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07 de OCTUBRE de 2015

Valoración de la legislatura para la fiscalía y para la justicia

LAWYERPRESS

Por Salvador Viada. Portavoz de la Asociación Profesional E Indendiente De Fiscales (APIF)

 

Salvador Viada. Portavoz de la Asociación Profesional E Indendiente De Fiscales (APIF)En dos ocasiones acudí con diversos compañeros de la APIF a una convocatoria con el Ministro de Justicia, Sr. Catalá, cargado de propuestas.    En esta asociación de fiscales buscamos la mejora de las condiciones de trabajo de los fiscales, y la mejora del servicio público de la Justicia.    Nos es indiferente que gobierne el PP con el Sr. Ruíz Gallardón o el Sr. Catalá de Ministro o que lo haga otro partido político.   Buscamos resultados.  Pues bien, ni con el anterior Ministro ni con el Sr. Catalá (existiendo entre ellos un abismo de buen talante a favor de éste último) creemos que haya habido mejora alguna ni para la Justicia ni para la Fiscalía ni para los fiscales.    Me encantaría poder decir lo contrario, y poder señalar algo indiscutiblemente bueno que atribuir a un señor tan simpático como el actual Ministro de Justicia. Bueno, algo hubo, la rectificación parcial en materia de tasas.  Pero que después de Ruíz Gallardón solo pueda decir eso de su sucesor -incluso cayéndome bien personalmente- es muy significativo.  A mi no me gustó nada -por su opacidad- el final de la trayectoria del anterior FGE; no me gustó el modo como se le premió su salida permitiéndole no respetar los dos años de incompatibilidad (aunque no fuera eso competencia del Ministro de Justicia, tampoco se le ha oído una palabra sobre el tema); hubiera preferido el nombramiento de un Fiscal General que generara confianza de serlo del Estado y no próximo al Gobierno; y no me gusta nada la indiferencia del Ministerio por los problemas reales de la Carrera Fiscal y de los Fiscales: en unos casos no los resuelven porque costaría dinero; en otros porque tendrían costes políticos o en último caso, le echan la culpa a la Fiscalía General.   Pero lo cierto es que no se resuelven.    Así, la existencia o no de un Reglamento del Ministerio Fiscal (el que hay es de los años sesenta del siglo pasado) les ha importado poco o nada; el hecho de que fiscales no puedan cambiar de destino por bloqueos de las plantillas, menos aún; el que haya discriminaciones en la retribución de las guardias de fiscales y jueces, pues lo mismo; que el régimen disciplinario de la Carrera Fiscal sea indigno de un cuerpo de élite en una democracia avanzada pues igual, o que no existan normativas de riesgos laborales en la Fiscalía o que el Consejo Fiscal sea un órgano de opacidad medieval, igual. Tampoco les ha importado nada que haya fiscales -por la configuración de la plantilla que no han querido cambiar- que durante décadas perciban más de 10000 euros al año menos de los que les correspondería por categoría, que no haya una auténtica carrera profesional para los fiscales, o que el Régimen electoral del Consejo Fiscal esté diseñado para favorecer a las asociaciones afines a los partidos políticos mayoritarios favoreciendo así la politización de la Fiscalía.    Les ha importado poco la problemática de los fiscales de la penúltima promoción, el establecimiento de normas de incorporación de los Fiscales en sus primeros destinos, la dotación de medios informáticos en la Fiscalía o la suerte de los jueces y fiscales sustitutos despedidos sin miramientos. O tantas otras cosas que han pretendido que no eran problemas y que por tanto no se creían en la obligación de solucionar.   El Ministerio de Justicia prefiere que sean los fiscales y los jueces los que vayan a litigar en los Tribunales en defensa de sus derechos, en lugar de llegar a acuerdos para evitar los litigios.  Les sale más barato, claro, pero es la conducta de un patrón muy poco fiable.

Además de eso, nunca me ha gustado ese modo de legislar en materias fundamentales para la convivencia, a modo de aluvión y con la mira puesta en las siguientes elecciones: no se debería -ya se que lo hacen estos y lo hicieron también los anteriores- cambiar el Código Penal solo con los votos de la mayoría parlamentaria en el Gobierno, sin buscar obligadamente consensos, además a contra reloj y con pobrísimos debates parlamentarios desde un punto de vista técnico. Soy consciente de que el Sr. Catalá no ha tenido demasiado tiempo, y me consta que en el Ministerio han trabajado duro.  Pero en mi opinión lo han hecho con el designio de "sacar" leyes de esa forma, no de mejorar técnicamente lo que había, sin tiempo para madurar los efectos de reformas anteriores, sin la reflexión que exigen los cambios en el Código Penal o en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pero lo peor, a mi modo de ver, de todo el desastre que ha sido la actual legislatura en Justicia ha sido el incremento de la politización del CGPJ y del Tribunal Constitucional.  Se que de esto la responsabilidad ni siquiera cabe atribuírsela principalmente a los Ministros de Justicia y hay que mirar más arriba.   Pero este solo hecho hace que la situación de la Justicia esté mucho peor de lo que estaba hace cuatro años; este hecho hace que la desconfianza hacia la Justicia de los poderosos crezca, que los corruptos se sientan más protegidos, da coartada a algunos para la desobediencia al orden constitucional (no se fían del árbitro, dicen) y en mi opinión, rebaja la calidad de nuestra democracia a límites intolerables.     Después de eso, para mi, la legislatura en Justicia, además de haber sido un colosal engaño electoral ha sido un tremendo retroceso.  A ver quien les cree ahora cuando nos digan que en realidad ellos siempre han sido partidarios de despolitizar la Justicia y que lo harán, seguro, en la próxima legislatura.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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