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23 de SEPTIEMBRE de 2015

Fundación Hay Derecho y Plataforma Cívica por la Independencia Judicial organizan un debate sobre quién debe llevar la instrucción penal

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Intervienen el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el catedrático Andrés de la Oliva y el fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, todos ellos miembros de la Plataforma.

Será en la tarde de hoy miércoles, en la sede del Club 567 cuando, en un acto organizado por Fundación Hay Derecho y la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, tenga lugar un debate esperado sobre la instrucción penal y quién debería gestionarla, al amparo de la última reforma de la Lecrim que, pese a lo que se esperaba no ha abordado este capital asunto. A este respecto y, para ilustrar este tema, intervendrán tres juristas de prestigio como son Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, Andrés de la Oliva, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense y Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo. Se da la circunstancia que estos juristas se han mostrado muy críticos con las reformas que en materia penal ha llevado el Ministro Catalá. En esta oportunidad, en este foro debate, todos nuestros lectores tienen la oportunidad de escuchar a tres juristas de reputado prestigio que abordarán este delicado tema en toda su profundidad.

Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional está ahora al frente de la instrucción de la llamada Operación Púnica, una red de favores en la que presuntamente empresarios y altos cargos de diferentes ayuntamientos compartían favores a cambio de comisiones. Tal y como ya ha comentado a nuestro medio informativo se muestra partidario de que la instrucción pase a manos del ministerio fiscal pero para ello debería realizarse una reforma del Estatuto Orgánico de este Ministerio Público, a fin de preservar la independencia de toda la carrera fiscal en su funcionamiento. Desde su punto de vista, es necesario el cambio de la Lecrim porque la actual data de 1882, parcheada en numerosas ocasiones. Lo que sucede es que la reforma que pretende el Ministro Catalá desde su punto de vista se queda corta en su desarrollo al final.

El caso de Andrés de la Oliva es digno de análisis profundo. Profesional que ha desempeñado diferentes cargos en la justicia, ahora es Catedrático de Derecho Procesal. Su blog y su forma de defender la independencia judicial ha servido de acicate a muchos juristas de toda España para configurar la llamada #BrigadaTuitera, colectivo con el que mantiene una estrecha relación. Nuestra publicación también tuvo oportunidad de conversar con él y saber que no es partidario de este cambio tan importante sobre la investigación penal. “Yo siempre me he opuesto a este cambio tan sustancial.  La investigación la hace en todas las partes la policía. Lo importante es ver quién la dirige. Desde mi punto de vista, es mejor que lo haga un servidor del Estado que goza de independencia, como el juez instructor.  No es sano que quien tiene encomendado acusar sea también el que dirige la investigación”, comentaba a nuestra revista digital.

Para Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo y portavoz nacional de APIF, Asociación Profesional de Fiscales Independientes, recordó que su asociación profesional fue de las primeras que pidió que el Ministerio Público llevara esas causas criminales . A su juicio ese no puede ser un papel del juez, garante e investigador al mismo tiempo. También reconoce la necesidad de una reforma del Estatuto Público de los fiscales  y considera que la Lecrim no es un buen proyecto desde el punto de vista técnico, a nivel de esta reforma planteada por el Gobierno. Para este jurista hay que seguir la tendencia que hay en Europa de ofrecer la investigación criminal al propio fiscal, medida que en esta oportunidad la reforma del Ministro Catalá no ha contemplado, quizás por no encontrar consenso entre la propia carrera fiscal, entre otros motivos.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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