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29 de SEPTIEMBRE de 2015

De la suspensión de la pena, ¿criterios que favorecen la inseguridad jurídica?

LAWYERPRESS

Por Samuel Guerrero, GUERRERO Abogados Penalistas

 

Samuel Guerrero, GUERRERO Abogados PenalistasEs por todos sabido que el Código Penal de 1995, a través de la regulación operada por Ley Orgánica 1/2015, ha sufrido una de las mayores reformas desde su entrada en vigor, con modificaciones de alto calado –introducción de la prisión permanente revisable, supresión de las faltas (elevando algunas conductas típicas a la calidad de delitos y reenviando otras a la normativa sancionadora administrativa), así como previsión de nuevos delitos o nuevas modalidades comisivas sobre aquellos ya existentes, entre otros–.

A pesar de ello, quizás no se ha puesto el foco de atención sobre un aspecto fundamental para los abogados que ejercemos en materia penal, como lo es el de la regulación ofrecida por el actual sistema de suspensión de las penas privativas de libertad.

Empezaremos por señalar que el vigente artículo 80 del Código Penal (CP) pretende ofrecernos una regulación completa, única, en torno a los supuestos en que resulta hoy aplicable la institución de la suspensión.

Así, establece un régimen general en su apartado 1 que podría entenderse asimilable al previsto en la regulación precedente; si bien, incorporando una redacción inédita que permitirá suspender la pena privativa de libertad «cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos». La redacción no puede ser más inconcreta, pues quedará a criterio del órgano judicial la valoración de esa «esperanza» en la innecesariedad de ejecutar la pena. Algo así como dar entrada a un elemento subjetivo tendente a la segunda oportunidad

Quizás por ello, cabría pensar que en la regulación posterior se aportaría algo de luz al respecto. Nada más lejos de la realidad, puesto que su segundo párrafo establece una previsión concreta: impone al órgano ejecutor la valoración de unas circunstancias que deberá valorar para acordar dicha suspensión. Por más que la mención de los ponderables resulta un numerus clausus, no es menos cierto que algunos de estos elementos esconden un sinfín de aspectos discrecionales: qué circunstancias personales deben valorarse o qué efectos cabe esperar de suspender la pena, entre otros.

De modo similar a las disposiciones anteriores el precepto intenta acotar los elementos que, en todo caso, deberán ser apreciados por el órgano judicial para conceder la suspensión, tales como la primariedad delictiva del condenado, el límite temporal de la pena –fijado en dos años– y la satisfacción de la responsabilidad civil derivada de delito. Nuevamente, y por lo que concierne a este último requisito, la polémica está servida en torno a la inseguridad que ofrece el criterio de la «razonabilidad» en la que quepa esperar el cumplimiento del pago de la responsabilidad civil. Queda, nuevamente, a arbitrio del juzgador.

Novedosa resulta la regulación del artículo 80.3 CP en torno a la posibilidad de suspender la pena privativa de libertad superior a dos años por causas ajenas a la adicción y dependencia de sustancias tóxicas, incluso cuando el condenado no fuere delincuente primario. En esta ocasión se faculta al ejecutor a suspender excepcionalmente estas penas; sin embargo, imponiendo en todo caso que, por ese mismo motivo, se valoren una serie de variables, se repare de daño o se cumpla con la imposición de una de las medidas previstas en el artículo 84 CP. Llegados a este punto, una consideración: la imposición al órgano judicial no es «excepcional» dado que la exigencia tendente a valorar «las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta, y en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado» no son propias exclusivamente de este supuesto concreto sino conditio sine qua non para todo supuesto ordinario de suspensión. Sólo en  caso que no resulte de aplicación el régimen general del artículo 80.1 y 2 –donde se exige analizar esos parámetros–, podría entrar en aplicación el supuesto tercero.

Permanece intacta en la regulación la suspensión de la pena según artículo 80.4 CP. Su apreciación comporta la valoración por parte del Juez o Tribunal de analizar ex ante a cumplir la pena privativa de libertad si procede su suspensión bajo premisa de que el condenado «esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables». En otros términos, supone un avanzamiento de las medidas de control, evaluación y ponderación del cumplimiento de la pena en atención a criterios de estricto carácter médico. A este particular, no existe sometimiento a plazo de la pena para suspender. La excepción a su aplicación vendrá dada por el hecho que al condenado no se le hubiera suspendido previamente un cumplimiento de pena privativa de libertad por aplicación de dicha circunstancia.

La regulación antes prevista en el artículo 87 CP y referida a una causa extraordinaria para la concesión de la suspensión de la pena en atención a las circunstancias de adicción a tóxicos y estupefacientes –ex artículo 20 CP– pasa ahora al artículo 80.5 con una regulación mucho más concisa. El texto prevé los parámetros temporales para acceder a dicha suspensión –penas no superiores a cinco años– y los formales –acreditar la comisión del hecho delictivo a causa de dicha circunstancia así como el seguimiento de un tratamiento de deshabituación en centro acreditado–. Continúa previendo también que el Juez o Tribunal pueda comprobar el seguimiento del tratamiento y se condicione la suspensión a no abandonarlo. Específicamente ahora se prevé que las recaídas no comportan per se abandono definitivo del tratamiento; lo que, de algún modo supone una aproximación más humana por parte de la administración de justicia al tratamiento deshabituador y de desintoxicación.

Por último, la reforma también incluye de forma agrupada en su artículo 80.6 la regulación antes prevista en el artículo 86 en torno a la obligación de oír a la víctima o su representante en los delitos únicamente perseguibles a instancia de la víctima.

En resumen, parece que la regulación ha querido aproximarse a una realidad social que, en ocasiones comportaba deshumanizar la justicia ante condenas recaídas con mucha anterioridad al cumplimiento efectivo, a condenas en los que la ponderación de intereses en juego entre la realización de justicia material comportaba ejemplos de injusticia social o desequilibrios efectivos. No obstante, la existencia de criterios indeterminados, difusos o que quedan a la única apreciación del órgano judicial deberán ser objeto de una extrema y cuidadosa aplicación para que no exista colisión con derechos humanos.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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