Si
llevamos
al
margen
el
tema
en
su
genérica,
enunciación
o
formulación,
y su
ejercicio
la
concretamos
en
el
aspecto
que
aquí
nos
interese,
concretamente
en
las
facultades
de
Derecho
debemos
precisar
algunas
consideraciones.
Los
abogados,
jueces,
fiscales
y
magistrados
y
también
los
procuradores
y
secretarios
judiciales
venían
ostentando
el
titulo,
entonces
llamado
de
licenciado
en
Derecho.
Todos,
absolutamente
todos,
debían
haber
obtenido
el
mismo
título
universitario
del
Estado,
como
era
el
licenciado
en
Derecho.
Dicho
título,
salvo
alguna
que
otra
excepción,
como
sucedió
en
la
universidad
de
Valencia
contenía
las
mismas
asignaturas,
con
idéntica
horas
legislativas
semanales
y
que,
debían
imputarse,
regularmente
y
legalmente
para
su
consecución
por
parte
del
estudiante
universitario.
Como
línea
general,
esa
era
lo
que
sucedía
aparte
de
lo
que
acontecía
en
las
universidades
llamadas
privadas.
De
manera
que
existía
una
uniformidad
en
los
estudios
que
conducían,
si
se
aprobaban,
a
las
que
consiguieran
la
licenciatura
en
Derecho,
requisito
inexorable
que
se
exigía,
de
forma
total
y
absoluta,
para
el
ejercicio
de
cualquiera
de
las
profesiones
dedicadas
a la
administración
de
justicia
que
estaban
todas
ellas
centralizadas
y
establecidas
por
ministerio
de
la
Ley
en
todos
sus
momentos,
sin
excepcionalidad
de
clase
alguna.
Los
planos
de
estudios
y
sus
correspondientes
disciplinas
se
establecían
por
Ley
y de
forma
monolítica
era
impartida
y
exigida
la
asignatura.
Se
intentó
llevar
a
cabo
una
reforma
de
dichos
planes
de
estudios
a
propuesta,
de
las
facultades
de
Derecho,
que
prácticamente
no
llegó
a
buen
puerto
por
lo
que,
en
resumen,
todo
siguió
igual
que
estaba.
Sin
reformarse
en
nada
y
para
nada,
los
esfuerzos
por
conseguir
una
planificación
de
propuestas
fracaso,
totalmente,
por
que
el
profesorado,
la
verdad
sea
dicha,
no
quiso
proponerla,
sencillamente,
porque
no
les
convenía
el
cambio,
ni
les
interesaba
la
reforma
a
pesar
de
que
el
Ministro
de
educación
estaba
dispuesto
a
conceder
el
cambio
que
suponía.
La
mayoría
de
las
veces
naufragó
el
proyecto
de
cambio
por
que
chocaba
con
la
actitud
del
profesorado
que
solamente
se
dedicó
a
defender
su
estabilidad
profesional.
Y su
forma
y
manera
de
dispensar
una
docencia
monótona.
No
hubo
nada
que
hacer,
experimentaban
en
algunas
facultades
se
modifico
algo
transitoriamente.
Pero,
en
el
fondo,
todo
siguió
igual
como
estaba
desde
siempre.
Cuando
por
exigencia
de
cambio
legislativo
del
Estado
se
reformaron,
hasta
los
mismos
cimientos
de
la
universidad
española,
no
cabe
duda
que
se
produjo
un
cambio
o
reforma
con
un
esfuerzo
ímprobo
y
que
apenas
aporta
algún
beneficio.
Se
modificó
sin
tener
un
modelo
claro
e
inteligente
de
cómo
debía
ser
la
substitución.
La
selección
del
profesorado,
puede
decirse
que
con
la
llegada
del
régimen
democrático,
se
ha
convertido
en
una
especie
de
puerta
de
arrebatacapas.
Desaparecieron
las
temibles
oposiciones
y se
volvió
a la
época
anterior
a
Don.
Fernando
de
los
Ríos
en
la
que
cada
catedrático
hacia
lo
que
quería.
Sin
exigencia
objetive
de
ninguna
clase
se
ha
venido
seleccionando,
sin
criterios
científicos
a un
profesorado
de
aluvión,
encumbrando
a
principio
por
motivaciones
variadas
y
personales
de
los
“seleccionadores”
que
no
seleccionaban.
Lo
hicieron
por
su
interés
personal
y
destrozaron
en
su
más
alto
nivel,
el
eje
de
una
serie
de
reformas
que
ni
supieron
hacer,
ni
querían
hacer,
ni
por
su
egoísmo
e
ignorancia,
estaban
ellos
capacitados
para
conocer
y
llevarlas
a
efecto.
La
verdad
es
que
la
ineptitud
con
la
que
se
actuó,
al
final
fue
lo
que
se
impuso
a
las
acordes
de
la
autonomía
universitaria
desgraciadamente
mal
entendida.
Destruido
el
principal
suporte
de
una
seria
y
honrada
reforma
de
la
universidad
pública,
el
edificio
se
vino
abajo
y
solo
quedaron
en
pie
los
vejestorios
haciendo
decenas
de
años,
mas
por
la
fuerza
de
la
inercia
que
por
la
sapiencia
o
profesionalidad
y
esta
última
ni
se
menciono
al
profesorado
que
siguió
tan
inútil
como
lo
había
sido
prácticamente
desde
siempre.
De
inmediato
se
proyectó
en
los
agentes
de
la
justicia
y
esta
acompaño
en
su
estrepitosa
ruina
al
Derecho
y a
la
Ley,
trayendo
como
consecuencia,
un
deterioro
absoluto
y
ahora
se
está
intentando
llevar
a
cabo
una
reforma,
que
nos
viene
de
fuera
y
que
es
de
muy
difícil
cuando
no
imposible
encaje
en
la
agonizante
vida
docente
de
la
facultades
de
Derecho
españolas.
De
esta
forma
cada
vez
los
jueces
juzgaran
peor,
los
fiscales
y
los
abogados
sabrán
menos
y
así
van
las
cosas.
En
fin,
parece
que
se
aproximan
importantes
cambios
importados
del
extranjero
y
los
denominados
sintéticamente
“de
Bolonia”
encontraran
una
seria
resistencia
para
ser
aceptados
y al
final
tampoco
nada.
Deberán
formarse
los
estudiantes
en
el
extranjero,
ya
sea
en
Europa
o en
U.S.A.,
porque
en
España
dedicaran
su
tiempo
a
divertirse
y
hacer
lo
que
le
guste
y
parece
que
es
lo
que
está
sucediendo.
Una
calamidad
por
la
ineptitud
de
los
dirigentes
universitarios
y de
los
políticos
en
el
poder,
sobre
todo.
Algo
inmerecido
por
la
ciudadanía
española,
que
no
sale
de
su
asombro
cuando
observa
que
la
justicia
cada
vez
funciona
peor
y
más
lentamente
y ha
perdido,
poco
a
poco,
el
escaso
crédito
que
tenia.
Autonomía
universitaria
para
que
y
porque.
Sera
para
convertirla
en
un
campo
de
miseria
que
no
puede
ni
siguiera
gratificar
a
conferenciantes
o
personas
ilustres,
sencillamente
porque
no
tiene
dinero
y el
poco
que
tenían
se
los
llevaron
los
“recortes”
no
taurinos
sino
presupuestarios.
Si
no
hay
autonomía
regulada
financieramente,
lo
demás
es
una
dramática
broma
como
tal
muy
pesada.
Manuel
Cobo
del
Rosal
Abogado
y
Catedrático
de
Derecho
Penal.
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