Nuestra
administración
pública
necesita
de
controles
preventivos
eficaces
respaldados
por
funcionarios
honestos
que
no
sucumban
a la
corrupción.
La
falta
de
estos
controles
y la
aparición
de
los
puestos
de
libre
designación,
todos
ellos
sin
concurso
oposición,
ha
sido
el
caldo
del
cultivo
de
la
corrupción
de
nuestro
país
en
estos
diez
últimos
años.
Fundación
Hay
Derecho
presentó
ayer
su
estudio
sobre
Corrupción
y
Controles
preventivos
en
el
club
567
con
la
presencia
de
Lucía
Méndez,
periodista
de
El
Mundo,
Elena
Vicente,
socia
directora
de
la
consultora
Accors
y
muchos
profesionales
en
el
auditórium
que
se
hizo
pequeño.
Andalucía
e
Islas
Baleares
son
las
CCAA
más
proclives
a
caer
en
la
tentación,
sobre
todo
en
lo
referido
a
los
delitos
de
delitos
de
tráfico
de
influencias,
cohecho,
prevaricación
y
malversación
de
fondos
públicos.
Este
estudio
que
se
puede
revisar
desde
la
web
de
la
Fundacion
destaca
también
que
el
delito
más
complicado
de
probar
es
el
de
tráfico
de
influencias
con
solo
un 1
por
ciento
de
asuntos
registrados.
Los
temas
de
urbanismo;
contratación
así
como
aquellos
procedimientos
de
autorización,
revisión
e
inspección
son
los
más
habituales
donde
puede
generarse
corrupción.
Fue
Lucía
Méndez,
periodista
de
El
Mundo,
la
introductora
de
este
estudio
con
unas
palabras
de
apoyo
a la
iniciativa
de
Fundación
Hay
derecho
y
otras
entidades:
“Es
evidente
que
el
concepto
de
regeneración
de
los
políticos
es
diferente
al
que
tenemos
los
ciudadanos.
Para
los
primeros
es
propaganda
vacía”,
aclaró.
A su
juicio,
la
corrupción
tiene
muchas
caras
y no
se
puede
hablar
de
casos
aislados
“el
propio
estudio
y su
lectura
deja
claro
que
detrás
de
un
asunto
de
corrupción
hay
una
estructura
organizada”,
recordó.
A su
juicio
hay
demasiado
espacio
de
tiempo
entre
la
alarma
social
de
ese
comportamiento
corrupto
y el
fallo
judicial
pertinente
“,
no
siempre
un
caso
de
corrupción
acaba
en
condena,
otro
de
los
asuntos
que
preocupa
a
los
ciudadanos”.
Y es
que
todos
sabemos
cómo
se
encuentra
nuestra
administración
de
justicia,
sin
medios
ni
leyes
que
agilicen
los
procedimientos.
Para
esta
profesional
de
la
información
la
figura
del
alcalde
fuerte,
prototipo
de
político
con
poder
casi
total
en
su
municipio
es
un
elemento
a
tener
en
cuenta
y
que
genera
todas
estos
momentos
de
corrupción.
“El
estudio
refleja
el
impacto
de
la
corrupción
en
la
administración
local
porque
muchos
municipios
tienen
sistemas
de
control
muy
relajados
o
han
sido
sustituidos
por
personas
de
confianza”.
Desde
su
punto
de
vista
hay
otro
elemento
a
tener
en
cuenta
y es
que
“hasta
el
momento
pese
a la
indignación
de
los
ciudadanos
ante
situaciones
de
corrupción,
realmente
en
las
urnas
los
ciudadanos
han
seguido
votando
a
los
mimos
partidos.
Veremos
cuál
es
su
voto
en
estas
elecciones
próximas”,
indicó.
Y
aporto
otro
dato,
en
época
de
bonanza
los
fenómenos
de
corrupción
no
se
tenían
tanto
en
cuenta
pero”
en
crisis
como
la
que
estamos
atravesando
todo
se
mira
con
lupa”.
Fue
Elena
Vicente,
presidenta
de
ACCORS,
quien
explicó
el
contexto
de
la
corrupción,
un
fenómeno
en
el
que
no
se
libra
ningún
país
europeo.
De
hecho
arrojó
el
dato
que
en
la
UE
se
pierden
anualmente
por
esta
lacra
cerca
de
120.000
millones
de
euros.
“Hay
que
darse
cuenta
que
la
corrupción
pública
siempre
lleva
inherente
otro
componente
privado.
Al
final
lo
que
subyace
es
la
falta
de
honestidad
de
los
políticos
que
prefieren
no
comprometerse
y
atacar
el
tema
con
medidas
contundentes”,
destacó.
En
su
intervención
recordó
que
muchos
países
tienen
figuras
parecidas
a
nuestro
Tribunal
de
Cuentas
que
trabajan
con
más
eficacia
que
la
citada
entidad.
“Hay
muy
pocos
medios
para
revisar
todas
las
cuentas
públicas
de
todas
estas
entidades
y
organismos.
Los
80
juristas
que
forman
parte
de
la
plantilla
del
citado
Tribunal
no
son
suficientes
para
realizar
ese
trabajo”,
denunció.
Estudio
con
falta
de
datos
Respecto
al
estudio,
Elisa
de
la
Nuez,
secretaria
general
de
Fundación
Hay
Derecho,
recordó
el
problema
de
preparar
dicho
informe
ante
la
falta
de
datos
reales.
Y es
que
las
estadísticas
siguen
siendo
un
problema
serio
de
nuestra
justicia.
Ni
el
CGPJ
y
mucho
menos
las
fiscalías,
muchas
de
ellas
sin
informatizar
han
podido
aportar
datos
fiables
al
citado
estudio.
“Pese
a
ello
hemos
querido
analizar
la
corrupción
política
desde
los
delitos
de
delitos
de
tráfico
de
influencias,
cohecho,
prevaricación
y
malversación
de
fondos
públicos”.
Y
recordó
que
pese
a
que
muchos
de
los
procesos
de
concesión
de
subvenciones
o
adjudicación
de
contratos
suelen
ser
complejos
y
con
ciertas
garantías
“la
apuesta
de
la
administración
por
los
puestos
de
libre
designación
han
liberado
esos
controles
e
introducido
la
corrupción”.
La
corrupción,
detectada
sobre
todo
en
el
ámbito
municipal
,
tiene
una
vertiente
global
o de
estructura
“ no
es
tanto
hablar
de
manzanas
podridas
como
de
cestos
podridos”,
advirtió
De
la
Nuez,
quien
es
más
partidaria
de
medidas
preventivas
que
las
represivas
. Y
es
que
con
la
justicia
tenemos
un
problema
de
falta
de
medios
lo
que
ralentiza
los
procesos
y
hace
que,
en
muchos
casos,
algunos
imputados
hayan
quedado
sin
castigo
en
instrucciones
largas.
“De
todas
formas
analizando
algunas
de
las
sentencias
que
hemos
revisado
se
comprueba
que
de
estos
delitos
de
los
que
partimos
se
ha
pasado
al
delito
fiscal
o
incluso
al
de
blanqueo
de
capitales
en
determinadas
ocasiones”.
En
las
conclusiones
del
citado
Informe
se
reclama
un
reforzamiento
de
los
controles
internos,
particularmente
de
los
preventivos,
de
la
rendición
de
cuentas
y
una
profesionalización
de
la
gestión,
a
través
básicamente
del
reforzamiento
de
las
funciones
controladoras
de
funcionarios
expertos
cuya
imparcialidad
y
neutralidad
deben
de
ser
garantizadas.
Al
mismo
tiempo
se
recomienda
que
, la
mejor
garantía
para
el
buen
funcionamiento
de
los
controles
internos
es
la
existencia
de
un
personal
que
pueda
activarlos,
lo
que
requiere
una
selección
cuidadosa
con
arreglo
a
criterios
objetivos,
una
carrera
profesional
basada
en
los
principios
de
mérito
y
capacidad
y la
protección
contra
ceses
arbitrarios
o
expedientes
sancionadores
infundados.
En
definitiva,
es
esencial
que
se
cumpla
el
principio
básico
de
que
el
controlador
no
puede
depender
del
controlado. |