A la
vista
del
“Acord
del
Botànic”
del
pasado
día
11
de
junio,
en
el
que
no
se
hace
referencia
alguna
a la
Administración
de
Justicia
en
la
Comunitat
Valenciana,
así
como
a
las
declaraciones
que
hemos
podido
leer
y/o
escuchar,
la
Comisión
Permanente
del
Consejo
Valenciano
de
Colegios
de
Abogados,
bajo
la
Presidencia
de
su
titular
y
con
la
asistencia
de
los
Decanos
de
los
Colegios
de
Abogados
de
Valencia,
Alicante,
Castellón,
Elche,
Alcoy,
Orihuela,
Sueca
y
Alzira,
acordó,
por
unanimidad,
emplazar
públicamente
al
nuevo
Gobierno
de
la
Generalitat
Valenciana,
a su
Consellera
de
Justicia,
Gabriela
Bravo,
-que
ha
manifestado
su
voluntad
de
que
la
justicia
valenciana
sea
una
prioridad-,
y a
todos
los
Partidos
Políticos,
con
representación
en
las
Cortes
Valencianas,
para
que,
según
sus
respectivas
responsabilidades
y
competencias.
A
este
respecto
desde
este
organismo
se
ha
hecho
público
una
nota
en
la
que
se
pide
que
el
nuevo
Gobierno
de
Ximo
Puig
coja
el
toro
por
los
cuernos
y
vea
en
la
justicia
una
prioridad.
En
la
nota
se
destacan
varios
puntos
que
reproducimos
por
su
interés:
1.-
Se
comprometan,
pública
e
inequívocamente,
a la
efectiva
dotación,
conforme
a
las
competencias
transferidas,
de
los
medios
materiales
y
personales
necesarios
para
el
buen
funcionamiento
de
la
Administración
de
Justicia,
poniendo
fin
a
las
inaceptables
carencias
que
vienen
soportando
los
Juzgados
y
Tribunales
de
la
Comunidad,
cuya
falta
de
solución
impide
dar
satisfacción
al
derecho
de
los
ciudadanos
a un
proceso
sin
dilaciones
indebidas
y,
en
definitiva,
a la
tutela
judicial
efectiva,
comenzando,
en
cuanto
dependa
de
sus
competencias,
por
la
inmediata
dotación
y
puesta
en
marcha,
en
su
mayor
parte
aún
pendiente
en
estos
momentos,
de
los
20
Juzgados
de
nueva
creación,
de
distintos
órdenes
jurisdiccionales,
aprobados
para
esta
Comunidad
por
RD
819/10
de
25
Junio.
2.-
Asuman
que
la
inaceptable
situación
del
Servicio
Público,
pues
de
eso
se
trata,
de
la
Administración
de
Justicia
en
la
CV,
que
afecta
a
Derechos
Fundamentales
de
los
ciudadanos,
constituye
una
Cuestión
de
Comunidad,
en
cuya
solución
deben
implicarse,
junto
con
el
Gobierno
de
la
Generalitat,
todos
los
Partidos
Políticos,
con
representación
en
las
Cortes
Valencianas,
en
orden
a
alcanzar
el
necesario
Pacto
de
Comunidad,
que
garantice
su
cumplimiento,
a
corto
y
medio
plazo,
al
margen
de
las
vicisitudes
electorales.
3.-
Constituyan
a
dicho
fin,
con
la
mayor
urgencia,
el “Observatorio
de
la
Justicia”,
en
la
que
deberán
participar
activamente
todos
los
operadores
jurídicos,
Jueces,
Fiscales,
Secretarios,
Abogados
y
Procuradores,
y,
por
supuesto,
los
funcionarios
al
servicio
de
la
Administración
de
Justicia,
para
identificar
las
necesidades,
estudiar
las
posibles
soluciones,
su
coste
y
financiación,
mediante
la
necesaria
Memoria
Económica,
que
garantice
su
efectiva
implantación,establecer
las
prioridades
y
consensuarlos
calendarios
correspondientes,
de
modo
que,
en
esta
nueva
Legislatura
pueda,
por
fin,
hablarse
de
una
moderna
Administración
de
Justicia
en
nuestra
Comunitat.
4.-
Se
comprometan
públicamente
a
mantener
el
actual
modelo
de
Asistencia
Jurídica
Gratuita,
por
ser
el
que
mejor
garantiza,
a
los
ciudadanos
sin
recursos,
su
derecho
de
acceso
a la
Justicia,
a
extender
dicho
Beneficio
a
cuantas
actuaciones
resulten
necesarias,
para
su
defensa
integral,
no
solo
en
sede
Judicial,
sino
también
en
Vía
Administrativa,
incluir
la
Mediación
y a
introducir
las
mejoras
tecnológicas
requeridas,
para
la
mejor
y
más
eficiente
gestión
del
Servicio,
y a
negociar
de
buena
fe,
con
los
Colegios
de
Abogados
y
Procuradores,
una
remuneración
digna
y
suficiente,
acorde
con
la
función
que
desempeñan,
a la
que
tienen
derecho
y de
la
que
se
han
visto
privados
los
Profesionales
de
la
CV,
cuyo
baremo
retributivo,
que
ni
siquiera
incluye
todas
las
actuaciones
que
realizan
los
Abogados,
sufrió
además,
en
Enero
de
2012
y
después
de
siete
años
de
congelación,
un
brutal
recorte,
por
parte
de
la
Conselleria
de
Justicia,
del
orden
del
35%,
hasta
quedar
situado
a la
cola
de
los
de
todo
el
Estado,
incluso
ahora,
a
pesar
del
insuficiente
incremento
del
10%
aprobado
por
la
Orden
4/2015,
de
15
de
junio,
habilitando
las
partidas
presupuestarias
necesarias
para
dar
cumplimiento
a
todo
ello.
5.-
Promuevan
la
total
supresión
de
las
Tasas
Judiciales,
puesto
que,
manteniéndose
para
todas
las
Sociedades,
sin
distinción,
incluidas
incomprensiblemente
las
Pymes,
que
constituyen
el
grueso
del
tejido
empresarial
y la
mayor
fuente
de
empleo,
en
la
CV y
en
el
resto
del
Estado,
las
satisfechas
por
las
Sociedades
son
finalmente
soportadas,
por
la
parte
condenada
en
costas,
en
su
inmensa
mayoría
las
propias
personas
físicas,respecto
de
las
cuales,
aunque
únicamente
como
demandantes,
se
habían
suprimido
las
tasas.
6.-
Se
comprometan
públicamente
al
desarrollo
pleno
de
la
competencia
legislativa
sobre
Derecho
civil
valenciano. |