Si llevamos al margen el tema en su genérica, enunciación o formulación, y su ejercicio la concretamos en el aspecto que aquí nos interese, concretamente en las facultades de Derecho debemos precisar algunas consideraciones. Los abogados, jueces, fiscales y magistrados y también los procuradores y secretarios judiciales venían ostentando el titulo, entonces llamado de licenciado en Derecho. Todos, absolutamente todos, debían haber obtenido el mismo título universitario del Estado, como era el licenciado en Derecho. Dicho título, salvo alguna que otra excepción, como sucedió en la universidad de Valencia contenía las mismas asignaturas, con idéntica horas legislativas semanales y que, debían imputarse, regularmente y legalmente para su consecución por parte del estudiante universitario.

Como línea general, esa era lo que sucedía aparte de lo que acontecía en las universidades llamadas privadas. De manera que existía una uniformidad en los estudios que conducían, si se aprobaban, a las que consiguieran la licenciatura en Derecho, requisito inexorable que se exigía, de forma total y absoluta, para el ejercicio de cualquiera de las profesiones dedicadas a la administración de justicia que estaban todas ellas centralizadas y establecidas por ministerio de la Ley en todos sus momentos, sin excepcionalidad de clase alguna.

Los planos de estudios y sus correspondientes disciplinas se establecían por Ley y de forma monolítica era impartida y exigida la asignatura. Se intentó llevar a cabo una reforma de dichos planes de estudios a propuesta, de las facultades de Derecho, que prácticamente no llegó a buen puerto por lo que, en resumen, todo siguió igual que estaba. Sin reformarse en nada y para nada, los esfuerzos por conseguir una planificación de propuestas fracaso, totalmente, por que el profesorado, la verdad sea dicha, no quiso proponerla, sencillamente, porque no les convenía el cambio, ni les interesaba la reforma a pesar de que el Ministro de educación estaba dispuesto a conceder el cambio que suponía. La mayoría de las veces naufragó el proyecto de cambio por que chocaba con la actitud del profesorado que solamente se dedicó a defender su estabilidad profesional. Y su forma y manera de dispensar una docencia monótona. No hubo nada que hacer, experimentaban en algunas facultades se modifico algo transitoriamente. Pero, en el fondo, todo siguió igual como estaba desde siempre.

Cuando por exigencia de cambio legislativo del Estado se reformaron, hasta los mismos cimientos de la universidad española, no cabe duda que se produjo un cambio o reforma con un esfuerzo ímprobo y que apenas aporta algún beneficio. Se modificó sin tener un modelo claro e inteligente de cómo debía ser la substitución. La selección del profesorado, puede decirse que con la llegada del régimen democrático, se ha convertido en una especie de puerta de arrebatacapas. Desaparecieron las temibles oposiciones y se volvió a la época anterior a Don. Fernando de los Ríos en la que cada catedrático hacia lo que quería. Sin exigencia objetive de ninguna clase se ha venido seleccionando, sin criterios científicos a un profesorado de aluvión, encumbrando a principio por motivaciones variadas y personales de los “seleccionadores” que no seleccionaban. Lo hicieron por su interés personal y destrozaron en su más alto nivel, el eje de una serie de reformas que ni supieron hacer, ni querían hacer, ni por su egoísmo e ignorancia, estaban ellos capacitados para conocer y llevarlas a efecto. La verdad es que la ineptitud con la que se actuó, al final fue lo que se impuso a las acordes de la autonomía universitaria desgraciadamente mal entendida.

Destruido el principal suporte de una seria y honrada reforma de la universidad pública, el edificio se vino abajo y solo quedaron en pie los vejestorios haciendo decenas de años, mas por la fuerza de la inercia que por la sapiencia o profesionalidad y esta última ni se menciono al profesorado que siguió tan inútil como lo había sido prácticamente desde siempre. De inmediato se proyectó en los agentes de la justicia y esta acompaño en su estrepitosa ruina al Derecho y a la Ley, trayendo como consecuencia, un deterioro absoluto y ahora se está intentando llevar a cabo una reforma, que nos viene de fuera y que es de muy difícil cuando no imposible encaje en la agonizante vida docente de la facultades de Derecho españolas. De esta forma cada vez los jueces juzgaran peor, los fiscales y los abogados sabrán menos y así van las cosas. En fin, parece que se aproximan importantes cambios importados del extranjero y los denominados sintéticamente “de Bolonia” encontraran una seria resistencia para ser aceptados y al final tampoco nada. Deberán formarse los estudiantes en el extranjero, ya sea en Europa o en U.S.A., porque en España dedicaran su tiempo a divertirse y hacer lo que le guste y parece que es lo que está sucediendo. Una calamidad por la ineptitud de los dirigentes universitarios y de los políticos en el poder, sobre todo. Algo inmerecido por la ciudadanía española, que no sale de su asombro cuando observa que la justicia cada vez funciona peor y más lentamente y ha perdido, poco a poco, el escaso crédito que tenia.

Autonomía universitaria para que y porque. Sera para convertirla en un campo de miseria que no puede ni siguiera gratificar a conferenciantes o personas ilustres, sencillamente porque no tiene dinero y el poco que tenían se los llevaron los “recortes” no taurinos sino presupuestarios. Si no hay autonomía regulada financieramente, lo demás es una dramática broma como tal muy pesada.

Manuel Cobo del Rosal

Abogado y Catedrático de Derecho Penal.