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Qué ha sido de la autonomía universitaria (I)

MADRID, 20 de OCTUBRE de 2015
 

 

Por los años 60 y 70 del pasado siglo se clamaba por doquier de la autonomía universitaria, como si fuera una “varita  mágica” que resolvería los gravísimos problemas que tenia la universidad española en general y en particular me referiré para mi es obligado a las facultades de Derecho de la época. Por doquier se solicitaba gregariamente “autonomía universitaria”. La verdad es que en reuniones, asambleas, claustros y manifestaciones de toda clase el grito descompuesto de “autonomía universitaria”, solía ser muy generalizada por el alumnado y profesorado, cuando no personal de administración. Todos  y en todo momento la reclamaba a voz en cuello.  Nadie, con cierta sensatez, se preguntó en qué consistía y para que servía y si resolvía mucho, poco o nada la severa crisis en la que seguimos sumidos en la Universidad, antes, durante y después de la instauración de la democracia.

Sin saber lo que se decía se alegaba que era lo contrario al modelo napoleónico de Universidad, tampoco aclarado a la sazón, ni se sabía bien en qué consistía y cuales eran sus errores y defectos. En cierto modo se solicitaba la cuadratura del círculo. Se pretendía establecer esa autonomía universitaria dentro de lo que se llamaba sin ningún rigor lógico una Universidad” democrática”, una especie de sin sentido que todavía pervive y que será muy difícil extirpar. Porque si por Universidad democrática se propugnaba una especie de autogestionaria Universidad, estábamos buenos. Semejante disparate no prosperó en las sucesivas reformas post constitucionales,  ni llegó a buen puerto ni a ningún puerto. Como siempre, se pedía un imposible, para así estar constantemente descontentos, y esto último, la verdad sea dicha, se consiguió. Ni las reformas legislativas del PSOE, ni tampoco las  del PP, abordaron seriamente la cuestión ahora constitucional de la autonomía universitaria. Peor aún: no se constituyó, ni siquiera, en objeto de serio debate ni político, ni menos parlamentario, después de la vigencia de la constitución y de su artículo 27 que, en el fondo, sin saber lo que decían, una vez más, mencionaba el tema de la “autonomía universitaria”,  como una especie de declamación para que se callaran los docentes y el alumnado, entre otros más. De suerte que funcionó, como una especie de muleta para lidiar el problema universitario.  Otra vez el engaño instalado en nuestra política y en nuestra legislación. Y nada menos que en la Constitución. Se puso de manifiesto que la autonomía de la universidad no era más que un camelo para estudiantes irreflexivos acompañados de sus respectivos docentes que lo utilizaron para su “trepa” personal.

En el ámbito general con virtualidad para todos los centros la autonomía no sirvió mas que para producir una degradación mayúscula de la selección del profesorado universitario, que todavía existe. Para ello había que destruir el sistema que consagro la Ley republicana que confeccionó siendo Ministro Don Fernando de los Ríos y que desempeño una función ambivalente : de una parte ofrecía una imagen total del aspirante, que debía realizar, en sesiones públicas y con contradicción (trincas), exposición de 6 ejercicios que recogían prácticamente la total formación del opositor, pero de otra fallo, en ocasiones, estrepitosamente en la designación de los miembros del Tribunal que tenían un amplísimo margen de discrecionalidad- arbitrariedad, que fue utilizada de forma descarada y acrítica una y otra vez sin el menor control sobre la independencia e imparcialidad con que fue empleada. Fue una Ley hecha con una inefable buena fe, pensando en la dignidad y honradez del profesorado, en el que se confió plena y totalmente. No se cumplieron en absoluto, su fine sobre la independencia y objetividad que tan generosamente se le concedió al profesorado que componía los tribunales de selección. En el fondo fue quien “se cargó” el sistema.

Manuel Cobo del Rosal

Abogado y Catedrático de Derecho Penal. 


 

 

 
 
 
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