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03 de JULIO de 2015

Diez años de juzgados de violencia sobre la mujer

LAWYERPRESS

Por Susana Gisbert Grifo, Fiscal

 

Susana Gisbert Grifo, FiscalEstos días andamos de aniversario. Nuestros Juzgados de Violencia sobre la Mujer cumplen diez años aunque, como quien dice, parece que fue ayer, que hay que ver lo deprisa que pasa el tiempo.

Así que es una buena oportunidad para echar la vista atrás y dar un repaso. Y, sobre todo, para echar la vista adelante y avanzar en esta materia todo lo que todavía nos falta.

Lo bien cierto es que en el momento en que, tras la aprobación de la Ley integral de protección contra la violencia de género, empezó la andadura de estos juzgados, no estábamos siendo conscientes de que asistíamos a un hito en nuestra historia judicial. Por fin se consolidaba la tímida apuesta que empezó con el Código Penal del 95 y fue cobrando fuerza de forma paulatina hasta la aprobación de la ley reguladora de la orden de protección, en el 2003, y, por fin, la Ley Integral, en Diciembre de 2004, esa ley que –no hay que olvidarlo nunca- logró un consenso histórico a la hora de ser aprobada.

Por aquel entonces la sensibilidad contra tan terrible pandemia alcanzó altas cotas, cosa que hoy, por desgracia, parece estar perdiéndose. De hecho, en las últimas encuestas, la violencia de género no ocupa ninguno de los primeros puestos entre las preocupaciones de los ciudadanos. Algo que a mí me preocupa como ciudadana, valga la redundancia, y, desde luego, como fiscal y parte de este engranaje en el que nos movemos los juristas.

Fueron momentos en que pensábamos que había que echar las campanas al vuelo. Pero, lamentablemente, no es oro todo lo que reluce, y el tiempo vino a ponernos los pies en el suelo. Había sido un gran logro, sin duda, pero quedaba –y queda- mucho por hacer. La ley nos puso en la línea de salida, pero nos quedaba por delante una maratón muy larga, que todavía estamos recorriendo. Y la meta aun queda lejos. Porque la meta de esta carrera no es otra que ese día en que todas estas medidas no sean necesarias. Y para ello hay muchos obstáculos por salvar.

En efecto, la ley nos trajo, entre las muchas medidas que contemplaba, la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que entraron en vigor en el verano de 2005, hace ahora diez años. Y también nos trajo la creación de la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer –ocupada desde entonces por Soledad Cazorla, que nos dejó triste e inesperadamente hace poco tiempo- y las correspondientes secciones especializadas en todas la fiscalías. Un verdadero hito, como he dicho, pero que había de ser completado progresivamente. Y ahí la cosa no ha ido tan rápido como debiera.

Al principio fueron pocos los Juzgados exclusivos que se creaban. Uno por provincia, salvo alguna excepción para las grandes capitales –y no para todas- El resto, aun cuando se hablaba de creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer en todos los partidos, no era ni lo uno ni lo otro. Esto es, ni era creación, ni en realidad eran juzgados especializados, sino que se trataba de la mera atribución de nuevas competencias a juzgados ya existentes. Y esta situación, que en principio se configuraba como transitoria hasta la implantación progresiva de verdaderos juzgados especializados, todavía persiste en nuestros días en la mayoría de partidos judiciales.

Cierto es que desde la aparición de los primeros juzgados hasta hoy hemos asistido a sucesivas creaciones de nuevos órganos especializados. Se fueron ampliando las capitales que contaban con Juzgados de Violencia Sobre la Mujer con servicio de guardia permanente –a Madrid y Barcelona se sumaron Valencia y Sevilla- y se constituyeron otros nuevos en algunas grandes poblaciones diferentes de las capitales de provincia. Eso sí, salvo las cuatro capitales citadas, esos órganos con dedicación exclusiva solo atendían en horario de audiencia –por las mañanas- y de lunes a viernes, dejando para el juzgado de guardia ordinario todo aquello que excediera de dicho horario. Y así seguimos. De modo y manera que, según el lugar, día y hora en que suceda el hecho, se interponga la denuncia, se solicite la orden de protección o se detenga al presunto autor, se tendrá atención inmediata por órgano especializado o por otro que no lo sea, sin perjuicio de que posteriormente el asunto pase a manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer correspondiente. Algo no fácilmente comprensible.

Pero aún hay más. Fuera de esas grandes poblaciones que cuentan con órgano especializado, la mayoría de partidos judiciales continúan la situación antes descrita, esto es, aquélla en que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer no es tal, sino algo llamado eufemísticamente “Juzgado mixto compatible” que no es otra cosa que un juzgado que debe atender sus asuntos civiles y penales como cualquier otro además de hacerse cargo de esta materia. Algo todavía menos comprensible que lo anterior.

Para paliar esta situación, se han acometido a lo largo de estos años algunos proyectos que, como muchos otros, quedaron en papel mojado, como la llamada “comarcalización”, consistente en la agrupación de varios partidos judiciales que contarían con un solo Juzgado de Violencia con competencias exclusivas en la materia. Dicha idea parece haber sido retomada por la proyectada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé lo que llama “extensión de la jurisdicción”, algo parecido –por no decir igual- a lo anteriormente pretendido. Habrá que estar a la espera de si esto queda en algo más que buenos propósitos, como ha ocurrido tantas otras veces.

Pero como no sólo de Instrucción viven los Juzgados, quedaría todavía dar un repaso a cómo quedan los órganos de enjuiciamiento. Y aquí las lagunas son todavía mayores. Por desgracia, si se analiza el panorama con una cierta perspectiva, parece que la especialización cede conforme subamos escalones judiciales y pasamos de la exigencia de especialización en los juzgados que llevan la instrucción de las causas, a la falta total de ella en las más altas instancias. Así, aunque está prevista desde el principio la existencia de secciones especializadas en las Audiencias, lo cierto es que esta especialización no pasa a día de hoy en la mayoría de casos de una mera norma de reparto que atribuye las causas a determinada sección pero no acredita la especialización de sus integrantes más allá del mero voluntarismo y, en su caso, de la experiencia. En cuanto a los Juzgados de lo Penal, aunque la ley prevé que los asuntos de violencia de género se atribuyan a uno de los que existan, ni se establece especialidad alguna ni hay obligatoriedad de hacerlo de ese modo, siendo varias las ciudades donde no se cumple tal previsión. Y, tampoco se prevé especialización alguna para el Magistrado Presidente que dirija un Tribunal del Jurado, procedimiento por el que se conocerán los más graves atentados de género, esto es, las muertes. Y otro tanto ocurre cuando es el Tribunal Supremo quien conoce de una asunto en materia de violencia de género, sea por vía de recurso de casación o por tratarse de persona aforada, ya que este órgano no hay previsión específica respecto a la Violencia de Género.

En definitiva, aun queda un larguísimo camino por recorrer en materia de especialización de juzgados. Y parece que se hizo un parón y no se retomó el ritmo de la carrera. Y ya debería ser el momento de emprenderla con nuevos bríos, porque no hay más que echar un vistazo a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial o de la Fiscalía General del Estado para percatarse que esta pandemia no para ni tiene visos de hacerlo.

Pero no se puede echar la culpa de esto a los juzgados, ni a los fiscales, los abogados, ni a los que intervienen en el proceso. La ley fue desarrollada con una clara hipertrofia en su parte judicial si lo comparamos con el resto de previsiones, que padecieron y padecen de una clara atrofia. Las disposiciones acerca de prevención, educación, publicidad o medios de comunicación han quedado en poco más que una mera declaración de intenciones, esperando a que alguien les dé un poco de impulso. Y ahí siguen. Y no deberíamos perder de vista que aquí está la clave para llegar a ese momento soñado del que hablaba al principio: el momento en que ninguna de estas medidas sean necesarias.

Hemos recorrido un largo trecho, pero todavía queda mucho más. Ojala no tengamos que esperar otros diez años para hablar de avance.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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