La
Secretaria
de
Estado
de
Justicia,
Carmen
Sánchez-Cortés,
presentaba
en
la
tarde
de
ayer,
ante
la
Comisión
de
Presupuestos
del
Senado
el
presupuesto
del
Ministerio
de
Justicia
para
2016,
que
alcanza
los
1.577
millones
de
euros,
lo
que
supone
un
aumento
del
7,24%
en
relación
con
el
de
2015.
En
el
marco
de
este
presupuesto,
ha
destacado
la
apuesta
del
Gobierno
en
configurar
un
servicio
de
Justicia
plenamente
adaptado
a la
sociedad
del
Siglo
XXI
mediante
el
desarrollo
e
implantación
de
las
recientes
reformas
legales,
la
inversión
en
infraestructuras
y
modernización
tecnológica
de
la
Justicia,
y el
apoyo
a
las
víctimas
del
delito.
Por
su
parte,
el
presupuesto
para
2016
prevé
una
inversión
de
casi
20
millones
de
euros
para
la
ejecución
del
plan
de
infraestructuras
y
equipamientos
al
servicio
de
la
Justicia,
un
4%
más
que
en
el
ejercicio
de
2015,
lo
que
permitirá
llevar
a
cabo
las
obras
de
construcción
de
nuevos
edificios
judiciales
y la
rehabilitación
y
mejora
de
los
existentes.
Sánchez-Cortés
ha
destacado
que
la
dotación
presupuestaria
para
la
implementación
del
plan
de
modernización
tecnológica
de
la
Justicia
alcanza
los
64,62
millones
de
euros,
lo
que
permitirá
poner
en
funcionamiento
medidas
tales
como
el
sistema
de
comunicaciones
electrónicas
con
la
Justicia
para
los
profesionales
a
partir
del
próximo
1 de
enero,
la
remisión
de
avisos
SMS
sobre
actos
procesales
o la
puesta
en
funcionamiento
de
la
Sede
Judicial
Electrónica.
Igualmente,
esta
inversión
permitirá
implantar
la
remisión
electrónica
de
la
información
desde
los
juzgados
a la
Dirección
General
de
Tráfico
o a
las
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
del
Estado
y la
tramitación
de
nacimientos
y
defunciones
en
el
Registro
Civil
desde
los
hospitales,
entre
otras.
Con
todas
estas
medidas,
el
Ministerio
prevé
agilizar
los
procesos
judiciales,
y
apuesta
por
el
componente
tecnológico
de
la
Administración
de
Justicia
para
conseguir
la
prestación
de
un
servicio
más
ágil
y
cercano
al
ciudadano.
Por
su
parte,
el
presupuesto
para
2016
prevé
una
inversión
de
casi
20
millones
de
euros
para
la
ejecución
del
plan
de
infraestructuras
y
equipamientos
al
servicio
de
la
Justicia,
un
4%
más
que
en
el
ejercicio
de
2015,
lo
que
permitirá
llevar
a
cabo
las
obras
de
construcción
de
nuevos
edificios
judiciales
y la
rehabilitación
y
mejora
de
los
existentes.
Apoyo
a
las
víctimas
del
delito
y
colaboración
con
las
Comunidades
Autónomas
En
el
marco
de
la
fuerte
apuesta
social
que
realizan
los
Presupuestos
Generales
del
Estado
para
el
próximo
año,
la
secretaria
de
Estado
ha
destacado
que
uno
de
los
principales
objetivos
del
Ministerio
es
la
mejora
de
los
servicios
a
colectivos
necesitados
de
especial
atención,
con
una
apuesta
por
las
víctimas,
por
los
equipos
psicosociales
y la
asistencia
jurídica
gratuita.
Estos
presupuestos
contemplan
una
dotación
de
36,7
millones
de
euros
para
la
asistencia
jurídica
gratuita
prestada
por
abogados
y
procuradores,
así
como
un
incremento
del
54,6%
en
la
aportación
al
Consejo
General
de
Colegios
Oficiales
de
Psicólogos
destinada
a la
asistencia
psicológica
a
las
víctimas
y a
la
realización
de
pericias
psicológicas
en
procesos
judiciales.
Por
otro
lado,
el
presupuesto
para
2016
incluye
una
dotación
de 6
millones
de
euros
para
la
firma
de
convenios
de
colaboración
con
las
doce
Comunidades
Autónomas,
de
acuerdo
con
lo
acordado
en
la
Conferencia
Sectorial.
El
propósito
perseguido
por
esta
dotación
es
triple:
mejorar
la
asistencia
jurídica
gratuita
para
incrementar
las
garantías
de
los
derechos
de
los
ciudadanos
inmersos
en
procesos
judiciales;
impulsar
las
nuevas
tecnologías
en
el
ámbito
de
los
Juzgados
y
Tribunales
para
alcanzar
una
justicia
ágil,
accesible
y de
calidad,
basada
en
un
modelo
digital,
abierto,
innovador
e
integrado;
y
dotar
de
los
medios
materiales
necesarios
para
el
mantenimiento
de
la
organización
judicial
y la
implantación
de
la
Oficina
Judicial
y
Fiscal.
Implantación de
las
reformas
legales
y
lucha
contra
la
corrupción
Para
la
implantación
y
desarrollo
de
las
reformas
legislativas
y
estructurales
de
la
Administración
de
Justicia
aprobadas
a lo
largo
de
esta
legislatura,
los
presupuestos
de
2016
permitirán
agilizar
los
tiempos
de
respuesta
de
los
tribunales,
lograr
un
reparto
más
homogéneo
de
las
cargas
de
trabajo,
una
mayor
especialización
de
los
órganos
judiciales
y la
eliminación
de
resoluciones
contradictorias
mediante
la
adopción
de
criterios
comunes.
En
este
mismo
sentido,
el
compromiso
del
Gobierno
en
la
lucha
contra
la
corrupción
se
materializa
en
este
presupuesto
con
la
dotación
asignada
a
jueces
y
fiscales
y
con
la
autorización
automática
de
las
peticiones
de
refuerzo
de
juzgados
y
tribunales
que
sean
propuestos
por
el
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
la
Fiscalía
General
del
Estado
o la
Audiencia
Nacional,
tal
y
como
ha
venido
realizándose
en
el
último
ejercicio. |