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El
pasado
día
22
de
junio
de
2015,
coincidiendo
con
la
asamblea
anual
del
Comité
Español
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
(CERMI),
se
daba
a
conocer
el
último
recuento
de
firmas
de
apoyo
a la
Iniciativa
Legislativa
Popular
contra
el
copago
confiscatorio
en
materia
de
autonomía
personal
y
atención
a la
dependencia.
Hasta
esa
fecha,
y en
menos
de
siete
meses
desde
que
comenzó
a
contar
el
período
de
captación
-dos
de
diciembre
de
2014-,
se
habían
recogido
452.911
signaturas,
un
90,5
por
ciento
del
global
necesario,
fijado
por
la
Ley
en
500.000
firmas.
Una
movilización
sin
precedentes
en
un
sector
estrictamente
social
como
el
de
la
discapacidad,
había
dado
este
resultado
alentador,
que
augura
que
el
propósito
final,
lograr
al
menos
el
medio
millón
de
firmas
necesarias
para
que
la
propuesta
de
modificación
legal
en
relación
con
el
copago
llegue
al
Congreso
de
los
Diputados
y
tenga
que
ser
debatida,
está
al
alcance
de
la
mano,
más
aún
sabiendo
que
hay
de
plazo
hasta
el 2
de
diciembre
de
2015
para
seguir
recopilando
firmas,
tras
la
concesión
de
la
prórroga
de
tres
meses
que
prevé
la
legislación
reguladora
de
las
iniciativas
legislativas
populares.
Con
un
poco
más
de
esfuerzo,
un
mecanismo
constitucional
como
el
de
la
iniciativa
legislativa
popular,
establecido
para
abrir
a la
ciudadanía
la
participación
política
y
legislativa,
puede
verse
culminado
con
éxito
y
ello
a
propósito
de
la
discapacidad
y la
dependencia,
asuntos
que
por
desgracia
no
suelen
estar
en
las
posiciones
preferentes
de
la
agenda
política.
Si
todo
va
como
hasta
ahora,
el
movimiento
de
la
discapacidad,
acompañado
y
asistido
por
otros
sectores
sociales,
y
sobre
todo
por
la
ciudadanía,
que
se
ha
volcado
en
el
apoyo
ante
este
requerimiento
de
solidaridad,
el
Parlamento
español
que
surja
de
las
próximas
elecciones
generales
quedará
emplazado
a
pronunciarse
sin
ambages
sobre
una
demanda
cívica
ampliamente
respaldada.
A
saber,
la
que
aspira
a
que
el
derecho
a
recibir
apoyos
dignos
y
suficientes
en
caso
de
hallarse
en
una
situación
en
el
que
la
autonomía
personal
está
comprometida
-como
consecuencia
de
la
edad
avanzada
o de
una
discapacidad-,
sea
real
y
efectivo
y no
se
vea
impedido
u
obstaculizado
por
el
ese
factor
disolvente
del
copago,
que
en
estos
años
de
despliegue
de
la
Ley
de
Autonomía
Personal
y
Atención
a la
Dependencia,
ha
sido,
está
siendo,
una
barrera
infranqueable
para
acceder
a
este
nuevo
dispositivo
público
de
protección
social,
o si
la
persona
logró
entrar,
una
orden
ejecutiva
de
expulsión.
La
propuesta
contra
el
copago
confiscatorio
que
a la
vuelta
de
unos
meses
habrá
de
debatir
el
Parlamento
español
busca
que
en
sede
legal
queden
inscritos
unos
criterios
iguales,
más
allá
de
dónde
se
resida,
sobre
participación
en
el
coste
de
las
prestaciones
y
servicios
del
Sistema
para
la
Autonomía
y
Atención
a la
Dependencia,
que
libere
en
una
primera
fase
más
del
90
por
ciento
de
las
población
beneficiaria
de
tener
que
hacer
aportaciones.
Luego,
en
cada
territorio,
continuará
la
movilización
y la
tarea
de
incidencia
para
que,
en
un
segundo
término,
la
comunidad
autónoma
establezca
la
gratuidad
de
las
prestaciones
y
servicios
dirigidos
a
personas
con
discapacidad
en
situación
también
de
dependencia.
500.000
son
muchas
y
muy
poderosas
razones
como
para
encontrar
oposición;
ni
siquiera
la
cerrazón
más
recalcitrante
podrá
detener
esa
caudalosa
corriente
de
afirmación
de
derechos
que
ha
sido
la
firma
contra
el
copago.
Luis
Cayo
Pérez
Bueno
Presidente
del
Comité
Español
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
(CERMI) |
