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La
Cámara
de
Comercio
de
Sevilla
con
la
colaboración
del
Bufete
Roca
Junyent
y el
Foro
de
Mediación,
celebraron
ayer
un
encuentro
para
exponer
las
particularidades
de
la
nueva
Ley
sobre
Segunda
Oportunidad,
aprobada
por
el
Consejo
de
Ministros
a
principios
de
años,
que
viene
a
incentivar
la
creación
de
nuevos
negocios
y,
por
tanto,
la
generación
de
empleo.
El
acto
contó
con
la
presencia
y
participación
del
secretario
general
técnico
del
Ministerio
de
Justicia,
Julio
Fuentes
Gómez,
del
socio
del
despacho
Roca
Junyent,
José
Luis
Yus,
y
con
los
socios
del
Grupo
NAPAIS,
José
Ignacio
Valderas
e
Israel
Barroso.
Para
la
Cámara
de
Comercio
de
Sevilla
esta
Ley
acabará
con
la
situación
de
insolvencia
y de
exclusión
social
de
tantos
emprendedores
que,
tras
un
fracaso
empresarial,
se
han
visto
abocados
a
responder
con
su
propio
patrimonio,
lo
que
contribuirá
a
que
los
españoles
pierdan
el
prejuicio
a
emprender,
evitando
el
estigma
del
fracaso
y
poder
en
un
futuro
iniciar
una
nueva
aventura
empresarial.
Durante
el
encuentro
se
buscaron
puntos
en
común
entre
la
mediación
empresarial
y la
llamada
Segunda
Oportunidad,
una
normativa
aprobada
en
nuestro
país
pero
que
no
ha
gustado
a
algunos
de
los
expertos
en
insolvencias
por
considerar
que
no
es
la
solución
adecuada
a
personas
físicas
con
deudas
graves.
Según
José
Luis
Yus,
socio
de
Roca
Junyent,
“esta
ley
apoya
a
los
emprendedores
como
motor
de
la
economía,
generadores
de
empleo
y de
riqueza”.
El
Secretario
Técnico
General
del
Ministerio
de
Justicia,
Julio
Fuentes,
ha
hablado
de
los
últimos
avances
normativos
en
el
ámbito
de
la
mediación
y ha
resaltado
el
papel
que
las
Cámaras
de
Comercio
jugaran
en
estos
procesos.
“Las
Cámaras
son
instituciones
idóneas
para
tal
cometido,
son
Corporaciones
de
Derecho
Público
a
las
que
el
legislador
ha
indicado
expresamente
que
actúen
como
instituciones
de
mediación
civil
y
mercantil,
tienen
prestigio
y
experiencia
en
el
apoyo
a la
solución
de
conflictos,
disponen
de
medios
y
espacios
para
el
desarrollo
de
las
funciones
de
mediación,
cuentan
con
una
red
de
más
de
Cortes
y
Tribunales
de
Arbitraje,
son
cercanas
al
ámbito
económico
y
empresarial
de
su
demarcación,
desde
su
capilaridad
territorial
y
ofrecen
agilidad,
flexibilidad
y
eficacia”.
Por
su
parte,
el
presidente
de
la
Cámara
de
Comercio
de
Sevilla,
Francisco
Herrero,
ha
valorado
positivamente
las
funciones
de
mediación
y
arbitraje
que
otorga
la
Ley
a
las
Cámaras
de
Comercio
para
“garantizar
la
trasparencia
y la
ausencia
de
conflictos
de
interés”.
Además,
las
Cámaras
podrán
desempeñar
funciones
adicionales
que
permitan
auxiliar
a
los
emprendedores
en
materia
concursal
tales
como
las
de
asesoramiento,
preparación
de
solicitudes
de
designación
de
mediador,
de
acuerdos
extrajudiciales
de
pagos,
preparación
de
la
documentación,
elaboración
de
listas
de
acreedores,
créditos
y
contratos
y de
evaluación
previa
de
propuestas
de
convenio.
“Estas
medidas
suponen
un
reconocimiento
a la
labor
desarrollada
por
las
Cámaras
de
Comercio
para
el
impulso
y
desarrollo
de
la
mediación
en
la
resolución
de
conflictos
en
la
actividad
empresarial”,
ha
traslado
do
el
Presidente
de
la
Cámara.
Para
ello,
explica
Francisco
Herrero,
“contamos
con
un
Servicio
de
Mediación
que
se
caracteriza
por
su
sencillez,
voluntariedad
y la
disposición
de
un
equipo
técnico
de
mediadores
cualificados
y
homologados
por
la
Cámara,
y
cuyos
principales
objetivos
es
contribuir
como
vía
complementaria
o
alternativa
a la
solución
de
conflictos,
por
una
parte,
y,
también,
mejorar
la
competitividad
de
las
empresas,
resolviendo
los
conflictos
de
forma
ágil,
eficaz
y
poco
costosa
para
las
empresas”.
En
opinión
de
Ignacio
Valderas:
“Un
acierto
reconocido
por
los
asistentes
la
iniciativa
de
la
Cámara
de
Sevilla
al
plantear
la
mediación
empresarial
y la
aplicación
de
la
Ley
de
Segunda
Oportunidad,
a
través
de
la
plataforma
"Foro
Mediación"
como
primera
interlocución
y
adhesión
para
las
empresas.
De
esta
manera
la
Cámara
de
Sevilla
y
las
Empresas
se
unen
mucho
más
si
cabe
en
la
actual
y
futura
coyuntura
económica,
siendo
ésta
las
protagonista
para
ayudar
a
resolver
y
prevenir
los
litigios
de
cualquier
índole
de
una
manera
democrática,
transparente
y
adaptable
a
los
Códigos
de
Buen
Gobierno
y
Responsabilidad
Social
Corporativa
de
todas
las
Empresas
andaluzas
que
soliciten
su
asesoramiento
y
servicios." |
