En dos ocasiones acudí con diversos compañeros de la APIF a una convocatoria con
el Ministro de Justicia, Sr. Catalá, cargado de propuestas. En esta
asociación de fiscales buscamos la mejora de las condiciones de trabajo de los
fiscales, y la mejora del servicio público de la Justicia. Nos es indiferente
que gobierne el PP con el Sr. Ruíz Gallardón o el Sr. Catalá de Ministro o que
lo haga otro partido político. Buscamos resultados. Pues bien, ni con el
anterior Ministro ni con el Sr. Catalá (existiendo entre ellos un abismo de buen
talante a favor de éste último) creemos que haya habido mejora alguna ni para la
Justicia ni para la Fiscalía ni para los fiscales. Me encantaría poder decir
lo contrario, y poder señalar algo indiscutiblemente bueno que atribuir a un
señor tan simpático como el actual Ministro de Justicia. Bueno, algo hubo, la
rectificación parcial en materia de tasas. Pero que después de Ruíz Gallardón
solo pueda decir eso de su sucesor -incluso cayéndome bien personalmente- es muy
significativo. A mi no me gustó nada -por su opacidad- el final de la
trayectoria del anterior FGE; no me gustó el modo como se le premió su salida
permitiéndole no respetar los dos años de incompatibilidad (aunque no fuera eso
competencia del Ministro de Justicia, tampoco se le ha oído una palabra sobre el
tema); hubiera preferido el nombramiento de un Fiscal General que generara
confianza de serlo del Estado y no próximo al Gobierno; y no me gusta nada la
indiferencia del Ministerio por los problemas reales de la Carrera Fiscal y de
los Fiscales: en unos casos no los resuelven porque costaría dinero; en otros
porque tendrían costes políticos o en último caso, le echan la culpa a la
Fiscalía General. Pero lo cierto es que no se resuelven. Así, la existencia
o no de un Reglamento del Ministerio Fiscal (el que hay es de los años sesenta
del siglo pasado) les ha importado poco o nada; el hecho de que fiscales no
puedan cambiar de destino por bloqueos de las plantillas, menos aún; el que haya
discriminaciones en la retribución de las guardias de fiscales y jueces, pues lo
mismo; que el régimen disciplinario de la Carrera Fiscal sea indigno de un
cuerpo de élite en una democracia avanzada pues igual, o que no existan
normativas de riesgos laborales en la Fiscalía o que el Consejo Fiscal sea un
órgano de opacidad medieval, igual. Tampoco les ha importado nada que haya
fiscales -por la configuración de la plantilla que no han querido cambiar- que
durante décadas perciban más de 10000 euros al año menos de los que les
correspondería por categoría, que no haya una auténtica carrera profesional para
los fiscales, o que el Régimen electoral del Consejo Fiscal esté diseñado para
favorecer a las asociaciones afines a los partidos políticos mayoritarios
favoreciendo así la politización de la Fiscalía. Les ha importado poco la
problemática de los fiscales de la penúltima promoción, el establecimiento de
normas de incorporación de los Fiscales en sus primeros destinos, la dotación de
medios informáticos en la Fiscalía o la suerte de los jueces y fiscales
sustitutos despedidos sin miramientos. O tantas otras cosas que han pretendido
que no eran problemas y que por tanto no se creían en la obligación de
solucionar. El Ministerio de Justicia prefiere que sean los fiscales y los
jueces los que vayan a litigar en los Tribunales en defensa de sus derechos, en
lugar de llegar a acuerdos para evitar los litigios. Les sale más barato,
claro, pero es la conducta de un patrón muy poco fiable.
Además de eso, nunca me ha gustado ese modo de legislar en materias
fundamentales para la convivencia, a modo de aluvión y con la mira puesta en las
siguientes elecciones: no se debería -ya se que lo hacen estos y lo hicieron
también los anteriores- cambiar el Código Penal solo con los votos de la mayoría
parlamentaria en el Gobierno, sin buscar obligadamente consensos, además a
contra reloj y con pobrísimos debates parlamentarios desde un punto de vista
técnico. Soy consciente de que el Sr. Catalá no ha tenido demasiado tiempo, y me
consta que en el Ministerio han trabajado duro. Pero en mi opinión lo han hecho
con el designio de "sacar" leyes de esa forma, no de mejorar técnicamente lo que
había, sin tiempo para madurar los efectos de reformas anteriores, sin la
reflexión que exigen los cambios en el Código Penal o en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Pero lo peor, a mi modo de ver, de todo el desastre que ha sido la actual
legislatura en Justicia ha sido el incremento de la politización del CGPJ y del
Tribunal Constitucional. Se que de esto la responsabilidad ni siquiera cabe
atribuírsela principalmente a los Ministros de Justicia y hay que mirar más
arriba. Pero este solo hecho hace que la situación de la Justicia esté mucho
peor de lo que estaba hace cuatro años; este hecho hace que la desconfianza
hacia la Justicia de los poderosos crezca, que los corruptos se sientan más
protegidos, da coartada a algunos para la desobediencia al orden constitucional
(no se fían del árbitro, dicen) y en mi opinión, rebaja la calidad de nuestra
democracia a límites intolerables. Después de eso, para mi, la legislatura
en Justicia, además de haber sido un colosal engaño electoral ha sido un
tremendo retroceso. A ver quien les cree ahora cuando nos digan que en realidad
ellos siempre han sido partidarios de despolitizar la Justicia y que lo harán,
seguro, en la próxima legislatura. |