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15 de SEPTIEMBRE de 2015

José Vicente Gimeno Sendra, Catedrático de Derecho Procesal:
“La independencia judicial pasa porque los juristas más capaces estén en las más altas instancia de la Magistratura”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

José Vicente Gimeno Sendra, Catedrático de Derecho Procesal:

Abogado, asesor del Ministro de Justicia durante la etapa de Fernando Ledesma, 1982-1988, nombrado este año como Premio Pelayo, además de representante español en varios comités del Consejo de Europa y Magistrado del Tribunal Constitucional en la década que fue entre 1988 a 1998 con tres presidentes como Francisco Tomás y Valiente (1986–1992); Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer (1992–1995) y  Álvaro Rodríguez Bereijo (1995–1998), la opinión de José Vidente Gimeno Sendra, Presidente del Instituto Europeo de Ciencias Jurídicas Carlos V. En la actualidad es Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional, así como director de la Revista Procesal que edita IUSTEL, editorial online.  Gimeno valora positivamente las reformas del Ministro Catalá ; cree que se agilizará la justicia con las medidas tomadas por el titular del Palacio de Parcent y su equipo. Sobre la LECRIM señala que “me parece una reforma prudente y adecuada al momento actual, en el que la escasez de fiscales y las deficiencias de infraestructura impiden una reforma más profunda en la línea del borrador del nuevo Código Procesal Penal de 2013 que absolutamente suscribo”, aclara. Respecto a la politización de la justicia señala que “Para evitarla  debería reforzarse la independencia judicial a través de un comportamiento más ético por parte de los grandes partidos en la política de nombramientos, que ha sido denominada como “intercambio de cromos”. A las más altas instancias de la Magistratura debieran llegar los mejores juristas mediante el único criterio de selección que nuestra Constitución impone: su capacidad y mérito.”

Profesor Gimeno Sendra, ahora que se inicia este nuevo curso judicial, ¿qué valoraciones puede hacer a las reformas efectuadas por el Ministro Catalá?

Ha efectuado una magnífica política legislativa (a destacar su reforma del proceso penal) y ha devuelto, con la supresión de las tasas judiciales a las personas físicas, la paz en la Abogacía. Cabe calificar la gestión de este Ministro, en el corto espacio que ha estado al frente de su ministerio, como excelente.

“Estoy completamente de acuerdo con el proceso de desjudicialización que se plantea apoyando al arbitraje, mediación y ahora con la Jurisdicción Voluntaria. El Poder Judicial no está para declarar derechos, sino para tutelarlos en caso de conflicto.”

La corrupción se ha convertido en un problema importante. ¿Cree que con estas medidas, Código Penal incluido reformado, se podrá atajar?

Desde luego lo van a tener más difícil los corruptos; ello debido, sobre todo a la agilización de la justicia penal y a la potenciación del decomiso que hará revertir a su legítimo propietario los bienes y caudales indebidamente sustraídos a los ciudadanos.

Pero también me parece necesario un cambio de política legislativa, desde siempre orientada al Derecho Penal, y hacerla más preventiva, no sólo con la transparencia y controles administrativos previos, sino también con una profunda reforma de la justicia contencioso-administrativa que dote a sus jueces de mayores poderes para poder declarar, con prontitud, la nulidad de las disposiciones y actos administrativos que se hayan convertido en objetos instrumentales de la comisión de delitos y con respecto a los cuales la jurisdicción penal no se encuentra capacitada para su enjuiciamiento.

Curiosamente esas reformas no han tenido consenso político. ¿Tienen peligro de desaparecer tras las elecciones de diciembre?

Personalmente creo que no, ya que, salvedad hecha de alguna reforma polémica (vgr.: la pena de prisión revisable), existe un gran consenso entre las grandes formaciones políticas y buena parte de la magistratura y Fiscalía a la hora de avanzar en la reforma procesal penal y otorgar al Ministerio Fiscal las dirección de la instrucción.

Desde el Ministerio se ha aprobado la reforma de la Jurisdicción Voluntaria que, unida a la Ley de Arbitraje de 2003 y la Ley de Mediación de 2012, da unas herramientas notables al legislador para fomentar la desjudicialización. ¿Cree que a medio plazo se podrán liberar los juzgados de muchos asuntos?

Creo que sí y estoy completamente de acuerdo. El Poder Judicial no está para declarar derechos, sino para tutelarlos en caso de conflicto.

Como asesor que fue del proyecto de LECRIM en el 2001, ¿le parece apropiado la reforma que acaba de aprobarse en el Parlamento?

Me parece una reforma prudente y adecuada al momento actual, en el que la escasez de fiscales y las deficiencias de infraestructura impiden una reforma más profunda en la línea del borrador del nuevo Código Procesal Penal de 2013 que absolutamente suscribo.

Con todo esta reforma parcial puede agilizar la justicia penal, al establecer plazos a la instrucción, haber iniciado la instauración del principio de oportunidad y creado un nuevo proceso por Decreto sustancialmente acelerado; asimismo, reforzará el derecho al secreto de las comunicaciones mediante el incremento del control judicial, instaurará el anhelado derecho a la doble instancia penal, remediará, mediante la reforma del recurso de revisión determinadas injusticias de los tribunales penales y dotará, en general, a la justicia penal de una mayor eficacia a través de la nueva regulación del decomiso.

En este final de año, justicia y política van a estar unidas y a veces mezcladas. ¿Le preocupa que puedan llegar a confundirse?

Para evitar la politización de la justicia, debería reforzarse la independencia judicial a través de un comportamiento más ético por parte de los grandes partidos en la política de nombramientos, que ha sido denominada como “intercambio de cromos”. A las más altas instancias de la Magistratura debieran llegar los mejores juristas mediante el único criterio de selección que nuestra Constitución impone: su capacidad y mérito.

Usted que fue diez años Magistrado del TC, ahora que se ha hecho una reforma del Tribunal Constitucional para darle más competencias ejecutivas, ¿es partidario de otros cambios para que fuera más diligente en sus fallos?

No es función del Tribunal Constitucional (ni del T.S.) ejecutar sus fallos. El T.C. es un órgano de casación constitucional que asume una función declarativa negativa, consistente en anular las Leyes y actos que vulneren la Constitución, reenviando a los tribunales de instancia la ejecución de sus sentencias, las cuales se suelen imponer por su propia “auctoritas”.

Ello no obstante, tampoco cabe desconocer un hecho nuevo, cual es la renuente actitud de la Generalitat catalana al cumplimiento de las decisiones del T.C., lo que, sin duda, habrá inducido a esta polémica reforma de la LOTC, la cual, al pertenecer al bloque de la constitucionalidad, debiera contar con un amplio respaldo parlamentario.

Como Catedrático de Derecho Procesal que es, ¿le gusta la reforma que se ha hecho para el acceso a la abogacía? ¿Están mejores preparados estos futuros abogados que antes?

Personalmente creo que la reforma, inspirada en el Plan Bolonia, ha fracasado. Los graduados tienen menos conocimientos jurídicos que los anteriores licenciados. El Master de acceso a la Abogacía y Procura se convierte, en muchas ocasiones, en una repetición de la carrera de Derecho y las pruebas selectivas no garantizan que un egresado sepa confeccionar una demanda o formalizar un recurso.

Como director de la Revista General de Derecho Procesal, editada por Iustel, cómo ve la iniciativa de Catalá por digitalizar la justicia a partir del 1 de enero? ¿Dónde está la clave para que Lexnet funcione?

En mi opinión, la clave se encuentra en los distintos sistemas informáticos de las Comunidades Autónomas que ejercitan su competencia en materia de justicia y que suelen ser incompatibles con Lexnet, lo que impide la comunicación entre los distintos órganos jurisdiccionales.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
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