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09 de OCTUBRE de 2015

El jurado: ¿acierto o error?

LAWYERPRESS

Por Juan Gonzalo Ospina, Presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, socio de Lopez Negrete & Ospina

 

Juan Gonzalo Ospina, Presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, socio de Lopez Negrete & Ospina¿Es justo que la ciudadanía participe en la administración de justicia? ¿Genera inseguridad jurídica que los ciudadanos sin conocimiento legal puedan participar en construir el veredicto adecuado?

Es la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, la que positiviza un mandato constitucional como es la necesidad de la participación ciudadana en la administración de justicia, conforme a lo que establecen los artículos 23.1 y 125 de la Constitución. La institución del jurado ha sobrevivido en España encontrando su consagración con la revolución liberal y la Constitución de Cádiz de 1812, así como en las Constituciones de 1837, de 1869 y de 1931, y siendo restringida en aquellos momentos históricos de merma de los Derechos Fundamentales y libertades públicas como lo fue desde el año 1936.

El fin del Jurado no es que la administración de justicia sea aplicada por un cuerpo no profesionalizado como son los ciudadanos, frente a los Jueces y Magistrados, sino de poder dotar de una mayor garantía procesal a los denunciados y darles la oportunidad de que participe la ciudadanía, como garante del interés general y cómo último soberano de la democracia en sí misma; en la reconstrucción de los hechos, la valoración de la prueba y, por lo tanto, en la elaboración del supuesto fáctico de la sentencia. El Tribunal del Jurado, en España, no valora la calificación jurídica de los hechos cometidos sino que se limita a valorar si los referidos hechos controvertidos, en virtud de la valoración de las pruebas propuestas, ocurrieron y tuvieron lugar. Por lo tanto el Jurado no sustituye la figura del Juez o del Magistrado, sino que la complementa en ciertos casos concretos, es ahí donde la crítica se podría suscitar: ¿Por qué la ley del jurado sólo recoge una serie de delitos concretos? ¿En virtud a que criterio? Es decir, ¿Por qué no dotar de una ley del jurado en la que el justiciable pueda solicitar que la reconstrucción de los hechos sea realizada por ciudadanos  dejando la calificación jurídica a un Tribunal formado en leyes?

El procedimiento del Jurado es un proceso vivo, en el que tanto el abogado como el fiscal tienen un papel más activo en la vista y en la sala, lo que tiene una mayor lógica procesal propia de la jurisdicción penal, y que está ausente en el proceso ordinario.

De esta manera en el Jurado la reconstrucción de los hechos que nace del veredicto es lo determinante para que después el Juez redacte la calificación jurídica. Por lo tanto, el papel del Juez en éste proceso es de verdadero árbitro, ciego e imparcial, lo que dota de una mayor garantía al proceso penal. En el proceso penal español cabe la reflexión crítica a si el Juez o Magistrado del caso, tras oír a las partes, y al tener que elaborar el relato de hechos y a su vez la calificación jurídica, podría terminar por intoxicarse de prejuicios que condicionen sus sentencias, lo cual en el proceso con Jurado no ocurre.

Por otra parte los juicios paralelos y mediáticos, no están ausentes de invadir la posible imparcialidad del Jurado. Es decir, cuando un proceso penal se encuentra alumbrado por los focos de la opinión pública, se puede condicionar la percepción de quien posteriormente formará parte del Jurado. Es decir, si aflora cierta prueba a los medios de comunicación, cómo ha sido por ejemplo en el caso de “Asunta” (con las conversaciones telefónicas de los familiares desde los calabozos) y ésta prueba ha terminado siendo nula por el Juez por haberse recabado de manera ilegítima, pero sin embargo termina siendo publicada en los medios de comunicación, aun vulnerando el derecho de defensa así como el derecho a un juicio con todas las garantías del artículo 24.2 CE, el Jurado se puede intoxicar de una prueba que aunque no se valore en el proceso penal desde la realidad formal, ésta puede condicionar el criterio del Tribunal, por lo tanto, ¿están los Jurados protegidos ante la injerencia de los juicios paralelos?, no. No sólo por el proceso sino por la falta de la estricta aplicación del artículo 301 de la LECrim que exige que los sumarios debieran de ser secretos hasta la apertura del juicio oral.

El veredicto, en el proceso del Jurado español, goza de ciertas garantías procesales, para que el mismo sea desfavorable para el acusado. Es decir, de mayorías cualificadas para acordarse una sentencia condenatoria y de la necesidad de que éstas sean motivadas en su relato fáctico y en su caso, en su conclusión condenatoria.

El Jurado español es a grandes rasgos una ley garantista, no sólo por su formalismo sino por su fondo, que dota de mayor garantías procesales al encausado penal, desde la exigencia de la motivación de sus sentencias así como de las mayorías cualificadas para que se dicten sentencias condenatorias, además de contar con la figura del Juez para la calificación jurídica, garantías que son un acierto en la aplicación de la ley penal.

La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”, Horacio.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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