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27 de OCTUBRE de 2015

Concepción Talón, fiscal, presidente Comisión Ejecutiva AF:
“La reforma de la Lecrim carece de sentido en tanto no se otorgue la instrucción al Ministerio Fiscal”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Zamora fue este fin de semana el centro de reunión de la Asociación de Fiscales, la asociación de la carrera fiscal más veterana y con mayor presencia en el Consejo Fiscal, órgano de gestión de los fiscales, con seis vocales. Este XX que tuvo como invitados a Rafael Catalá, ministro de Justicia y Consuelo Madrigal, FGE, entre otros invitados, sirvió para conocer en las conclusiones de este evento, la postura de AF sobre la carrera fiscal y reformas como la Lecrim, cuestionadas desde diferentes ámbitos. Tras la celebración del XX Congreso Ordinario de la Asociación de Fiscales (AF), la Comisión Ejecutiva queda integrada por Concepción Talón Navarro, Jesús Alonso Cristóbal, José Francisco Ortiz Navarro,  Emilio Frías Martínez,  Mónica Alonso Lumbreras,  Montserrat García Díez y  Laura Pellón Suárez de Puga. Nuestra entrevistada, Concepción Talón, repite como presidente de la Comisión Ejecutiva de esta asociación. Con ella hemos hablado de la actualidad jurídica más inmediata: “La fórmula más segura para agilizar el proceso penal sería otorgar la instrucción al Ministerio fiscal, pero también se podría hablar, por ejemplo, de dotar de órganos suficientes para el enjuiciamiento y para la posterior ejecución”, comenta.

¿Qué valoración hace de este Congreso celebrado en Zamora y de que sus asociados mantengan la confianza en la ejecutiva?

Por supuesto la valoración es muy positiva. El Congreso no sólo ha aprobado la dación de cuentas realizada por la Ejecutiva durante su mandato de los últimos dos años y medio, sino que ha dado la confianza a una Ejecutiva, que ya desde el día siguiente a la clausura del Congreso, se ha puesto a trabajar

“Si la Lecrim  entra en vigor en la fecha prevista, tendremos que cumplirla; pero, eso sí, será necesario que, previamente, se nos haya dotado de los medios personales y materiales necesarios, pues sin ellos lo más previsible es el fracaso de la reforma”

En las conclusiones hablan del problema de Cataluña, ¿dónde ve la solución a este conflicto en estos momentos?

Somos fiscales y, por tanto, la solución a este conflicto sólo podemos verla en la estricta aplicación de la legalidad vigente, exigiendo el máximo respeto a la Constitución, al resto del ordenamiento jurídico y a las resoluciones judiciales.

Respecto a la LECrim, ¿por qué cree que el Ministro Catalá mantiene los plazos de entrada de la LECrim?

Aunque ello habría que preguntárselo al ministro, pienso que, posiblemente, puede entender que, desde el punto de vista político, sería difícilmente explicable que, tras la reciente publicación de la ley, se retrasara su entrada en vigor.

Da la sensación que uno de los problemas es el articulo 324 y su nueva redacción.

Efectivamente, la Asociación de Fiscales ha hecho unas conclusiones muy críticas sobre el art. 324, no sobre la totalidad de la reforma de la LECr., que tiene aspectos positivos, como es en materia de garantía de derechos fundamentales (intervenciones telefónicas, entradas y registros, volcado de información telemática...); la nueva regulación de la conexidad, que va a suponer una simplificación de procedimientos y reducción de plazos en la investigación; y un mayor control de la policía judicial por parte de jueces y fiscales.

En cuanto al artículo 324 LECr., como ya decimos en las conclusiones de nuestro Congreso, entendemos que la reforma carece de sentido en tanto no se otorgue la instrucción al Ministerio Fiscal, ya que en el actual modelo procesal es la oficina judicial quien tiene el dominio efectivo del procedimiento y por tanto es quien puede cumplir con la finalidad del control judicial de oficio de la duración de la instrucción y de sus prórrogas. Además, la falta de medios personales, materiales y tecnológicos imposibilitará el adecuado cumplimiento de la norma.

¿A la acortación de los plazos de la instrucción hay alguna otra medida para agilizar el proceso penal?

Son muchas las líneas de actuación posibles. Sin duda, la fórmula más segura para agilizar el proceso penal sería otorgar la instrucción al Ministerio fiscal, pero también se podría hablar, por ejemplo, de  dotar de órganos suficientes para el enjuiciamiento y para la posterior ejecución.

¿Qué medidas van a tomar los fiscales de cara a diciembre para frenar esta entrada de vigor?

Los fiscales tenemos encomendado el cumplimiento del principio de legalidad, por lo que, obviamente, nos parezca más o menos acertada una norma, no podemos dejar de cumplirla. Por ello, si la ley entra en vigor en la fecha prevista, tendremos que cumplirla; pero, eso sí, será necesario que, previamente, se nos haya dotado de los medios personales y materiales necesarios, pues sin ellos lo más previsible es el fracaso de la reforma. 

“La AF trabajará con el Ministerio y la Fiscalía General en cuantos proyectos supongan mejora para la Carrera. Ahora habría que fijar las cargas de trabajo de cada fiscalía para determinar refuerzos, los medios informáticos y las conexiones de aplicaciones que se precisan”

¿Le sorprende que la FGE no apoye la petición de los fiscales de frenar la Lecrim?

Realmente, en esta pregunta se contienen dos cuestiones.

La primera es la posición de la FGE respecto de la reforma de la LECr. por Ley 41/2015, posición que queda claramente definida en el crítico informe respecto a la misma emitido por el Consejo Fiscal, del que no sólo forma parte la misma, sino que ostenta la presidencia.

 Dicho informe lo asumió expresamente la FGE en las palabras de clausura de nuestro XX Congreso, si bien, y con ello entro en la segunda cuestión que plantea su pregunta, también la FGE expresó encontrar dificultades para objetar la entrada en vigor de la norma por cuestión de plazos o tiempos políticos, ante la disolución de las Cámaras por la convocatoria de elecciones generales.

Respecto a la carrera fiscal poco avance ha habido en el régimen interno de este colectivo. ¿Tan complicado es articular un sistema con sustituciones y régimen laboral adecuado?

Pues, al menos, parece que lo sea, porque ninguno de los diferentes gobiernos habidos, correspondientes a distintos partidos políticos, lo han hecho. Pienso que, si existiera verdadera voluntad para ello y se tuviera clara la concepción del Ministerio Fiscal y de sus funciones, debiera resultar factible. La Asociación de Fiscales siempre ha mostrado al ministerio su disposición a colaborar y a trabajar para facilitar ese conocimiento.

Demasiadas jurisdicciones en las que está el fiscal presente, ahora incluso en la Jurisdicción Voluntaria. ¿No cree que se ha perdido un poco la noción del fiscal?

Sin duda, y esto enlaza con la pregunta anterior. Se produce la paradoja de que cada vez se considera en más ámbitos jurídicos  imprescindible la intervención del Ministerio Fiscal, valorando su imparcialidad y su profesionalidad; sin embargo, se sigue sustrayendo al mismo el ámbito que le es más propio, que es la instrucción penal. Efectivamente, como antes le decía, falta una concepción global del Fiscal y de la Justicia.

Por último ¿qué le pide AF al Gobierno que salga el próximo 20D de las urnas en materia de justicia?

En primer lugar será necesario que realice una rigurosa  reflexión sobre el estado de la justicia y del sistema procesal penal español, requisito indispensable para  alcanzar una concepción global de la justicia y que España deje de ser una excepción al sistema penal de los países de nuestro entorno, no retrasando más la atribución de la instrucción al Fiscal, acometiendo tal reforma de forma decidida y acompañándola de un paquete legislativo que blinde al Ministerio Fiscal de injerencias de otros poderes, dotándolo, además, de autonomía presupuestaria y reglamentaria. Por supuesto, todo ello debe llevar aparejado necesariamente una adecuada y moderna oficina fiscal, así como la dotación de medios materiales y tecnológicos, que ya ahora devienen imprescindibles.   

Ahora bien, antes de terminar me gustaría precisar que las afirmaciones hechas, como cualquier otra crítica, positiva o negativa, que haga la AF es meramente técnica, ya que nuestra asociación no persigue finalidad política alguna. Es el legislador el que debe hacer las leyes y nosotros cumplirlas, otra cosa sería contraria a la división de poderes. Y el Ministerio Fiscal cumple las leyes, aunque las veamos insuficientes o carezcamos de los medios necesarios. 

La AF está dispuesta a trabajar con el Ministerio y la Fiscalía General en cuantos proyectos puedan suponer una mejora para la Carrera. En este momento habría que fijar las cargas de trabajo de cada fiscalía para determinar dónde serán necesarios refuerzos, los medios informáticos y las conexiones de aplicaciones que se precisan.

Pese a la tensión de estos últimos días, los ciudadanos deben tener la seguridad de que también en los grandes casos de corrupción los fiscales continuarán investigando.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
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