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22 de MAYO de 2015

Sin controles preventivos, la corrupción en las administraciones públicas, es un fenómeno imparable

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Fundación Hay Derecho presenta un estudio que analiza esta problemática que afecta sobre todo a la administración local

Nuestra administración pública necesita de controles preventivos eficaces respaldados por funcionarios honestos que no sucumban a la corrupción.  La falta de estos controles y la aparición de los puestos de libre designación, todos ellos sin concurso oposición, ha sido el caldo del cultivo de la corrupción de nuestro país en estos diez últimos años. Fundación Hay Derecho presentó ayer su estudio sobre Corrupción y Controles preventivos en el club 567 con la presencia de Lucía Méndez, periodista de El Mundo, Elena Vicente, socia directora de la consultora Accors y muchos profesionales en el auditórium que se hizo pequeño. Andalucía e Islas Baleares son las CCAA más proclives a caer en la tentación, sobre todo en lo referido a los delitos de delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos.  Este estudio que se puede revisar desde la web de la Fundacion destaca también que el delito más complicado de probar es el de tráfico de influencias con solo un 1 por ciento de asuntos registrados. Los temas de urbanismo; contratación así como aquellos procedimientos de autorización, revisión e inspección son los más habituales donde puede generarse corrupción.

Fue Lucía Méndez, periodista de El Mundo, la introductora de este estudio con unas palabras de apoyo a la iniciativa de Fundación Hay derecho y otras entidades: “Es evidente que el concepto de regeneración de los políticos es diferente al que tenemos los ciudadanos. Para los primeros es propaganda vacía”, aclaró. A su juicio, la corrupción tiene muchas caras y no se puede hablar de casos aislados “el propio estudio y su lectura deja claro que detrás de un asunto de corrupción hay una estructura organizada”, recordó. A su juicio hay demasiado espacio de tiempo entre la alarma social de ese comportamiento corrupto y el fallo judicial pertinente “, no siempre un caso de corrupción acaba en condena, otro de los asuntos que preocupa a los ciudadanos”. Y es que todos sabemos cómo se encuentra nuestra administración de justicia, sin medios ni leyes que agilicen los procedimientos.

Para esta profesional de la información la figura del alcalde fuerte, prototipo de político con poder casi total en su municipio es un elemento a tener en cuenta y que genera todas estos momentos de corrupción. “El estudio refleja el impacto de la corrupción en la administración local porque muchos municipios tienen sistemas de control muy relajados o han sido sustituidos por personas de confianza”. Desde su punto de vista hay otro elemento a tener en cuenta y es que “hasta el momento pese a la indignación de los ciudadanos ante situaciones de corrupción, realmente en las urnas los ciudadanos han seguido votando a los mimos partidos. Veremos cuál es su voto en estas elecciones próximas”, indicó. Y aporto otro dato, en época de bonanza los fenómenos de corrupción no se tenían tanto en cuenta pero” en crisis como la que estamos atravesando todo se mira con lupa”.

Fue Elena Vicente, presidenta de ACCORS, quien explicó el contexto de la corrupción, un fenómeno en el que no se libra ningún país europeo. De hecho arrojó el dato que en la UE se pierden anualmente por esta lacra cerca de 120.000 millones de euros. “Hay que darse cuenta que la corrupción pública siempre lleva inherente otro componente privado. Al final lo que subyace es la falta de honestidad de los políticos que prefieren no comprometerse y atacar el tema con medidas contundentes”, destacó. En su intervención recordó que muchos países tienen figuras parecidas a nuestro Tribunal de Cuentas que trabajan con más eficacia que la citada entidad. “Hay muy pocos medios para revisar todas las cuentas públicas de todas estas entidades y organismos. Los 80 juristas que forman parte de la plantilla del citado Tribunal no son suficientes para realizar ese trabajo”, denunció.

Estudio con falta de datos

Respecto al estudio, Elisa de la Nuez, secretaria general de Fundación Hay Derecho, recordó el problema de preparar dicho informe ante la falta de datos reales. Y es que las estadísticas siguen siendo un problema serio de nuestra justicia. Ni el CGPJ y mucho menos las fiscalías, muchas de ellas sin informatizar han podido aportar datos fiables al citado estudio.  “Pese a ello hemos querido analizar la corrupción política desde los delitos de delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos”. Y recordó que pese a que muchos de los procesos de concesión de subvenciones o adjudicación de contratos suelen ser complejos y con ciertas garantías “la apuesta de la administración por los puestos de libre designación han liberado esos controles e introducido la corrupción”.

La corrupción, detectada sobre todo en el ámbito municipal , tiene una vertiente global o de estructura “ no es tanto hablar de manzanas podridas como de cestos podridos”, advirtió De la Nuez, quien es más partidaria de medidas preventivas que las represivas . Y es que con la justicia tenemos un problema de falta de medios lo que ralentiza los procesos y hace que, en muchos casos, algunos imputados hayan quedado sin castigo en instrucciones largas. “De todas formas analizando algunas de las sentencias que hemos revisado se comprueba que de estos delitos de los que partimos se ha pasado al delito fiscal o incluso al de blanqueo de capitales en determinadas ocasiones”.

En las conclusiones del citado Informe se reclama  un reforzamiento de los controles internos, particularmente de los preventivos, de la rendición de cuentas y una profesionalización de la gestión, a través básicamente del reforzamiento de las funciones controladoras de funcionarios expertos cuya imparcialidad y neutralidad deben de ser garantizadas. Al mismo tiempo se recomienda que , la mejor garantía para el buen funcionamiento de los controles internos es la existencia de un personal que pueda activarlos, lo que requiere una selección cuidadosa con arreglo a criterios objetivos, una carrera profesional basada en los principios de mérito y capacidad y la protección contra ceses arbitrarios o expedientes sancionadores infundados. En definitiva, es esencial que se cumpla el principio básico de que el controlador no puede depender del controlado.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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