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03 de SEPTIEMBRE de 2015

Tribunal Constitucional: ¿Acabamos con el paciente o con la enfermedad?

LAWYERPRESS

Por Juan Gonzalo Ospina Serrano, Presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Madrid

 

Juan Gonzalo Ospina Serrano, Abogado Penalista – Presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de MadridEl imperio de la ley es el pilar sobre el que se levantan las democracias modernas para poder proveer a sus ciudadanos seguridad, bienestar y progreso. Estas democracias hoy son el fruto de la evolución de los derechos y deberes de los ciudadanos frente a sus gobernantes.

En 1188 las Cortes de León exigieron a Alfonso IX la aprobación de una serie de decretos que reconocían el respeto de éste a los derechos y libertades civiles de su pueblo, como la propiedad privada o la posibilidad de resolver los litigios ante una justicia imparcial. En 1689 el Parlamento Inglés dictó su Bill of Rights para limitar el poder absoluto del monarca, sería esta decisión el germen de la posterior Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789 y la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Los ciudadanos fueron suscribiendo y obligando a sus respectivos poderes, la trasposición escrita de sus Derechos Fundamentales. Derechos inherentes a cada ser humano por el simple hecho de serlo. Los Derechos Fundamentales son la esencia más elemental de cada ciudadano. Son los derechos que garantizan el respeto a su personalidad, a su dignidad y a su ser.

Los tratados modernos antes mencionados, obligan al legislador a amoldar todas las leyes de su ordenamiento jurídico respetando los Derechos Fundamentales. Estos Derechos que reconocen el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad privada, al honor, a la dignidad, a la libre circulación, etc., así, llegamos a la conclusión Montesquiana que “no toda ley por ser ley es justa, debe ser justa porque es ley”;  ya que si esta ley vulnera los Derechos Fundamentales no debería de ser ley.

En esta línea, el ordenamiento jurídico español, con gran éxito y con carácter garantista, tiene un Tribunal Constitucional que se encarga, entre otras funciones, de tutelar: que todas las leyes que emanan de nuestro poder legislativo tienen que ser Constitucionales, esto es, no sólo conforme con el espíritu y el contenido constitucional sino con el respeto a los Derechos Fundamentales que la misma recoge en su Título Primero, Capítulo Segundo.

Por otra parte, el poder político que es reconocido por medio de las urnas atendiendo a las necesidades puntuales de sus ciudadanos, le es fácil caer en oportunismos y en modas electorales para alcanzar y perpetrarse en el poder. Este afán legislativo que en una democracia parlamentaria y con mayoría en el congreso lo puede con todo, puede llevarnos a positivar conductas que vulneren los referidos Derechos Fundamentales, con el consecuente peligro de emanarse leyes no sólo injustas, sino a justificar el fin y sus medios, sin ningún tipo de control externo que lo neutralice.

Por ello, el Tribunal Constitucional no es simplemente eso, un Tribunal, es algo más. Es el equilibrio y freno al poder absoluto del Estado, es el árbitro de tutelar los desmanes políticos. El Constitucional tiene la llave que cierra la moralidad y lo “justo” de nuestro sistema, dando su visto de constitucional a las leyes que se aprueban, es por lo tanto, el garante último del equilibrio de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.

Frivolizar con la supresión de este órgano no es cuestión baladí. La reforma del mismo por su politización es tan necesaria, como adecuada, en un país en donde lo político lo ha copado todo. Con un Constitucional independiente, muchas leyes que han producido abusos, no hubieran visto la luz: desde la reforma del PSOE en el año 1985 a la LOPJ que modificó la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y que es el virus de la intromisión política en la justicia; o leyes como la Hipotecaria culpable del drama de aquellos desahucios abusivos, que en su articulado impedían al deudor hipotecario oponerse en su ejecución al acreedor, alegando éste cláusulas abusivas en su contratación, aun cuando esto contradecía a la directiva europea 93/13.

Un Constitucional independiente es tan necesario para la salud democrática como lo son el parlamento para las leyes. El Constitucional es la última balanza para evitar que un Estado de Derecho olvide legislar desde el respeto a sus Derechos Fundamentales y pueda caer en la barbarie del totalitarismo, donde sus dirigentes (con la recurrente excusa de la legalidad) lo pudieran todo. La despolitización del Tribunal es una necesidad sine qua non para la garantía democrática: su eliminación, como propone Ciudadanos, sería un peligroso error defícil de enmendar. Pero no menos peligroso parece lo que podría ser la última propuesta del Grupo Parlamentario Popular, en la que se propone que sea el Constitucional juez, parte y ejecutor cuando este dicte una resolución. Podría parecer una solución práctica en cuanto a la forma para evitar la amenaza secesionista, pero el fondo y las consecuencias de la reforma deberían meditarse con más profundidad, o acaso, ¿no existen distintos Tribunales u órganos del Estado capaces de hacer cumplir mejor las resoluciones de nuestro Constitucional y que proveyeran de mayores garantías, como por ejemplo; Tribunales Contencioso-Administrativos, Abogacía del Estado, Fiscalía…?

Lo que está claro es que el debate está servido. Nuestro Constitucional hoy se encuentra enfermo, pero lejos está de haber fallecido, o de que debamos prescindir de él. “La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma. Y de igual manera son todas la virtudes.” Cicerón.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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