MARKETING

COMUNICACIÓN

INTERNET

FORMACIÓN

RRHH

PUBLISHING & EVENTS

Q-LAWYER

DIRECTORIO

Noticias de Despachos

Operaciones

Vida Colegial Comunidad Legal Sistema Judicial Internacional
Arbitraje Mediación TIC Abogados Jóvenes Entrevistas Colaboraciones/Opinión Reportajes Agenda BLOGS LP emprende

 
 
13 de JULIO de 2015

El talón de Aquiles del sistema: la inseguridad jurídica

LAWYERPRESS

Por Juan Gonzalo Ospina Serrano, Presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Madrid

 

Juan Gonzalo Ospina Serrano, Abogado Penalista – Presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de MadridSi un país no tiene una seguridad jurídica íntegra no podrá gozar de un desarrollo social y económico estable. Un sistema que no es capaz de proveer a sus ciudadanos un cuerpo judicial independiente, eficiente y eficaz, que aplique ciegamente la ley para resolver sus controversias, es un sistema viciado que no ofrecerá las condiciones adecuadas para el crecimiento económico puesto que el ciudadano, el inversor, el emprendedor o el empresario no tendrán la seguridad adecuada para desarrollar su proyecto.

El actual gobierno ejecutó una serie de reformas legislativas dirigidas a evitar el rescate de España, y a la imposición de las medidas de ajuste que se hubieran impuesto de haberse llevado dicho rescate. Sin embargo, el Gobierno se ha dejado en el camino una de las reforma más importantes y sustanciales que se tenían que haber acometido para llevar a España a ser la democracia de calidad que sus ciudadanos demandamos, y que es el talón de Aquiles de nuestro sistema, la reforma de la administración de Justicia.

¿Cómo vamos a crear empresa si un proceso judicial puede tardar 5 años? ¿Cómo vamos a invertir si un litigio con un proveedor se puede tardar 4 años en resolver? ¿Y cómo vamos a confiar en el sistema si la última palabra del pleito lo va a tener un Tribunal Constitucional elegido por la clase política? Estas preguntas son las que cualquier ciudadano o inversor, nacional o extranjero se pueden plantear en el momento de pensar en desarrollar un negocio en España, lo cual hace que para cubrir esta deficiencia se tenga que calcular esta posible continencia, que eleva el costo de inversión.

La gran reforma que demanda a voces nuestro país, la que nos permitiría creer en un sistema que provee igualdad de condiciones, la que daría confianza a sus ciudadanos, es la gran reforma que el Gobierno no ha llevado a cabo. La administración de justicia es la columna vertebral de toda una democracia, y esta se mide en función de la calidad de su sistema jurídico (nunca veremos un país como democrático como Alemania con un sistema jurídico como el de la tiranía de Corea del Norte y en Corea del Norte no tendremos un sistema jurídico como el Alemán, son vértices opuestos, entre la libertad y la tiranía) sólo con un sistema jurídico de calidad podremos tener una democracia íntegra.

La administración de justicia española requiere una reforma estructural de fondo, con el fin de mejorar la seguridad jurídica. Nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ley que regula la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tiene que ser reformada para eliminar la intromisión del poder político de nuestra justicia. La cúpula de los jueces no puede ser elegida como contraprestación política; por respeto al sistema y a la fuerza moral de nuestros jueces que ven manchados su nombre con tintes políticos y en segundo lugar, para garantizar la división de poderes.

El CGPJ es el órgano encargado de sancionar, fijar destinos, fijar descansos, fijar jueces suplentes o sustitutos, y si está intoxicado del poder político, puede la balanza de la justicia inclinarse a favor no de la ley sino de quien nombra. No es de recibo que la elección de los Magistrados de nuestro Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional de España, sean elegidos por un CGPJ que ha sido elegido a su vez a dedo por la clase dirigente. La ciudadanía no comprende, que los casos más relevantes o aquellos de los que demandamos mayor seguridad jurídica, vayan a ser resueltos por los amigos del poder y por quienes le deben su ascenso al oportunismo del partido.

Tristemente nuestra administración de justicia es imperfecta como consecuencia de un poder legislativo y ejecutivo que se mira más a su ombligo en lugar de tener una clara visión de estado. Pero la política judicial no es el único problema al que se enfrenta nuestra administración de justicia, ya que el segundo gran déficit, igual de nefasto que el primero, es la falta de medios y la estructura procesal de nuestros ordenamientos jurídicos.

En el proceso civil por ejemplo, no caben recursos de apelación para aquellos casos con una cuantía inferior a 3.000 euros (art. 455 LEC). El consumidor que reclame a su taller 2.900 euros por un trabajo mal logrado, y pierde la demanda, no tendrá la posibilidad de revisar tal fallo, ¿puede un ser humano que tiene más de 20 juicios en 5 horas tener la suficiente imparcialidad para escuchar a ambas parte con la suficiente mesura y resolver una sentencia sin subjetividad?, la mayoría de nuestros jueces tienen una capacidad intelectual admirable, pero hay que ser realistas no son superhéroes. A su vez las apelaciones en la jurisdicción civil, han caído en su mayoría en saco roto al encontrarnos que los Tribunales raramente entran a revisar el fondo del caso y se limitan a reproducir o ratificar, “el fundamento del fallo de la primera instancia” sin fundamentar lo suficiente ni motivar con la debida lógica del porqué de tal resolución. Así muchos ciudadanos preguntan a sus abogados, “¿tendremos posibilidades?”, y nuestra respuesta siempre será: “depende del juez que nos toque”; por lo tanto, ¿existe seguridad jurídica?

En la vía contencioso-administrativa, los defectos del proceso claman a gritos. Un proceso en donde no hay igualdad de partes, se vulnera flagrantemente el artículo 14 de la Constitución española, ya que es una jurisdicción en dónde la Administración pública, tiene presunción de veracidad. Si demandamos a un consistorio porque según el mismo, no cumplíamos la normativa y nos reclaman 60 mil euros, somos los demandantes los que tenemos la carga de la prueba, ¿y que producen estas prebendas legales?, inseguridad jurídica. Cabe recordar que la fase contenciosa administrativa, es la continuación de un litigio en el que los ciudadanos ya nos hemos disputado un expediente sancionador, con la administración. Sanciones, que además son ejecutivas, mucho antes de llegar a la fase judicial, esto es, que una sanción de la Agencia Tributaria por una liquidación incorrecta de un impuesto es ejecutivo en vía administrativa mucho antes de que podamos defendernos en “igualdad” y ante un juez de meritada sanción. Lo que ocasiona una situación de indefensión ya que la administración tiene la potestad de ejecutar la sanción y embargar, antes de que un juez pueda resolver sobre la adecuación de tal pena, ¿es esto una justicia de calidad?

Las demás jurisdicciones laborales, penales y mercantiles, sufren los mismos desmanes de la deficiente administración de justicia, anclada en procesos arcaicos y anticuados, con un despilfarro de eficiencia inconmensurable. Los juicios se señalan hoy para 3 o 4 años vista en primeras instancias. El proceso apisona a un ciudadano que depende de un servicio básico para poder desarrollarse con dignidad y que se ve abandonado de un estado incapaz de resolver sus necesidades.

El ejecutivo debería adentrarse en una profunda reforma estructural y de fondo de la administración de justicia en todas las jurisdicciones, no como un capricho ciudadano sino como una necesidad, aclamada por jueces, fiscales, abogados y procuradores, con un fin doble: proveer de mayor seguridad jurídica que ofrezca confianza a los inversores y seguridad a los ciudadanos, y segundo para eliminar la desigualdad ante la ley, en la búsqueda de una democracia de calidad. “La justicia no espera ningún premio, se la acepta por ella misma, de igual manera que a todas las virtudes” Cicerón.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nosotros  /  Nuestro Equipo  / Contacto 

copyright, 2015 - Strong Element, S.L.  -  Peña Sacra 18  -  E-28260 Galapagar - Madrid  -  Spain - 
Tel.: + 34 91 858 75 55  -  Fax: + 34 91 858 56 9777
info@lawyerpress.com  -  www.lawyerpress.com - Aviso legal