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21 de SEPTIEMBRE de 2015

Pascual Sala, socio consultor de Roca Junyent, expresidente del Tribunal Constitucional:
“Es un error combatir la corrupción solo desde la vía judicial. Hay que activar los mecanismos de control de las instituciones”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

 Tras cincuenta y tres años en la judicatura, con responsabilidades como Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, (1990-96) primero y más tarde, presidente del Tribunal Constitucional  (2011-2013), Pascual Sala aceptaba hace unos meses la oferta de Miquel Roca para integrarse en la estructura de su despacho como socio consultor. “Me siento activo y renovado con esta nueva responsabilidad profesional. Estoy centrado en el desarrollo en el despacho de aquellos procedimientos de resolución de conflictos que no sean estrictamente judiciales, como el arbitraje y la mediación, entre otros”, subraya. Nadie mejor como Sala, desde su perspectiva jurídica para analizar cuestiones como la situación de la justicia, la pugna entre el Gobierno Central y la Generalitat de Catalunya  en el marco de las elecciones del 27S o la forma de combatir la lacra de la corrupción que asola a nuestra sociedad. Como podrá ver nuestro lector sus afirmaciones son claras y contundentes en todos estos temas. “Hay que reformar de verdad las leyes procesales si queremos una justicia moderna. La reforma procesal es muy necesaria que confíe más en la actuación del juez en el desarrollo del procedimiento con la colaboración de las partes y que no ponga el énfasis en una serie de actos procesales que dificultan enormemente el desarrollo y la terminación de los procesos”, afirma.

Sr. Sala, usted que va a trabajar en el desarrollo del arbitraje y la mediación en una firma como Roca Junyent, ¿cómo ve el desarrollo de estas prácticas extrajudiciales?

El problema del arbitraje y su limitación, con todas las ventajas que encierra, sobre todo para el mundo comercial por su rapidez, se ve nublada porque no hay una claridad suficiente en las posibilidades de impugnación de los laudos.

En la práctica, la impugnación de los laudos por motivos procesales no se circunscribe en algunas ocasiones a este terreno sino que entran en valoraciones de fondo. Esta circunstancia puede desvirtuar en muchas ocasiones la función arbitral.  No es tanto la actitud de los tribunales como un defecto en la regulación tanto de las leyes de arbitraje como la de mediación.

“Estoy de acuerdo en la necesidad de una reforma federal de la Constitución que incluya la singularidad histórica de Catalunya. Ahora en este periodo preelectoral será complicado que se realice”

Y sobre la mediación, ¿qué expectativas contempla realmente sobre esta práctica?

Hay que ver su desarrollo pero hasta la fecha esta es una actividad que, pese a su regulación autonómica o nacional con posterioridad, no ha calado ni en los jueces ni en los propios abogados. Se acude en exceso a la solución judicial para resolver cualquier conflicto pese a que una mediación o arbitraje solventaría con mayor rapidez ese asunto. Esta es una tradición muy española que deberíamos empezar a cambiar sobre todo viendo nuestros juzgados como están de colapsados. Este colapso no es culpa de los jueces sino del número de asuntos que llegan a los juzgados.

Hablamos de cinco mil magistrados para casi nueve millones de asuntos, una ecuación que no encaja a nadie.

Son unas cifras impresionantes donde la proporción jueces por habitante de un país como el nuestro es inferior al de cualquier país de la UE. En otros países los asuntos que se gestionan son la mitad que revisan los jueces españoles.

Llevamos más de veinte años de las reformas de la justicia y no llegan. ¿Qué habría que hacer para agilizar realmente nuestra administración de justicia?

Además de invertir en justicia se trata de modificar las leyes procesales, especialmente la civil y la penal. Ambas normas, especialmente la Ley de Enjuiciamiento Civil han reproducido esquemas muy laboriosos y premiosos de desenvolvimiento de los procedimientos jurisdiccionales.

Hay que buscar una simplificación en este sentido. De tal manera que se pudiera evitar el número de posibilidades de recursos; deferirlos a un momento posterior y no introducirlos en la secuencia del procedimiento. Hay muchos incidentes y posibilidades de incidentes que no existe en una legislación moderna que quiera ser eficaz.

La reforma procesal es muy necesaria. Se trata de que se confíe más en la actuación del juez en el desarrollo del procedimiento con la colaboración de las partes y que no ponga el énfasis en una serie de actos procesales que dificultan enormemente el desarrollo y la terminación de los procesos.  Hay que reformar de verdad las leyes procesales si queremos una justicia moderna.

¿ Y en la justicia penal?

Hay que también agilizar el procedimiento. Lo primero, dar la instrucción al fiscal y reducir la actividad judicial a la de juez de garantías, es decir, cuando las partes no estén implicadas o no estén de acuerdo con la actuación  del Ministerio Público.  En este nuevo esquema, las partes podrán acudir con un recurso rápido y bien establecido al citado juez de garantías.  Se trata sobre todo que no haya interferencias en el trabajo de cada uno de ellos, por encima de todo.

¿Le gusta la reforma de la LECRIM que ha hecho el Ministro Catalá?

Creo que se podría haber avanzado bastante más en este cambio normativo. Quizás la cercanía al periodo electoral ha hecho al Gobierno en no profundizar el tema. Pero la cuestión está como le comento en la instrucción penal.

Otro asunto importante es el recurso de apelación y no acudir al recurso de casación penal como si fuera la segunda instancia que nos imponen desde varias instancias europeas. Esta competencia debería ser asumida clara y terminantemente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

“Hay que reformar de verdad las leyes procesales si queremos una justicia moderna. Ambas normas, especialmente la Ley de Enjuiciamiento Civil, han reproducido esquemas muy laboriosos y premiosos de desenvolvimiento de los procedimientos jurisdiccionales.”

Los plazos que se establecen en la instrucción penal, sabiendo la falta de medios de nuestra justicia, ¿son realistas en su puesta en marcha?

Tal y como está organizada la justicia española estos plazos son insuficientes. En muchos casos, sobre todo en las causas complejas, resultarán bastante insuficientes.

Hablamos de asuntos donde se ha defraudado a Hacienda; actividades mercantiles sofisticadas, donde en muchos casos hará falta la petición de comisiones rogatorias a otros países harán insuficiente estos plazos de seis y dieciocho meses que se han establecido.

En estos casos de causas tan complicadas deberían realizarse particiones necesarias para que cada una de ellas se pudiera abordar de forma pronta y eficaz por los tribunales. Las macrocausas son complicadas de resolver de forma rápida desde el punto de vista penal.

También Sr. Sala, se ha reformado el Código Penal. Una reforma de calado con trescientos artículos modificados. ¿Cómo valora este importante cambio normativo?

El Código de la Democracia de 1995 ya ha quedado muy diluido. Está lleno de artículos bis o ter que lo hacen bastante complejo de manejar. Sería bueno realizar una refundición y reestructuración del Código para aclarar muchos supuestos y tipos.

Se ha visto que en este país se legisla a golpe de problema, con cierta improvisación.  Esto hay que evitarlo y no debemos legislar para resolver problemas concretos.  Si eso se hace así esa reforma suele ser insuficiente porque no ve la perspectiva general que le corresponde. Este modelo de legislar puntual debe eliminarse lo antes posible porque no aporta nada.

En este Código Penal se ha introducido la prisión permanente revisable, ahora recurrida al Tribunal Constitucional.

No soy partidario de este nuevo tipo penal. Creo que no hacía falta incorporar esta figura porque lo que tenemos es ya de por sí muy contundente con las penas de prisión de treinta años máxima y la cláusula inclusive para determinadas figuras delictivas, del cumplimiento de cuarenta años.

Otro avance tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una figura controvertida porque colegas suyos señalan que es una puerta abierta, el cumplimiento normativo que ahora se pide a las empresas, para que puedan delinquir.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas tal y como está en la legislación española es factible aunque sea difícil, por falta de tradición, el poderla articular en casos concretos. Esta responsabilidad penal limitada a determinadas figuras delictivas en principio está bien encauzada en nuestra legislación.

Sobre si hay una puerta abierta para cometer delito, que usted señala, le diré que podría haber ese peligro, lo que redunda en la necesidad de perfeccionar con las modulaciones precisas este nuevo tipo penal para que no suceda esta situación que es una realidad a tener en cuenta.

El otro gran problema de nuestro país es la corrupción como cuestión que preocupa muchos a los españoles.  ¿Cómo debería abordarse este asunto?

Es un error abordar la corrupción solo desde un aspecto judicial. Deben funcionar antes todos los órganos de control que tienen la administración central como las autonómicas y corporaciones locales en su funcionamiento interno.

Ahora esos controles preventivos no funcionan y se va a la via judicial. Es el caso del Tribunal de Cuentas al que se debería dar más medios para potenciar su actividad investigadora de las cuentas públicas e independencia.

A nivel político también hay soluciones. El Tribunal Constitucional en tres sentencias señala la legitimación de los concejales aunque no hubieran intervenido en el acuerdo de gasto, para impugnar a los tribunales esas resoluciones que afectan al gasto municipal.

El político también tiene la obligación de investigar si ha habido corrupción y llevar el caso a los tribunales, esta legitimación ha pasado desapercibida cuando las citadas sentencias lo  respaldan.

Los problemas se resuelven actuando los órganos de control  y no solamente los jueces. Los jueces somos la última garantía, la última pieza y no la primera o la única del sistema.  Hay controles internos en las instituciones y externos como el citado Tribunal de Cuentas que podrían ser muy útiles y así si llegasen algunos temas a los jueces ya vendrían de otra forma.

En este escenario que vivimos, con varias elecciones muy cercanas, parece complicado que justicia y política no se mezclen.

Es posible que así sea. Pero le diré que la justicia debe estar alejada de la política.  La política actúa con criterios de oportunidad o conveniencia  mientras que la justicia debe ceñirse a criterios estrictamente jurídicos.

A este respecto, la modificación de la Ley Orgánica del tribunal Constitucional era totalmente inoportuna y así me he pronunciado en diferentes foros sobre ese tema.

Al mismo tiempo es innecesaria porque la propia Ley Orgánica de este Alto Tribunal ya establece en algunos de sus artículos; 38, 87 y 92, entre otros, se establecen los mecanismos necesarios para que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional  y las posibles responsabilidades penales por delito de desobediencia

Sin embargo, la reforma se ha llevado al Parlamento y se aprobará.

Eso parece evidente pero no era necesaria.  Ahora se habla de un procedimiento de oficio para que el Tribunal Constitucional persiga a aquellos a los que crea que incumplen sus resoluciones concretas, a través de un procedimiento que prescinde de la audiencia de los interesados y pueda establecer una suspensión me parece que es un exceso.

El cumplimiento de las sentencias del tribunal Constitucional es una obligación impuesta perfectamente por la Ley Orgánica Vigente y no necesita de mayores precisiones.  Este tipo de reformas desnaturaliza la propia justicia constitucional que no necesitaba de esta reforma. Además que se diga cuándo no se ha cumplido una Sentencia del Tribunal Constitucional. Si hay sentencias que no se han cumplido es porque se ha dejado hacerlo.

Desde su perspectiva de jurista, ¿cómo observa el conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya con vistas puestas a esas elecciones del 27S?

Da la sensación que necesitaran un mediador para negociar entre ellos. Ambas partes no han agotado esas posibilidades de buscar soluciones negociadas.  La solución del conflicto es clara y no es tan difícil y pasa por el reconocimiento de la singularidad de Catalunya.

Dicho reconocimiento no es un invento de los catalanes sino que tiene unos antecedentes históricos importantes. En la República el primer Estatuto que se vota es el catalán, luego en plena guerra civil el vasco y con posterioridad el gallego.

Si en la Constitución de 1978 se reconoce legítimamente y se protegen los derechos históricos de los territorios forales y la singularidad del País Vasco y Navarra, porque no se puede reconocer su singularidad nacional por su lengua e historia de Catalunya.

Ese reconocimiento de Catalunya necesitaría una reforma de la Constitución. ¿Es usted partidario de ella?

Claro que sí. Estoy de acuerdo con ella y de ahí se podría hacer una reforma federal. Sin embargo el periodo preelectoral en el que nos encontramos no es idóneo para hablar de la reforma de la constitución ni del reconocimiento singular de Catalunya. Y luego el desarrollo del reconocimiento de esa singularidad se podría hacer en los Estatutos o en diferentes leyes necesarias como la Ley de Financiación Autonómica.

Es evidente que este tipo de reforma se debería haber acometido antes. Se ha hablado muy poco de esta cuestión y ahora nos encontramos con este problema donde Gobierno Central y Generalitat apenas hablan entre ellos.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
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