Apuntalar la
función
social
de
la
justicia
y
mejorar
la
seguridad
jurídica,
con
estas
dos
premisas,
el
ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá
presentaba
en
la
mañana
de
ayer
en
el
Congreso
de
los
Diputados
el
presupuesto
del
Ministerio
de
Justicia
para
2016
que
alcanza
los
1.630
millones
de
euros.
Desde
su
punto
de
vista,
este
presupuesto
que
se
incrementa
en
158
millones
respecto
al
año
pasado
supondrá
una
mejora
de
la
justicia,
atraerá
inversiones
y
mejorará
la
llamada
Marca
España.
Desde
la
oposición,
en
el
propio
debate
suscitado
por
su
intervención
las
opiniones
han
tenido
gran
escepticismo.
Mientras
el
diputado
socialista
Pablo
Martín
hablaba
de
truco
barato
de
magia
y
dudada
de
la
viabilidad
de
las
cuentas,
para
Ricardo
Sixto
de
IU
los
presupuestos
son
insuficientes
para
las
necesidades
existentes.
Por
su
parte
Rosa
Diez,
portavoz
de
UPYD
pidió
más
independencia
judicial
y
Lourdes
Ciuró
de
Convergencia
una
dotación
especial
para
evitar
la
filtración
de
sumarios.
También
el
Ministro
Catalá
anuncio
para
el
año
que
viene
la
incorporación
de
100
nuevos
jueces
y
fiscales
y la
Oferta
Pública
de
Empleo
para
2016
volverá
a
incluir
más
de
2.000
plazas
para
los
distintos
Cuerpos
de
la
Administración
de
Justicia
que
reforzarán
juzgados
y
tribunales.
Por
la
mañana
en
el
Congreso,
presentando
los
presupuestos
de
Justicia
para
este
año
y,
en
la
tarde
noche
de
ayer
en
la
Real
Academia
de
Jurisprudencia
y
Legislación
ofreciendo
una
conferencia
a la
plana
mayor
de
los
operadores
jurídicos
del
país
sobre
el
estado
de
la
administración
de
justicia
y
los
logros
realizados
desde
su
Ministerio.
Rafael
Catalá,
que
en
unos
días
cumplirá
un
año
en
la
cartera
de
Justicia,
tuvo
un
protagonismo
importante
en
el
día
de
ayer.
En
el
Congreso
señalo
que
los
presupuestos
del
2016
que
se
incrementan
en
más
de
un
7%,
suponen
una
“nueva
inyección
al
proceso
de
reformas
de
la
Administración
de
Justicia”
que
contribuirá
a
reforzar
los
pilares
de
la
construcción
de
la
Justicia
española
del
siglo
XXI:
rápida,
ágil
y
eficiente;
dirigida
a
garantizar
la
protección
de
derechos
y
libertades;
solidaria
y
comprometida
con
su
valor
social;
una
Justicia
al
lado
de
las
víctimas;
que
ofrezca
un
servicio
público
digital,
sin
papel
y
con
los
mejores
recursos
humanos,
materiales
y
tecnológicos.
Cerca
de
56
millones
de
euros
se
dedicarán
a
políticas
en
clave
social
y de
gestión,
como
las
subvenciones
para
la
Asistencia
Jurídica
Gratuita
prestada
por
abogados
y
procuradores.
Igualmente,
los
recursos
destinados
a la
asistencia
psicológica
de
las
víctimas
y la
realización
de
pericias
psicológicas
en
procesos
penales
aumentan
un
54,6%.
Asimismo
se
consignan
créditos
de 6
millones
de
euros
en
diversos
convenios
con
comunidades
autónomas
que
tienen
transferidas
competencias
en
materia
de
Justicia
para
el
impulso
de
las
nuevas
tecnologías,
la
mejora
de
la
Asistencia
Jurídica
Gratuita
y la
dotación
de
medios
materiales.
El
ministro
recordó
que
en
las
últimas
semanas
se
han
suscrito
convenios
con
La
Rioja,
Cantabria,
Cataluña,
Andalucía
y la
Comunidad
Valenciana.
En
relación
con
el
capítulo
de
personal,
Catalá
destacó
el
incremento
de
137
millones
de
euros
que
experimenta
el
presupuesto,
hasta
llegar
a un
total
de
1.355
millones
que
contribuirán
a la
mejora
de
los
medios
humanos
al
servicio
de
la
Justicia.
Así,
se
incorporarán
100
nuevos
jueces
y
fiscales
y la
Oferta
Pública
de
Empleo
para
2016
volverá
a
incluir
más
de
2.000
plazas
para
los
distintos
Cuerpos
de
la
Administración
de
Justicia
que
reforzarán
juzgados
y
tribunales.
Inversiones en
tecnología
e
infraestructuras
El
capítulo
de
las
inversiones
ha
experimentado
un
crecimiento
del
26%,
aumentando
en
20
millones
de
euros,
con
lo
que
alcanza
un
importe
total
de
98
millones
de
euros
para
2016.
Las
líneas
de
trabajo
preferentes
serán
la
modernización
tecnológica
y la
mejora
de
las
infraestructuras.
Para
la
modernización
tecnológica
del
sistema
de
Justicia
y de
los
registros
civiles
la
inversión
se
incrementará
hasta
los
79
millones
de
euros,
20
millones
más
que
en
2015.
Así,
se
reforzarán
tecnológicamente
los
registros
y se
persigue
llegar
al
objetivo
de
una
Justicia
digital,
en
red
y
sin
papel,
con
una
inversión
de
65
millones
de
euros,
un
36%
más
que
en
el
pasado
ejercicio.
En
cuanto
al
Plan
de
Infraestructuras
y
Equipamientos,
los
recursos
disponibles
aumentan
en
un
4%,
en
total
19,4
millones
de
euros
que
servirán
para
la
construcción
de
nuevos
edificios
judiciales
en
Badajoz,
Ibiza,
Guadalajara,
Albacete,
Segovia,
Valladolid
y
Lorca,
y la
rehabilitación
y
mejora
de
sedes
judiciales
en
Palencia,
Ceuta,
Soria
y
Trujillo.
Catalá
ha
destacado
también
la
permanencia
de
3,7
millones
de
euros,
vía
transferencia
de
capital,
con
destino
a la
financiación
de
la
construcción
del
Palacio
de
Justicia
de
La
Rioja.
El
ministro
de
Justicia
ha
destacado
las
inversiones
en
tecnologías
clave
en
el
servicio
al
ciudadano
como
son
la
renovación
y
modernización
del
equipamiento
tecnológico
del
Instituto
Nacional
de
Toxicología,
la
adquisición
de
nuevos
microscopios
electrónicos
de
barrido
con
servicios
de
microanálisis
para
el
Servicio
de
Criminalística,
nuevos
cromatógrafos
de
gases
y
espectómetros
de
masas
para
los
Servicios
de
Química
y
Drogas
y
nuevos
secuenciadores
para
los
Servicios
de
Biología,
fundamentales
para
el
análisis
de
ADN.
Catalá
se
refirió
a la
incidencia
de
los
nuevos
presupuestos
en
los
organismos
adscritos
a su
departamento
y
anunció
un
incremento
del
18%
para
el
Centro
de
Estudios
Jurídicos,
que
dispondrá
de
un
total
de
12,3
millones
de
euros
para
su
tarea
de
formación;
así
como
el
incremento
del
2%,
hasta
llegar
a
101
millones,
para
la
Mutualidad
General
Judicial.
La
Agencia
de
Protección
de
Datos
contará
con
casi
14
millones
de
euros
para
desarrollar
sus
tareas. |