden
tener
en
los
ciudadanos
las
reformas
de
la
organización
judicial
previstas
en
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
(LOPJ)
aprobada
por
el
Consejo
de
Ministros
el
pasado
27
de
febrero.
A
pesar
de
que
la
actual
reforma
legislativa
dista
bastante
del
anteproyecto
inicial
-que
preveía
la
supresión
de
los
órganos
judiciales
actuales
y su
sustitución
por
Tribunales
Provinciales
de
Instancia-
el
proyecto
actual
mantiene
algunos
de
sus
criterios
esenciales,
"de
tal
manera
que
en
diversos
ámbitos
se
producirán
unos
efectos
prácticos
similares
a
los
que
se
hubieran
producido
con
la
implementación
del
primer
anteproyecto"
según
concluye
el
estudio.
En
este
sentido,
a
pesar
de
valorar
positivamente
el
hecho
de
que
el
nuevo
proyecto
de
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
mantenga
los
partidos
judiciales,
el
presidente
del l
Consell,
Abel
Pié,
se
muestra
contrario
a la
medida
prevista
en
la
LOPJ,
ya
que
"deja
en
manos
del
presidente
de
la
Sala
de
Gobierno
el
reparto
de
asuntos,
que
hasta
ahora
se
rigen
por
unas
normas
legales
de
competencia
territorial".
Para
Pié
"este
criterio
pone
en
riesgo
la
justicia
de
proximidad".
Por
su
parte,
la
decana
de
la
Facultad
de
Derecho
de
la
UAB,
Esther
Zapater,
considera
que
el
valor
añadido
de
este
informe
"consiste
en
reflejar
datos
objetivos
y
contrastados
útiles
para
valorar
el
impacto
de
la
reforma
sobre
el
usuario
del
servicio
público
de
la
justicia"
y
muestra
como
este
nuevo
proyecto
"reducirá
la
ratio
de
juez
por
habitante
en
Catalunya,
ya
preocupante
en
la
actualidad". |