Será este próximo
jueves
cuando
el
Congreso
de
los
Diputados
apruebe
la
reforma
parcial
de
la
LECRIM,
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal,
una
reforma
procesal
que
pretende
agilizar
la
instrucción
penal
y
reforzar
su
seguridad
jurídica.
Otro
de
los
cambios
más
destacados
tiene
que
ver
en
la
lucha
contra
el
cibercrimen.
Por
vez
primera,
nuestra
normativa
regulará
cualquier
tema
relacionado
con
las
investigaciones
tecnológicas
o
medidas
similares
que
tendrán
una
duración
restringida
de
año
y
medio
y
estarán
controladas
por
el
juez
de
instrucción.
La
presentación
del
Programa
de
Innovación
de
Ciberseguridad
de
Deusto
Business
School
en
la
capital
de
España
tuvo
a
Rafael
Catalá,
Ministro
de
Justicia
y a
Eloy
Velasco,
Magistrado
de
la
Audiencia
Nacional
y
director
del
curso,
sus
padrinos.
España
en
estos
momentos
es
el
segundo
país
del
mundo
que
más
ciberataques
sufre:
entidades
financieras,
medios
de
comunicación
y
empresas
energéticas
se
llevan
la
palma
en
este
tipo
de
agresiones
virtuales
que
pueden
causar
pérdidas
de
información
importante.
Según
cuentan
los
expertos
en
ciberseguridad
es
complicado
verse
ajeno
a un
ciberataque.
Lo
mejor
es
intentar
minimizar
sus
efectos.
Desde
esta
perspectiva
nada
mejor
como
invertir
en
tecnología,
cada
vez
más
sofisticada
y
cumplir
con
la
normativa,
también
más
exigente
a
medida
que
Internet
se
complica.
“Nuestra
Estrategia
Nacional
de
Ciberseguridad
se
aprobó
en
el
2013
y
apuesta
por
un
ciberespacio,
seguro
y
libre
donde
se
puedan
proteger
los
derechos
fundamentales
de
los
ciudadanos.
No
es
fácil
encontrar
un
equilibrio
entre
seguridad
y
esa
salvaguarda
de
esos
derechos”,
apuntó
Rafael
Catalá.
Al
mismo
tiempo
el
propio
Código
Penal
ha
introducido
otro
tipo
de
delitos
relacionados
con
el
uso
de
las
tecnologías
que
pretende
proteger
a
mujeres,
menores
o
víctimas
de
trata.
“Creo
que
desde
ese
punto
de
vista
la
reforma
penal
es
bastante
realista
y
busca
soluciones
prácticas”,
destacó.
Y
recordó
como
la
Ley
2/2015
pretende
completar
esa
reforma
penal
con
la
regulación
de
otros
delitos
relacionados
con
la
exaltación
del
terrorismo.
En
opinión
del
Ministro
de
Justicia,
uno
de
los
valores
añadidos
de
esta
nueva
LECRIM,
que
se
aprobará
este
jueves
y
entrará
en
vigor
en
diciembre,
es
que
por
vez
primera
ofrece
multiples
variantes
para
regular
las
investigaciones
tecnológicas
que
se
hagan
para
perseguir
el
delito.
“Esta
reforma
ha
contado
con
el
apoyo
de
jueces,
fiscales,
y
abogados
expertos
en
estos
temas
que
han
coincidido
en
la
necesidad
que
sea
el
juez
quien
controle
desde
la
instrucción
este
tipo
de
investigaciones
y
toda
la
tecnología
que
se
use
para
perseguir
el
delito”,
destacó.
Y
aseguró
que
los
derechos
de
los
ciudadanos
estarán
protegidos
porque
lo
que
pretende
esta
regulación
es
perseguir
aquellos
que
van
contra
el
orden
establecido
y el
propio
Estado
de
Derecho.
“Las
nuevas
tecnologías
son
importantes
y en
muchos
países
aportan
hasta
el
20
por
cien
del
PIB
de
muchos
países
pero
también
ofrecen
riesgos
y
amenazas,
sobre
todo
a
nivel
de
delincuencia
cada
vez
más
sofisticada”,
indicó.
Fue
Eloy
Velasco
antiguo
alumno
de
Deusto,
magistrado
de
la
Audiencia
Nacional,
con
quien
ya
habíamos
hablado
hace
tiempo
de
la
necesidad
de
regular
el
ciberterrorismo
y
otros
delitos
que
utilizan
las
redes
como
plataforma
http://goo.gl/TWf6oY
,
quien
explicó
a
los
asistentes
los
detalles
de
la
citada
reforma
procesal
y su
parte
tecnológica.
“Es
importante
que
exista
un
control
judicial
en
las
comunicaciones
y en
la
investigación
tecnológica.
En
este
contexto,
la
Lecrim
deja
claro
que
sólo
fiscales
y
policía
pueden
pedir
al
juez
el
uso
de
estos
medios
para
mejorar
la
investigación
y
perseguir
el
delito.”
Otro
aspecto
de
esta
reforma
es
que
obliga
a
operadores
tecnológicos
que
gestionen
datos
a
colaborar
de
forma
obligatoria.
“Los
cambios
normativos
pretenden
que
se
gestionen
piezas
individuales,
secretas
y
que
esas
medidas
que
se
van
a
utilizar
tengan
un
tope,
ahora
marcado
en
año
y
medio”.
También
queda
regulado
que
se
hará
con
esa
información
que
se
almacena
o si
se
destruye
y el
llamado
hallazgo
casual
que
se
consigue
de
una
causa
en
otra
abierta
por
otro
motivo.
Este
cambio
normativo
también
regula
el
uso
de
las
cámaras
de
televisión
por
la
policía
de
forma
represiva,
siendo
el
único
agente
social
que
lo
pueda
emplear;
la
regulación
de
dispositivos
que
almacenan
datos
de
forma
masiva,
al
igual
que
el
uso
remoto
de
equipos
informáticos
para
la
investigación.
“ La
figura
del
agente
encubierto
informático
aparece
por
vez
primera
y
también
necesitará
de
la
autorización
del
juez”,
recalcó.
Para
este
magistrado
la
regulación
cibernética
de
muchos
delitos
y la
aparición
de
otros
muchos
queda
complementada
con
el
Código
Penal
y su
amplia
reforma,
ya
en
vigor
desde
el
pasado
1 de
julio.
Así
aparecen
nuevos
tipos
para
figuras
como
el
sexting,
acoso
pornográfico
a
menores
a
través
de
internet,
el
uso
y el
visionado
de
videos
pornográficos
también
es
delito
así
como
el
perfil
de
los
acosadores
en
el
artículo
172.3.
“Gracias
al
caso
Hormigos
también
es
un
delito
tipificado
el
uso
de
videos
grabados
pese
a la
autorización
de
la
persona
implicada,
tanto
a
nivel
pornográfico
como
en
otras
situaciones”,
recordó.
La
reforma
penal
también
recoge
la
incitación
al
odio
en
su
artículo
510
y
hace
una
llamada
al
ciberterrorismo
en
el
573.2,
cuestión
que
ahora
preocupa
y
mucho
a
todos
los
estados
occidentales
con
la
expansión
del
yihadismo.
La
reforma
penal
en
su
artículo
33
habla
también
de
otros
delitos
como
la
estafa
informática;
el
espionaje
informático
o el
blanqueo
de
capitales
vía
telemática,
cuestiones
para
que
las
empresas
aún
no
han
encontrado
el
antídoto
para
frenarlos. |