MARKETING

COMUNICACIÓN

INTERNET

FORMACIÓN

RRHH

PUBLISHING & EVENTS

Q-LAWYER

DIRECTORIO

Noticias de Despachos

Operaciones

Vida Colegial Comunidad Legal Sistema Judicial Internacional
Arbitraje Mediación TIC Abogados Jóvenes Entrevistas Colaboraciones/Opinión Reportajes Agenda BLOGS LP emprende

 
 
10 de SEPTIEMBRE de 2015

Derecho al honor e inclusión en registro de morosos: daños, caducidad acciones y actuaciones penales

LAWYERPRESS

Por Miguel Ángel Serrano, Socio, Director del Departamento de Procesal y Arbitraje, de Crowe Horwath, Legal y Tributario (Member Crowe Horwath International). Madrid

 

Miguel Ángel Serrano, Socio, Director del Departamento de Procesal y Arbitraje, de Crowe Horwath, Legal y Tributario (Member Crowe Horwath International). MadridEl artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, establece una presunción "iuris et de iure" de existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor, como es el caso del tratamiento de datos personales en los registros de solvencia patrimonial –también denominados de “morosos”–  sin cumplir las exigencias que dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Este perjuicio indemnizable ha de incluir el daño patrimonial, y en él, tanto los daños patrimoniales concretos, fácilmente verificables y cuantificables, como los daños patrimoniales más difusos pero también reales e indemnizables, al igual que los daños derivados del desprestigio y deterioro de la imagen de solvencia personal y profesional causados por la inclusión indebida de dichos datos en el registro.

Asimismo, la indemnización ha de resarcir el daño moral, entendido como aquel que no afecta a los bienes materiales que integran el patrimonio de una persona, sino que supone un menoscabo de la persona en sí misma, de los bienes ligados a la personalidad, por cuanto que afectan a alguna de las características que integran el núcleo de ésta, como es la dignidad.

Ahora bien, a efectos de que la persona afectada inste la acción judicial para exigir la protección de su derecho al honor y la indemnización de los referidos daños no puede obviarse lo dispuesto en el artículo 9.5 de la citada Ley Orgánica 1/1982:

“Las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.”

Y a este respecto, la jurisprudencia ha declarado, como recuerdan las recientes Sentencias números 452 y 453/2015, de 16 de julio, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que el aludido plazo de cuatro años es de caducidad, según expresa claramente el propio precepto normativo transcrito.

Por tanto, dicho plazo de caducidad no se interrumpe por la incoación de actuaciones penales por los mismos hechos.[1]

Igualmente, dicha Sala Primera del Tribunal Supremo ha establecido, como reiteran las Sentencias de esa misma Sala ya citadas, que ese plazo de caducidad de la acción, cuando se trata de la protección del derecho al honor por la inclusión indebida en un registro de “morosos”, se inicia desde que el afectado supo que sus datos habían dejado de estar incluidos en tal registro.

Y lo anterior se debe a que los mencionados daños producidos por la referida inclusión indebida tienen naturaleza de daños continuados. En efecto, la causa que origina la intromisión en el derecho al honor es la imputación de ser moroso.

De ahí que la eficacia potencialmente lesiva del honor persista durante todo el tiempo que transcurre hasta que se produce la baja de la persona afectada en el citado registro. Y ello, con independencia de que el mencionado registro haya sido o no consultado por terceros, ya que basta la posibilidad de conocimiento por un público, sea o no restringido, y que la falsa morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los supuestos acreedor y deudor, para pasar a ser de proyección pública.

La apreciación de la existencia, o no, de intromisión en el derecho al honor ha de realizarse, pues, teniendo presente las circunstancias concurrentes cuando los mencionados datos personales fueron incluidos en el registro de “morosos” y si existía, en ese momento, una apariencia de veracidad de esos datos que pudiera haber hecho confiar a la parte demandada en la existencia real de la deuda, lo que excluiría la antijuridicidad de su conducta, sin perjuicio de que la parte demandante tuviera derecho a la rectificación y cancelación de sus datos.

En este sentido, las dos reseñadas Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2015, con expresa cita de la Sentencia número 410/2014, de 14 de julio, de la misma Sala, declaran: «nada impedía al demandante practicar, en el seno del procedimiento civil, las diligencias de prueba que considerase oportunas para la averiguación de tales circunstancias o, en su caso, plantear una suspensión del proceso civil por prejudicialidad penal».

Luego si el afectado hubiese iniciado previamente un proceso penal, debe concluirse que no necesita esperar a la finalización de dicho proceso para presentar la correspondiente demanda ante la jurisdicción civil, ya que si deja transcurrir, como consecuencia de la aludida espera, más de cuatro años desde que la intromisión en su derecho al honor cesó, habrá caducado la acción para exigir la protección de su derecho al honor y la indemnización de los daños causados ante ese orden jurisdiccional civil.


[1]     Como tampoco por la incoación de un expediente administrativo sancionador por infracción de las normas sobre protección de datos.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nosotros  /  Nuestro Equipo  / Contacto 

copyright, 2015 - Strong Element, S.L.  -  Peña Sacra 18  -  E-28260 Galapagar - Madrid  -  Spain - 
Tel.: + 34 91 858 75 55  -  Fax: + 34 91 858 56 97777
info@lawyerpress.com  -  www.lawyerpress.com - Aviso legal