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16 de NOVIEMBRE de 2015

La administración de Justicia y el cero papel

LAWYERPRESS

Por Pere Farran Castellà, Letrado especialista en derecho digital y nuevas tecnologías

 

 Pere Farran Castellà, Letrado especialista en derecho digital y nuevas tecnologíasHace unas semanas, el gobierno decidió hacer pública su intención de acabar con el papel en la administración de justicia. La previsión es que se deje de usar el papel a partir del 1 de enero de 2016. Lógicamente, esta decisión es muy importante, puesto que el poder judicial es uno de los poderes fundamentales en cualquier estado de derecho.

La administración de justicia, ha sido y es un pilar esencial, pero con “los pies de barro”. Me explicaré. El poder judicial no dispone de capacidad efectiva sobre su presupuesto, es decir, es el poder ejecutivo y legislativo los que determinan cuanto dinero se destina a los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, la pregunta es ¿qué capacidad tiene el poder judicial para adaptarse y planificar ese cambio? La respuesta: ninguna. Depende absolutamente del presupuesto que el ejecutivo y el legislativo destinen a ese cometido.

La inciativa del gobierno, a priori, no es mala. Sin embargo, dependiendo de su implementación puede ser un desastre absoluto. A fecha de hoy, no parece que esté muy claro cómo se pretende adoptar un cambio tan drástico e importante. Quedan menos de dos meses, para el 1 de enero de 2016 y no constan publicadas instrucciones claras para conseguir ese objetivo. Por otra parte ¿ya no nos acordamos de los numerosos recortes que han padecido todos los tribunales en España, a lo largo de estos últimos años? Parece difícil que ahora, en tan poco tiempo, se pretenda hacer un cambio tan drástico. Es cierto que el Consejo de Ministros ha destinado una partida cercana a los 48 millones de euros para “desterrar” el papel, pero de todos modos, ¿con qué procesos y con qué garantías se está implementando? Personalmente, desconozco la situación, pues no he encontrado nada publicado al respecto.

Por otra parte, me pregunto ¿los medios materiales que hay en la administración de justicia, básicamente los ordenadores, podrán trabajar con el “papel cero”? Y ¿con el presupuesto previsto por el gobierno habrá suficiente para actualizar todo el material obsoleto, crear el entorno necesario para poder presentar los escritos por vía digital, formar al personal y digitalizar los expedientes en papel? Me parece que la respuesta es evidente: rotundamente NO.

Pero el problema no es única y exclusivamente el presupuesto, sino también la planificación. Vemos que los letrados han empezado a formarse, pero no hay notícias respecto a la formación del personal de la administración de justicia. Porque, en definitiva, a ¿qué se está esperando? ¿qué es lo que tiene previsto el ministerio de justicia? Es imprescindible que todos los operadores jurídicos tengan la formación necesaria para trabajar en ese nuevo “entorno”.

Así que se admiten “apuestas”. ¿El plazo se va cumplir o se va a posponer? Debo recordar que nos estamos refiendo a un gran número de órganos jurisdiccionales y de empleados públicos repartidos por toda España. Creo que como en otros muchos casos, habrá una prórroga temporal en la aplicación efectiva de esta decisión porque no hay “indicios” suficientes que nos hagan pensar que la administración vaya a llegar a tiempo.

En definitiva, espero que aplicando la cautela, el gobierno decida posponer el tiempo que sea preciso para aplicarla. Lo más importante, es asegurar un buen funcionamiento del sistema y garantizar su seguridad absoluta. No hay que olvidar que los órganos jurisdiccionales tienen en “sus manos” decisiones de enorme calado para los ciudadanos.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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